Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

La mayoría de la población no se fía del Parlamento para llevar a cabo las reformas.

El porcentaje de los peruanos que está de acuerdo con cambiar de Constitución creció 17 puntos desde julio del 2021, según la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). En aquel entonces, tal posibilidad tenía un apoyo de 23%; no obstante, el reciente sondeo arroja que este respaldo creció a 40%.

Asimismo, un dato relevante del sondeo es que el 69% de los peruanos coincidirían con la convocatoria a una Asamblea Constituyente que se encargue de redactar la nueva Carta Política.

Este último resultado es especialmente relevante en la medida que ratifica la escasa confianza que genera el actual Congreso entre la ciudadanía. Los representantes del IEP explican que la mayoría de la población no se fía del Parlamento para llevar a cabo las reformas que el país necesita. Por tal razón, convienen en que los cambios los haga una Asamblea Constituyente.

No resulta complicado asentir que la actuación del Legislativo sea la responsable de esta desconfianza y no solamente por la oposición recalcitrante que asumió su mayoría con respecto al gobierno de Pedro Castillo, sino también por decisiones calificadas como contrarreformas que habrían buscado privilegiar intereses particulares.

Ejemplos pueden considerarse el dictamen aprobado para modificar la composición del Consejo Directivo de la Sunedu; la ley que impide convocar a un referéndum para una reforma constitucional; o la norma que altera las condiciones en que el Ejecutivo puede plantear cuestión de confianza al Parlamento.

A este grupo de acciones debe añadirse que un sector importante del Congreso se ha fijado como objetivo forzar el cambio de los jefes del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a los que injustamente culpan de su derrota en las elecciones del 2021. Un legislador que apoya este pedido llegó a sostener que cualquier reforma para los comicios adelantados debería acompañarse obligatoriamente con el retiro de los mencionados funcionarios.

Por tanto, no debe llamar la atención que los peruanos prefieran una Asamblea Constituyente antes que confiar al Parlamento la responsabilidad de modificar la Constitución o hacer reformas. Tampoco debe sorprender que una de las principales demandas de los sectores que protestan en el interior del país sea que se cierre este poder del Estado; la celebración lo antes posible de elecciones generales, incluso sin reformas políticas; ni que el 88% de la población desapruebe su trabajo.

Diversos sectores consideran al Congreso igual de responsable como el Ejecutivo en la actual crisis, por lo que no puede ni debe sentirse ajeno a ella. No obstante, aún hay tiempo de remediar en parte el daño causado, apoyando una transición en la mejor de las condiciones y atendiendo el clamor de convocar a comicios generales lo antes posible.