MADRE DE DIOS

La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 525 mil 197.61 en la obra de mejoramiento y ampliación del Puesto de Salud de Iñapari, en la provincia de Tahuamanu, región Madre de Dios. El proyecto, ejecutado por el Gobierno Regional, permanece paralizado y requiere de presupuesto para su reactivación.

De acuerdo con el Informe de Auditoría de Cumplimiento N.° 10657-2026-CG/GRMD-AC, el perjuicio se originó principalmente por el pago de partidas que no habían sido ejecutadas o que presentaban una ejecución parcial, además de trabajos que no cumplían con las especificaciones establecidas en el expediente técnico. A ello se sumó la falta de aplicación de penalidades al supervisor de la obra.

La obra tiene un valor actualizado de S/ 20 millones 8 mil 738.78 y fue concebida para mejorar la capacidad de atención del establecimiento de salud. Sin embargo, la paralización impide que el proyecto cumpla con la finalidad pública para la que fue concebido, afectando la prestación de servicios a la población de Iñapari.

La auditoría, que evaluó el periodo comprendido entre el 2 de febrero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025, encontró que funcionarios del Gobierno Regional otorgaron conformidad y tramitaron el pago de siete valorizaciones que incluían partidas no ejecutadas o parcialmente ejecutadas. Estos documentos habían sido presentados por el contratista y contaban con la opinión favorable del supervisor.

También se detectó que se pagaron íntegramente cinco valorizaciones correspondientes a la supervisión, pese a que contenían partidas con avances incompletos o inexistentes y no advertían la aplicación de las penalidades previstas.

Según la Contraloría, estos hechos vulneraron disposiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, normas del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, así como las condiciones establecidas en los contratos de ejecución y supervisión.

El organismo de control también advirtió que el Gobierno Regional carecía de normas internas para estandarizar el seguimiento y control de obras ejecutadas por contrata.

Finalmente, se estableció presunta responsabilidad civil en cuatro funcionarios públicos. La Contraloría recomendó iniciar las acciones civiles correspondientes y dispuso que el Gobierno Regional adopte ocho medidas destinadas a fortalecer sus mecanismos de control y mejorar el uso de los recursos públicos.