Denuncian a Jaime Quito por

presunto maltrato a mujer en audiencia pública

Una denuncia presentada ante la Comisión de Ética del Senado cuestiona la actuación del senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, durante una audiencia pública realizada el pasado 3 de septiembre en el Auditorio Juan Santos Atahualpa. El caso involucra a una mujer de 64 años, quien afirma haber sido retirada del recinto por efectivos policiales luego de que criticara al parlamentario.

Según la denuncia, la agraviada, Vilma Gonzales Vidal, excandidata de Avanza País, intervino durante el espacio destinado a los asistentes y cuestionó las declaraciones de Quito respecto al pedido de facultades legislativas. La mujer sostuvo que el senador no habría expuesto toda la información y que sus afirmaciones generaban confrontación entre los trabajadores presentes.

De acuerdo con su versión, en medio de un momento de tensión le retiraron el micrófono y posteriormente se solicitó la intervención de agentes de la Policía Nacional para que abandonara el auditorio.

Gonzales afirma que fue sujetada y jaloneada por los efectivos que participaron en el retiro, pese a tener 64 años. El incidente, según la publicación que dio cuenta de la denuncia, habría quedado registrado en videos difundidos durante la transmisión de la audiencia y en grabaciones realizadas por ciudadanos presentes.

La denunciante también señaló que, una vez fuera del recinto y tras revisar sus pertenencias, advirtió que le faltaban S/350 y un teléfono celular que llevaba dentro de su bolso. Esta afirmación forma parte de su denuncia y deberá ser materia de las verificaciones correspondientes.

El caso ha sido llevado a la Comisión de Ética del Senado, instancia que deberá evaluar los hechos denunciados y determinar las acciones que correspondan dentro de sus competencias.

La denuncia atribuye al senador responsabilidad por la intervención que terminó con el retiro de la ciudadana, mientras que los hechos relacionados con la presunta desaparición de dinero y del teléfono requieren establecer, mediante las investigaciones respectivas, cómo ocurrieron y quiénes podrían estar involucrados.

Hasta la información difundida sobre el caso, la denuncia se encuentra en etapa de evaluación y no constituye una determinación de responsabilidad contra el parlamentario. La revisión de los videos, testimonios y demás elementos mencionados será relevante para esclarecer lo ocurrido durante la audiencia pública.

El episodio vuelve a colocar bajo escrutinio la actuación de los representantes políticos durante actividades públicas y el manejo de las intervenciones de ciudadanos que expresan posiciones críticas frente a sus autoridades.