Por: Alejandro Paz S.

“SERMO HUMILIS”

Anunciado un conflicto es deber del gobierno analizar las demandas y darles pronta solución antes de que se materialicen manifestaciones que alteren el orden social y económico, como que no se conviertan en plataformas políticas que pongan en riesgo la institucionalidad del Estado. La Confederación de Gremios de Carga del Perú CGCP ha señalado que se trata de protesta indefinida en rechazo al gobierno de Boluarte, más allá de cuestionar el curso de actualización presencial en escuelas privadas para capacitación de conductores de manera gratuita y obligatoria, y por la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas (Sutran) si es virtual, aprobación de regulación sobre reserva de carga para contratar con empresas del país, elaborar una tabla de costos a fin de evitar competencia desleal, entre otros. El paro de transportistas tiene como fecha fijada el 11 de setiembre.

El gobierno debe tener muy en cuenta que se tendría como punto de partida la ciudad de Desaguadero frontera con Bolivia, y se prevé se unirán transportistas del sur, centro y norte del país, estimándose alrededor de veinticuatro mil transportistas que acatarían el paro. Para la ciudadanía, pues el gobierno no emite pronunciamiento alguno, debe entender que el altiplano, Puno, aún se mantiene en jornadas de protesta y el control de esa región no se tiene a resguardo.

Sin embargo, a quienes beneficia la protesta convocada por un sector económico y dada la referencia geográfica de su inicio, nos conlleva a pensar que se trata de un sector informal y casualmente frontera con Bolivia, para donde se desvía oro de la minería ilegal e informal y que ese país requiere para su alicaída economía cuyas reservas monetarias están al borde del colapso, amén de la actividad del diario contrabando que ha rebasado a la SUNAT y a la PNP, de quienes su labor al respecto es prácticamente nula y sin resguardo alguno en esa zona de fronteriza.       

Conocidas las motivaciones, falta que el gobierno adopte acciones con decisión y severidad para no permitir, bajo pretexto del derecho de protesta, escenas vandálicas en contra de la integridad de las personas, la propiedad pública y privada. Es sabido que tales actos solo tienen como desenlace la inestabilidad política, social y económica que repercute negativamente en el desarrollo y retracción de inversiones que se requieren para salir del estado de pobreza que se encuentra sometida gran parte de la población. Debe garantizar el gobierno la seguridad y orden públicos, procediendo con firmeza y uso racional de la fuerza pública para no subvertir el orden interno para nuestro desarrollo en convivencia armoniosa. Señora presidenta, cualquier exceso será responsabilidad del ejecutivo y de las fuerzas del orden si su actuar es tardío o equívoco, evite que otros gremios y resto de la población se aúnan al pedido de su salida de Palacio de Gobierno, que la sensatez prime en bienestar del país que necesita de todos para salir de este marasmo político que demasiado perjuicio nos ha causado.