AREQUIPA ES LA SEGUNDA REGIÓN CON MÁS CASOS

Urge reforzar políticas y acciones efectivas de lucha contra la violencia de género en Arequipa, ya que ocupa el segundo lugar a nivel nacional en los últimos años según reporte de la Defensoría del Pueblo. Sin embargo, el Gobierno Regional y municipalidades no cuentan con ordenanzas para regular y controlar este tipo de violencia y, proteger a las víctimas que en su mayoría son niñas y adolescentes mujeres.

No solo los bocinazos e intenso tráfico, la inseguridad en la ciudad también tiene que ver con los silbidos, piropos de mal gusto y agresiones verbales a mujeres. El acoso callejero es una problemática que vivimos día a día, y una de dos mujeres declaran haber sido víctimas de este tipo de violencia.

A nivel nacional, cinco regiones lideran la lista de casos reportados en el mismo periodo: Lima, Arequipa, Piura, San Martín y Loreto.

Pese a las cifras, solo 5 gobiernos regionales tienen ordenanzas en materia de acoso sexual en espacios públicos o también llamado «acoso callejero». Estas son Amazonas, Huancavelica, La Libertad, Puno y Tacna; regiones que tienen  ordenanzas para la prevención y sanción de este delito, según Wayka.

La Defensoría del Pueblo, en un reciente informe  señaló que aún no existe una adecuada atención de casos de esta forma de violencia sexual, por lo que un alto porcentaje de estos hechos no son denunciados por las víctimas. En ese sentido, es necesario que las autoridades, especialmente el Gobierno Regional de Arequipa y las municipalidades  fortalezcan los protocolos de acción frente a este grave y persistente problema, desde las autoridades que reciben las denuncias hasta los gobiernos regionales, locales y provinciales que toman medidas para prevenir, atender y sancionar el acoso.

Arequipa, reporto de enero a setiembre del año pasado, 21 casos denunciados Centro de Emergencia Mujer. Las Fiscalías especializadas de Arequipa, las fiscalías provinciales penales de Camaná, Paucarpata, Islay, Hunter, El Pedregal, La Unión y de Castilla, entre el 2021 y  2022, se registraron 39 denuncias.

A NIVEL NACIONAL

De acuerdo con cifras del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), de enero a diciembre de 2022, se atendieron 370 casos de acoso sexual en espacios públicos a nivel nacional, en los cuales el 95 % eran víctimas mujeres (más de la mitad, niñas y adolescentes). Asimismo, solo entre enero y febrero de 2023, ya se han atendido 54 hechos de este tipo (24 en agravio de niñas y adolescentes mujeres).

Agrega, el documento, que esta información no refleja la realidad de esta problemática, ya que investigaciones demuestran que un alto porcentaje de víctimas no denuncian estos hechos. Así, según el último informe de Paremos el Acoso Callejero y Plan Internacional (2021), un 97 % de víctimas de esta manifestación de violencia de género no denunció el acoso sexual en espacios públicos pese a la existencia del D. L. 1410 que establece el acoso sexual como delito, y un 37 % manifestó sentirse impotente frente a estas agresiones.

Esta realidad coincide con lo indicado en la última Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales del 2019, en la que se indica que un 31.1 % de personas encuestadas cree que vestirse provocativamente y con ropa reveladora justifica que acosen sexualmente a una mujer.

Ante ello, la respuesta del Estado se expresa en la Ley 30314, Ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos, en cuyo artículo 7 se establece la obligación de los gobiernos regionales provinciales y locales de incorporar medidas de prevención y atención de esta forma de violencia. Sin embargo, a la fecha, en Arequipa, la ley es “letra muerta para las autoridades.

La Defensoría del Pueblo solicita un mayor compromiso por parte de las autoridades, desde la atención de las denuncias hasta las medidas de prevención y sanción del acoso sexual en espacios públicos. Para ello, también se debe cumplir con el D. L.1410 y el Protocolo de Atención ante Actos de Acoso Sexual en el Transporte Terrestre de Personas de Ámbito Nacional, Regional y Provincial.

Además hizo un llamado a las autoridades regionales a disponer de partidas presupuestales adicionales que permitan la ejecución del Plan Nacional contra la Violencia de Género.

Como parte de las recomendaciones, la Defensoría del Pueblo exhortó también a los alcaldes provinciales y distritales a aprobar en el más breve plazo las ordenanzas orientadas a sancionar el acoso sexual laboral y en espacios públicos. Además, se solicitó capacitar al personal de Serenazgo sobre las acciones de prevención de casos de acoso sexual callejero.

Las autoridades regionales no son conscientes de la dimensión que tiene la problemática del acoso callejero y la trascendencia hacia otros tipos de violencia que se derivan o lo que implican los parámetros de convivencia. Al ser indiferentes al acoso sexual, no ven como necesario la aprobación de ordenanzas ni sus enfoques para acabar con el ambiente hostil hacia las mujeres en las calles, dijo Fiorella Mattos, directora de Asociación Umanos.