El Gobierno presentó ante la Cámara de Diputados un proyecto mediante el cual solicita facultades legislativas por 120 días para implementar un conjunto de medidas orientadas a reforzar la seguridad ciudadana, combatir el crimen organizado y modificar normas vinculadas con el sistema de justicia, penitenciario y migratorio.

PLANTEA AMPLIO PAQUETE CONTRA EL DELITO

Una de las propuestas que genera mayor atención plantea crear un marco legal que permita calificar como organizaciones terroristas a determinadas organizaciones criminales, así como establecer mecanismos para su clasificación y registro. La iniciativa forma parte de un paquete de 66 solicitudes distribuidas en ocho materias.

En seguridad, el Ejecutivo plantea modificaciones al Código Penal, Nuevo Código Procesal Penal, Código de Ejecución Penal y Código Penal Militar Policial, con el objetivo de fortalecer la prevención, investigación, juzgamiento y sanción de delitos vinculados con organizaciones criminales y mercados ilícitos.

El proyecto también propone cambios en las normas de control migratorio, permanencia regular y nacionalización, bajo el argumento de promover una migración ordenada, segura y regular.

Otro eje está relacionado con las comunicaciones. Se plantea fortalecer el rastreo, localización, geolocalización y trazabilidad de líneas telefónicas, además del bloqueo de equipos móviles utilizados en actividades ilícitas. Las medidas incluyen mecanismos para impedir comunicaciones ilegales desde penales y centros juveniles.

El Ejecutivo también propone modificar las normas sobre armas de fuego, municiones, explosivos y productos pirotécnicos de uso civil, reforzando su control, fiscalización y trazabilidad.

En materia penitenciaria, la iniciativa contempla la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad externa y apoyo operativo dentro de los establecimientos penitenciarios.

Asimismo, se plantean medidas para fortalecer la reinserción social de adolescentes en conflicto con la ley penal y programas de seguimiento posteriores a su egreso.

El paquete incluye además la creación de un régimen de libertad vigilada postpenitenciaria para personas condenadas por delitos considerados de alta peligrosidad, acompañado de un registro para supervisar su cumplimiento y reducir la reincidencia.

El Gobierno propone modificar normas contra la extorsión y el sicariato, así como disposiciones relacionadas con delitos informáticos y otras modalidades delictivas.

También busca modificar el Decreto Legislativo N.° 1095 para fortalecer las reglas sobre el empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas cuando actúen en apoyo de la Policía frente a amenazas contra el Estado de derecho, la seguridad ciudadana y el orden interno.

Finalmente, se plantea establecer un marco legal para el ejercicio de la legítima defensa. La propuesta contempla una presunción de inocencia respecto a la racionalidad de la respuesta frente a una agresión, la cual solo podría ser desvirtuada mediante una motivación judicial cualificada.

El conjunto de reformas deberá ser evaluado por el Congreso como parte del pedido de facultades legislativas por 120 días.