Por: Carlos Meneses

Del Parlamento deben ser separados los legisladores que recortaron los haberes que abona el Estado a sus empleados para favorecerse con dineros que se descontaban para beneficio de los propios congresistas.

Es evidente que la recuperación de imagen del Congreso de la República es demandada por la ciudadanía en general y debe empezar por el inmediato trámite de separar a aquellos parlamentarios que obligaron a su personal subalterno a entregar parte de sus sueldos para beneficio propio.

Debe procederse como se hizo en el caso del exlegislador Michael Urtecho y de su ahora exesposa que han sido condenados a prisiones largas por haber cometido delito que en otra administración afectó a sus empleados con la misma modalidad que ahora confrontan 11 de los actuales parlamentarios.

No puede pretender el Congreso ser un ejemplo institucional, legislar y fiscalizar teniendo en su carga la penosa circunstancia a la que aludimos y que condena la ciudadanía en general.

El nivel de consideración y respeto que se merece el Legislativo solo será mejorado en la medida en que los autores de la suciedad que significa recortar el sueldo que el Estado paga a sus servidores, desaparezca.

Por eso coincidimos con quienes piden acción eficaz para castigar lo que realmente es un delito y una acción inaceptable de parte de quienes fueron elegidos para honrar cargos y cumplir con la elevada misión que manifestaron y juramentaron realizar con estricto y fiel honor que los diferenciara de los delincuentes comunes.