— Redacción Diario El Pueblo —

El próximo 2 de octubre se llevarán a cabo en todo el país elecciones regionales y municipales mediante las cuales los peruanos renovaremos a las autoridades en esos ámbitos.

Se trata de un proceso de suma importancia, no solo para nuestro ordenamiento administrativo, sino también para el cumplimiento de las funciones del Estado, dado que las autoridades de los gobiernos regionales y locales están en contacto más estrecho con la población y tienen, además, la responsabilidad de coordinar con el Poder Ejecutivo a fin de implementar las acciones y medidas pertinentes con la finalidad de atender las demandas de la población.

Por tal razón, es indispensable que los partidos y movimientos políticos que participarán en esta justa electoral presenten candidatos con un plan de trabajo sólido, coherente y realista, que contenga además un conjunto de disposiciones orientadas a resolver los problemas más acuciantes de sus localidades y mejorar, de ese modo, la calidad de vida de la ciudadanía.

Dada la necesidad de que los escasos recursos públicos sean invertidos principalmente en el cierre de las brechas sociales que afectan a buena parte de los peruanos, se requiere que estas autoridades tengan la capacidad técnica para emprender con éxito complicados procesos de inversión, así como presencia política solvente a fin de lograr un trabajo coordinado con el Gobierno central.

Nuestro país, con todos los problemas que lo aquejan, no puede darse el lujo de malgastar dinero y esfuerzo en obras innecesarias o superfluas. Por el contrario, requiere infraestructura que facilite el ingreso de productos a los mercados y agilice el transporte de personas; mejores servicios educativos y de salud; mayor seguridad e iniciativas productivas que contribuyan a generar empleo, especialmente en beneficio de los sectores más pobres.

Del mismo modo, necesitamos con urgencia que las nuevas autoridades no tengan ningún vínculo con actos de corrupción, flagelo que ha calado hondo en muchos gobiernos regionales y locales como lo prueba el triste hecho de que en los últimos años varias autoridades de esos ámbitos han terminado en la cárcel acusados de malversar el dinero público.

Es indispensable, por lo tanto, que los partidos y movimientos políticos prescindan del personalismo y lleven a cabo una depuración exhaustiva para retirar de sus listas a todo postulante vinculado con situaciones delictivas o reñidas con la ética. Nuestro pueblo merece y exige además ser representado por autoridades probas que no usen sus cargos con el fin de enriquecerse con dinero que pertenece a todos.

Por lo expuesto, esperemos que en este proceso electoral, cuya campaña ya comenzó, se discutan los planes de gobierno y las propuestas para mejorar la calidad de vida de los peruanos y se dejen de lado los asuntos intrascendentes que en nada contribuyen a una buena gestión pública eficiente que sintonice con las demandas del pueblo.