La decisión de la justicia de Brasil de declarar nulas determinadas pruebas vinculadas a los servidores de Odebrecht no tendría una aplicación automática en el proceso judicial que enfrenta el expresidente Alejandro Toledo en el Perú. Así lo explicó Silvana Carrión, exprocuradora ad hoc para el caso Lava Jato, quien señaló que corresponde a la justicia peruana evaluar los alcances de la resolución brasileña.

La medida fue adoptada por el magistrado José Antonio Dias Toffoli, ministro del Supremo Tribunal Federal de Brasil, y alcanza información extraída de los sistemas Drousys y My Web Day B, utilizados por Odebrecht y que fueron incorporados como elementos de investigación en diversos procesos de corrupción, entre ellos el caso relacionado con la carretera Interoceánica.

Carrión sostuvo que la resolución debe seguir un procedimiento antes de que pueda ser considerada por los jueces peruanos. Explicó que existe un trámite denominado exequátur, mediante el cual la justicia nacional valida formalmente una decisión extranjera para que pueda producir efectos en el país.

Solo después de este procedimiento, indicó, corresponderá al órgano jurisdiccional peruano determinar si alguna de las pruebas mencionadas en la resolución brasileña debe ser excluida del proceso contra Toledo.

La exprocuradora remarcó que existe soberanía jurisdiccional y que los magistrados peruanos deben aplicar las normas procesales nacionales. En ese sentido, consideró posible que una prueba remitida desde Brasil continúe siendo válida en el Perú si su incorporación al proceso nacional se realizó respetando los procedimientos legales correspondientes.

Carrión también recordó que existe un antecedente relacionado con el caso del expresidente Ollanta Humala, en el que la justicia peruana no tomó en consideración una decisión de Brasil, entre otras razones, porque no habría sido notificada correctamente.

La especialista advirtió, además, que todavía debe conocerse con precisión el contenido y alcance de la resolución de Toffoli, así como cuáles documentos específicos quedarían afectados por la cuestionada cadena de custodia.

El caso será finalmente evaluado por la justicia peruana, que deberá determinar qué elementos probatorios mantienen validez dentro del proceso judicial seguido contra el exmandatario.