Por: Luis Luján Cárdenas – Periodista y sociólogo

Pocos saben que a inicios del siglo XX, “en el Cusco los indigenistas liderados por el historiador y antropólogo moqueguano Luis E. Valcárcel empiezan a asumir (la descentralización) como una de sus banderas. Luego, un puneño ilustre, el geógrafo Emilio Romero, propondrá elevar a nivel de norma constitucional la descentralización del país”. El diplomático e historiador arequipeño Víctor Andrés Belaunde asume y apoya esta iniciativa en el Congreso Constituyente de 1933.

En la década del 20, dos grandes figuras intelectuales y políticas –José Carlos Mariátegui (Moquegua) y Víctor Raúl Haya de la Torre (Trujillo)–, cuestionan el histórico centralismo limeño en el Perú, coincidiendo en un cambio de paradigma para impulsar el desarrollo nacional y establecer verdadera justicia social a través de la descentralización como una política democratizadora e inclusiva mediante la redistribución espacial del poder, la riqueza pública y la reformulación de la demarcación política.

El Amauta sostenía que “los partidos y los caudillos han adoptado varias veces, por oportunismo, la tesis de la descentralización. Pero, cuando han intentado aplicarla, no han sabido ni han podido moverse fuera de la práctica centralista”. El historiador tacneño Jorge Basadre se suma al debate y plantea que el regionalismo debe ir más allá de la política y debe considerar aspectos socioeconómicos y ambientales. Esto sucedió hace un siglo y sigue vigente.

Recuerdo estos pasajes históricos subrayando la procedencia de estos importantes personajes que marcaron nuestra historia, porque todos ellos (excepto Haya de La Torre) pertenecían al sur del país y vivieron en carne propia el abandono del Estado y el casi nulo desarrollo de regiones habitadas por costeños, quechuas y aimaras, estas dos últimas, poblaciones que vivieron épocas de esplendor con el Cusco como capital del imperio inca y Tiahuanaco, civilización que se extendió por Bolivia, Chile, Argentina y el suroeste del Perú.

Hoy, esta zona del país es el foco de una convulsión social que reclama mayor preocupación y atención pública por parte del Estado, problema gubernamental que data de inicios de la República y que se expresa en un desarrollo amorfo, pobreza aguda, múltiples carencias sociales y serios atentados medioambientales y culturales.

Lima sigue concentrando el poder político, económico, financiero, social y cultural, en desmedro del interior del país. Los esfuerzos de descentralización son insuficientes debido a viejas estructuras en la arquitectura societal peruana, una lenta modernización del Estado, precario estamento político, amorfo crecimiento económico, inmensas brechas sociales, corrupción y marginación étnico-social, condiciones que necesitan urgente reformas. Son necesarios voluntad política, diálogo, inclusión social y el debate de nuevas alternativas de gobierno para el desarrollo integral, armónico y sostenible del país, acorde con las grandes necesidades nacionales y los retos de la globalización.