Por: Luis Miguel Castilla – Director ejecutivo de Videnza Instituto

Arequipa está en el centro de la atención nacional por los sensibles fallecimientos y daños causados por los huaicos y deslizamientos. Y esto ocurre pese a contar con importantes partidas de recursos públicos. El programa presupuestal de gestión de riesgo de desastres alcanzó una asignación para Arequipa de S/ 123 millones en el 2022 y se ejecutó el 71%, dejándose S/ 36 millones sin gastar en el caso de los municipios.

Hasta la fecha, los peores daños se han registrado en la localidad de Secocha, en el distrito de Mariano Nicolás Valcárcel, en la provincia de Camaná. Una realidad que no puede pasar desapercibida es que en esta zona hay una intensa actividad minera, mayormente informal.

Una mina formal abandonada luego de un huaico en 2004 fue tomada por migrantes dedicados a la minería ilegal. Esto ha provocado que la población se haya multiplicado por diez en los últimos 20 años en una zona plagada de asentamientos humanos y viviendas sin ningún tipo de planeamiento ni medidas de prevención. Peor aún en los 15 centros poblados de este municipio, solo el 7% tiene acceso a agua vía red pública y el 33% tiene vías públicas saneadas, según el censo del 2017.

Este caso ejemplifica con claridad la deficiente gestión pública y la adversa afectación que tiene la minería ilegal que solo se visibiliza cuando ocurren desastres naturales. Según cifras del Minem al 2020, en el caso de toda Arequipa, los mineros formalizados alcanzan 1420. Estos números son exiguos si se toma en cuenta que solo en Secocha hay más de 20.000 habitantes. Estamos ante la urgencia de encarar un flagelo que no solo explica una mayor violencia e inseguridad, al estar asociado con otras actividades ilícitas como el narcotráfico, sino que exacerba la vulnerabilidad de la población ante las inclemencias del tiempo. Estamos, pues, advertidos.