El profesional fue enviado al penal de Socabaya mientras continúan las investigaciones por los hechos denunciados en un colegio de José Luis Bustamante y Rivero.

POR SEIS MESES

Seis meses permanecerá en prisión preventiva Emerson Escalante Quito, psicólogo investigado por la presunta agresión sexual contra un estudiante de 13 años dentro de la institución educativa Torre Fuerte Kennedy, ubicada en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Tras la decisión judicial, el profesional fue trasladado al penal de Socabaya.

La medida fue dictada por el Juzgado Especializado en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, luego de evaluar los argumentos presentados por la Fiscalía Especializada respecto a los hechos denunciados.

De acuerdo con la exposición fiscal, el presunto ataque ocurrió la mañana del 13 de octubre, cuando Escalante Quito se desempeñaba como psicólogo en el plantel. La investigación sostiene que el trabajador retiró al adolescente de su aula y lo llevó a un ambiente destinado a consultas.

En ese espacio, según la imputación del Ministerio Público, el investigado habría utilizado su teléfono celular para mostrarle material pornográfico. La Fiscalía señala que, bajo el argumento de explicarle cómo se utiliza un preservativo, habría cometido la agresión sexual contra el menor.

Los hechos son materia de investigación y deberán ser esclarecidos durante el proceso judicial. La prisión preventiva constituye una medida cautelar que busca asegurar la presencia del investigado mientras avanzan las diligencias; no representa, por sí misma, una declaración de culpabilidad.

Con la disposición judicial, Escalante Quito permanecerá recluido durante el plazo establecido, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo elementos para sustentar la acusación y determinar las circunstancias en las que se habría producido el delito.

El caso pone en el centro de atención la responsabilidad de los adultos que tienen a su cargo funciones de orientación y acompañamiento dentro de las instituciones educativas, especialmente cuando trabajan directamente con menores de edad. También plantea la importancia de que las denuncias de violencia sexual contra escolares sean investigadas con diligencia y que se adopten medidas para proteger a las presuntas víctimas durante el procedimiento.

Las autoridades deberán establecer las responsabilidades penales correspondientes sobre la base de las pruebas que se incorporen al expediente, respetando las garantías del proceso y los derechos de las partes involucradas.