Los delitos no prescritos, ley a su favor y contratación de su cuñada

El presidente del Congreso afronta una ola de cuestionamientos en menos de un mes de estar en el cargo. La Comisión de Ética tendría la última palabra en caso de aplicarle alguna sanción.

ALEJANDRO SOTO, PRESIDENTE DEL CONGRESO

A menos de un mes en la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Soto afronta una ola de críticas por cuestionables hechos del legislador elegido por la región Cusco y vocero de la bancada de Alianza para el Progreso durante el periodo de sesiones 2022-2023.

El primer escándalo que salpicó a Soto se dio tras conocerse que fue condenado a cuatro años de prisión, suspendida por el plazo de dos años, por el presunto delito de peculado doloso agravado al ser encontrado como uno de los culpables de la apropiación de cuatro mil dólares que fueron donados por la empresa telefónica Bell South a la Municipalidad Distrital de Santiago de Cusco en 1999, según Infobae.

La contribución era para que la comuna pueda realizar obras de mejoramiento, recreación y ornato en beneficio de la urbanización Amadeo Repeto. En un inicio, los involucrados eran el exalcalde de Santiago de Cusco, Víctor Abel del Castillo; la extesorera Amanda Corrales y el expersonal de seguridad de Soto Reyes, Marco Germán Lezama Aguilar.

Sin embargo, los tres confesaron ante la Fiscalía y la Policía que el titular del Parlamento había participado tanto en la apertura de la cuenta bancaria en el Interbank, donde se depositó el dinero, así como en el cobro del cheque que estuvo a nombre de su trabajador.

Durante el juicio, Soto negó su participación en toda la operación y los motivos por los que el exburgomaestre, la extesorera y su exguardaespaldas lo incriminaban. A pesar del primer fallo en contra, el legislador fue a la Corte Suprema que lo terminó por absolver de este caso de la condena y del pago de la reparación civil que ascendía a S/ 30 mil soles a favor del Estado.

Investigaciones fiscales

Sin embargo, una investigación del portal El Foco evidenciaría que Alejandro Soto también cuenta con 55 investigaciones abiertas en el Ministerio Público.

Los expedientes fiscales de Alejandro Soto datan desde el 2000 hasta el 2022. La mayoría está situada en Cusco, la región por la cual postuló para terminar siendo elegido como congresista del partido de César Acuña, gobernador de La Libertad.

El legislador de APP es señalado de haber cometido los presuntos delitos de falsificación documentaria, enriquecimiento ilícito, peculado, abuso de autoridad, falsedad genérica,

RESPUESTA

A pesar de este legajo de ilícitos, Soto salió a señalar en redes sociales que no tiene antecedentes penales ni policiales.

Ley de la prescripción

Sin embargo, el titular del Parlamento ha sido muy cuestionado en los últimos días por respaldar la Ley 31751 que establece que la suspensión de la prescripción para la acción penal sobre procesos judiciales sea acortado a un año. Esta iniciativa impidió que reciba una condena de 8 años y 8 meses que el Poder Judicial iba a dictar en su contra por la denuncia interpuesta por la empresa de transportes Waynapicchu por el presunto delito de estafa.

En efecto, el programa Cuarto Poder difundió el último domingo un video de la audiencia en el que la defensa legal de Soto se acogió al dispositivo legal ante el magistrado.

“En este acto, señor magistrado, me permito solicitar a su despacho se declare la extinción de la acción penal a favor de mi patrocinado por prescripción, sobre todo, invocando lo establecido por la Ley 31751, que se aplique de manera retroactiva a favor de mi patrocinado, ley que está vigente”, señaló el letrado.

“Está utilizando una norma que a mí no me beneficia. No me beneficia en absoluto porque mi caso ya estaba prescrito y sobreseído cuatro años atrás”, dijo. “Es un argumento que él habrá utilizado. El fondo del asunto es que un juez en el 2019 ya había declarado prescrito el caso”, reiteró el jefe de la Mesa Directiva en diálogo con Canal N.

Contrato de la cuñada

Lo último de Soto es que se descubrió que en su despacho contrató a la hermana de la madre de su menor hijo, Lizbeth Peralta, a pesar de que esto configuraría el presunto delito de nepotismo. El presidente del Congreso quiso negar cualquier relación, pero fotografías y video confirman que estuvo en su juramentación el 26 de julio pasado.

DATO

La congresista no agrupada Flor Pablo presentó un oficio para que Soto sea investigado apenas se instale la Comisión de Ética que, por ahora, no tiene un presidente definido. En el oficio enviado al oficial mayor del Legislativo, Javier Ángeles Illman, instó al futuro grupo de trabajo que, “en caso de demostrarse falta ética, se le imponga la sanción correspondiente por infracción al Código de Ética Parlamentaria”.