Por: Luis Luján Cárdenas

Preocupado por la pobreza en mi país, hace 20 años –exactamente el 4 de abril del 2003– escribí mi primer artículo de opinión en el Diario Oficial El Peruano, titulado “Trabajo contra la pobreza”, que compartió página con los destacados periodistas César Arias Quincot y Alfredo Vignolo Maldonado. ¡Cómo pasa el tiempo y cuántos amigos se han ido!

En él informaba que “En el Perú, de cada cuatro habitantes, tres son pobres o extremadamente pobres. De una población de aproximadamente 26 millones de habitantes, el 50% es de escasos recursos y más del 23% lucha en el pantano de la indigencia, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal)”. La situación nacional, por lo visto, no ha cambiado.

Y proponía en aquel entonces que la solución era generar trabajo a través de la concertación del Estado, el sector privado y las organizaciones ciudadanas, y elaborar una Plan Nacional de Reactivación Nacional a cinco años, con la activa participación de los mejores profesionales de un país generoso en riquezas naturales y manos ávidas para trabajar. Había que incentivar la inversión nacional y extranjera, dictar medidas legales, laborales, tributarias, crediticias, de formalización y reforma del Estado, en un real proceso de descentralización e inclusión social.

Pero nada de esto se hizo. Han pasado 20 años y seguimos a la deriva.

Dos décadas después, en el 2023, el escenario social ha empeorado: siete de cada diez peruanos son pobres o vulnerables de caer en pobreza, señala el Banco Mundial a través del informe Resurgir fortalecidos: evaluación de pobreza y equidad en el Perú”. Tres de cada cuatro trabajadores son empleados informales y muy vulnerables ante las crisis, percibiendo sueldos de menos de 1000 soles mensuales, cuando la canasta básica para alimentar una familia de cuatro miembros es de 1631 soles al 2022, según Apoyo Consultoría. ¿Y el pago de transporte, agua, luz, teléfono, vestimenta, educación, alquiler?

Hemos involucionado, pero ahora el escenario social es más agresivo y amenazante porque han aumentado la inflación, la informalidad, el desempleo, el costo de vida, la delincuencia, la inseguridad, la corrupción, el hambre, la población, la inmigración, la contaminación, los efectos del cambio climático y la desesperanza.

Urge un Plan Nacional de Emergencia de Reactivación Nacional con profundas reformas estructurales, no solo en los tres niveles del Estado, sino también en los poderes Legislativo y de Justicia. Espero no escribir sobre lo mismo dentro de 20 años en este prestigioso diario, si Dios lo permite. Mi solidaridad en estos aciagos momentos; ¡reflexionemos en estas fiestas de fin de año!