Por Alejandro Arestegui

El país está atravesando serias crisis en diversos aspectos. El actual Gobierno lleva menos de un mes en el cargo y, tal como ha pasado recientemente en Colombia, ya ha tenido que atravesar diversos desastres naturales de distinto origen, impacto y localización. Recientemente tenemos la percepción de que los sismos alrededor del mundo, y también en nuestro país, están aumentando en cantidad e intensidad. Ante esto, es necesario brindar algunos datos e indicar cuáles son los posibles riesgos y amenazas naturales que este Gobierno tendrá que enfrentar. Esto también, espero, sirva de advertencia a la ciudadanía antes de que llegue el momento de lamentarse.

Como es de conocimiento general, el Perú puede ser susceptible de sufrir un terremoto de gran magnitud en cualquier parte de su territorio y en cualquier momento. Situado en el Cinturón de Fuego del Pacífico, donde la placa de Nazca subduce bajo la Sudamericana, nuestro país experimenta una actividad sísmica permanente: más de 800 sismos al año en promedio, según el Instituto Geofísico del Perú. En 2025 se superaron los 800 eventos y en 2026, hacia agosto, ya se contabilizaban cerca de 570, incluyendo movimientos de magnitud significativa como el sismo de 7.2 en Ayacucho el día de ayer.

Esta frecuencia no es una anomalía reciente, sino la expresión normal de la dinámica tectónica. Sin embargo, la percepción de que “ocurren más seguido” refleja, en parte, una mayor visibilidad mediática y una mayor preocupación ciudadana ante la amenaza de un gran terremoto, especialmente en la costa central, donde existe un “silencio sísmico” relativo desde el evento de Pisco en 2007.

Paralelamente, el país enfrenta amenazas hidrometeorológicas cada vez más complejas. El Fenómeno de El Niño Costero se encuentra en alerta, con proyecciones de magnitud fuerte a extraordinaria que podrían mostrar sus efectos más devastadores en el verano de 2027. Las lluvias intensas se anticipan desde noviembre, con picos en febrero y marzo, y elevarán drásticamente el riesgo de inundaciones, huaicos y deslizamientos, particularmente en la costa norte.

A esto se suman eventos como la DANA, que durante este mes, con el sistema Aníbal, generó lluvias récord, aniegos y demás afectaciones en el sur, habiéndose interrumpido el tráfico por la Panamericana Sur. El Senamhi advierte que el Perú puede experimentar hasta tres DANA al año, cuya intensidad se potencia en contextos de El Niño. Estas amenazas no son nuevas, pero el ciclo actual del clima las agrava, aumentando la frecuencia e intensidad de precipitaciones extremas y la vulnerabilidad de poblaciones asentadas en zonas de riesgo.

La pregunta clave no es si estos fenómenos ocurrirán, sino por qué el Perú sigue tan poco preparado para enfrentarlos. La respuesta se encuentra en una combinación de factores estructurales, institucionales y culturales que convierten peligros naturales en desastres sociales.

Recordemos que el Niño Costero de 2017 dejó cientos de muertos, miles de damnificados y pérdidas económicas millonarias. Es necesario también recordar que la gestión mediocre llevada a cabo por el Poder Ejecutivo durante el gobierno de Kuczynski para tratar de paliar los efectos negativos de aquel desastre sería uno de tantos detonantes que motivarían su posterior renuncia.

Por otro lado, un sismo de gran magnitud en Lima, Piura o Arequipa podría generar decenas de miles de víctimas y colapsar múltiple infraestructura crítica. Escenarios prospectivos elaborados por el propio Estado proyectan cifras devastadoras si no se actúa. Más allá de las cifras, está el costo humano: familias que pierden todo, niños que interrumpen su educación, comunidades que tardan años en recuperarse.

Esta reflexión no debe quedarse en la denuncia. Afortunadamente, creo que el Perú posee ciertas capacidades científicas y una creciente conciencia ciudadana. Existen ejemplos de buenas prácticas: sistemas de alerta temprana, reforzamientos estructurales con técnicas accesibles como las mallas electrosoldadas o el mortero, nuevos programas de vivienda con criterios sismorresistentes y mayor articulación entre niveles de gobierno. Lo que falta es escala, consistencia y voluntad política sostenida. Prepararse implica varias líneas de acción simultáneas que todavía no se están realizando.

Que todo lo expuesto anteriormente sirva de advertencia al nuevo Gobierno de la señora Fujimori. Recordemos que la actual oposición va a aprovechar cualquier desliz y error del Ejecutivo para realizar furibundas críticas y tratar de desprestigiar y desestabilizar al Gobierno para volver al poder. Lamentablemente, de momento, el Gobierno les está dando motivos para generar dichas críticas.

La actual inacción del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, así como de la cartera de Defensa, son motivos suficientes para críticas y cuestionamientos fundamentados. Obviamente, la mayoría de las críticas que llegan por parte de la izquierda no buscan aportar, sino destruir; no buscan proponer soluciones, sino simplemente incrementar el lodo político antifujimorista. Sin embargo, esto no puede ocultar que, de momento, las acciones realizadas por el Ejecutivo para prepararse ante los desastres naturales resultan, por lo menos, insuficientes.

Esperemos que se pueda reemprender el rumbo en los próximos meses y el Perú esté preparado ante la llegada de lo que se cree será un Fenómeno de El Niño mucho más potente que el que asoló el norte en 2017.

El Perú no puede elegir su geografía ni detener los cambios climáticos propios de un ciclo del planeta. Pero sí puede decidir cómo enfrentarlos. La falta de preparación actual no es un destino inevitable, sino el resultado de décadas de crecimiento desordenado, priorización del corto plazo y subestimación del riesgo. Cada sismo sentido, cada DANA que inunda calles y cada alerta de El Niño son recordatorios permanentes.

La verdadera resiliencia no se mide solo por la capacidad de responder después del desastre, sino por la capacidad de reducir el daño antes de que ocurra. Construir esa resiliencia es, hoy más que nunca, una tarea impostergable. Por otro lado, los individuos de la sociedad civil organizada tenemos que ir poniéndonos manos a la obra y organizarnos para mitigar el daño en nuestras comunidades. Esperemos que esta vez el Gobierno pueda colaborar y no constituirse en un lastre como en previas ocasiones.

Hace exactamente 20 años un documental causó gran revuelo entre el público. Dicho largometraje se titulaba “Una verdad incómoda” y era protagonizado por el exvicepresidente estadounidense Al Gore. En dicha cinta mostraba, con alarmismo y suma preocupación, que si no se tomaban en serio las advertencias climáticas para el año 2020 la Tierra sería un lugar casi inhabitable. Estamos 2026 y prácticamente ninguna de las profecías del documental se han cumplido, pues al parecer solo se trataba de marketing y de paranoia ecologista. Sin embargo, sí existe una auténtica verdad incómoda, una relacionada con la naturaleza y que implica tomarnos en serio la precaución frente a los desastres naturales. La verdad incómoda que expondré en esta columna es que los peruanos no nos encontramos preparados y estamos totalmente expuestos ante cualquier catástrofe de índole natural.

Hace exactamente un mes Venezuela sufrió una de las mayores catástrofes naturales en toda su historia. Como se sabe, un par de terremotos de más de 7 grados de magnitud arrasaron con prácticamente todo el estado La Guaira (o Vargas, como le siguen diciendo por los locales). Las cifras de muertos y desaparecidos difieren, pero lo que sí se sabe con certeza es que se trata de miles. El desastre y la magnitud del impacto son una hecatombe que ha dejado a cientos de miles de venezolanos totalmente desamparados. Aquí en Perú nos puede parecer algo distante, pero los geólogos llevan años indicando que la capital Lima podría sufrir un sismo de igual o mayor magnitud al del 24 de junio en La Guaira.

Es aquí donde entra la verdad incómoda, tanto el descuido de los ciudadanos como la inacción y desatención por parte del gobierno pueden ser los causantes del mayor número de víctimas. En el caso peruano yo diría que es peor que el venezolano, puesto que bien sabemos que el chavismo lleva gobernando más de dos décadas en Venezuela. Son múltiples los registros y testigos que informan no solamente la total inoperancia e incluso accionar con maldad por parte de muchos agentes chavistas frente a las víctimas del terremoto en La Guaira. Acciones tan condenables como el impedir a los rescatistas cumplir su trabajo, comerciar con la ayuda humanitaria enviada por otros países, saquear inmuebles destruidos en lugar de rescatar a las víctimas, aquí vemos el nefasto accionar de una dictadura en todo su esplendor. En el caso peruano obviamente no tenemos una dictadura ni mucho menos un aparato coercitivo tan despreciable como el chavista, sin embargo, tenemos otro flagelo como lo es la corrupción, la desidia y la nula preparación ante cualquier eventual desastre, tanto en Lima como en el resto del país.

Múltiples son las críticas hacia el Ejecutivo dirigido por José María Balcázar, el cual va a dejar su cargo en unos días. El gobierno entrante tiene que entender una cosa: todo el territorio peruano es susceptible de sufrir un desastre natural de enorme magnitud. Recordemos el terrible terremoto de Pisco de hace 19 años, la reconstrucción fue demasiado lenta y la población tardó años en recuperarse. Ahora mismo los expertos advierten de un súper Fenómeno de El Niño, mucho peor que el de 1997 o el de 2017 que asolaron la costa norte de nuestro país. Las advertencias meteorológicas y geológicas están sobre la mesa, pero hasta ahora las autoridades no han hecho absolutamente nada por preparar la infraestructura y mucho menos gestionar los procedimientos necesarios para lidiar con desastres como los que se pueden avecinar. La mayor parte de víctimas y de daños materiales, más que por la imprudencia de los propios ciudadanos, vendrá por culpa del estado, si este sigue como hasta ahora. En anteriores columnas ya comenté que ante el desastre muchas veces la propia población se tiene que organizar para salir adelante y sobreponerse tanto moral como económicamente. 

Todo indica que debido a la proximidad de un potencial desastre y de los pocos meses de gestión que tendrá este nuevo gobierno, los ciudadanos tendrán que tomar conciencia por sí mismos. Si no se hacen las previsiones desde el sector privado, vamos a esperar a la lenta y supina gestión estatal para lidiar con los desastres como el súper Fenómeno de El Niño o un potencial megaterremoto. Esta inoperancia estatal se puede evidenciar claramente con la inacción del gobierno regional de Junín ante el sismo acaecido hace unos días en dicha región. Prácticamente todo el territorio nacional es susceptible de enfrentar catástrofes similares. Pero tal como mencioné, los privados tienen que también organizarse y prepararse en todo lo que esté en su capacidad logística y económica. Recordemos que estos desastres naturales no solamente se miden por cifras de millones de soles perdidos o cuánto porcentaje del PBI se contrajo. Cuando hablamos de pérdidas estamos hablando de familias que llegan a perder todos sus bienes materiales, empresas que se quedan sin su capital de trabajo, logística y transporte interrumpidos, así como otros impactos negativos en materia microeconómica. 

Lo ocurrido hace exactamente un mes en Venezuela el reciente sismo de Junín nos tienen que volver conscientes a los peruanos de que esto puede ocurrir. Solamente que, si estamos mejor preparados vamos a poder mitigar mejor las nefastas consecuencias de estos desastres. Pero también tenemos que ser conscientes de que, ante la inacción estatal, tenemos que organizarnos voluntaria y espontáneamente para poder ofrecernos ayuda mutua cuándo la emergencia lo requiera. Si en países supuestamente desarrollados como en España el Estado es tan inútil e inoperante como en las inundaciones de la DANA en Valencia del año 2024, el lema “solo el pueblo salva al pueblo” comienza a adquirir mayor sentido; y con sustento empírico real.

Una vez más el Estado desea entrometerse en la sociedad y en la vida de los individuos. Esta vez desea tocar lo más humano y sublime que existe: el arte. En la presente columna deseo realizar una crítica a la reciente ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú. Para hacerlo utilizaré la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, la cual nos brinda un horizonte de libertad y de análisis económico riguroso sobre los nefastos efectos que puede tener esta arbitraria ley en nuestra cultura.

La Ley 32645, publicada el 13 de junio en el diario El Peruano, crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP) “como una institución gremial autónoma de derecho público interno, sin fines de lucro, con personería jurídica y patrimonio propio”. Su objetivo declarado es representar, “ordenar y supervisar” el ejercicio profesional de las disciplinas artísticas, artes plásticas y visuales, música, danza, artes escénicas y otras afines, y “velar por principios éticos y emitir opiniones técnicas”. Aquí la parte importante: solo pueden incorporarse quienes posean título profesional o licenciatura en arte o educación artística.

Desde la perspectiva de la Escuela Austriaca de Economía, esta norma constituye un claro ejemplo de intervencionismo estatal corporativista que distorsiona el orden espontáneo del mercado artístico, restringe la libertad individual y tiene graves consecuencias no deseadas. La Escuela Austriaca parte de la teoría del valor subjetivo; ergo, el valor de una obra de arte no reside en propiedades objetivas ni en certificados estatales, sino en la valoración subjetiva que le otorgan los individuos que fungen de público. Pretender que un colegio profesional “ordene y supervise” qué constituye o no el ejercicio artístico legítimo es un acto de arrogancia epistémica: nadie puede imponer una definición objetiva de “arte profesional” porque el arte es una expresión humana subjetiva y cambiante.

El individualismo metodológico de Ludwig von Mises rechaza tratar al arte peruano como una entidad colectiva que el Estado debe organizar. La sociedad es la suma de acciones individuales con fines propios. Cada artista actúa persiguiendo sus propios fines, ya sea creación, expresión, subsistencia, reconocimiento, experimentación, etc. Convertir la creación artística en una “profesión regulada” por un ente corporativo estatal niega esta realidad praxeológica.

Además, la libertad artística es parte de la libertad negativa, que es la ausencia de coacción. Como señalaba Friedrich Hayek, la libertad implica que el individuo pueda usar su conocimiento local y tácito sin permiso previo de una autoridad central. No obstante, esta ley invierte esta lógica: primero han creado el colegio profesional y luego definen quién puede considerarse un “artista profesional”. Esto viola el principio de que el Estado debe limitarse a proteger la vida, propiedad o los contratos y no ser un regulador de la expresión espiritual o creativa.

Desde el lado económico, la creación de colegios profesionales con respaldo estatal es una forma clásica de corporativismo, auténticas prerrogativas gremiales otorgadas por el poder político. El CPAP recibe el poder de representar “oficialmente” a los artistas, emitir opiniones técnicas vinculantes en ciertos contextos, supervisar el ejercicio profesional y aplicar sanciones disciplinarias con su código de ética e incluso aplicar multas. Esto genera un nefasto monopolio de legitimación respaldado por el Estado.

De acuerdo con la teoría de la elección pública, los colegios profesionales funcionan como grupos de interés que son en la práctica buscadores de renta: invierten recursos en lobby para obtener beneficios económicos a costa del resto de la sociedad. En este caso, beneficia principalmente a quienes ya poseen títulos universitarios, que son una minoría, frente a la mayoría de los creadores.

Si usamos datos provenientes del Rentoca (Registro Nacional de Trabajadores y Organizaciones de la Cultura y las Artes) indican que solo alrededor del 20 % de los artistas en Perú tienen formación formal superior; el resto son autodidactas, hacia un 33% o formados por tradición familiar y comunitaria, alrededor del 47 %. La ley excluye de facto a la gran mayoría de la base cultural viva del país como son músicos populares, artesanos tradicionales, pintores, escultores, danzantes, artistas de calle, cultores ancestrales y creadores emergentes sin “cartón”. Muchos organismos también quedarían excluidos, pues en la ley sólo contempla a títulos emitidos por universidades y algunos institutos, excluyendo a muchas entidades que también forman y capacitan artistas sin diplomas de grado universitario. 

Por otro lado, la facultad de “supervisar” y velar por “principios éticos” abre la puerta a la politización y posible censura de individuos. ¿Quién es el que define la ética artística? ¿Un consejo directivo elegido por una minoría titulada? La historia muestra que cuando el Estado se arroga el derecho de definir qué es arte “correcto” o “ético”, el resultado suele ser conformismo, clientelismo o exclusión de las voces disidentes. La exigencia de título profesional actúa como barrera legal de entrada al mercado laboral. Los austriacos demuestran que estas injustas regulaciones reducen la oferta de prestadores de servicios, elevan los precios y protegen a los incumbentes de la competencia. En el arte, donde la “calidad” es subjetiva y la innovación surge de la espontaneidad, esto es especialmente dañino. Se crea un mercado dual: artistas “oficiales” colegiados versus el resto, individuos marginados o forzados a permanecer en negro.

El conocimiento relevante para el arte está disperso, es tácito y local. Aquello qué funciona en una comunidad andina, qué resuena en el público limeño actual, qué experimento técnico está emergiendo en un taller de Arequipa o en Trujillo. Ningún colegio centralizado en Lima, por más “democrático” y “descentralizado” que se declare, puede poseer ni procesar esa información. El mecanismo de descubrimiento superior es el mercado: el mecanismo de precios en ventas, contratos, entradas, reputación, crítica libre y preferencias de los consumidores. La planificación corporativa sustituye este proceso por burocracia y criterios políticos o académicos estáticos.

Grandes artistas peruanos y universales fueron autodidactas o formados fuera de la academia formal. La ley está marginando a muchos de ellos. Los artistas son emprendedores que descubren oportunidades en gustos cambiantes. Las barreras burocráticas, con un colegio que obliga a inscripción, cuotas, juramentos, posible supervisión, elevarán los costos de entrada y reducirán las señales para emprender. La mayoría seguirá creando arte fuera del sistema. Se generará un “mercado negro” artístico paralelo, con menor protección contractual y mayor precariedad. Los recursos que podrían destinarse a la creación se gastan en cuotas, trámites, elecciones del colegio y cumplimiento de un código de ética impuesto. La competencia abierta presiona a mejorar; el monopolio gremial tiende a estandarizar y proteger mediocridades “certificadas”.  Las industrias culturales peruanas dependen de la flexibilidad y diversidad. Restringir la entrada reduce el dinamismo de un sector que ya opera mayoritariamente de forma independiente e intermitente. No existe un “mercado de arte profesional” que un colegio pueda planificar racionalmente.

Para concluir, la nefasta ley 32645 bajo ningún concepto “profesionaliza o dignifica” al arte peruano. Considero que es todo lo contrario: lo carteliza, lo politiza y lo empobrece al sustituir al orden espontáneo basado en la libertad individual, la competencia y el descubrimiento artístico por un esquema arbitrario de ventajas legalizadas por el Estado. Este es un nocivo paso en la dirección hacia el intervencionismo cultural, el cual no hace más que impedir la creatividad genuina y legalizar y favorecer la mediocridad. Abiertamente yo abogo por una libertad plena de creación y de asociación voluntaria. Los mecanismos de reputación y señalización hacia los artistas deben ser enteramente privados. Incluso el Estado debe alejarse de proteger la propiedad intelectual, dejándolo a mecanismos de mercado como plataformas de registro artístico privadas protegidas con Blockchain, pero de dominio público. El Estado ni mucho menos los políticos son quienes para definir qué es lo que es un artista profesional ni mucho menos supervisar la expresión creativa.

Abierta y públicamente abogo por la derogación de esta ley. No sólo porque es un tremendo acto de injusticia hacia la inmensa mayoría de creadores peruanos excluidos, sino porque es una afrenta directa hacia el arte misma. Derogarla sería una gran victoria para la libertad, a lo que se sumaría esfuerzos por algo más grande: eliminar el Ministerio de Cultura. El arte y cultura, por ser parte de la sociedad misma, florecen y prosperan cuando se las dejan en libertad, más en un país tan diverso y rico como el Perú.

Finalizó la primera fecha del Mundial de Fútbol 2026. Se celebraron en total 24 partidos los cuales nos han dado mucha emoción, e incluso algunas sorpresas. Sin embargo, más allá de la fiebre mundialista, se esconden numerosos conflictos, problemas políticos y, sobre todo, un plan que involucra a la potencia más grande del mundo en su búsqueda por retomar el protagonismo a nivel global.

Como bien sabrán, este mundial se celebra de forma tripartita; es decir, con tres países que fungen de anfitriones. Esta edición del torneo fue concebida por la FIFA como un símbolo de la integración norteamericana, uniendo a Canadá, Estados Unidos y México en la organización de este magno evento. Sin embargo, este torneo se está celebrando en medio de crecientes fricciones entre los tres países. Desde hace años las tensiones comerciales, migratorias y políticas entre los tres países han llenado los diarios de prensa internacional.

La administración Trump ha sido muy dura con sus vecinos ya que su retórica le hace ver que Estados Unidos ha sido muy benevolente e incluso poco diligente con ciertas concesiones tanto a Canadá como a México. Esto significa que la realidad geopolítica contrasta con la narrativa oficial de la FIFA que trataba de proyectar unidad y confraternidad en el marco de la Concacaf. Es preciso también decir que, a pesar de ser un mundial organizado en tres países, Estados Unidos es el principal foco de atención, pues se celebrarán un total de 78 partidos en suelo estadounidense. Paralelo a ello, al ser el país principal, es también el foco principal de turistas que van exclusivamente por el campeonato mundial. A pesar de ello se han recibido numerosas quejas debido a las férreas restricciones de visa a muchos ciudadanos de más de una decena de países que compiten en el certamen de fútbol. Restricciones a países africanos, de medio oriente y de Sudamérica han generado múltiples problemas para aficionados y ha impedido que lleguen un sinnúmero de turistas. Incidentes con visas denegadas, detenciones en aeropuerto, la preocupación de mucha gente por los operativos de ICE en las ciudades sede ha causado que el flujo de aficionados no sea el esperado.

En el contexto de la geopolítica mundial, la cita mundialista se celebra en medio de múltiples tensiones alrededor del mundo, siendo la principal la escalada bélica de Estados Unidos e Israel contra Irán. Curiosamente, el pasado 15 de junio la selección iraní debutó en el mundial en un partido que acabó en empate 2-2 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, en suelo estadounidense. Prácticamente al mismo tiempo que se disputaba el partido el presidente Donald Trump anunció en sus redes sociales que se había alcanzado un memorándum de entendimiento destinado a lograr una paz definitiva con Irán.

Otra selección involucrada en el conflicto de la zona, Qatar, debutó con un asombroso empate 1-1 frente a Suiza. Su símil de Iraq hizo lo mismo debutando con derrota 4-1 frente a Noruega, Jordania hizo lo propio perdiendo 3-1 contra Austria. La situación en el estrecho de Ormuz y el Golfo Pérsico parece que está encaminada a resolverse, sin embargo, el asunto va mucho más allá, un asunto que verdaderamente preocupa a Trump.

Si bien es cierto la paz en Medio Oriente parece cerca de concretarse, el prestigio de Estados Unidos después de meses de guerra está en juego. Para muchos, influido por Israel, la administración Trump fue arrastrada hacia una guerra que ha tenido un final inconcluso y con resultados más que pobres. Según los informes que ha podido acceder la prensa israelí, el acuerdo de paz con Irán va a contener términos muy favorables para el régimen teocrático iraní, el cual simplemente estaría suspendiendo su programa nuclear, más no suprimiéndolo definitivamente. Un cuantioso fondo de reconstrucción de Irán también estaría incluido. Así mismo, el daño causado a las economías árabes del golfo pérsico es de un monto incalculable, que se calcula en miles de millones de dólares. Estados Unidos tampoco ha salido bien librado económicamente de esta aventura bélica, no solamente porque sus bases en todo Oriente Medio han resultado muy dañadas por los ataques iraníes, sino que también tiene que realizar una cuantiosa inversión para reponer todo el material bélico empleado en la guerra. Todo esto en una fecha que es próxima a las elecciones de medio término para renovar una parte importante de las cámaras legislativas estadounidenses. Aunque los republicanos puedan salir bien librados debido a la inacción e inoperancia de los demócratas, el país no está atravesando por su mejor situación económica.

Es por esto que Estados Unidos debe utilizar el mundial de fútbol como una muestra global de su «soft power«. A pesar de los cuantiosos costes de infraestructura y seguridad, esto se ve como una inversión para poder proyectar la imagen de Estados Unidos a nivel internacional. El famoso “sports washing” empleado por países autoritarios como Rusia (que organizó el Mundial 2018) podría ser utilizado por Estados Unidos con el fin de revitalizar su imagen. Aparte de ello, las grandes inversiones en suelo estadounidense prometidas por países árabes como Arabia Saudita podrían concretarse más pronto que tarde debido al impacto positivo que podría tener el torneo mundialista. 

Estados Unidos debe aprovechar que el Mundial más grande jamás visto en la historia, con 48 países disputando el torneo, pueden demostrar que Estados Unidos no solamente está de pie en el aspecto económico, político y militar, sino también en el plano cultural. A diferencia de México, donde el torneo de fútbol sirve a los truculentos fines de Claudia Sheinbaum de ocultar los problemas irresolubles y estructurales de su país, para Estados Unidos puede traer una ventaja. La integración de Estados Unidos como un país futbolero (soccer para ellos) puede abrir el abanico de selecciones poderosas, dominadas hasta hace no mucho por Europa. Este evento sin lugar a duda nos va a traer una que otra sorpresa a nivel futbolístico, pero también, hay que examinar las repercusiones que este traerá una vez concluya con la gran final, el 19 de julio.

Nuestro país está atravesando una grave crisis, eso no es noticia. El Perú sería, con mayor apertura económica y estabilidad política, un auténtico hub a todo nivel en la región. Sin embargo, las continuas crisis que todos somos testigos día a día agravan la situación de nuestro país. Quienes sufren las consecuencias del intervencionismo económico y el desorden político son los más pobres, los de las regiones más alejadas. No obstante, seguimos viendo cómo dichas personas, por causas sobre las que no ahondaremos aquí, votan por candidatos nefastos, que pueden empeorar su situación en lugar de mejorarla. Es aquí donde entra a tallar el nuevo libro de Félix Álvarez Velarde.

El pasado 7 de mayo el ingeniero Félix Álvarez Velarde presentó el que es su segundo libro: “La batalla cultural, emocional y política en el Perú”, en la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa. El evento contó con una nutrida audiencia y con la ponencia del autor, el cual estuvo bien acompañado por sus presentadores. La temática del libro es simple pero muy importante: a pesar de las continuas demostraciones del éxito del liberalismo económico y de la democracia liberal, estas siguen teniendo connotaciones negativas en el debate público.

En el Perú, a pesar de cuestionamientos que incluso yo mismo hago, en líneas generales la Constitución Política de 1993 marcó el inicio de una época de bonanza económica y prosperidad, que según Álvarez cesó hacia el año 2012-13. Efectivamente, tras esos años el Perú ha dejado de crecer las cifras considerables, contentándose con un mediocre 3% de aumento del PBI anual, que junto con la pandemia y la crisis política llevó a nuestro país a estar al borde de un estancamiento económico. Paralelamente a ello, la victoria de candidatos como Pedro Castillo en 2021 y la amenaza de la vuelta de la izquierda radical de la mano de Roberto Sánchez nos hace reflexionar sobre qué está mal en el discurso.

Esta es la primera parte de su libro, realizando un recuento histórico sobre la batalla cultural en el Perú en contra de la hegemonía cultural y emocional que ha tenido la izquierda en gran parte del siglo pasado. Es aquí donde Álvarez incide en un aspecto importante: la izquierda solventa su posición a través de un discurso emocional. Es así que debemos darles batalla en el plano emocional, pues en el plano político y económico se ha demostrado una superioridad enorme del capitalismo de libre mercado y de una división de poderes y estado de derecho al estilo occidental. 

Es por eso que, en la segunda parte de su libro, Álvarez se dedica a refutar ideas de dos pensadores de izquierda que son muy influyentes en la actualidad. El primero de los personajes al cual cuestiona es a Noam Chomsky, el famoso filósofo y pensador izquierdista que empleó 4 años de su vida para sostener que el experimento de la Unión Soviética no fue verdaderamente socialismo. Álvarez hace especial énfasis en criticar la idea de Chomsky que dice que democracia y capitalismo son incompatibles, nuestro autor, con solvencia, refuta la idea del pensador americano utilizando incluso datos duros que desmienten la postura de la izquierda.

El otro pensador al cual Álvarez cuestiona es al famoso economista Thomas Piketty, conocido por sus libros de economía donde ataca el capitalismo por ser fuente de “desigualdades”. Asimismo, desmonta las falacias de Piketty al afirmar que el capitalismo es causante de los problemas ambientales, respondiéndole con contundente argumento de la tragedia de los comunes y el problema de los bienes el recursos que supuestamente “le pertenecen a toda la humanidad”. 

Por último, pero no por ello menos importante, Álvarez ocupa la tercera parte de su libro en el argumento sobre cómo defender el capitalismo mediante una batalla cultural y emocional. Para ello, emplea argumentos para demostrar la superioridad del capitalismo liberal sobre cualquier otro sistema económico y político que se haya implementado hasta ahora. Así mismo, incide en el rol de instituciones liberales como fundaciones y think tanks, así como también el rol del empresariado en la batalla económica y de un partido político que sea enteramente liberal para librar la batalla también en el plano político.

En fin, el libro “La batalla cultural, emocional y política en el Perú” solventa su posición con buena bibliografía y con argumentos claros y directos. Esperemos sea un libro superventas, sobre todo entre los jóvenes. Muchas veces las generaciones recientes no vivieron los trágicos momentos que empobrecieron y ensangrentaron al Perú en el siglo pasado. Sin embargo, todos hemos vivido auténticos desastres económicos y políticos de la manos de nuestros últimos gobernantes. Quien quiera un cambio en el Perú, pero quizás no tiene las herramientas formales o no sabe por dónde empezar, tiene en el libro de Félix Álvarez, una guía bastante útil para comenzar, desde su espacio social más íntimo, a dar la batalla cultural, emocional y política para salvar al Perú de una debacle.

Nuestro país se encuentra frente a una encrucijada geopolítica de consideraciones graves. Más allá de lo delicado de la situación electoral y del nefasto proceder de las autoridades encargadas, es necesario hablar de otro tema que es igual de importante. Muchas veces cuando leemos los planes de gobierno solamente leemos la dimensión económica y social internas, dejando de lado la dimensión geopolítica y diplomática que tienen los principales candidatos. Hagamos un breve resumen de la importancia de la geopolítica del Perú y las consecuencias que tendría que tal o cual candidato sea el vencedor.

Perú es un país estratégico por su ubicación en la costa del Pacífico, y vasto en recursos (somos el tercer productor mundial de cobre y otros minerales como litio, oro, zinc), y el megapuerto de Chancay (inversión público privada china, inaugurado recientemente, que conecta directamente con Asia y reduce tiempos logísticos). China, en estos momentos, es nuestro principal socio comercial, pues reúne 30%-35% de exportaciones peruanas, sobre todo minerales. Sus inversiones en sectores como minería, infraestructura (Chancay es clave para la Nueva Ruta de la Seda) son muestras de la cada vez más grande presencia china. Las actividades chinas en nuestro país crecieron en los últimos 15 años, sobre todo desde la firma del TLC con China. Por otro lado, el resto de los países grandes se han aletargado mucho a diferencia del embate chino.

Por otro lado, los Estados Unidos están presionando para contrarrestar a China. Perú es un socio estratégico clave fuera de la OTAN. Acuerdos recientes incluyen una posible base naval en el Callao, las compras de equipo militar estadounidense como los cazas F-16 y las críticas públicas al control chino que ejerce en Chancay. La Embajada de EE.UU. ha advertido sobre riesgos de dependencia y seguridad. Donald Trump se ha propuesto «expulsar» la influencia china en la región. 

Considerando esto vayamos al punto de las estrategias diplomáticas y geopolíticas del Perú con los diversos candidatos. En el caso de Keiko Fujimori, lo más probable es que, imitando sus accionares políticos, traté de jugar a ambas bandas. Esto quiere decir que su eventual gobierno trataría de mantener buenas relaciones tanto con los Estados Unidos como con China. Por otra parte, parece bien el aspecto comercial y no mantener una posición definida en asuntos de conflictos internacionales como el actual conflicto en Oriente Medio.

Por otro lado, tenemos al candidato López Aliaga. Considerando los discursos y entrevistas que dio, personalmente considero que su estrategia diplomática y geopolítica sería muy similar a la que sigue el presidente argentino Javier Milei, e incluso el mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Es muy seguro que ante un eventual gobierno de López Aliaga se buscará recibir múltiple inversión tanto de Estados Unidos como del bloque occidental en general. Un eventual gobierno de López Aliaga podría acercarnos hacia países como Argentina y a mejorar nuestras relaciones diplomáticas con Chile, que en la actualidad tendría un presidente muy similar al nuestro en términos ideológicos.

Quizás el candidato que ofrezca una perspectiva diplomática y geopolítica para el Perú diferente y controvertida sería el candidato Roberto Sánchez. Sin dudas creemos que Sánchez podría tener una implicación geopolítica que podría poner en juego la soberanía nacional. De los tres candidatos considero que este podría ser el más inclinado a mejorar las relaciones con China en detrimento de los Estados Unidos. Considerando sus propuestas y su visión del mundo podría estar mucho más dispuesto a apoyar una “multipolaridad”, incluso acercar al Perú a las economías de los BRICS. Esto sería un problema grave considerando que la mayoría de países que lo conforman están sufriendo déficits energéticos fruto de la guerra de Irán. Sus divisas débiles les impiden poder competir con los Estados Unidos y la presencia de actores importantes como la India impiden que el resto de países se subordinen a las políticas monetarias y cambiarias del gobierno chino. Una integración del Perú al mundo multipolar que trata de desafiar a los Estados Unidos podría traernos consecuencias muy negativas como ya está sucediendo con México e incluso con Brasil.

Hasta aquí un breve resumen de las implicancias geopolíticas y diplomáticas de los candidatos. Consideremos no solamente las políticas internas que tienen preparadas para nosotros los candidatos, las políticas internacionales también son importantes. Esperemos que podamos conocer pronto los resultados con toda la veracidad, transparencia y seriedad que merecen los peruanos. Así se podrá realizar un análisis más detallado de todas las implicancias que tienen los próximos proyectos geopolíticos de nuestros gobernantes.

El pasado 12 de febrero el senado argentino aprobó la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Esta sin duda es una batalla importante para lograr un cambio estructural para bien en Argentina. Lo mejor de todo es que dicho proyecto pasará a ser aprobado por capítulos en la cámara de diputados, cámara en la cual le es más fácil al oficialismo obtener una mayoría para aprobar todos los aspectos de dicha reforma. Ahora, trasladándonos a nuestro país, intentaré dar mis argumentos de por qué una reforma laboral de corte libertario es no solamente óptima sino necesaria para el futuro laboral de las próximas generaciones de peruanos.

La reforma laboral que propongo, a grandes rasgos, apunta a reducir y eliminar legislación absurda y caduca, eliminar trabas regulatorias y promover la flexibilidad en la contratación y despido. Dentro de las barreras concretas que impiden una mayor flexibilidad laboral encontramos a los costes elevados del despido, impedimentos legales para establecer contratos temporales, las sobrecargas no salariales y protecciones que van destinadas a solapar a los sindicatos y colectivos, más no proteger a los trabajadores.

Una eliminación de ventajas para gremios y sindicatos destinada a proteger al empleador y al trabajador individual buscaría maximizar la eficiencia económica sin vulnerar ningún derecho consagrado en nuestra constitución. Como bien sabemos, el Perú es un país que dentro de las próximas dos décadas alcanzará su punto álgido en cuanto a población juvenil, toda esta nueva fuerza laboral puede verse frustrada ante un conjunto de legislación laboral caduca y obsoleta. Basándonos en informes internacionales y estudios locales, esta reforma laboral ayudaría a una considerable reducción de la informalidad. Este quizás sea el punto más destacado dentro de la precariedad de la situación laboral de millones de peruanos, más allá de ello hay que hacer un análisis de diversos problemas y cómo esta reforma puede solucionarlos poco a poco.

Como primer punto, el mercado laboral peruano está altamente segmentado, pues solo un tercio de los trabajadores asalariados está cubierto por la legislación actual, lo que empuja al resto hacia la informalidad para evadir costos regulatorios elevados. La informalidad actúa como «amortiguador» en tiempos de crisis (como durante la pandemia), pero también perpetúa la pobreza y bajos ingresos, ya que siete de cada diez peruanos son pobres o están en riesgo de caer en ella. Esto no quiere decir que se cree una legislación especial para cada caso, más dentro de la ley general debe incluirse más modalidades de empleo y de simplificación de aportes.

Como segundo punto, siguiendo al ministerio de desregulación argentino, se debe abogar por una desregulación focalizada. La primera medida implica bajar costos de entrada a la formalidad, como impuestos a la nómina y trámites burocráticos, esto incentivaría la transición al sector formal, aumentando la productividad en 0.5-0.75% por cada 10 puntos de reducción en informalidad anualmente. Esto no solo generaría más empleos estables, sino que extendería beneficios como pensiones y salud a millones.

El tercer punto radica en las contrataciones y los despidos. La excesiva rigidez laboral, como indemnizaciones por despido equivalentes a 1.5 meses por año (con un tope de 12) y requisitos de aprobación externa para despidos, desincentivan la contratación, especialmente de jóvenes y trabajadores de baja calificación. En Perú, la elasticidad del desempleo al PIB es muy baja, pues implica menos del 10% tras un año de caída, lo que prolonga las recuperaciones posteriores a una crisis en más de 30 meses para empleos formales. Reformas flexibilizadoras, como las del Decreto Legislativo 728, redujeron la duración del desempleo de 8 a 5 semanas en Lima y aumentaron la rotación laboral, facilitando la creación de nuevos puestos. Otras reformas implicarían la difusión y el incentivo para la creación de contratos temporales, eliminación de barreras como la movilidad geográfica e incentivos tributarios para la contratación de gente joven.

El último punto implica mejorar el tema de la productividad y la competitividad económica del mercado peruano. Por increíble que parezca, los costos no salariales en el Perú representan casi el 60% del salario base, superando prácticamente a cualquier otro país de la OCDE, desincentivando la inversión y la rehabilitación de mano de obra a otras actividades productivas. Al inicio de este siglo y sobre todo durante el segundo gobierno de Alan García, el crecimiento del empleo se dio por un aumento en la formalización más no por una masiva creación de nuevos empleos. La pandemia de Covid exacerbó la informalidad en Perú, con transiciones permanentes de formal a informal que duran hasta 9 años para trabajadores de baja calificación. Las rigideces actuales limitan estabilizadores automáticos (como seguros de desempleo, que cubren solo al 12% de desempleados), forzando ajustes vía recortes de horas o informalidad. Una reforma libertaria promovería protecciones «portables» (independientes del empleador), como cuentas individuales de ahorro para despido y subsidios a la reconversión, facilitando transiciones rápidas y reduciendo la pérdida de capital humano. Dentro de este tema diversos estudios son los que han llegado a la conclusión de que la excesiva protección al trabajador termina a largo plazo afectándolo. La sobrerregulación laboral, con la excusa de la protección al trabajador, termina siendo el lastre más grande para la formalización y crecimiento de un empleo de calidad.

Esto es solo un pequeño bosquejo de las numerosas reformas que se tienen que hacer en el Perú para lograr un mercado laboral cada vez más competitivo y libre. Se necesitan tocar otras cuestiones como las pensiones y la carga impositiva. Mientras hay países que evolucionan positivamente hacia la flexibilización del mercado laboral (como es el caso argentino), lamentablemente hay otros que están involucionando y empobreciendo a su población como es el caso de España. Tal como mencioné líneas atrás, al Perú sólo le queda unas cuantas décadas de crecimiento de población exponencial, si no se realizan las reformas laborales a tiempo corremos el riesgo de enfrentarnos a una enorme fuga de capital humano, ya que nuestros jóvenes verían con desilusión la falta de oportunidades producidas por la regulación nefasta. Espero que muchos de nuestros candidatos tomen nota y procuren tener la reforma laboral como una de sus prioridades en caso lleguen al poder. Es responsabilidad de los nuevos políticos encargarse de eliminar lastres y barreras creadas por sus nefastos predecesores. De ellos depende el futuro del mercado laboral y por ende, de la formalización en todos los sectores de la economía peruana.

Dentro de un par de meses la guerra de Ucrania va entrar al quinto año de desarrollo. Ambas partes están desgastadas y las potencias involucradas llevan meses negociando el fin de la guerra. Estados Unidos bajo la administración Trump se está caracterizando por elaborar masivos planes para el cese de numerosas guerras y conflictos alrededor del mundo. Ucrania no es la excepción y durante las últimas semanas se está hablando sobre un plan de paz con Rusia. Sin embargo, rondan los cuestionamientos acerca de este, algunos incluso llegan a decir que este plan podría ser perjudicial para Ucrania. Veamos el porqué.

La administración Trump en las últimas semanas ha presentado su plan que consta de 28 puntos para poner fin a la sangrienta guerra ruso-ucraniana que comenzó con la invasión de las huestes de Putin en febrero de 2022. Hay que hacer la aclaración de que el plan de paz no es uno consensuado, sino que proviene directamente de la propia iniciativa estadounidense. Comencemos entonces por desglosar este plan el cual ha sido bastante cuestionado en los medios occidentales. El plan comienza “confirmando” la soberanía ucraniana. Sin embargo, los primeros puntos del plan no concuerdan con dicha declaración, pues Ucrania tendría que renunciar de forma irremediable a las regiones de Crimea, Lugansk y Donetsk en favor de Rusia. La anexión de estas regiones significa que todo el Donbass pasaría a control ruso, lo que incluye territorios que aún no han sido capturados por el ejército invasor. La región de Kherson pasaría a ser la frontera entre ambos países.

Ciudades importantes que fueron invadidas en 2022 como Mariupol, Melitopol o Berdyansk pasarían a control ruso sin ninguna prerrogativa a favor de Ucrania. Gran parte de este nuevo territorio ruso tampoco sería administrado totalmente por ellos, ya que esto significaría la conformación de una zona de amortiguamiento. Geopolíticamente Ucrania sería muy perjudicada, no sólo por la pérdida de 3 de sus regiones, sino también por consecuencias geográficas como la pérdida de acceso al mar de Azov. Otra consecuencia nefasta para Ucrania vendría del lado energético, pues tendrían que ceder permanentemente la central nuclear de Zaporiyia.

Dentro del primer borrador también se contemplaba restricciones a nivel de orden internacional. Una reforma constitucional para que Ucrania no pueda ingresar a la OTAN, consumándose así otro de los grandes anhelos de Putin. Esta prohibición no solamente implicaría que no se pueda unir a la alianza, sino que también no se podrían desplegar equipo ni tropas de la OTAN en suelo ucraniano. Esto obviamente, es un ataque directo a la soberanía ucraniana y un impedimento para que los propios ciudadanos puedan decidir qué alianzas estratégicas establece su gobierno. Esta garantía, por otra parte, no garantiza una nueva invasión rusa a futuro. Tenemos un precedente negativo, ya que con la invasión de 2022 Rusia vulneró la firma del memorándum de Budapest de 1994.

Por otro lado, Rusia saldría bien librada de los cuestionables actos que ha realizado desde 2022. Estados Unidos le estaría garantizando una reintegración casi completa a la comunidad internacional, no sólo en el plano diplomático, sino también en lo económico. Eso claramente implicaría el levantamiento de la mayoría de sanciones y embargos; pero también consecuencias como dificultades para perseguir los crímenes de guerra rusos. La única exigencia que se le estaría haciendo a Rusia sería la inversión de unos US$ 100,000 millones en el fondo de reconstrucción de Ucrania. Pero el acuerdo habla de inversión, no de compensación.

¿Y dónde entraría a tallar Europa en todo esto? Pues prácticamente ningún lado, al menos en el primer borrador que se había presentado. De alguna forma el gobierno estadounidense quiere demostrar que Bruselas no tiene capacidad de negociación y que si hemos llegado hasta este punto es en gran parte por su inoperancia y falta de decisión. Aunque esto sea cierto, no tendría por qué dar una lección a los europeos perjudicando a terceros como a Ucrania.

Este tratado y forma de negociar de la administración Trump ha generado también descontento en ciertos funcionarios estadounidenses. El general Keith Kellogg, el que hasta ahora era el enviado especial de la Casa Blanca para Ucrania y un funcionario cercano a Trump, no volverá a su puesto tras las vacaciones de Navidad. Ahora quién está tomando las riendas en la negociación es Steve Whitkoff, que durante esta semana se ha reunido con funcionarios rusos, y ahora hará lo propio con los ucranianos en la próxima semana.

Muchos se preguntarán entonces qué es lo que queda para poder salvar la dignidad y el bienestar de un país tan dañado por una invasión injustificada. Esto es una llamada de atención para los líderes europeos, los cuales deben de intervenir en favor de Ucrania y de sus propios intereses. Por otra parte, bregar por una resistencia ucraniana y esperar ataques más certeros que dañen la llama armada infraestructura rusa podrían dañar a la economía de Moscú. A pesar de lo que muchos propagandistas informan, Rusia no está atravesando por un momento positivo, ellos también están interesados en negociar ya que recién las sanciones económicas están surtiendo efecto. Este año el banco central ruso pronostica un crecimiento anual de 0.9%, casi 3 puntos por debajo de lo que creció en 2024. Esto significa que Rusia puede ya no sólo contraer su economía, sino que puede incluso empezar a decrecer. La guerra no favorece a nadie, esperemos que las negociaciones lleguen a buen puerto y podamos ver en este próximo 2026 el cese de otro conflicto.

Este domingo 26 de octubre Argentina tiene otra elección por delante. Los comicios determinarán un tercio del total de nuevos diputados y senadores que tendrá el país durante los próximos cuatro años. Intentaremos dar algunos datos de por qué esta elección es tan trascendental y puede marcar el destino de nuestro vecino país en los próximos años.

Las últimas encuestas que se pudieron elaborar dan por ganador al partido oficialista libertario La Libertad Avanza con un 40%. Los dos grandes rivales del león libertario son los kirchneristas Fuerza Patria y el peronismo no kirchnerista y federal de Provincias Unidas. Haciendo cálculos, los libertarios podrían estar ganando de entre 40 a 50 diputados y de 10 a 15 senadores. Si bien esta cantidad no es suficiente para obtener una mayoría absoluta en las cámaras legislativas, ayudaría demasiado para poder mejorar la gobernabilidad, algo con lo que ha estado lidiando el presidente Milei desde que asumió en diciembre de 2023. Una victoria del partido oficialista garantizaría un fortalecimiento del poder ejecutivo, pues una mayor base legislativa permitiría impulsar las reformas más profundas, sobre todo en materia económicas, institucionales y regulatorias. Recordemos que hasta el momento muchísimas de las propuestas y medidas contundentes que planteó Milei en campaña han sido obstaculizadas por la oposición recalcitrante y mezquina. La posibilidad de obtener más diputados y senadores permitiría también que Milei no tenga que negociar ni mucho menos ofrecer concesiones políticas que lleven a condicionarse a lo que diga la política tradicional.

Más allá del ámbito de gobernabilidad, el proyecto libertario busca afianzarse de forma institucional, por lo que también busca una presencia de fuerza política para los próximos años. Recordemos que el proyecto libertario que propuso Milei es a largo plazo (para ser más precisos 35 años), por lo que de nada sirve tener un gobierno libertario de tan solo cuatro años si posteriormente asumiría de nuevo el nefasto estatismo, como el del kirchnerismo.

Una victoria de este domingo también permitiría afianzar a La Libertad Avanza como el único referente libertario en el espectro político y partidario. Por lo que numerosos políticos independientes y fuerzas más pequeñas tanto en capital como en las provincias terminarían uniéndose al bloque oficialista.

Yendo al aspecto económico, el contar de forma más holgada con diputados y senadores le permitirían al presidente poder realizar reformas económicas claves como la reforma tributaria y la reforma laboral. Ambas reformas son de vital importancia para poder reflotar y potenciar la economía argentina, castigada duramente por legislación completamente obsoleta e intervencionista. Asimismo, dispondría de mayor consenso para poder elaborar presupuestos acordes con las necesidades y más congruencia con el plan de gobierno. Recordemos que hasta ahora Milei ha estado gobernando, usando presupuestos de anteriores años a falta de consenso para poder aprobar uno nuevo.

En el plano electoral una victoria demostraría que la libertad avanza no fue un fenómeno de una sola elección, sino que es un fenómeno cultural que llegó para quedarse y transformar a Argentina de una vez por todas. Recordemos que en septiembre las elecciones de la provincia de Buenos Aires arrojaron resultados negativos para el bando libertario. Sin embargo, debemos de recordar que la provincia de Buenos Aires es uno de los entes estatales más grandes en toda América latina, es el bastión del kirchnerismo y de su obsoleto modelo de país. Sin embargo, una victoria de los libertarios en el resto del país demostraría que la gente está dispuesta a afrontar los cambios y rechazar el antiguo modelo político que ofrecía poco nada a cambio de esquilmar a los argentinos de bien. Una victoria este domingo marcaría que La Libertad Avanza es un partido serio capaz de recomponerse ante cualquier revés electoral en jurisdicciones más pequeñas que la nacional.

En el plano electoral, para La Libertad Avanza es importante ganar en provincias clave para aumentar su representación federal. Muchas veces el proyecto nacional necesita un respaldo dentro de las comisiones legislativas y para ello la representación provincial es clave. Asimismo, promueve la conformación de un bloque libertario sólido y propio que no necesite “reciclar” a viejos componentes de otras fuerzas políticas pensando en las elecciones de 2027.

Como resumen, estas elecciones parlamentarias de Argentina no solamente son importantes para definir el destino del país y el futuro político que les avecina. Estas elecciones también pueden ser el espejo de las elecciones legislativas que tendrá el Perú el próximo año. Debido al sistema electoral que tenemos (sistema D’Hondt proporcional plurinominal con listas abiertas y valla electoral del 5%) es muy difícil conseguir la mayoría legislativa. Por ello, aquel que resulte ganador de las elecciones presidenciales no cuentan ni siquiera con mayoría simple en el congreso, el cual también pasará a ser bicameral el próximo año. Si queremos un proyecto serio de país tenemos que examinar los aciertos y errores de los países que nos rodean. Esto implica también analizar el tema de las elecciones legislativas y de cómo mejorar el sistema para evitar que el poder legislativo sea la institución más desprestigiada y con peor imagen pública en las últimas décadas. Paralelo a ello, deseamos lo mejor a nuestros hermanos argentinos, deseando que voten con sabiduría y conciencia para que puedan retornar al sendero del crecimiento, la prosperidad y la libertad.

El 17 de octubre se clausuró el X Congreso Internacional de la Lengua Española. En todo internet se puede observar numerosos y diversos análisis y descripción de tan prestigioso evento que albergó la Ciudad Blanca. No obstante, este magno evento fue materia de numerosas controversias de diversa índole. Debido a que pueden ustedes encontrar dichas noticias u otros medios, en esta columna hablaré de un tema distinto: el lenguaje, los libros y la intromisión del Estado en nuestro idioma.

Como parte de las numerosas actividades del Congreso de la Lengua Española se realizaron múltiples charlas y conferencias con la temática alrededor de nuestro idioma. El miércoles 15 la ciudad recibió la visita del español rey Felipe VI. Este gran encuentro fue iniciativa del difunto nobel arequipeño Mario Vargas Llosa, autor al cual se le dio más que merecido homenaje mediante diversas ceremonias e incluso la presentación de un diccionario con los diversos términos que él empleó en sus novelas.

Más allá de las cuestiones sociales, el congreso también causó polémica por temas políticos. A tan solo una semana de comenzar el congreso, dos de las principales organizaciones encargadas de dirigir el congreso (la Real Academia Española y el Instituto Cervantes) se vieron envueltos en una disputa que supera los temas políticos, las numerosas rencillas de ambas instituciones han llegado incluso al extremo de cuestionar la idoneidad de sus respectivos académicos al momento de tratar ciertos temas.

El jueves 16, en la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, se dio a cabo una entrevista liderada por el ministro de cultura español, Ernest Urtasun, el cual además es miembro del partido ultraizquierdista SUMAR y parte del gobierno de Pedro Sánchez. En numerosas ocasiones he denunciado la incompetencia e incapacidad del gobierno sanchista para poder resolver muchísimos problemas que aquejan a los españoles desde hace muchos años.

Sin embargo, aquí la realidad parecía totalmente distinta. El ministro llegó con la clara consigna de explicar a editores y autores de lengua española, ya sean de las grandes casas editoriales o de las pequeñas librerías independientes, sobre los supuestos “avances en la difusión y democratización de los libros en lengua española”. Pero cuando uno lo escuchaba hablar, parecía que hablaba un cuento de hadas, sobre algo que no ocurre en la realidad.

En lugar de encontrar propuestas concretas, relevantes y sobre todo coherentes; nos topamos con populismo y demagogia en su más grande expresión. Y es que la mayoría de políticas públicas que hablaba el ministro Urtasun pasaban por hacer uso de fondos públicos a mansalva para tratar de difundir los libros en lengua española. A este variopinto personaje de la izquierda más recalcitrante se le unió un coro de demagogos estatistas y defensores de lo público (que es en realidad despilfarrar el dinero ajeno)

¿Que nuestros libros merecen ser difundidos en las ferias internacionales? Pues lo solucionan con subsidios y con incentivos económicos de fondos concursables ¿Que ciertas campañas de concientización a través de la literatura necesitan más atención? Pues simplemente se promete mayores presupuestos para el próximo año ¿Que el Instituto Cervantes necesita fondos para abrir una librería en un país no hispanohablante? Pues no hay problema, en medio de la prensa y de todos los presentes, el ministro Urtasun le promete al director del Cervantes, Luis García Montero, mayores fondos extraídos forzosamente del contribuyente español para sus controvertidos proyectos.

Básicamente toda esta reunión que duró al menos unas dos horas puede evidenciar lo terriblemente dañino que es el sector público inmiscuido en querer difundir lo que ellos consideran “cultura”. Junto a los políticos y su interminable demagogia, vemos a algunos escritores y miembros de asociaciones de lengua española en contubernio con el gobierno sanchista para expandir el estatismo y su influencia en nuestro idioma; así como mayor presencia e influencia en la esfera hispanohablante. Todo ello, por cierto, con el dinero de unos ciudadanos españoles que empobrecen cada año.

Estas críticas no sólo vienen del escritor libertario aquí presente en estas líneas. Este tema ya ha sido denunciado por numerosas personalidades del otro lado del océano, como es el formado filósofo y escritor Fernando Savater. Este reconocido personaje tiene la convicción de que el señor García Montero es solamente un peón del gobierno de Sánchez para colonizar a tan prestigiosa institución y volverla un medio servil para la propaganda socialista y los demás intereses de los que gobiernan desde el palacio de la Moncloa. Tras lo que yo pude presenciar y escuchar en la biblioteca Vargas Llosa el día jueves, puedo afirmar con toda certeza que lo que denuncia Savater es verdad. 

Pronto tendremos más noticias sobre este magno evento. Más allá de los eventos académicos y culturales que deleitaron a una numerosa audiencia, debemos de también tener datos económicos ¿Cuánto fue el dinero que desembolsaron las autoridades arequipeñas para organizar dicho congreso? ¿Cuál es el interés del gobierno español de copar las instituciones de la lengua española? ¿Por qué mucha gente tolera e incluso alaba políticas públicas que despilfarran dinero y no difunden la cultura en nuestro idioma? Hay muchísimas preguntas en respuesta, pero de lo que pude ver y escuchar, es una vez más, la perversa intromisión de la política en la cultura, en algo tan importante y profundo como nuestro idioma.