Por: Manuel Bedregal Salas

No existe una definición precisa de “Neoliberalismo”. Algunos señalan que es el “nuevo” liberalismo económico ortodoxo, es decir, la defensa del mercado y la no intervención Estatal. Otros, que no es más que el modelo de mercado incapaz de beneficiar a todos. Para mí, es un término que, más que definir, busca adjetivar denostando del mercado y la libertad económica, atribuyéndoles errores y omisiones de competencia estatal. Divagar en los conceptos y calificar con subjetividades son algunas de las claves -exitosas, por cierto- de la retórica populista. La discusión de centra en la intervención estatal en la economía, es decir, en cómo y en qué proporción participa el Estado en la fijación de los precios. Un “neoliberal”, diría que no debe intervenir y que los precios deben reflejar la escasez para que los recursos se usen racionalmente. Porque abaratar lo escaso acarrea más escasez e incluso la desaparición del producto o servicio. Un estatista diría que el Estado es necesario para que los precios sean accesibles y no excluyan a ningún grupo social. De aquí devienen, ya en el terreno político, las ideas denominadas de “izquierda” o de “derecha”. Desde el punto de vista económico, cuando nos referimos a izquierda, hablamos de estatismo, es decir, de intervención del Estado en la formación de los precios. No es el mercado libre el que establece los precios de los bienes y servicios, sino que éstos son afectados por alguna acción del Estado. Cuando nos referimos a derecha, hablamos de la defensa de la formación de precios de acuerdo con lo que los agentes demandan y ofrecen en el mercado. El Estado no interviene. Se señala con frecuencia que la economía peruana es neoliberal desde la “constitución de Fujimori”. No nos acordamos de que -con sus errores y omisiones que hay que corregir- ésta fue elaborada y discutida públicamente por partidos políticos, constitucionalistas e instituciones de la sociedad civil, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático de 1993 y posteriormente por la población a través de un referéndum. A pesar de estos decires, lo real es que el Estado interviene directamente en la fijación de algunos precios importantes de la economía peruana. Así tenemos: La tasa de interés, a través de la tasa de referencia del BCR y de la ley que le fija topes y otras cargas legales al sistema financiero. El precio de dólar, vía las intervenciones del BCR. El sueldo mínimo, propuesto por el Ministerio de trabajo. Los precios de los combustibles, azúcar, arroz, leche y maíz amarillo a través del Fondo de estabilización y de las franjas de precios establecidas por el Ministerio de Economía, respectivamente. También participa en la fijación de tarifas de servicios básicos a través de los organismos reguladores: OSINERMIN: Luz y distribución de hidrocarburos y gas natural; SUNASS: agua y saneamiento; OSITRAN: telefonía y peajes. Finalmente, utiliza aún algunos aranceles y el Impuesto selectivo al consumo pata algunos pocos productos. Si a esto le añadimos los servicios de Educación, Salud y programas sociales, así como la presencia de empresas estatales como: Petroperú, Cofide, Agrobanco, empresas eléctricas, puertos y aeropuertos, además de todas las empresas de agua y saneamiento, así como el establecimiento de los engorrosos trámites que deben realizar privados ante diversos organismos públicos, la presencia del Estado en el quehacer económico se hace aún mayor. Quien trate de vincular las deficiencias de nuestra economía con el sector privado y el libre mercado, se equivoca totalmente. Una visión así solo la explica una posición ideológica con intereses políticos particulares. Podríamos denominarla, tal vez, como una “Economía de centro”, que no es más que el apego al modelo de Economía social de mercado. El supuesto “neoliberalismo” económico peruano, está descartado.