Por Jorge Turpo R.

El exministro de Economía, Luis Miguel Castilla, advierte que la falta de priorización de obras, la atomización del presupuesto y las deficiencias en la fiscalización impiden cerrar brechas sociales. Alerta sobre riesgos de clientelismo y corrupción mientras persisten carencias de servicios básicos como el agua potable.

EL RETO DE AUTORIDADES ELECTAS

Una veintena de distritos de regiones con reservas de gas y minerales recibe cada año millones de soles por concepto de canon, regalías, regalías contractuales y renta. Son municipalidades con presupuestos que superan largamente las necesidades de sus pequeñas poblaciones, pero que todavía no consiguen cerrar las brechas sociales que justifican la transferencia de esos recursos.

El uso poco eficiente del dinero, la falta de priorización de obras y la atomización del presupuesto en pequeños proyectos figuran entre las debilidades de gestión que deberán corregir las nuevas autoridades municipales. El desafío será mayor porque los ingresos provenientes de la actividad minera seguirán creciendo.

En Arequipa, dos municipalidades concentran casi el 50% de los recursos del canon. Se trata de Cerro Colorado y Yarabamba. El segundo caso resulta particularmente llamativo. Con apenas 1 700 habitantes, este distrito recibió S/ 292 millones por canon en 2025, una transferencia que lo convierte en el más favorecido de la región en términos per cápita. Cerro Colorado, en el mismo periodo, recibió S/ 118 millones.

La disponibilidad de estos recursos no ha eliminado, sin embargo, las necesidades básicas que todavía enfrentan sectores de la población.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, advierte que una de las principales debilidades es la desconexión entre los ingresos extraordinarios y las prioridades de inversión.

“Los municipios destinan millones a infraestructura recreativa mientras sus habitantes carecen de agua potable durante las 24 horas del día”, señaló.

Castilla precisa que las plazas, los estadios y las losas deportivas no son obras innecesarias. El problema aparece cuando estos proyectos desplazan inversiones más urgentes, como el acceso al agua potable y otros servicios básicos.

Otra preocupación es la ejecución de obras por administración directa, modalidad que permite a las entidades asumir la ejecución de proyectos y contratar trabajadores, operadores y gestionar maquinaria.

Según el exministro, este mecanismo puede convertirse en una herramienta de generación de empleo público con fines clientelares, además de abrir espacios para irregularidades y corrupción cuando los controles son insuficientes.

El escenario de mayores transferencias se explica también por el nuevo ciclo de precios elevados de los metales. Los distritos mineros y gasíferos ya reciben montos superiores a los de años anteriores, una tendencia que podría prolongarse.

En 2025, Arequipa recibió alrededor de S/ 1 300 millones por transferencias de canon y regalías. Para este año, las proyecciones apuntan a superar los S/ 1 600 millones.

El incremento previsto también alcanzaría a otras regiones productoras y podría continuar en 2027, dependiendo de la evolución de los precios y de las reglas de transferencia.

La magnitud de los presupuestos se observa en otras localidades del país. En Áncash, San Marcos dispone de unos S/ 457 millones, mientras que Challhuahuacho, en Apurímac, recibe alrededor de S/ 313 millones.

En Moquegua, Mariscal Nieto supera los S/ 301 millones y San Antonio bordea los S/ 208 millones. Torata, en la misma región, supera los S/ 168 millones.

En Tacna, Ilabaya maneja más de S/ 219 millones. En Ica, Marcona recibe casi S/ 116 millones. En Cajamarca, la municipalidad provincial administra S/ 100 millones, Hualgayoc recibe S/ 69 millones y La Encañada y Baños del Inca superan los S/ 30 millones cada uno.

La distribución también alcanza a La Libertad, donde Parcoy recibe cerca de S/ 50 millones y Pataz más de S/ 18 millones.

En Cusco, los recursos mineros y gasíferos benefician a distritos de La Convención, Espinar y Chumbivilcas. Megantoni recibe alrededor de S/ 125 millones; Santo Tomás supera los S/ 80 millones y Livitaca bordea los S/ 58 millones.

RETO DE NUEVOS ALCALDES

Con presupuestos de esta magnitud, los nuevos alcaldes también deberán enfrentar otro problema recurrente en las regiones mineras: las investigaciones y procesos por presuntos actos de corrupción que comprometen a autoridades responsables de administrar recursos públicos.

Castilla identifica otras dos limitaciones que afectan la calidad del gasto municipal. La primera es la falta de profesionales y técnicos capacitados para formular proyectos, gestionar inversiones y garantizar su ejecución. La segunda es la ausencia o insuficiencia de fiscalización sobre el uso del dinero.

“En estos lugares con bastante presupuesto, debe haber una fiscalización con un control concurrente. La Contraloría no tiene que ser un mero observador, porque estamos hablando de millones de soles”, sostuvo.

El control concurrente, junto con una supervisión efectiva, permitiría advertir oportunamente riesgos durante la ejecución de las obras, aunque su eficacia también depende de que las entidades implementen las medidas correctivas.

Para las nuevas autoridades, el reto no será únicamente ejecutar presupuestos cada vez mayores. También tendrán que evitar la dispersión de recursos en proyectos pequeños, fortalecer sus equipos técnicos y demostrar que las transferencias mineras se traducen en servicios e infraestructura que respondan a las necesidades de sus habitantes.