HASTA JULIACA

A través de un comunicado oficial, la Cancillería señaló que el Consulado General del Perú en La Paz realiza un seguimiento permanente del conflicto y mantiene coordinaciones con el Ministerio de Defensa para concretar un eventual traslado humanitario hacia territorio peruano.

Según precisó la entidad, el plan contempla movilizar a los ciudadanos desde las ciudades de La Paz y Oruro hasta Juliaca, en la región Puno, una de las principales rutas de conexión con el vecino país. Las autoridades peruanas indicaron que continúan evaluando las condiciones de seguridad y logística necesarias para ejecutar la operación.

La Cancillería también informó que mantiene habilitados canales de atención de emergencia para los peruanos afectados. Entre ellos figuran el número telefónico (+591) 70164657 y el correo electrónico del Consulado peruano en La Paz, los cuales permanecen activos las 24 horas para recibir solicitudes de ayuda y coordinar asistencia.

El último viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores ya había advertido que cerca de 200 personas atrapadas en Bolivia eran estudiantes procedentes de colegios de Cusco, Arequipa y Puno, quienes realizaban viajes académicos y de promoción cuando se intensificaron las protestas y bloqueos en las carreteras.

La situación en Bolivia se agravó tras las movilizaciones convocadas por la Central Obrera Boliviana (COB), organización sindical que exige al gobierno un incremento salarial del 20 %, además de compromisos para evitar privatizaciones de empresas estatales y la derogatoria de normas relacionadas con tierras.

Las protestas cuentan también con el respaldo de sectores campesinos e indígenas de la Amazonía boliviana, quienes iniciaron bloqueos de vías en el altiplano de La Paz desde el pasado miércoles. Estas acciones han afectado el transporte interprovincial y las rutas internacionales hacia Perú y Chile, generando complicaciones para turistas, estudiantes y comerciantes.

La crisis ha generado preocupación entre las familias de los peruanos varados, especialmente en regiones del sur del país como Arequipa, Cusco y Puno, desde donde partieron numerosos grupos estudiantiles. Mientras tanto, las autoridades peruanas continúan monitoreando la evolución de las protestas y evaluando medidas para garantizar el retorno seguro de los ciudadanos afectados.

De acuerdo con lo informado por el Jurado Nacional de Elecciones, la primera jornada electoral se desarrollará el 17 de mayo y estará destinada a la elección directa de candidatos por parte de los afiliados de los partidos y movimientos políticos, conforme a las disposiciones establecidas en la Ley de Organizaciones Políticas y los reglamentos electorales vigentes.

La normativa también permite que las agrupaciones opten por una modalidad abierta, en la que afiliados y ciudadanos no afiliados, previamente inscritos como electores, puedan participar en la selección de postulantes para alcaldías, gobiernos regionales y concejos municipales.

Ese mismo día se realizará además la elección de delegados, quienes asumirán posteriormente la responsabilidad de definir las candidaturas oficiales de sus respectivas organizaciones políticas.

Según el cronograma electoral, el 24 de mayo se llevará a cabo la segunda etapa del proceso interno. En esta jornada, los delegados elegidos previamente votarán para escoger a los aspirantes que finalmente representarán a sus agrupaciones en las elecciones regionales y municipales de 2026.

El sistema electoral peruano supervisará ambas etapas con el objetivo de garantizar transparencia, legalidad y participación democrática en la selección de candidaturas. Para ello, los organismos electorales brindarán asistencia técnica y fiscalización durante el desarrollo de los comicios internos.

El JNE precisó que estas elecciones internas forman parte de los mecanismos establecidos para fortalecer la democracia interna en las organizaciones políticas y asegurar que los procesos de selección se realicen respetando las normas electorales vigentes.

Las ERM 2026 definirán a las próximas autoridades regionales y municipales del país, en un contexto marcado por la expectativa política y el inicio de las campañas subnacionales en diversas regiones del Perú.

En declaraciones al diario Expreso, Vilcatoma aseguró que sectores de izquierda estarían utilizando el poder político para intentar liberar a Castillo, actualmente procesado por el caso del fallido golpe de Estado de diciembre de 2022. Según afirmó, las recientes modificaciones en la Comisión de Gracias Presidenciales responderían a una estrategia orientada a facilitar dicho beneficio.

La exparlamentaria sostuvo que un eventual indulto afectaría la neutralidad del Gobierno en medio del actual contexto electoral y cuestionó que se pretenda intervenir en decisiones del sistema de justicia. También señaló que el Congreso debería actuar de manera inmediata para evitar lo que calificó como una “intromisión política” en un proceso judicial aún en desarrollo.

Durante la entrevista, Vilcatoma también cuestionó el desarrollo de las elecciones generales de abril pasado y afirmó que existieron irregularidades en la distribución de material electoral. Según indicó, la falta de entrega oportuna de materiales en algunas mesas de votación habría vulnerado el derecho al sufragio de diversos ciudadanos.

Asimismo, aseguró que estos hechos ya son materia de investigaciones en el ámbito penal y consideró que las omisiones detectadas no pueden ser catalogadas únicamente como errores administrativos. En esa línea, reiteró sus críticas contra los organismos del sistema electoral, especialmente por la actuación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante la jornada electoral.

Respecto al caso de Pedro Castillo, Vilcatoma insistió en que el expresidente no debería acceder a un indulto mientras continúe siendo procesado por delitos vinculados al intento de disolver el Congreso y alterar el orden constitucional.

Las declaraciones se producen en medio del debate político y jurídico generado tras conocerse que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el primer pedido de indulto presentado por la defensa del exmandatario.

El abogado Walter Ayala informó que esperará la notificación oficial con los fundamentos de la decisión para replantear la estrategia jurídica y formular un nuevo pedido bajo argumentos distintos. Según explicó, hasta el momento no ha recibido el documento formal que detalle las razones exactas de la inadmisibilidad.

Ayala señaló que la resolución podría contener observaciones subsanables o, en su defecto, obligar a presentar una nueva solicitud desde cero. En declaraciones a medios nacionales, sostuvo que la negativa inicial no impide que se interpongan nuevos recursos administrativos para buscar la libertad del exmandatario.

El último viernes, el Ministerio de Justicia informó que la Comisión de Gracias Presidenciales declaró inadmisible el pedido durante una sesión realizada el pasado 30 de abril de 2026. De acuerdo con la entidad, la solicitud no cumplía con los requisitos reglamentarios mínimos exigidos para iniciar el trámite correspondiente.

Además, el sector Justicia precisó que actualmente no existe ningún otro procedimiento pendiente relacionado con beneficios penitenciarios o gracias presidenciales a favor del exjefe de Estado, quien permanece recluido desde diciembre de 2022 tras el intento de disolución del Congreso y el fallido autogolpe.

Sin embargo, especialistas en derecho constitucional cuestionaron la viabilidad de un eventual indulto. El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga sostuvo que este beneficio presidencial requiere la existencia de una sentencia firme, condición que —según explicó— aún no se cumple en el caso de Castillo, debido a que el proceso judicial continúa en etapa de apelación.

Quiroga remarcó que, mientras no exista una condena definitiva, el exmandatario no podría acceder legalmente a un indulto presidencial conforme al marco constitucional vigente.

Las medidas fueron implementadas por el Ministerio de Salud como parte del sistema de vigilancia epidemiológica en puertos y aeropuertos del país, con el objetivo de evitar el ingreso y propagación de enfermedades infecciosas. El protocolo contempla la identificación inmediata de pasajeros con síntomas compatibles con el virus, como fiebre alta, dolores musculares y fuertes cefaleas.

De acuerdo con la información difundida por medios nacionales, ante una sospecha de contagio se activa una alerta entre la torre de control y las autoridades de sanidad aérea internacional. Posteriormente, el pasajero y las personas ubicadas en asientos cercanos son trasladados a una zona aislada dentro del terminal aéreo para realizar evaluaciones médicas y pruebas rápidas.

Las autoridades sanitarias indicaron que entre seis y diez pasajeros cercanos al posible caso también serán sometidos a observación y evaluación clínica, como parte del protocolo preventivo establecido en el Reglamento Sanitario Internacional.

Si el caso presenta antecedentes epidemiológicos y síntomas compatibles con el hantavirus, el paciente podrá ser derivado al Hospital Alberto Leopoldo Barton, donde permanecerá en evaluación médica y eventual aislamiento.

El Ministerio de Salud precisó que el sistema de respuesta podría ampliarse en caso de registrarse un incremento de casos sospechosos, similar a lo ocurrido durante la pandemia de COVID-19.

La alerta sanitaria se originó tras la emergencia ocurrida en el crucero HV Ondius, que llegó a Tenerife, España, con más de 140 pasajeros de 23 países. Las autoridades europeas dispusieron cuarentenas preventivas y desplegaron un amplio operativo sanitario con personal especializado y equipos de protección.

Las autoridades peruanas aseguraron que mantienen vigilancia permanente en terminales aéreos y marítimos para responder de manera rápida ante cualquier eventual caso sospechoso.

La información fue presentada durante la exposición del reglamento de la Ley N.° 32449, norma que establece un tratamiento tributario y aduanero especial para este tipo de espacios orientados a captar inversiones y fortalecer la competitividad del país.

El presidente del Ceplan, Giofianni Peirano, explicó que estas zonas representan una oportunidad para impulsar actividades industriales y tecnológicas con mayor valor agregado, promoviendo además la generación de empleo formal y el crecimiento económico sostenible en las regiones.

Según detalló, el estudio analizó diversos factores estratégicos como infraestructura logística, conectividad portuaria, potencial exportador, capacidad institucional y disponibilidad de capital humano. En base a esos indicadores, Arequipa destacó por sus condiciones para albergar proyectos vinculados a producción, manufactura y comercio exterior.

Peirano sostuvo que el objetivo de las Zonas Económicas Especiales no se limita únicamente al incremento de exportaciones, sino también a fomentar procesos de transformación productiva que permitan diversificar la economía peruana y reducir la dependencia de materias primas.

Asimismo, resaltó que el Perú posee ventajas geográficas importantes por su ubicación en la cuenca del Pacífico y por el desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios, elementos que podrían convertir al país en un centro estratégico para el comercio y la industria en Sudamérica.

En ese contexto, indicó que la participación conjunta del sector público y privado será clave para atraer inversiones de mayor complejidad tecnológica y promover la transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales.

El titular del Ceplan también destacó la necesidad de fortalecer sectores relacionados con innovación, manufactura y nuevas tecnologías para elevar la competitividad del país y mejorar la productividad laboral.

Respecto a las regiones, señaló que las futuras zonas económicas especiales deben desarrollarse bajo criterios de planificación territorial y sostenibilidad, acompañadas de servicios adecuados y formación de capital humano.

En el caso de Arequipa, el potencial exportador, su ubicación estratégica y el crecimiento de actividades industriales y logísticas la posicionan como una de las regiones con mejores perspectivas para este tipo de proyectos.

La aprobación del reglamento de la Ley N.° 32449 marca el inicio de una nueva etapa para la implementación de las Zonas Económicas Especiales Privadas en el país. La iniciativa busca atraer capitales, dinamizar las economías regionales y generar nuevas oportunidades laborales formales mediante un modelo orientado a la competitividad y la innovación productiva.

ASMA Y LA RINITIS ALÉRGICA

El alergólogo César Galván indicó que Arequipa presenta índices superiores a otras regiones del país en enfermedades alérgicas respiratorias. Explicó que partículas microscópicas presentes en la piel, saliva y secreciones de las mascotas pueden provocar reacciones en niños con predisposición genética.

Entre las afecciones más comunes figuran el asma y la rinitis alérgica. Según el pediatra Johnny Paz Valderrama, muchos padres confunden estas enfermedades con resfríos recurrentes debido a síntomas como congestión nasal, tos persistente, estornudos frecuentes y dificultad para respirar.

Los especialistas señalaron que existen ciertos factores que ayudan a identificar cuándo se trata de una alergia. Si las molestias aparecen al exponerse al polvo, al frío o tras el contacto con animales domésticos, es probable que el origen sea alérgico y no infeccioso.

Otro factor que agrava el problema es la costumbre de permitir que las mascotas permanezcan dentro de las habitaciones o sobre las camas de los menores. Esta cercanía constante aumenta la exposición a alérgenos y puede empeorar los cuadros respiratorios.

Pese a ello, los médicos aclararon que no siempre es indispensable retirar a los animales del hogar. Recomendaron reforzar la higiene de las mascotas, bañarlas periódicamente y evitar que ingresen a dormitorios de niños diagnosticados con alergias.

Las condiciones climáticas de Arequipa también influyen. Durante las noches y madrugadas, las bajas temperaturas suelen generar irritación respiratoria, especialmente en bebés y niños pequeños. En muchos casos, la congestión causada por el aire frío es confundida con gripe.

Asimismo, los especialistas expresaron preocupación por la automedicación. Indicaron que algunos antiinflamatorios y analgésicos consumidos sin control médico pueden agravar los síntomas en pacientes asmáticos o con antecedentes alérgicos.

Finalmente, recordaron que las enfermedades alérgicas suelen tener un componente hereditario importante. Cuando ambos padres presentan asma o rinitis, las probabilidades de que sus hijos desarrollen problemas respiratorios similares son considerablemente más altas.

COMPRA FUE DE 441 MIL SOLES

La investigación del órgano de control señala que durante la licitación pública para adquirir ternos de gala y prendas destinadas al personal municipal se habría favorecido a un postor con una propuesta más costosa, dejando fuera a la empresa que presentó la oferta económica más baja.

De acuerdo con el reporte, el Consorcio Textil Misti fue retirado del proceso bajo argumentos que no estaban contemplados en las bases de la convocatoria. La exclusión de esta empresa habría generado un perjuicio económico superior a los 20 mil soles para la comuna, debido a que su propuesta representaba un menor gasto para la entidad.

La buena pro finalmente fue adjudicada al Consorcio AQP, pese a que la oferta era más elevada.

El documento de Contraloría advierte que el comité encargado de evaluar las propuestas habría utilizado criterios considerados arbitrarios para apartar al postor más económico. Además, se identificaron inconsistencias en la documentación utilizada para sustentar la decisión.

Entre las observaciones figura la presunta incorporación posterior de argumentos que no aparecían en las actas originales del proceso. Según el informe, algunos cuestionamientos relacionados con empresas vinculadas al participante descalificado fueron añadidos después como justificación de la exclusión.

Asimismo, el órgano de control detectó deficiencias en la evaluación técnica de las muestras presentadas por las empresas participantes. El informe señala que no existieron parámetros claros ni mecanismos transparentes para calificar la calidad de las prendas ofertadas.

La Contraloría también puso en duda la objetividad del proceso debido a la falta de sustento técnico en varias de las decisiones adoptadas por el comité de selección.

Frente a estas observaciones, el caso será remitido al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes por la presunta comisión de actos de corrupción de funcionarios.

El informe genera nuevas interrogantes sobre el manejo de las contrataciones públicas en la Municipalidad de Cerro Colorado y sobre los mecanismos de control interno aplicados en este tipo de procesos.

Hasta el momento, la gestión del alcalde Manuel Vera Paredes no ha emitido una respuesta oficial sobre las conclusiones del órgano de control ni sobre las posibles responsabilidades administrativas o legales que podrían derivarse del caso.

La Contraloría reiteró que continuará realizando acciones de supervisión en gobiernos locales y regionales para verificar el correcto uso de recursos públicos y prevenir posibles irregularidades en adquisiciones financiadas con dinero del Estado.

Arequipa no puede acostumbrarse a convivir con esta realidad. Cada caso no atendido a tiempo representa una infancia marcada por el temor y la desprotección. Las autoridades educativas y judiciales tienen la obligación de actuar con firmeza antes de que las aulas terminen convertidas en espacios donde el miedo pese más que el aprendizaje.

La escuela debería ser el lugar donde niños y adolescentes encuentren protección, formación y confianza. Sin embargo, las cifras registradas en Arequipa revelan una realidad alarmante: 191 reportes de violencia escolar en lo que va del 2026 y, lo más grave, más del 37% de los casos involucran directamente a personal educativo. El dato no solo preocupa; obliga a una reacción inmediata de las autoridades competentes.

Cuando los propios adultos encargados de educar aparecen vinculados a agresiones físicas, psicológicas o incluso sexuales, el problema deja de ser únicamente disciplinario y se convierte en una crisis de confianza institucional. Los colegios dejan de ser espacios seguros cuando fallan los protocolos básicos de protección. No se trata de hechos aislados ni de simples conflictos escolares. Estamos frente a una problemática estructural que compromete la integridad emocional y física de cientos de estudiantes.

La violencia psicológica encabeza las estadísticas regionales con 87 reportes. Detrás de cada caso existen insultos, humillaciones, amenazas o maltratos que muchas veces son minimizados bajo el argumento de “corregir conductas”. Pero la violencia verbal también deja secuelas profundas. Un estudiante que siente miedo o humillación dentro del aula difícilmente podrá desarrollarse plenamente.

Más preocupante aún resulta el registro de 32 casos de violencia sexual. Ninguna cifra puede ser considerada menor cuando se trata de agresiones de esta naturaleza contra escolares. Allí no caben excusas administrativas ni lentitud burocrática. Las investigaciones deben ser rápidas, transparentes y firmes. El silencio institucional solo termina protegiendo a los agresores y revictimizando a los menores.

Los recientes antecedentes en colegios privados de Arequipa demuestran que todavía existen instituciones que priorizan cuidar su imagen antes que actuar de inmediato frente a las denuncias. Las sanciones impuestas por Indecopi al Nuestra Señora del Pilar, Lord Byron School y Max Uhle evidencian graves omisiones en la aplicación de protocolos y atención a las víctimas. Resulta inaceptable que algunos colegios reaccionen únicamente cuando intervienen organismos fiscalizadores o cuando los casos se vuelven públicos.

Aquí también surge una responsabilidad directa del Estado. La Gerencia Regional de Educación, las UGEL, el Ministerio Público, la Policía y el Ministerio de Educación deben actuar de manera articulada y permanente. No basta con abrir procedimientos administrativos. Se requiere supervisión constante, capacitación obligatoria a docentes, atención psicológica especializada y mecanismos de denuncia realmente efectivos y accesibles para estudiantes y padres de familia.

El incremento abrupto de reportes durante abril demuestra que la violencia escolar está lejos de ser controlada. Y aunque las cifras actuales sean menores a las de años anteriores, eso no significa que el problema haya disminuido. Muchas víctimas todavía callan por miedo, vergüenza o desconfianza.

En el Perú, determinar si una persona está en situación de pobreza depende de su nivel de gasto. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) mide la pobreza monetaria comparando el gasto mensual per cápita de cada hogar con una línea de referencia: si ese gasto no alcanza los S/ 462 al mes por persona, el hogar se considera pobre; si no llega a S/ 260, se encuentra en situación de pobreza extrema.

Los resultados de 2025 muestran que la pobreza monetaria afecta al 25,7% de la población peruana, mientras que la pobreza extrema alcanza al 4,7%. En términos absolutos, cerca de 9 millones de personas no logran cubrir sus necesidades básicas de consumo, y más de 1,6 millones tienen dificultades incluso para garantizarse una alimentación adecuada. Lo que hace especialmente llamativo este panorama no es solo la magnitud de las cifras, sino su tendencia: pese a la mejora registrada respecto al año 2024 —cuando la pobreza llegó al 27,6%—, los niveles actuales son prácticamente idénticos a los de 2012, año en que la pobreza se situó en 25,8%.

Entre 2009 y 2014, cuando la economía peruana crecía en promedio 5,5% anual, la pobreza monetaria cayó 10,8 puntos porcentuales; posteriormente, entre 2014 y 2019, con un crecimiento promedio de 3,1% anual, la reducción se desaceleró a apenas 2,5 puntos. En contraste, entre 2019 y 2025, en un contexto de crecimiento promedio de 2,3% anual —marcado por la pandemia y una recuperación parcial e irregular—, la pobreza aumentó 5,5 puntos y aún se mantiene por encima de los niveles prepandemia. Un estudio de descomposición de pobreza realizado por Javier Herrera, director de investigación del Institut de Recherche pour le Développement (IRD), ayuda a entender esta tendencia. Su análisis identifica el denominado “efecto crecimiento” —asociado a mejoras en los ingresos promedio de los hogares— como el principal componente detrás de los cambios en la incidencia de pobreza durante las últimas décadas. En conjunto, estos resultados muestran que cuando la economía pierde dinamismo también se reduce la capacidad de los hogares de mejorar sus ingresos y salir de la pobreza.

Pero hay un cambio de fondo que raramente ocupa el centro del debate público y que altera la naturaleza misma del problema: la pobreza en el Perú se ha urbanizado. En la última década, del total de personas en situación de pobreza, la proporción de aquellas que vive en ciudades no ha dejado de crecer. Mientras que en 2013 aproximadamente 5 de cada 10 personas pobres residían en zonas urbanas, actualmente esa cifra alcanza cerca de 7 de cada 10.

Este desplazamiento importa porque la pobreza urbana plantea desafíos distintos a los de su equivalente rural. En el campo, la precariedad muchas veces se sostiene en la producción para el autoconsumo, en redes comunitarias y en una menor exposición al costo monetario de la vida cotidiana. En la ciudad, en cambio, prácticamente todo tiene precio: el transporte, el alquiler, los alimentos, los servicios básicos. Los hogares urbanos en situación de pobreza dependen casi enteramente de sus ingresos laborales, que suelen provenir de empleos informales, eventuales y vulnerables ante cualquier desaceleración de la actividad económica. En regiones con alta concentración urbana, como Lima, Arequipa o Tumbes, la pérdida de un empleo o una caída en los ingresos puede deteriorar las condiciones de vida de miles de familias en cuestión de semanas, sin los mismos amortiguadores que existen en entornos rurales.

Reducir la pobreza en el Perú de hoy exige reconocer, antes que nada, que el problema ha cambiado. Hoy, millones de hogares dependen de ingresos urbanos marcados por la informalidad, la inestabilidad laboral y una alta vulnerabilidad frente a cualquier desaceleración económica. En ese contexto, generar condiciones para sostener ingresos estables y ampliar el acceso a empleo formal resulta cada vez más importante. Eso supone, en primer lugar, recuperar tasas de crecimiento económico sostenidas, no como un fin en sí mismo, sino como una de las principales herramientas para mejorar el bienestar de los hogares más vulnerables. Y supone, también, repensar el diseño de la política social para que responda a la pobreza que existe hoy, no a la que se diagnosticó hace veinte años.