Las comunidades educativas deberán fijar reglas claras sobre la retención de equipos, excepciones pedagógicas y el abordaje de la convivencia escolar de cara al año 2027.

Por: Daniela Nickole Santander

Un estudiante saca el teléfono a mitad de clase para revisar una notificación; el docente lo nota y se genera la tensión: ¿se incauta el equipo?, ¿se llama al apoderado?, ¿estaba permitido si era para buscar información de la materia? Escenarios cotidianos como este son los que buscan normar y esclarecer las instituciones educativas de la región Arequipa al cierre del presente año lectivo.

Durante las semanas de gestión programadas para diciembre, los planteles afrontarán un periodo clave de reestructuración administrativa y pedagógica. La tarea central será adaptar sus reglamentos internos para normar de manera específica tanto el régimen disciplinario como el uso de dispositivos móviles, garantizando entornos de aprendizaje seguros y sin distracciones de cara al periodo escolar 2027.

La medida busca despejar dudas entre los padres de familia y precisar que no se trata de un veto absoluto a la tecnología, sino de un uso estrictamente regulado. De acuerdo con el gerente regional de Educación de Arequipa, Marcos Choque, la clave para evitar conflictos arbitrarios radica en que cada centro educativo canalice criterios claros dentro de su instrumento normativo.

«Es cierto, se va a restringir, más no prohibir, el uso de los celulares. Porque habla también de excepcionalidades; indica que si hay la autorización del padre de familia, por diversas situaciones, el estudiante pueda seguir utilizando el celular. Es más, si se va a poder utilizar el celular para fines pedagógicos, también, siempre y me lo considere en su planificación. El tema es cómo implementamos ese uso restringido en cada institución; por eso decimos, esta normativa tiene que incluirse en el reglamento interno para que ahí se den las pautas y los protocolos», explicó Choque.

El proceso de adecuación reglamentaria no se limitará en las pantallas, abordará también el tratamiento integral de la disciplina y las acciones reparadoras frente a situaciones de violencia escolar.

Desde la Gerencia Regional de Educación se enfatiza que las faltas detectadas en el aula suelen responder a dinámicas complejas originadas en el entorno familiar o social. Por ello, las correcciones no se limitarán a sanciones punitivas contra el estudiante, sino que exigirán un compromiso corresponsable de los padres de familia junto a directivos, tutores, auxiliares y responsables de convivencia.

Con este trabajo articulado en las jornadas de diciembre, las comunidades educativas buscan sentar bases sólidas que permitan actuar con firmeza, prevenir riesgos y canalizar a tiempo cualquier incidente tan pronto se abran nuevamente las aulas en 2027.