Por: Luis Miguel Castilla – Director Videnza Instituto

Esta semana definirá la suerte de la aprobación de la Ley de Presupuesto 2023 tras un accidentado proceso entre el Congreso y el Ejecutivo. La región Arequipa pasaría a tener un gasto no financiero ni previsional de S/ 5,226 millones el año entrante. La ejecución de estos recursos dependerá de cuán efectiva resulte la gestión de las nuevas autoridades regionales y locales que iniciará en breve.

Bien es sabido que normalmente cada inicio de mandato tiende a ver un desplome en la ejecución de la inversión pública de los gobiernos subnacionales por el proceso normal de aprendizaje de las nuevas autoridades, el cambio de los equipos internos y la usual auditoría que se realiza de la gestión saliente. Un desafío central será darle estabilidad a la gestión regional y revertir la baja ejecución del gasto de inversión. Las nuevas prioridades tendrán que ser conciliadas con los proyectos de inversión que ya tienen financiamiento previsto en el presupuesto y con la necesidad de darle solución a la cartera de 102 obras paralizadas.

Un reto no menor será inaugurar una gestión transparente siendo que Arequipa es la tercera región con el mayor perjuicio generado por actos de corrupción e inconducta funcional. El legado de la siente administración regional aún sigue pasando factura. Un factor que tiende a dificultar un control más efectivo es la alta proporción de obras pequeñas bajo la modalidad de administración directa, por un lado, y la elevada atomización de proyectos de inversión, por el otro. En la actual coyuntura, urge un shock de gestión y transparencia para mejorar la calidad de vida de los arequipeños y estos se reconcilien con sus nuevas autoridades.