ARUNTANI SOLO PAGÓ MÍNIMA PARTE

OEFA reporta incumplimiento ambiental y

presencia de metales con niveles superiores

OEFA reportó incumplimientos ambientales y presencia de metales por encima de los estándares. Otros estudios identificaron afectaciones vinculadas a la minería informal en Ocoña y Chala.

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La minera Aruntani pagó solo 142 unidades impositivas tributarias (UIT) de las 19 182.64 UIT en multas impuestas por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), según información presentada durante una audiencia pública realizada el 9 de octubre en Mollendo. El caso vuelve a poner en discusión la eficacia de la fiscalización frente a los impactos de la actividad minera en las cuencas que abastecen a poblaciones y zonas agrícolas.

Víctor Joel Aragón Vallenas, representante del OEFA, informó que la empresa también recibió multas coercitivas por 4 453.73 UIT, derivadas del incumplimiento de 52 medidas administrativas. De ese monto, señaló que se pagaron 342 UIT, mientras el resto se encontraba en proceso de apelación.

El funcionario sostuvo que la compañía no habría cumplido todos los mandatos de la autoridad ambiental y mencionó el hallazgo de tuberías enterradas que conducían agua directamente hacia quebradas.

Durante la audiencia, Aragón reconoció la contaminación del río Coralaque, afluente de la cuenca del Tambo. Según explicó, los monitoreos detectaron concentraciones de hierro, cobre, arsénico y níquel por encima de los estándares ambientales. Además, indicó que durante 2025 se realizaron más de 60 supervisiones.

La problemática está vinculada a la unidad minera Florencia-Tucari, operada por Aruntani en Moquegua y actualmente en etapa de poscierre. Aunque el origen se encuentra fuera de Arequipa, sus efectos alcanzan la cuenca del Tambo y comprometen a poblaciones de la provincia de Islay. La Defensoría del Pueblo también advirtió sobre excedencias de metales en los ríos Coralaque y Tambo y cuestionó la insuficiente respuesta estatal frente al problema.

OTROS ANTECEDENTES

La contaminación vinculada a la actividad minera no se limita a esta cuenca. En 2016, el OEFA realizó monitoreos de agua y sedimentos en el río Ocoña, provincia de Camaná, ante una posible afectación relacionada con la minería informal. El informe encontró valores de pH fuera de los rangos establecidos en algunos puntos y concentraciones de arsénico en sedimentos superiores a los valores referenciales. El organismo precisó que estos resultados podían estar relacionados con las actividades mineras desarrolladas en la cuenca, aunque también identificó otras posibles fuentes para determinados parámetros.

Otro antecedente se encuentra en Chala, provincia de Caravelí. Una evaluación ambiental elaborada por el Ministerio del Ambiente, el Gobierno Regional de Arequipa y la municipalidad distrital identificó contaminación localizada del suelo por arsénico, cobre, mercurio y plomo en zonas donde se utilizaban quimbaletes para procesar mineral. También detectó concentraciones elevadas de arsénico en el polvo sedimentable y planteó la necesidad de evaluar los riesgos para la salud de los habitantes.

Estos antecedentes muestran que los riesgos ambientales requieren respuestas diferenciadas: control de operaciones, monitoreo permanente del agua y suelo, remediación de áreas afectadas y seguimiento de las medidas ordenadas por las autoridades.

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

En la misma audiencia, el jefe de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS) en Arequipa, Saúl Alire, informó que cuatro sectores rurales de Islay presentan problemas de cloración. La Haciendita y San Pablo carecen de sistemas, mientras que en El Toro y Caraquén los equipos están inoperativos.

La situación añade una preocupación sanitaria a los problemas ambientales de la provincia. La audiencia, presidida por el diputado Luis Masco, tendrá continuidad en una mesa de trabajo anunciada para el 19 de octubre.

RESALTAR

El desafío para las autoridades será convertir las denuncias y los resultados de monitoreo en medidas verificables. Las multas pendientes, las obligaciones ambientales incumplidas y los problemas de abastecimiento de agua exigen seguimiento público, plazos definidos y responsabilidades claras.