Entre 2002 y 2025, Arequipa perdió 1 912 hectáreas de campiña agrícola debido al avance urbano. Frente a esta transformación, el Instituto Municipal de Planeamiento (IMPLA) propone derogar la Ordenanza Regional N.° 007-2003-GRA, que declaró intangibles los terrenos agrícolas y las áreas verdes de la región. Sin embargo, el Consejo Regional de Arequipa (CRA) advierte que no respaldará la medida si no se garantiza una protección normativa equivalente.

Ayer, funcionarios del IMPLA expusieron ante el Consejo Regional los argumentos que sustentan su propuesta. Según la institución, la ordenanza vigente presenta deficiencias porque no establece una delimitación cartográfica de los terrenos protegidos. Por ello, plantea incorporar estudios técnicos en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM) para identificar y delimitar las áreas agrícolas.

De acuerdo con un informe del IMPLA, la superficie agrícola original de Arequipa alcanzaba las 14 261.94 hectáreas. De ese total, 1 912.03 hectáreas fueron afectadas por la expansión urbana. Cerro Colorado registra la mayor pérdida en extensión, con 597.74 hectáreas, mientras que Paucarpata presenta la reducción proporcional más elevada: el 59,29 % de su superficie agrícola inicial.

Actualmente, quedan 12 349.91 hectáreas de campiña, equivalentes al 86,59 % de la extensión original.

La gerente general del IMPLA, Patricia Muñoz Medina, sostiene que la ordenanza no ha conseguido frenar la reducción de estos terrenos debido a su carácter general y a la falta de una ubicación precisa de las áreas protegidas. “La ordenanza que nosotros tenemos actualmente, lamentablemente, es muy genérica. Indica que cautela la campiña, pero ¿qué campiña? No tenemos la ubicación”, manifestó.

NO RESPALDAN LA DEROGATORIA

La propuesta encuentra resistencia en el Consejo Regional. La presidenta del CRA, Norma Ortega Valdivia, cuestiona que la pérdida de terrenos agrícolas se atribuya a la vigencia de la ordenanza, pues considera que la expansión urbana responde a múltiples factores y decisiones que también han derivado en procesos judiciales y sentencias.

“No creo que sea adecuado responsabilizar de toda la depredación de la campiña a la existencia de la Ordenanza Regional 007-2003-GRA”, señaló.

Ortega también cuestionó la alternativa del IMPLA de reemplazar la ordenanza por un acuerdo que declare de interés regional la protección de las áreas agrícolas y verdes. A su juicio, una declaratoria de este tipo no ofrece garantías equivalentes a las de una norma regional.

Por ello, la Comisión de Normas y Asuntos Legales solicitó reformular la propuesta e incorporar las posiciones de las organizaciones de la sociedad civil. “Le planteamos al IMPLA que reformule su propuesta”, indicó Ortega, quien adelantó que el informe de la comisión no será favorable si se mantienen los términos actuales.

La discusión continúa abierta. El desafío es actualizar la regulación y delimitar técnicamente la campiña sin debilitar su protección frente al crecimiento urbano.