Municipios de Arequipa concentran más de un centenar de reclamos ciudadanos en 2026
DEMORA EN LICENCIAS Y OBRAS INCONCLUSAS

Más de un centenar de quejas contra la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y las comunas distritales recibió la Defensoría del Pueblo durante 2026. Los procedimientos burocráticos para obtener permisos y habilitaciones urbanas, así como las obras que restringen el tránsito peatonal y vehicular, encabezan las denuncias. Salud y Educación completan la lista de sectores con mayores cuestionamientos.
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La burocracia municipal y las obras públicas que terminan convirtiéndose en obstáculos para los propios vecinos mantienen a los gobiernos locales como las instituciones que acumulan más reclamos ante la Defensoría del Pueblo en Arequipa. El problema no se limita a la demora en los trámites administrativos. También alcanza situaciones en las que las intervenciones de infraestructura restringen el ingreso a viviendas, dificultan el desplazamiento de personas con discapacidad y afectan actividades cotidianas sin que las autoridades brinden soluciones oportunas.
El balance preliminar de 2026, presentado por la jefa de la Oficina Defensorial de Arequipa, Andrea Sarayasi Tejada, revela que casi un centenar de quejas involucran a la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) y a las municipalidades distritales. Los cuestionamientos más frecuentes están relacionados con la demora en la atención de solicitudes de licencias municipales, permisos y aprobación de habilitaciones urbanas.
Se trata de procedimientos que ciudadanos y asociaciones de vivienda necesitan completar para formalizar sus proyectos, desarrollar actividades económicas o avanzar en la consolidación de sus propiedades. Sin embargo, los tiempos de respuesta de las administraciones municipales se convierten en una barrera que prolonga la incertidumbre de los solicitantes.
«Son múltiples temas los que involucran quejas contra municipios», explicó Sarayasi, al detallar que los reclamos no corresponden a una sola comuna, sino que comprometen tanto a la municipalidad provincial como a los gobiernos locales distritales.
OBRAS QUE CIERRAN EL ACCESO A LAS VIVIENDAS
Uno de los aspectos más sensibles del balance corresponde a las intervenciones de infraestructura ejecutadas por los municipios. Aunque estas obras deberían mejorar las condiciones urbanas y facilitar el desplazamiento de la población, algunas terminan generando dificultades de accesibilidad para los residentes de las zonas intervenidas.
La Defensoría recibió reclamos de vecinos que solicitaron modificaciones o adecuaciones en los proyectos para mantener condiciones adecuadas de circulación por veredas, bermas y muros de contención. Sin embargo, aseguran que sus pedidos no fueron atendidos oportunamente.
Los casos adquieren mayor gravedad cuando afectan a personas con discapacidad, quienes encuentran dificultades para ingresar o salir de sus propios domicilios debido a las características de las obras.
«Incluso hemos recibido casos en que personas con alguna discapacidad se quejan porque obras municipales les impiden el acceso a su domicilio», advirtió la funcionaria.
Sarayasi recordó que la Ley N.º 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, establece el derecho a la accesibilidad y obliga a las entidades a adoptar las adecuaciones necesarias para garantizar el desplazamiento de esta población.
El cuestionamiento apunta a que las municipalidades không pueden limitarse a ejecutar proyectos de infraestructura sin considerar las condiciones de movilidad de quienes viven en las zonas intervenidas. La planificación debe contemplar accesos peatonales, rutas seguras y facilidades para personas con movilidad reducida.
De esta manera, una obra pública puede convertirse en motivo de vulneración de derechos cuando no incorpora las necesidades de los residentes o cuando las autoridades no atienden sus observaciones.
SALUD: HOSPITALES CON DEFICIENCIAS Y FALTA DE MEDICINAS
El segundo lugar entre las instituciones con mayor cantidad de quejas corresponde al sector Salud. Los reclamos se concentran principalmente en los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche, dos de los establecimientos públicos de referencia en la región.
Los problemas reportados comprenden deficiencias en la atención de pacientes, limitaciones de infraestructura, falta de medicamentos y restricciones presupuestales que afectan la capacidad de respuesta de los establecimientos.
Las quejas también alcanzan a EsSalud, particularmente a los hospitales Edmundo Escomel y Carlos Alberto Seguín Escobedo. En estos casos, los ciudadanos cuestionan las dificultades que encuentran para acceder a los servicios médicos y recibir atención dentro de plazos adecuados.
La permanencia de Salud entre los sectores más reclamados refleja que las dificultades de acceso a los servicios sanitarios continúan siendo una preocupación para los usuarios, tanto en el sistema público como en el de seguridad social.
EDUCACIÓN SUBE AL TERCER LUGAR
El sector Educación ocupa el tercer puesto en el balance preliminar de 2026, desplazando a Salud de esa posición respecto a los registros de años anteriores.
Entre los reclamos figuran cobros indebidos en instituciones educativas estatales, problemas relacionados con la administración de personal y situaciones de violencia escolar, particularmente casos de bullying.
Sarayasi señaló que la Defensoría recibe denuncias de padres de familia contra docentes y trabajadores administrativos de los colegios. También advirtió sobre la necesidad de actuar con mayor diligencia en el cumplimiento de las sanciones que correspondan frente a las conductas denunciadas.
La atención de estos casos requiere que las autoridades educativas investiguen oportunamente los hechos, determinen responsabilidades y garanticen la protección de los escolares. La falta de respuesta puede prolongar situaciones que afectan la convivencia y el desarrollo de los estudiantes.
UN PROBLEMA QUE SE REPITE
La distribución de las quejas mantiene una tendencia registrada en los últimos años. Durante 2024 y 2025, las municipalidades también encabezaron los reclamos ciudadanos, seguidas por el sector Salud y Educación.
La variación de 2026 está en el tercer lugar, ahora ocupado por Educación. Sin embargo, el predominio de las comunas evidencia que las dificultades de gestión municipal continúan siendo una de las principales fuentes de inconformidad de la población.
El balance deja expuesto un problema que va más allá de los expedientes administrativos: ciudadanos que esperan permisos, asociaciones que no consiguen aprobar sus habilitaciones urbanas y vecinos que deben enfrentar obstáculos para ingresar a sus viviendas por obras que se ejecutan sin resolver adecuadamente sus necesidades de accesibilidad.
RESALTAR
La Defensoría del Pueblo recibe estos reclamos como parte de su labor de protección de derechos. El desafío para las autoridades municipales y sectoriales es convertir las observaciones en respuestas concretas, porque una licencia que no se resuelve, una obra que bloquea una vivienda o un paciente que no consigue atención representan problemas cotidianos que la administración pública está obligada a atender.
