La justicia dispuso la captura del exalcalde de Sachaca, Emilio Díaz Pinto, y de 5 exfuncionarios de su gestión, luego de quedar firme la condena de seis años de cárcel efectiva por colusión agravada. El caso está relacionado con la contratación de una empresa privada para actualizar valores arancelarios de terrenos urbanos, pese a que esa labor era realizada anualmente por el Ministerio de Vivienda.

Las órdenes de captura fueron emitidas por el juzgado de Investigación Preparatoria para ejecutar la sentencia e internar a los ocho condenados en un establecimiento penitenciario. La decisión se produjo tras la ratificación del fallo impulsado por la Segunda Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa.

Además de Díaz Pinto, la condena comprende a los extrabajadores municipales Gaby Espinoza Valencia, José Montaño Enríquez, Julio Farfán Rondón, Norma Mamani Coila y Walter Núñez Cari. Además de Marco Schiorlin Bejarano y César Aldazábal Soto del sector privado. El juicio se desarrolló en más de siete audiencias entre julio y septiembre de este año.

SERVICIO QUE YA REALIZABA EL ESTADO

Según la tesis fiscal, durante la gestión municipal se habría coordinado ilícitamente con José Casado Pinedo para favorecer a la empresa Corporación Nacional de Tasadores S. A. C. en los procesos de selección convocados por la comuna.

La compañía recibió contratos para ejecutar el servicio de determinación y actualización de los valores arancelarios de terrenos urbanos destinados al cálculo del impuesto predial de los años fiscales 2013 y 2014.

El Ministerio Público sostuvo que la contratación no era necesaria, porque el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento efectuaba esa actualización de oficio cada año. La investigación concluyó que las adjudicaciones presentaron imprecisiones técnicas y generaron un perjuicio económico para la municipalidad.

Los montos observados por ambos servicios ascendieron a S/ 174.000 y S/ 169.500, respectivamente, según la información del caso.

INHABILITACIÓN Y MULTAS

La sentencia también establece que los ocho condenados quedarán inhabilitados para ejercer cargos públicos durante el mismo periodo de la pena de prisión. A ello se suma el pago solidario de una reparación civil y multas que superan los S/ 400.000 en favor de la Municipalidad Distrital de Sachaca.

Con las órdenes de captura, el proceso entra en la fase de ejecución de la condena. Las autoridades deberán ubicar a los sentenciados para cumplir con el mandato judicial.

El caso pone nuevamente en discusión la responsabilidad de los funcionarios en el manejo de los recursos municipales y la obligación de justificar la necesidad de las contrataciones públicas, especialmente cuando se destinan fondos a servicios que otras entidades estatales ya realizan.