Por: Carlos Meneses

Los colegios deben ser espacios seguros para aprender, no lugares donde los estudiantes teman ser agredidos. Con 175 casos registrados, Arequipa necesita respuestas concretas y responsabilidades verificables. La violencia escolar no se combate con discursos ni con castigos aislados, sino con adultos que actúen a tiempo, instituciones que cumplan sus obligaciones y familias que eduquen con el ejemplo. Proteger a la niñez y la adolescencia es una responsabilidad colectiva; garantizar que esa protección se cumpla es una obligación que ninguna autoridad educativa puede eludir.

Los 175 casos de violencia escolar registrados en Arequipa, 117 de ellos relacionados con agresiones de índole sexual, obligan a mirar más allá de las sanciones que ahora se evalúan para los estudiantes que cometan faltas extremadamente graves. Las cifras revelan un problema que no puede enfrentarse únicamente con expulsiones ni resolverse cuando el daño ya está hecho. La pregunta de fondo es quién está fallando en la protección de los escolares y qué debe hacerse para impedir que la violencia siga creciendo.

La responsabilidad es compartida, pero no por ello debe diluirse. Los directores y docentes tienen el deber de detectar señales de alerta, intervenir ante las agresiones y activar los protocolos de protección. No pueden normalizar los insultos, el hostigamiento, los tocamientos indebidos ni otras conductas bajo la idea de que son cosas de escolares. El silencio o la indiferencia pueden dejar a las víctimas expuestas y permitir que las agresiones se repitan.

Las familias también tienen una tarea fundamental. Educar no consiste únicamente en garantizar la asistencia al colegio o el cumplimiento de las tareas. Implica enseñar respeto, límites y responsabilidad por los propios actos. Los padres deben escuchar a sus hijos, observar cambios de conducta y asumir que la violencia ejercida por un menor requiere atención y orientación, no justificaciones automáticas. Sin embargo, tampoco se puede responsabilizar exclusivamente a las familias por hechos que ocurren dentro de las instituciones educativas.

La Gerencia Regional de Educación, por su parte, debe pasar de las declaraciones a una supervisión efectiva. No basta con revisar una nueva normativa o anunciar sanciones más severas. Es necesario verificar que cada colegio tenga canales seguros de denuncia, protocolos que se cumplan y personal preparado para actuar. Los casos que involucren a trabajadores de las instituciones educativas deben investigarse con independencia y sin encubrimientos, protegiendo a las víctimas y respetando el debido proceso.

La expulsión definitiva puede ser necesaria en determinadas situaciones graves, siempre que corresponda legalmente y se sustente en una evaluación rigurosa. Pero sancionar no equivale a prevenir. La convivencia escolar exige educación emocional, orientación psicológica cuando corresponda, vigilancia frente al acoso y coordinación con las autoridades competentes cuando existan indicios de delito. También requiere acompañar a las víctimas y evitar que denunciar se convierta en una nueva fuente de sufrimiento.