La asignación presupuestal para Educación vuelve a enfrentar al Gobierno central con el magisterio. Aunque la Constitución establece que se debe destinar no menos del 6% del Producto Bruto Interno (PBI) al sector, los recursos previstos para 2027 bordean el 4,9%. El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) cuestionó que el mandato incorporado a la Constitución en 2020 no se cumpla y advirtió que, en la práctica, se ha convertido en “letra muerta”.

La exigencia del 6% tiene respaldo constitucional desde diciembre de 2020, cuando la Ley 31097 modificó el artículo 16 de la Constitución y estableció que el Estado debe invertir anualmente no menos de ese porcentaje del PBI en educación. Para el SUTEP, cumplir con este mandato permitiría atender brechas que históricamente arrastra el sector, entre ellas las de infraestructura, personal docente y mobiliario escolar. Sin embargo, el gremio sostiene que ningún Gobierno ha alcanzado el porcentaje establecido ni ha otorgado a la educación la prioridad que corresponde.

El secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, cuestionó que la propuesta presupuestal para 2027 represente apenas el 4,9% del PBI para Educación. “Ese presupuesto va a ser insuficiente. (…) Para el SUTEP es un logro haber incorporado en la Constitución ese porcentaje, pero ningún Gobierno lo cumple. En la práctica se está demostrando que es una ley muerta y que, pese a estar incluida en la Constitución, no se respeta”, señaló.

Los más de S/49 mil millones previstos para el sector en 2027 deberán distribuirse entre educación básica regular, educación superior, infraestructura y otros componentes. Castro Chipana sostuvo que estos recursos no alcanzarán para cubrir las necesidades existentes y estimó que solo la brecha de infraestructura educativa asciende a S/180 mil millones. A su juicio, la falta de mayores recursos también dificulta que el Estado cumpla otros compromisos con el magisterio, entre ellos el respeto al convenio colectivo, la publicación de su reglamento, el pago de pensiones dignas para más de 200 mil docentes cesantes y jubilados y la deuda social correspondiente al 30% por preparación de clases, que el gremio sostiene que se arrastra desde 1990.

Castro Chipana señaló que el SUTEP ya conversó con el ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, por lo que esperan que el Gobierno presente soluciones concretas. Asimismo, cuestionó al Ministerio de Economía y Finanzas por la atención de las demandas presupuestales y laborales del magisterio.

El SUTEP ratificó el paro nacional de 24 horas para el 29 de octubre, con participación de docentes, auxiliares de educación, cesantes y jubilados. En Arequipa, estimó que alrededor de 15 mil trabajadores del sector participarían en la medida de fuerza. Castro Chipana advirtió que, si el Gobierno y el Congreso no atienden sus demandas, el gremio no descarta convocar posteriormente a una huelga nacional.