Por: Christian Capuñay Reátegui

REFLEXIONES

A través del financiamiento público directo (FPD), los partidos políticos en el Perú reciben recursos del Estado para solventar gastos corrientes, entre ellos  alquiler de locales, pago de sueldos, mantenimiento, etcétera; así como para efectuar inversiones en capacitación, formación de sus cuadros, y en investigación.

Es un tema no exento de controversia. Quienes consideran necesarios estos aportes recalcan su contribución a la equidad al financiar a todos de manera igualitaria, evitando que algunos con mayor poder económico tengan ventajas sobre el resto.

Otro argumento a favor subraya que el FPD reduce la dependencia de los partidos frente a donantes privados e incluso evita la filtración de dinero proveniente de actividades ilícitas.

Si bien estas razones tienen fundamento, los argumentos en contra también son atendibles. En primer lugar se sostiene que el dinero público no se emplea de forma correcta por las dirigencias, especialmente en los ámbitos de la capacitación y la formación de sus cuadros.

La evidencia parece dar la razón a la crítica. Los partidos que más FPD reciben son los que menos invierten en los rubros mencionados, como lo demuestra el informe elaborado por la organización Vigilancia Ciudadana. No es de extrañar que presenten al país representantes con un nivel muy bajo y con escasa capacitación para desempeñar una función relevante en el escenario nacional.

Si la mayor cantidad de los recursos van al gasto ordinario, cabe preguntarse cómo es posible que un partido político, en teoría con estructura orgánica, presencia nacional y militantes, no sea capaz de gestionar sus recursos propios de manera eficiente para atender sus gastos sin ayuda del Estado.

Asimismo, es pertinente definir qué labores de investigación pueden emprender grupos limitados como los partidos políticos, si incluso las universidades, que en teoría están capacitadas para tal labor, presentan un notorio déficit en dicho campo.

Por otro lado, el FPD no hace que los partidos reciban menos aportes de origen privado. Empresarios y otros particulares continúan donando, sobre todo en etapa electoral, mientras que algunas organizaciones recurren a estrategias de ocultamiento para enmascarar el ingreso de recursos de fuente difusa, como ocurrió en el denominado caso Cocteles.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el monto total del FPD derivado de los comicios generales del 2021 supera los 77 millones de soles. En virtud de lo expuesto, sería oportuno estudiar los pros y los contras de este tema a fin de tomar la mejor decisión para el país y la democracia.