Por: Christian Capuñay Reátegui

En agosto se cumplirá el vigésimo aniversario de la entrega del informe elaborado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) sobre las causas del período cruento de violencia política que asoló al Perú entre 1980 y el 2000.

Dicho documento, considerado por múltiples sectores como uno de los trabajos de análisis público más importantes en el país, afirma que fueron los grupos terroristas Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru los principales causantes de la espiral de violencia y muerte que enlutó a nuestra nación.

Sin embargo, expresa también la convicción de que las fuerzas del orden, militares y policías, en ciertos períodos y lugares, incurrieron en una práctica sistemática o generalizada de violaciones a los derechos humanos y que se habrían cometido, además, delitos de lesa humanidad e infracciones al derecho humanitario.

En ese demencial conflicto, según el trabajo, 69,000 personas perdieron la vida o desaparecieron a manos de las organizaciones subversivas o por obra de agentes del Estado. La mayoría de las víctimas, tres de cada cuatro, fueron campesinos o campesinas cuya lengua materna era el quechua. El dato sirve para subrayar que ese nivel de ensañamiento no habría sido posible sin el profundo olvido y desprecio hacia ese sector de nuestra población.

El informe fue y sigue siendo satanizado por determinado sector político que ha pretendido desde el día de su presentación y durante estos últimos 20 años poner en tela de juicio sus conclusiones, especialmente las relacionadas con el número de víctimas y la implicación de las fuerzas de seguridad del Estado en las violaciones a los derechos humanos. Se pretendió, además, atribuir a quienes integraron la CVR sesgos ideológicos y hasta afinidad con los subversivos.

Las calumnias, lamentablemente, han calado en ciertos grupos de ciudadanos que a falta de argumentos consistentes se limitan a repetir que el informe es “proterrorista” o que únicamente sindica a las fuerzas del orden como responsables del horror vivido.

Apuesto a que la mayoría de quienes repiten esa monserga ni siquiera se han dado el tiempo para leer aunque sea el prefacio o la introducción. Deberían hacerlo. Se puede acceder a él fácilmente en bibliotecas o en internet. Permite aproximarnos, como señala, a las causas que originaron un momento “de auténtica postración nacional”. Su lectura no es fácil. Hace falta tiempo por lo extenso, valor por su crudeza y mente dispuesta a comprender y aceptar un pasado que no debe olvidarse, aun cuando algunos pretendan presentar solo una parte de los sucesos de forma funcional a sus intereses políticos.

Sería bueno que este documento se estudie en escuelas y universidades para que todas las generaciones conozcan hechos que esperamos nunca más vuelvan a repetirse. Igualmente, el Estado debe asegurarse de cumplir las recomendaciones que buscan una real reconciliación nacional.