SEGÚN INFORME DEL IPE

de 136 mil personas viven en 17 distritos con riesgo muy alto de huaicos y deslizamientos. Además, 13 mil escolares estudian en colegios que necesitan reconstrucción total y 61 proyectos de gestión del riesgo permanecían paralizados o abandonados.

Arequipa se aproxima a una nueva temporada de lluvias con una deuda acumulada en prevención: durante los últimos cinco años dejó sin ejecutar alrededor de S/ 200 millones destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias. El dinero que no se convirtió en obras ni intervenciones oportunas contrasta con una infraestructura expuesta a inundaciones, huaicos y deslizamientos, y con proyectos que permanecen paralizados, revela un reciente documento del Instituto Peruano de Economía (IPE).

El problema compromete a las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones el próximo 1 de enero, en plena temporada de precipitaciones. La nueva gestión heredará una región donde las necesidades de prevención son evidentes, pero la capacidad para transformar el presupuesto en resultados ha sido insuficiente.

A mediados de setiembre, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) declaró alerta naranja por lluvias, granizo y nevadas en seis provincias de Arequipa. A este escenario se suma un estudio del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred), que identifica 17 distritos con riesgo muy alto de huaicos y deslizamientos. En estas jurisdicciones viven más de 136 mil personas.

La amenaza no es únicamente meteorológica. También responde a las condiciones de colegios, carreteras y sistemas de drenaje, además de las limitaciones de las entidades públicas para ejecutar oportunamente los recursos asignados.

VULNERABILIDAD

La infraestructura educativa constituye uno de los puntos más sensibles. Arequipa tiene más de 360 colegios públicos que requieren sustitución total debido al deterioro de sus instalaciones y al riesgo de colapso de una parte importante de sus áreas techadas.

La situación se agrava porque seis de cada diez de estos locales se encuentran en distritos con riesgo alto o muy alto de inundación. En ellos estudian más de 13 mil escolares, cuya seguridad depende de que las autoridades adopten medidas preventivas y atiendan las necesidades de infraestructura.

La combinación de edificaciones deterioradas y exposición a fenómenos naturales obliga a priorizar las intervenciones. No basta con esperar la emergencia para disponer reparaciones o trasladar temporalmente a los estudiantes. La planificación debe identificar los establecimientos más vulnerables, evaluar sus condiciones estructurales y establecer medidas de protección antes del inicio de las lluvias más intensas.

La responsabilidad corresponde a las entidades que administran la infraestructura educativa y a los gobiernos subnacionales, que deben coordinar las inversiones y asegurar que las intervenciones respondan a los riesgos identificados.

CARRETERAS EN RIESGO

La red vial regional también enfrenta una exposición considerable. Según información del Cenepred y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), más de 3 mil kilómetros de carreteras de Arequipa, aproximadamente un tercio de su red vial, presentan riesgo alto o muy alto de inundaciones y movimientos en masa.

Esta extensión constituye la tercera mayor del país en vías expuestas, después de Ayacucho y Junín.

El deterioro de las carreteras incrementa la vulnerabilidad. El problema es especialmente grave en la red vecinal, que conecta a los productores agrícolas y ganaderos con los mercados y facilita el acceso de la población a servicios básicos. Según los datos del MEF, el 86.9 % de estas vías se encuentra en condiciones inadecuadas.

Cuando las precipitaciones dañan una carretera, las consecuencias no se limitan a las dificultades de tránsito. También pueden interrumpirse las actividades comerciales, encarecerse el transporte y quedar aisladas comunidades que necesitan atención médica o abastecimiento.

Por ello, el mantenimiento vial debe formar parte de una política de prevención y no reducirse a reparaciones posteriores a los daños. La identificación de tramos críticos, la limpieza de cauces y alcantarillas y la rehabilitación de vías vulnerables requieren planificación y presupuesto oportunos.

Entre 2021 y 2025, Arequipa recibió cerca de S/ 700 millones, expresados en valores ajustados por inflación, para reducir la vulnerabilidad y atender emergencias. Sin embargo, solo ejecutó el 71.2 % de esos recursos.

El resultado coloca a la región entre las de menor ejecución presupuestal del país en este periodo: registra la tercera tasa más baja, después de Pasco y Áncash. En términos concretos, alrededor de S/ 200 millones quedaron sin ejecutar.

La cifra plantea una pregunta que las autoridades deben responder: ¿por qué una región expuesta a inundaciones, huaicos y deslizamientos no consiguió utilizar todos los recursos disponibles para reducir esos riesgos?

La ejecución presupuestal, por sí sola, no garantiza una prevención eficaz. Sin embargo, cuando existen necesidades identificadas y proyectos pendientes, los recursos que no se utilizan representan oportunidades perdidas para mejorar la seguridad de la población.

La explicación debe buscarse en la capacidad de formulación y ejecución de proyectos, los problemas técnicos, las dificultades contractuales y la gestión de las entidades responsables. Determinar cuánto corresponde a cada factor requiere revisar los expedientes y el historial de ejecución de las inversiones.

DRENAJE, PROYECTOS PARALIZADOS

La baja ejecución coincide con el estancamiento de obras destinadas a reducir los efectos de los desastres. Al cierre de 2025, de los 85 proyectos de inversión activos en gestión del riesgo de desastres de Arequipa, 61 estaban paralizados o abandonados.

La situación más delicada corresponde al drenaje, infraestructura necesaria para evacuar el agua de las ciudades y los valles y reducir el riesgo de inundaciones. De los 36 proyectos de este tipo registrados en la región, 27 estaban paralizados o abandonados al finalizar el año pasado. Es decir, el 75 % del total.

Con esa cifra, Arequipa ocupa el segundo lugar nacional por cantidad de proyectos de drenaje en esa condición, después de San Martín.

La paralización de estas intervenciones compromete la capacidad de respuesta de las ciudades frente a las precipitaciones. Los sistemas de drenaje necesitan continuidad, mantenimiento y planificación integral; ejecutar obras aisladas no siempre resuelve los problemas cuando el agua atraviesa varias jurisdicciones o encuentra puntos críticos sin intervención.

Reactivar estos proyectos exige establecer las causas de cada paralización, determinar los costos pendientes, actualizar los expedientes cuando corresponda y fijar cronogramas verificables. La prioridad debe estar en las intervenciones que protejan a más personas y reduzcan los riesgos identificados.

La elección de las nuevas autoridades regionales y municipales abre una oportunidad para que los candidatos expliquen cómo enfrentarán una vulnerabilidad que no se resuelve con anuncios de emergencia. Arequipa necesita compromisos concretos sobre presupuesto, infraestructura y plazos.

La próxima administración regional y los municipios deberán mejorar su capacidad de ejecución, recuperar los proyectos paralizados y priorizar las obras de drenaje y protección en las zonas de mayor riesgo. También tendrán que coordinar con los sectores responsables de educación y transportes para intervenir en colegios y carreteras vulnerables.

Las Obras por Impuestos y las Asociaciones Público-Privadas pueden evaluarse como alternativas para acelerar determinadas inversiones, siempre que los proyectos sean técnica y financieramente viables y exista una adecuada supervisión pública. Estos mecanismos no sustituyen la obligación de planificar, fiscalizar y garantizar el uso transparente de los recursos.

Los S/ 200 millones sin ejecutar entre 2021 y 2025 resumen una deficiencia que debe corregirse. Mientras más de 136 mil personas viven en distritos con riesgo muy alto y miles de escolares asisten a colegios que necesitan reconstrucción, la prevención no puede continuar relegada.

La temporada de lluvias pondrá a prueba a las autoridades actuales y a las que asumirán el próximo año. La diferencia entre una emergencia controlada y una tragedia también dependerá de las decisiones que se tomen antes de que llegue el agua.