Por: Carlos Meneses

El gobierno debe evaluar toda norma por darse, considerando los factores reales de los que disponemos para convertir en realidad campañas que serán imposibles por el número de robos que se producen en parte por el descuido de los usuarios.

Todo indica que el Congreso aprobará norma que sancione con 30 años de cárcel a quienes roben celulares, medida que es poco menos que imposible ante el número de denuncias que se registran y el actual hacinamiento de penales.

Para decidir así se deben evaluar factores que ponen en duda lo realizable y que sería imposible dada la situación en que se encuentran los centros de reclusión, la frecuencia de los robos, la lentitud que ante delitos de flagrancia se observa y a la postre sería un saludo a la bandera por parte del gobierno.

Una vez más, se evidencia apresuramiento en las decisiones estatales y una falta de ponderación en los alcances de lo que finalmente se decida y se entregue a la ciudadanía.

Evidentemente, lo que tiene que mejorarse es materia de política educativa para que no se use en la calle el aparato susceptible de robo, también que se mejore la organización vecinal y la prudencia en el uso de los teléfonos de alta gama. Así como en los establecimientos que sean encontrados vendiendo teléfonos robados, también que las municipalidades organicen a sus vecindarios para combatir eficazmente a quienes aprovechen del bajo número de efectivos que tiene la Policía Nacional del Perú (PNP) y de los ineficientes recursos de que dispone la PNP.

En todo caso antes de que el proyecto se convierta en norma hay que estudiar con los especialistas las formas adecuadas de combatir la delincuencia de quienes practiquen estos abusos en contra de los usuarios de los teléfonos móviles.