Por Jorge Turpo R.

La decisión genera dudas entre los padres de familia, pero INDECOPI precisa que la modalidad de cobro no depende del número de jornadas efectivas. Los colegios deberán garantizar el cumplimiento de los aprendizajes previstos mediante la reprogramación de sus actividades.

EN COLEGIOS PARTICULARES

El adelanto del cierre del año escolar al 11 de diciembre abrió una nueva preocupación entre los padres de familia de los colegios particulares: si sus hijos solo asistirán hasta esa fecha, ¿deberán pagar la pensión completa de diciembre o únicamente los días que acudirán a clases?

La respuesta es clara. La pensión de diciembre debe pagarse de manera completa, pese a que los escolares dejarán de asistir a las aulas antes de que termine el mes.

La explicación fue dada por la jefa regional del INDECOPI, Lucía Cornejo, quien precisó que el servicio educativo no se paga por el número de días de asistencia, sino por el cumplimiento de los objetivos y contenidos establecidos para el año escolar.

La aclaración resulta importante porque el adelanto del cierre del año escolar modifica el calendario habitual, pero no convierte la pensión en un pago diario.

Los colegios particulares han tenido que reprogramar el desarrollo de sus cursos para cumplir con los aprendizajes previstos antes del 11 de diciembre.

En algunos casos, incluso se decidió suspender la semana de vacaciones que tradicionalmente se otorgaba a los estudiantes a mediados de octubre. De esta manera, esos días serán utilizados para avanzar en los contenidos y compensar parte del tiempo que ya no se tendrá en diciembre.

Es decir, la reducción de días de clases en diciembre no significa necesariamente una reducción del servicio educativo. Lo que corresponde es que los colegios garanticen que los estudiantes hayan recibido los contenidos y desarrollado las competencias previstas para el año.

La medida de adelantar el cierre escolar fue confirmada la semana pasada por la Gerencia Regional de Educación y alcanza tanto a las instituciones públicas como privadas.

La decisión se tomó ante el escenario climático previsto para los próximos meses y las advertencias del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), que anticipa que los efectos de El Niño Costero podrían sentirse con mayor intensidad desde noviembre.

El problema no es menor. Las lluvias intensas pueden afectar especialmente a las instituciones educativas de la costa, donde existen colegios con problemas de infraestructura que podrían agravarse durante una temporada de precipitaciones.

Para el especialista en educación José Nina, adelantar el cierre del año escolar es una medida preventiva frente a un fenómeno cuyas consecuencias todavía no pueden determinarse con precisión.

Nina considera que es preferible tomar precauciones antes que exponer a los escolares a situaciones de riesgo.

Advirtió, además, que existen colegios que no están preparados para enfrentar lluvias intensas. Algunos presentan filtraciones y otros tienen instalaciones eléctricas que podrían convertirse en un peligro si se producen precipitaciones fuertes.

El adelanto del cierre, por tanto, no debería significar simplemente sacar a los estudiantes antes de las aulas. El reto será garantizar que hasta el 11 de diciembre se haya cumplido con aquello que estaba previsto para todo el año escolar.

Aquí aparece una diferencia fundamental entre el servicio educativo y otros servicios que se pagan por uso. Un colegio no cobra una tarifa diaria por cada jornada de asistencia del estudiante. La pensión corresponde al servicio educativo organizado para alcanzar determinados objetivos de aprendizaje durante el año.

Por eso, la preocupación de los padres debe trasladarse también a otro punto: ¿se están cumpliendo los contenidos y objetivos previstos?

En el caso de los colegios públicos, esta tarea debería ser supervisada por las respectivas UGEL. No basta con adelantar la fecha de salida de los estudiantes. Las autoridades educativas deben verificar que la reprogramación efectuada por cada institución permita completar los aprendizajes previstos y que los escolares no terminen perjudicados académicamente por la modificación del calendario.

En los colegios privados ocurre algo similar. La obligación de cumplir con el servicio educativo no desaparece porque el calendario haya sido recortado. Si los contenidos y objetivos pueden ser desarrollados antes del 11 de diciembre mediante una adecuada reprogramación, el adelanto del cierre no debería representar una pérdida académica para los estudiantes.

Pero tampoco se trata de llenar las últimas semanas de clases de contenidos a toda velocidad para cumplir únicamente con una formalidad. La reprogramación debe considerar que los estudiantes realmente puedan alcanzar los aprendizajes previstos.

La decisión de adelantar el cierre escolar tiene, en principio, una razón preventiva: proteger a los escolares ante un escenario climático que puede complicarse desde noviembre y prolongarse durante diciembre.

Ahora viene la segunda parte, que es responsabilidad de las autoridades educativas y de los colegios: garantizar que la prevención frente a las lluvias no termine generando un perjuicio en la educación.