Por Carlos Meneses

Arequipa no necesita otra gestión que inaugure obras mientras posterga las condiciones legales para hacerlas posibles. Necesita autoridades que resuelvan los problemas antes de convertirlos en emergencias. La educación no puede seguir pagando el costo de la improvisación administrativa. Mil colegios en espera constituyen una advertencia que el Gobierno Regional no debe trasladar, sin soluciones, a quienes asumirán el próximo mandato.

La próxima gestión del Gobierno Regional de Arequipa recibirá una deuda que no puede esconderse detrás de expedientes, trámites notariales ni explicaciones administrativas: alrededor de mil instituciones educativas sin saneamiento físico-legal y con infraestructura precaria que limita sus posibilidades de reconstrucción y mejoramiento. No se trata de un problema menor ni de una dificultad que pueda resolverse con anuncios. Es una deficiencia de gestión que compromete las condiciones en las que estudian miles de escolares y que exige responsabilidades y resultados.

El gerente regional de Educación, Mario Choque Manrique, ha reconocido que la situación jurídica de los terrenos impide ejecutar inversiones públicas en numerosos planteles. La explicación es válida desde el punto de vista legal, pero también revela una omisión que las autoridades debieron atender con anticipación. Si la propiedad de los predios constituye un requisito indispensable para intervenir los colegios, ¿por qué una brecha de esta magnitud sigue pendiente?

El saneamiento físico-legal no es un trámite accesorio que pueda postergarse indefinidamente. Es una condición básica para garantizar que el dinero público se convierta en aulas seguras, ambientes adecuados y mejores oportunidades educativas. Cada año perdido representa otra temporada escolar en locales que esperan una solución mientras los procedimientos avanzan de manera progresiva.

El caso de la institución educativa Manuel Muñoz Nájar, con 93 años de antigüedad y un terreno perteneciente a una fundación, demuestra la complejidad de algunos expedientes. Sin embargo, también evidencia la necesidad de una gestión capaz de anticipar obstáculos, negociar soluciones y establecer prioridades. La antigüedad de un colegio no puede convertirse en una condena a la espera.

La responsabilidad no corresponde exclusivamente a la administración que se aproxima. La actual gestión regional debe explicar cuántos expedientes ha resuelto, cuántos permanecen pendientes, qué presupuesto destinó a estos procedimientos y cuáles son los plazos concretos para cerrar la brecha. Informar que se avanza progresivamente no basta cuando las necesidades son urgentes y afectan a toda la región, desde Cerro Colorado y Yura hasta las provincias más alejadas.

La próxima administración tampoco podrá utilizar la herencia recibida como excusa permanente. Debe comenzar con un inventario público de los colegios afectados, un cronograma verificable de saneamiento y una cartera de proyectos priorizados según el riesgo de la infraestructura y las necesidades de los estudiantes.