Hasta 15 años de cárcel para quienes faciliten armas a organizaciones delictivas
Las personas que faciliten armas de fuego para la comisión de delitos podrán recibir hasta 15 años de prisión, según las nuevas disposiciones incorporadas al Código Penal mediante el Decreto Legislativo 1744. La norma forma parte de las medidas aprobadas por el Ejecutivo para enfrentar las nuevas modalidades de criminalidad violenta y organizada.
La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que las sanciones no alcanzan únicamente a quienes utilizan directamente las armas para cometer delitos, sino también a quienes contribuyen a abastecer el mercado ilegal mediante la entrega o facilitación de estos instrumentos.
La disposición establece que quienes faciliten armas para la comisión de hechos delictivos serán reprimidos con penas privativas de libertad no menores de cuatro ni mayores de ocho años. Sin embargo, la sanción puede elevarse hasta los 15 años, dependiendo de las circunstancias y de la aplicación de las agravantes previstas en la legislación penal.
La norma también contempla castigos para quienes reporten falsamente ante las autoridades el robo o la pérdida de un arma de fuego, una práctica que puede utilizarse para encubrir su transferencia al circuito clandestino. Esta conducta será sancionada con penas de entre 12 y 14 años de prisión.
Otro comportamiento incorporado en las disposiciones es la eliminación o alteración de los números de serie de las armas, mecanismo utilizado para dificultar su identificación y rastreo por parte de las autoridades. Con ello, se busca obstaculizar las operaciones que permiten introducir armamento de procedencia irregular al mercado ilegal.
OTRAS MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA
El Decreto Legislativo 1744 forma parte de un paquete de modificaciones legales que el Ejecutivo oficializó junto con el Decreto Legislativo 1743, orientado a reforzar la respuesta penal frente a distintas modalidades delictivas.
Esta segunda disposición establece medidas para sancionar a quienes faciliten sus cuentas bancarias o billeteras digitales para recibir, transferir o movilizar dinero procedente de extorsiones y otras actividades criminales.
El objetivo es alcanzar también a las personas que prestan o alquilan sus instrumentos financieros para facilitar el movimiento de recursos obtenidos mediante amenazas, cobros ilegales y otras actividades delictivas.
Ambas disposiciones buscan ampliar la intervención del sistema penal sobre las redes que sostienen las operaciones criminales, tanto mediante el abastecimiento de armas como a través de los mecanismos financieros utilizados para movilizar dinero ilícito.

Medidas para luchar contra la delincuencia en el país.
