Por: Dany La Torre

Las últimas propuestas para modificar el proyecto de ley 679 ponen en riesgo el desarrollo eficiente del proceso de masificación del gas en el sur de Perú. Particularmente, las propuestas que realizó la presidenta de la Comisión de Descentralización del Parlamento, Diana Gonzales, carecen de sustento técnico y podrían desincentivar el crecimiento económico de las empresas, aseguró el abogado especialista en gas natural e hidrocarburos, Renato Lazo Bezold.

Como se recuerda, el proyecto de ley buscaba la implementación de una tarifa de gas natural accesible y competitiva en las regiones, de manera que sea similar a la que pagan los usuarios de Lima y Callao. No obstante, hubo exclusiones propuestas que distorsionaban la norma y proponían la exclusión de nueve regiones. Esto fue corregido a través de una nueva discusión que conllevó la opinión de expertos del sector público y privado. Sin embargo, nuevamente surgieron propuestas desde el Legislativo que pondrían en riesgo la nivelación tarifaria.

Las nuevas propuestas de modificaciones provienen de la congresista Diana Gonzales. La primera está referida a buscar que la construcción de las redes para instalar el gas natural pueda ser realizada por empresas públicas y privadas. Para Lazo, si bien la propuesta ‘suena favorable’, no se establecen los indicadores apropiados que garanticen la eficiencia de la instalación de las conexiones.

“Por ejemplo, si tú eres privado, debes indicar cuántas conexiones quieres hacer, si quieres hacer 1 000 y una empresa pública quiere hacer 1 200, entonces la empresa pública sería la conveniente, pero también se tiene que especificar en qué tiempo se hará, porque de repente el público te dice que hará las 1 200, pero se demorara 6 años y el privado dice que hará 1 000 pero en un año, entonces ahí se analiza cual conviene, la propuesta de la congresista no establece esos indicadores”, agregó.

Asimismo, la segunda propuesta que criticó el experto es el uso que se propone a los recursos económicos del Estado, como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) focalizado sólo en el gas natural residencial y en los usuarios (empresariales) que consumen hasta la tarifa promedio de Lima, de aproximadamente 17 mil 500 metros cúbicos. Lazo advierte que dicha medida sólo limitará a las empresas pequeñas y medianas que existen en las regiones del sur, puesto que, a diferencia de las ubicadas en Lima, terminarían pagando más por el acceso al gas.

“Esas empresas si es que las cosas siguieran así, también se van a comenzar a centralizar porque prefieren la energía barata que hay en Lima, ya pasó con empresas más grandes como Aceros Arequipa, entre otras industrias. Además, aunque no se trasladen, perderán competitividad a comparación de las que están en Lima. Para esa industria pequeña o mediana, el costo de producción es mayor. Con eso se está buscando desincentivar el crecimiento económico de las empresas de Arequipa”, dijo.

El experto agregó que, en un intento de corregir este error, Gonzales propuso ampliar el beneficio del FISE hasta los que consumen 300 mil metros cúbicos. Sin embargo, esa nueva propuesta no cambia el panorama y nuevamente se percibe una diferenciación desmedida en el costo de producción.

No se avanzan las conexiones

En otro momento, Lazo indicó que otro problema está referido al avance mínimo en la construcción de conexiones para las regiones de Arequipa, Tacna y Moquegua. En estas zonas, la concesión para llevar el gas natural por redes estuvo a cargo de Naturgy, pero en el 2020, la compañía renunció a la misma. Tras su salida del mercado, fue PetroPerú quien asumió la concesión por tres años sin lograr mayores avances.

“Las pocas conexiones que hay (12 mil) son las que se han terminado con la concesionaria anterior, entonces si queremos que se masifique el gas en el sur, necesitamos que los congresistas arequipeños, moqueguanos y tacneños se preocupen por el sur y exijan un nuevo concesionario al Estado, uno que esté en capacidad de hacer las conexiones (…) En el norte, en las regiones de Ancash, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca viven casi 3 millones de personas, se tiene unas 250 mil conexiones y si es que la ley sale, se proyecta que llegarán a las 450 mil en un breve tiempo, es decir que más de la mitad de la población del norte tendrá gas natural, en el sur donde se supone que estamos más cerca de Camisea, son 12 mil conexiones y nos vamos a quedar así si no nos preocupamos”, añadió.