— Redacción Diario El Pueblo —

Mediante resolución número 002-2022-JUS/PGE-OCF-US, la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado procedió a destituir del cargo de procuradora pública del Gobierno Regional de Arequipa a la abogada Rosa Leonor Vallejos Beltrán, quien el pasado mes de mayo del año 2021 se vio envuelta en hechos irregulares.

Julio Alaín Talledo Chávez, director de la Oficina de Control Funcional de la Procuraduría General del Estado, señaló que tras conocerse los hechos irregulares, la Unidad de Evaluación, Supervisión, Control y Fiscalización de la Procuraduría General del Estado emitió un informe en el que recomendaba la suspensión temporal por seis meses de la mencionada profesional, mientras se realizaban las investigaciones del caso. Dicha medida fue adoptada por la Procuraduría General del Estado notificándose la misma a la abogada y al Gobierno Regional de Arequipa.

Tras las evaluaciones del caso, la Unidad de Instrucción de la Procuraduría General del Estado recomendó la destitución del cargo de procuradora pública del Gobierno Regional de Arequipa a la abogada Vallejos Beltrán debido a que: “de la revisión de los actuados obraban indicios racionales, elementos de convicción y medios probatorios que permitían concluir la existencias de presuntos incumplimientos de la norma por parte de la procesada.

La decisión adoptada por la Procuraduría General del Estado fue notificada ayer, tanto al Gobierno Regional como a la abogada sancionada.

Cabe recordar que esta es la primera vez que la Procuraduría General del Estado destituye a una procuradora pública por actos irregulares mediante un procedimiento administrativo disciplinario. El caso fue llevado por la Oficina de Control Funcional.

ANTECEDENTES

Mediante un escrito de fecha 14 de mayo del 2021, un ciudadano puso de conocimiento de la Procuraduría General del Estado de presuntos hechos irregulares cometidos por la procuradora pública del gobierno regional de Arequipa, Rosa Leonor Vallejos Beltrán y el abogado Renzo Rolando Pérez Torres.

Según se conoció la denuncia señalaba que la abogada había aceptado dinero por parte de una empresa a fin de que efectúe actos procesales en detrimento de una adecuada defensa jurídica del Estado.