El Ejecutivo podría legislar durante 90 días sobre seguridad ciudadana y prevención frente al fenómeno El Niño, si el Senado aprueba la delegación de facultades. El dictamen contempla medidas contra el crimen organizado, el sicariato y la ciberdelincuencia.

FACULTADES LEGISLATIVAS PLANTEAN:

El Gobierno podría implementar nuevas medidas para combatir la delincuencia, fortalecer el control de las comunicaciones ilícitas y endurecer las sanciones contra delitos de alto impacto, si el Senado aprueba el dictamen de delegación de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo.

Tras recibir la aprobación de la Cámara de Diputados, la propuesta pasó a la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado, donde deberá ser analizada y debatida antes de su eventual aprobación por el pleno de la Cámara Alta.

La iniciativa comprende materias de seguridad ciudadana y atención al fenómeno El Niño. En el ámbito de la lucha contra la criminalidad, plantea modificaciones legales y operativas orientadas a enfrentar las extorsiones, el sicariato y las actividades de las organizaciones delictivas.

Una de las medidas propone fortalecer los mecanismos de identificación y geolocalización de celulares utilizados para cometer delitos. También se busca mejorar el registro y la trazabilidad de los equipos, así como la suspensión, baja y bloqueo de líneas empleadas ilegalmente. Para ello, se reforzarán las competencias de supervisión y fiscalización de Osiptel y las obligaciones de las empresas operadoras.

CONTROL DESDE LOS PENALES

Otro componente apunta a frenar las extorsiones realizadas desde establecimientos penitenciarios y centros juveniles. La propuesta contempla incorporar tecnología capaz de detectar, identificar y bloquear señales de comunicación ilegales emitidas desde estos recintos, procurando evitar interrupciones del servicio celular en las zonas aledañas.

En materia de armas de fuego, se plantea eliminar el registro ilimitado de armamento bajo las modalidades de caza y deporte. Además, se endurecerían las sanciones contra quienes presenten denuncias falsas por pérdida o robo de armas, con la cancelación definitiva de la licencia, y se establecerían penas para la suplantación de identidad destinada a adquirir o portar armamento.

Las reformas penitenciarias también consideran la posibilidad de reacondicionar cuarteles de las Fuerzas Armadas como establecimientos para reclusos de baja peligrosidad, bajo administración del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Asimismo, los adolescentes condenados por delitos graves que alcancen la mayoría de edad durante el cumplimiento de su pena podrían ser trasladados a unidades diferenciadas y de máxima seguridad dentro de penales comunes.

MAYORES SANCIONES

El dictamen propone endurecer las sanciones y restringir beneficios procesales para delitos como extorsión, sicariato, secuestro y minería ilegal. Entre los cambios figuran limitaciones a la conversión de penas privativas de libertad y a la terminación anticipada en estos casos.

También se plantea actualizar la Ley de Delitos Informáticos para mejorar la persecución de la suplantación digital, los fraudes en línea y el uso de tecnologías por parte de redes criminales.

En paralelo, se busca optimizar la plataforma de Denuncia Digital para garantizar la privacidad y trazabilidad de los denunciantes. El registro informático, sin embargo, no constituiría por sí solo una prueba automática de culpabilidad.

La propuesta incluye fortalecer el Subsistema Especializado contra la Extorsión, con el propósito de acelerar la actuación coordinada de la Policía Nacional y el Ministerio Público.

PLAZO DE 90 DÍAS

El dictamen todavía debe superar el debate en la comisión correspondiente y obtener la aprobación del pleno del Senado. Si se concreta la delegación, el Ejecutivo dispondrá de 90 días calendario para emitir las medidas mediante decretos legislativos.

La aplicación efectiva de estas disposiciones dependerá de su aprobación definitiva, de la reglamentación que corresponda y de la capacidad de las instituciones para ejecutarlas y fiscalizar su cumplimiento.