Patrulleros nuevos, problemas viejos
Por Carlos Meneses

La seguridad ciudadana no se garantiza con ceremonias de entrega ni fotografías de patrulleros nuevos. Se garantiza con unidades circulando, policías en las calles y recursos disponibles para trabajar. De poco sirve renovar la flota si, a las pocas semanas, los vehículos terminan estacionados por falta de mantenimiento.

La entrega de patrulleros nuevos debería representar un avance concreto en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, en Arequipa, dos camionetas adquiridas por el Gobierno Regional y asignadas a la comisaría de Ciudad Municipal, en Cerro Colorado, están a punto de quedar fuera de servicio por una razón que resulta difícil de justificar: no hay recursos ni insumos para realizarles el primer mantenimiento preventivo.

Han transcurrido menos de dos meses desde que estas unidades fueron entregadas y ya enfrentan el riesgo de inmovilización. Según la dirigencia vecinal, los vehículos están próximos a completar los primeros 5 mil kilómetros, límite establecido para realizar el cambio de aceite y filtros. Les faltarían aproximadamente 450 kilómetros para alcanzar ese recorrido. Si no se consigue el mantenimiento, podrían dejar de circular la próxima semana.

El problema no es menor. Ciudad Municipal es un sector de Cerro Colorado que necesita presencia policial permanente por su extensión territorial, crecimiento urbano y demandas de seguridad. Retirar dos patrulleros de circulación, precisamente cuando deberían estar reforzando el trabajo policial, significa reducir la capacidad de respuesta frente a emergencias y hechos delictivos.

La preocupación de los vecinos ha llegado al extremo de preparar un memorial dirigido al jefe de la Región Policial de Arequipa, general Antonio La Madrid Aliaga, para solicitar que gestione ante el Ministerio del Interior los recursos necesarios. Es decir, la población termina buscando soluciones para garantizar que los bienes adquiridos por el Estado puedan seguir cumpliendo la función para la que fueron comprados.

Este episodio evidencia una deficiencia que suele repetirse en la administración pública: se prioriza la adquisición y entrega de equipos, pero no se asegura el presupuesto para su funcionamiento y conservación. Comprar patrulleros es apenas el primer paso. También se necesita garantizar combustible, mantenimiento, repuestos, seguros y condiciones operativas durante toda su vida útil.

A esta situación se suma otro problema que requiere explicación: otros vehículos policiales habrían resultado chocados, reduciendo también la disponibilidad de unidades para el patrullaje. Corresponde conocer cuántos están operativos, cuántos permanecen en reparación y quién asume la responsabilidad por los daños.

El Gobierno Regional debe informar si contempló los gastos de mantenimiento al adquirir las camionetas y qué mecanismos estableció para asegurar su continuidad operativa. La Policía, por su parte, debe transparentar las necesidades de sus dependencias.

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