Por: Naomi Rodríguez – Economista del Consejo Privado de Competitividad

El debate sobre la delegación de facultades legislativas se ha concentrado en la seguridad ciudadana y la respuesta frente al Fenómeno de El Niño. La Cámara de Diputados aprobó una fórmula de 20 medidas por 90 días, frente a las 66 solicitudes iniciales del Poder Ejecutivo. Posteriormente, el predictamen debatido en el Senado planteó incorporaciones adicionales, principalmente vinculadas con la seguridad y la atención de emergencias. Al 15 de octubre, la Comisión de Constitución del Senado había suspendido hasta nuevo aviso el debate y la votación del predictamen. Sin embargo, quedaron fuera de la fórmula aprobada por Diputados otras facultades solicitadas por el Ejecutivo y relevantes para la competitividad del país, particularmente las relacionadas con la formalización laboral y la seguridad jurídica de los funcionarios vinculados a proyectos de inversión.

En materia laboral, el pedido del Ejecutivo contemplaba promover la formalización de las micro y pequeñas empresas (MYPE), fortalecer el marco laboral privado y las competencias de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) mediante un enfoque preventivo. También incluía propuestas sobre bonos de productividad, indemnizaciones de trabajadores de dirección y confianza, y promoción del empleo, la empleabilidad y el autoempleo juvenil. Estas facultades específicas quedaron fuera del texto aprobado por Diputados.

Aunque el texto incorporó disposiciones de simplificación administrativa vinculadas con el Fenómeno de El Niño, estas no equivalen a las medidas específicas planteadas para facilitar la formalización empresarial y reformar el marco laboral.

La magnitud del problema se refleja en los indicadores del mercado laboral. En 2025, pese a que la tasa de desempleo fue de 4,9%, de cada 100 ocupados, 73 tenían un empleo informal, 44 estaban subempleados y 51 trabajaban por cuenta propia. Estas condiciones no son excluyentes: una misma persona puede, por ejemplo, trabajar por cuenta propia, tener un empleo informal y estar subempleada al mismo tiempo. Además, la tasa de empleo alcanzó el 67,9%, por debajo del 69,9% registrado en 2019. La informalidad permaneció prácticamente estancada: pasó de 73,1% en 2015 a 72,7% en 2019 y 73,2% en 2025.

El desafío de la informalidad se concentra en las empresas de menor tamaño. En 2025, el 81% de los ocupados trabajaba en micro y pequeñas empresas, donde el 90% del empleo era informal, frente al 22% en las grandes empresas. Además, según el Ministerio de la Producción (PRODUCE), en 2024 las microempresas representaban el 93,6% de las empresas formales, pero su productividad laboral equivalía apenas al 4,3% de la registrada en las grandes empresas. Entre 2015 y 2024, el 95,7% no pasó a una categoría empresarial superior.

Frente a este escenario, desde el Consejo Privado de Competitividad (CPC) proponemos crear un régimen único de impuesto a la renta para las empresas, con tasas marginales crecientes sobre la renta neta anual y una contabilidad simplificada. La propuesta busca que la carga tributaria aumente progresivamente con las ganancias y que el cumplimiento de las obligaciones sea más sencillo. Facilitar la formalización requiere, por tanto, abordar tanto las barreras administrativas y laborales como los incentivos tributarios que condicionan el crecimiento empresarial.

Una segunda materia pendiente es el fortalecimiento de la integridad pública y la seguridad jurídica de los funcionarios que intervienen en proyectos de inversión. La propuesta del Ejecutivo buscaba regular la responsabilidad disciplinaria y funcional, y evitar que el uso indebido o irrazonable de mecanismos de control inhibiera la adopción de decisiones públicas legítimas. Esta facultad tampoco fue incorporada en el texto sustitutorio ni recuperada en las incorporaciones planteadas posteriormente en el Senado.

El problema se aprecia en los informes previos de la Contraloría General de la República sobre asociaciones público-privadas (APP). La Ley N.° 32441 establece que estos informes se refieren a aspectos que comprometan el crédito o la capacidad financiera del Estado, relacionados con el cofinanciamiento o las garantías públicas. Sin embargo, según la revisión del CPC, el 87,3% de las observaciones de 20 informes examinados hasta 2024 correspondía a aspectos técnicos o de costos de los proyectos, y no a la capacidad financiera estatal. En los siete informes revisados en 2025, la proporción llegó al 93,8%, porcentaje que se mantuvo en los tres informes examinados en 2026.

Esta diferencia plantea una preocupación sobre la correspondencia entre el alcance específico de los informes previos y las materias observadas. Cuando las intervenciones se concentran en aspectos técnicos o de costos, pueden surgir dudas sobre los límites del control y las responsabilidades de los funcionarios que deciden sobre los proyectos. Esa incertidumbre puede desincentivar decisiones oportunas y añadir trabas a las inversiones. Esto no significa que la Contraloría deba dejar de fiscalizar; implica la necesidad de delimitar las competencias de control y las responsabilidades funcionales.

Ambas materias requieren una discusión específica. La formalización laboral demanda condiciones que permitan a las empresas crecer y generar empleo productivo; la integridad pública exige reglas claras que permitan controlar el uso de recursos públicos sin inhibir decisiones legítimas. Si estas propuestas quedan fuera de la delegación, corresponde definir por qué vía se abordarán. La discusión legislativa no debería limitarse a las medidas incorporadas, sino también establecer cómo se atenderán los problemas que las propuestas excluidas buscaban resolver.