La recuperación de la autoridad docente y el fortalecimiento de la disciplina escolar son objetivos necesarios para mejorar la convivencia en las instituciones educativas. Sin embargo, establecer normas más estrictas no garantiza, por sí sola, una mejor formación. El desafío consiste en recuperar el respeto a los profesores sin vulnerar los derechos de los estudiantes ni convertir la sanción en el principal instrumento educativo.

Los nuevos lineamientos anunciados por el Poder Ejecutivo, que serán incorporados en los reglamentos internos de los colegios privados de Arequipa, plantean una clasificación de las faltas en leves, graves y muy graves, con medidas correctivas proporcionales a cada conducta. La reincidencia, las agresiones, el acoso escolar, la extorsión y el uso de objetos peligrosos requieren respuestas claras. Ninguna institución puede normalizar comportamientos que amenacen la integridad física o emocional de sus alumnos y docentes.

La disciplina no debe confundirse con el autoritarismo. Una suspensión temporal puede ser necesaria frente a determinadas infracciones, pero la separación definitiva de un estudiante constituye una decisión de consecuencias importantes que exige procedimientos transparentes, evaluación individual y garantías de defensa. La reincorporación de la autoridad docente no puede significar la eliminación de los derechos de los escolares ni justificar sanciones arbitrarias.

También resulta preocupante que la aplicación de estas disposiciones se concentre en aspectos como el uniforme, los cortes de cabello, las uñas pintadas o la presentación personal. Aunque cada colegio puede establecer reglas razonables de convivencia, estas no deberían desplazar asuntos prioritarios como la prevención de la violencia, el respeto mutuo, la responsabilidad y la atención de los problemas de aprendizaje y conducta. La disciplina debe contribuir a formar ciudadanos, no limitarse a uniformar apariencias.

En este proceso, los padres de familia tienen una responsabilidad insustituible. La protección de los hijos no debe convertirse en una defensa automática de cualquier comportamiento, pero tampoco corresponde desacreditar al estudiante sin escuchar su versión. La coordinación entre las familias, los profesores y los directivos es indispensable para corregir conductas y evitar que los conflictos escalen hasta situaciones irreparables.

El registro físico y digital de las incidencias puede ayudar a identificar reincidencias y aplicar medidas consistentes. No obstante, debe utilizarse con criterios objetivos, confidencialidad y seguimiento pedagógico. Una anotación no puede convertirse en una condena permanente ni reemplazar el análisis de las causas que originan el comportamiento.

RESALTAR

Finalmente, el Ministerio de Educación debe garantizar que la norma definitiva sea clara, viable y compatible con la protección integral de niños y adolescentes. La autoridad se fortalece con reglas legítimas, aplicación justa y respaldo institucional, no con el temor a la sanción. Arequipa necesita colegios donde los docentes puedan enseñar sin intimidaciones y los estudiantes aprendan que la convivencia exige derechos, deberes y respeto recíproco.