Por Carlos Meneses

Arequipa no necesita otra declaración que describa el peligro. Necesita presupuesto disponible, intervenciones verificables y autoridades que asuman responsabilidades. La sequía no espera a que terminen los trámites administrativos. Si el Gobierno demora en asegurar los recursos, la prevención llegará tarde y serán los agricultores y ganaderos quienes paguen las consecuencias de una respuesta insuficiente.

Arequipa necesita S/ 6,9 millones para prepararse frente a la sequía, pero el financiamiento solicitado todavía no está garantizado. La Gerencia Regional de Agricultura dispone de apenas S/ 482 mil 659 para nuevas acciones preventivas, una cantidad que representa una fracción de lo requerido para atender las necesidades del sector agropecuario. Mientras el Ejecutivo evalúa la solicitud, 42 distritos permanecen en emergencia por déficit hídrico.

Esta situación evidencia una preocupante distancia entre las declaratorias oficiales y la capacidad real de actuar. El Estado reconoce el peligro, publica decretos y establece plazos para ejecutar medidas, pero esas disposiciones pierden efectividad cuando las entidades responsables no cuentan con los recursos necesarios para cumplirlas. Una emergencia no se resuelve con documentos ni con advertencias, sino con intervenciones oportunas.

La Gerencia de Agricultura plantea comprar alimentos para camélidos sudamericanos, adquirir kits veterinarios y recuperar reservorios y cochas. Son medidas necesarias para proteger a los productores de las zonas altoandinas, donde la falta de lluvias reduce los pastos naturales y amenaza la alimentación del ganado. Si la asistencia llega cuando los animales ya están debilitados o las pérdidas se han producido, la prevención habrá fracasado.

El problema no es únicamente la falta de presupuesto. También preocupa que una solicitud presentada en septiembre haya tenido que atravesar procedimientos administrativos sin que, hasta octubre, exista certeza sobre la disponibilidad del dinero. El expediente cuenta con opinión técnica favorable y fue remitido al Ejecutivo, pero ese avance burocrático no garantiza que los recursos lleguen a tiempo.

La declaratoria de emergencia por 60 días exige actuar con rapidez. Sin embargo, el presupuesto disponible para nuevas acciones preventivas equivale a apenas una pequeña parte de los S/ 6,9 millones requeridos. La región enfrenta así una contradicción: se reconoce la urgencia de intervenir, pero no está asegurado el financiamiento para ejecutar el plan propuesto.

El Ejecutivo debe explicar en qué estado se encuentra la solicitud y qué alternativas existen para atender el riesgo. No basta con invocar restricciones presupuestales cuando las consecuencias de una sequía pueden comprometer la producción agropecuaria, los ingresos familiares y la supervivencia de los animales. La prevención debe ser una prioridad efectiva, no una obligación que se reconoce en el papel y se posterga en la práctica.

También corresponde al Gobierno Regional informar qué acciones puede ejecutar inmediatamente con los recursos disponibles, cuáles son las zonas más vulnerables y qué ocurrirá si el financiamiento adicional no se concreta. Esperar sin adoptar medidas alternativas sería trasladar el costo de la demora a los productores, que tienen menos capacidad para resistir una emergencia prolongada.

La amenaza, además, no se limita a la falta de agua. Los 208 puntos críticos identificados en la región, varios de ellos expuestos a daños por lluvias intensas y crecidas, muestran que la preparación debe contemplar escenarios simultáneos y recursos suficientes para atenderlos.