El Gobierno de España aprobó los anteproyectos para reformar las leyes de asilo y extranjería, con el propósito de establecer un sistema migratorio más rápido, organizado y eficiente, manteniendo las garantías y derechos de las personas que solicitan protección internacional.

Los cambios fueron anunciados por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, luego de la llegada masiva de unas 80 mil personas a Ceuta desde Marruecos entre el 30 y 31 de julio. La reforma busca adaptar la legislación española al Pacto Europeo de Migración y Asilo aprobado en 2024.

Una de las principales novedades será la incorporación del denominado triaje, procedimiento destinado a identificar y evaluar a las personas que ingresen a España sin pasar por controles fronterizos. Este proceso incluirá identificación, registro biométrico, reconocimiento médico, evaluación de posibles situaciones de vulnerabilidad y controles de seguridad.

España establece que el triaje tendrá una duración máxima de 72 horas, aunque podrá ampliarse únicamente mediante autorización judicial. La medida pretende reducir el tiempo que los migrantes permanezcan en instalaciones policiales.

En materia de protección internacional, la nueva legislación diferenciará entre un procedimiento ordinario y otro acelerado, cuya resolución deberá concretarse en un plazo de tres meses.

También se incorporará un procedimiento específico en frontera, contemplado por la normativa de la Unión Europea, que tendrá un plazo máximo de 12 semanas. Durante ese periodo, los solicitantes deberán permanecer a disposición de las autoridades españolas mientras se evalúa su petición.

La reforma actualizará además conceptos relacionados con la protección internacional, el reconocimiento de la condición de refugiado y la protección subsidiaria. Se incluirán expresamente situaciones de persecución vinculadas con el género, la identidad o expresión de género y la discapacidad.

Según el Gobierno español, estas modificaciones permitirán responder de manera más adecuada a los actuales movimientos migratorios y cumplir con las nuevas disposiciones europeas.

Grande-Marlaska sostuvo que el nuevo marco también contempla mecanismos para impedir la entrada de personas que ingresen irregularmente y no cumplan los requisitos para recibir protección internacional, estableciendo procedimientos definidos para su eventual retorno.

Las propuestas deberán continuar ahora con el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse en normas definitivas.