Arequipa posterga prevención y arriesga vidas

Hay cifras que retratan una gestión pública mejor que cualquier discurso. Arequipa dejó sin ejecutar alrededor de S/ 200 millones destinados a reducir la vulnerabilidad y atender emergencias entre 2021 y 2025. El dato, recogido en un informe del Instituto Peruano de Economía (IPE), no es un simple indicador presupuestal. Es la evidencia de una oportunidad perdida para proteger a la población de huaicos, inundaciones y deslizamientos.

La contradicción resulta difícil de justificar. Mientras las autoridades advierten sobre los peligros de la temporada de lluvias, los recursos disponibles no se transformaron íntegramente en intervenciones que permitan reducir esos riesgos. La región recibió cerca de S/ 700 millones y ejecutó el 71,2 %. El dinero restante no resolvió problemas que siguen pendientes.

La vulnerabilidad tiene dimensiones concretas. Más de 136 mil personas viven en 17 distritos con riesgo muy alto de huaicos y deslizamientos. Más de 13 mil escolares estudian en colegios que necesitan reconstrucción total. A ello se suman más de 3 mil kilómetros de carreteras expuestas a inundaciones y movimientos en masa, y una red vecinal cuyo deterioro compromete la conexión de comunidades y productores.

Pero quizá el indicador más revelador sea el estado de las inversiones. De 85 proyectos activos de gestión del riesgo registrados al cierre de 2025, 61 permanecían paralizados o abandonados. En drenaje, indispensable para evacuar el agua y reducir inundaciones, 27 de 36 proyectos estaban en esa condición. No se trata únicamente de falta de dinero: también existe una incapacidad persistente para convertir las necesidades identificadas en obras concluidas y útiles.

Las autoridades deben explicar por qué ocurrió. No basta atribuir los problemas a expedientes deficientes, contrataciones complejas o dificultades administrativas sin identificar responsabilidades, plazos de solución y decisiones correctivas. Cada proyecto paralizado debe tener una causa establecida, un costo actualizado y una ruta verificable para su reactivación.

La responsabilidad alcanza al Gobierno Regional y a las municipalidades, pero también exige coordinación con los sectores nacionales competentes. Las nuevas autoridades, que asumirán funciones en enero, no pueden utilizar la herencia recibida como excusa para prolongar la inacción.

La prevención tampoco debe confundirse con gastar por gastar. Ejecutar el presupuesto importa, pero importa más que las obras funcionen y protejan vidas. Se necesitan prioridades claras, supervisión y transparencia sobre cada sol invertido.

RESALTAR

Los S/ 200 millones no ejecutados representan una deuda con Arequipa. Las lluvias no esperarán a que las instituciones resuelvan sus problemas de gestión. Si las autoridades vuelven a reaccionar cuando el desastre ya ocurrió, la prevención seguirá siendo un discurso y la población continuará pagando las consecuencias.