Por: Dany La Torre

La gestión del Ejecutivo continúa mostrando rasgos de ineficiencia. Esta vez, la Oficina Defensorial de Arequipa reportó la desatención de los centros de acogida residencial (CAR) en la región Arequipa por parte del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP).

De acuerdo a la entidad, de los 19 CAR que existen en Arequipa, sólo 3 son administrados por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mientras que los 16 restantes son de administración privada.

Además, durante la supervisión se constató una serie de deficiencias referentes al hacinamiento de niñas, niños y adolescentes en los CAR, por lo que la atención del personal resulta insuficiente y pone en riesgo su bienestar físico y emocional.

Asimismo, se reportó que los 19 CAR supervisados no cuentan con un número suficiente de psicólogos, por lo que no existe el soporte psicoterapéutico y la atención emocional necesaria.  Entre otras deficiencias, se dio a conocer que del total de residentes en CAR de tipo básico, el 8 % no continúan con sus estudios básicos, y en el caso de los CAR especializados, el 40 % de residentes no estudian. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, este hecho evidencia una grave vulneración del derecho a la educación de los menores.

Por otro lado, la entidad realizó una supervisión en las defensorías municipales del niño y del adolescente (Demuna), donde se advirtió que sólo 13 de ellas cuentan con acreditación; 14 se encuentran en proceso de acreditación, y en dos distritos no existen.

A través de un comunicado, la entidad dio a conocer que es necesario que ‘el Estado adopte acciones concretas para que los CAR cuenten con las condiciones necesarias para garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en riesgo o desprotección. Se recomienda también a la Dirección de Políticas sobre Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP supervisar continuamente estos centros de atención en Arequipa, en aras de garantizar el derecho a la salud integral y educación de las personas albergadas’.

En tanto, se exhortó a los ministerios de Salud y Educación para que realicen un trabajo articulado con la finalidad de garantizar los derechos de los niños y adolescentes que albergan los CAR públicos y privados.