La abusiva llamada Ley de Extinción de Dominio, Decreto Legislativo N° 1373 de agosto del año 2018, tiene más de seis años y su reglamento el Decreto Supremo N° 007-2029-JUS, algo menos.

El nombre es rimbombante, pues se trata de un vulgar despojo de propiedad, bajo el supuesto que hay que proteger al Estado frente actos de corrupción y otros delitos graves, a fin de que el Estado recupere lo que es de él e incluso la probable indemnización o reparación de la que sería acreedor. Se trata de un procedimiento “autónomo”, que va en cuerda separada con el enjuiciamiento penal al imputado, quien puede perder la propiedad de sus bienes aún antes de sentencia condenatoria y ¡oh sorpresa! así sea absolutoria.

Es verdad que la supuesta intención del gobierno de Martín Vizcarra fue cautelar los intereses del Estado, pero también es cierto que el mecanismo para ello fue depredador de la propiedad, injusto y prepotente. Si bien Vizcarra no es abogado, su entonces ministro de Justicia sí lo era, y no tuvo el cuidado de advertir los defectos de la norma y sus inconstitucionalidades. A los congresos que se sucedieron desde aquel entonces, en la tarea de fiscalización de los Decretos Legislativos expedidos por delegación de facultades legislativas, también se les escapó la presa y no hicieron nada. Como dicen las nuevas generaciones: “no la vieron”.

Recién en el actual Congreso se debate la necesidad de hacer sustanciales modificaciones al mencionado Decreto Legislativo, y en el Tribunal Constitucional se estudia la acción de inconstitucionalidad de la norma planteada por el Defensor del Pueblo. El Decreto Legislativo de marras, transgrede varias disposiciones constitucionales, aunque por lo breve de esta columna nos limitaremos a algunas de ellas.

Primeramente, es violatorio de la propiedad, pues se la quita a imputados que ni siquiera han sido sentenciados condenatoriamente. El Estado puede sacar a remate los bienes materia de extinción de dominio -en buen romance: despojo” y el despojado sin su propiedad y teniendo que pasar la mar y morena para recuperar en algo el valor del bien que el Estado indebidamente le quitó.

Nuestra Constitución (artículo 70) determina que “El derecho de propiedad es inviolable”, empero el Decreto Legislativo 1373 lo viola. Dice también la Constitución que el Estado garantiza la propiedad. Ruego a Dios, que si el Estado es garante de la propiedad, mejor que no lo sea pues puede despojarme de ella.

El mismo artículo constitucional preceptúa que “… a nadie puede privársele de su propiedad sino exclusivamente por seguridad nacional o necesidad pública declarada por ley y, previo pago en efectivo de indemnización justipreciada que incluya compensación por el eventual perjuicio”. En los hechos no hay tema de seguridad nacional, como tampoco necesidad pública y menos aún pago compensatorio e indemnizatorio. Nada de nada, se llevaron la propiedad y a llorar al “Muro de los lamentos”.

Entre los derechos humanos que nuestra Constitución (artículo 2.16) y pactos internacionales sobre la materia de los que el Perú es signatario, se encuentra el derecho a la propiedad, pero que el Estado se zurra en ella con el Decreto Legislativo 1373 y su Reglamento.

Pero la cosa no acaba allí, se atenta contra el debido proceso y el derecho de defensa, que también están previstos en la Constitución, pues mientras el procurador público y el fiscal tienen todo el tiempo que quieran para actuar, el abogado del desposeído tiene límites, con lo cual una vez más se repite el refrán “lo ancho para ti y lo angosto para mí”. Peor aún la carga de la prueba de irresponsabilidad a cargo del imputado.

La presunción de inocencia es otro de los principios constitucionales y derechos humanos que son afectados por la Ley de Extinción de Dominio, pues siendo proceso autónomo puede terminar antes del proceso penal donde se determina la culpabilidad o no del imputado, que mientras ello no suceda se presume su inocencia. Existe la presunción, pero igual hacen tabla rasa de ella y vulneran la inviolabilidad de la propiedad.

Sin duda alguna es legítimo el interés del Estado de cautelar sus derechos, pero para ello no necesita despojar de propiedad, podría bastar inscripción o anotación preventiva en los registros de predios, de vehículos automotores, de concesiones del Estado, de naves y de aeronaves, la mayor parte dependientes de la Sunarp. Si se trata de acciones cotizadas en Bolsa ante la Superintendencia del Mercado de Valores y, si se trata de dinero depositado en bancos, con mandato judicial de retención. 

Como cereza en torta, los bienes incautados con pérdida de dominio, que pasan al poder del Estado hasta su disposición final, son pésimamente mantenidos cuando no destruidos. Casos y ejemplos, penosos por ciertos, a montones.

Concluyendo, puede ser muy atendible el derecho del Estado a que existan bienes con los que el imputado, en caso de sentencia condenatoria responda por sus hechos u omisiones, pero ello de modo alguno puede avalar la rechazada frase en el sentido que “el fin justifica los medios”.

Hace ya un buen tiempo se están perdiendo las buenas formas en la actividad política. Lo que por supuesto no fue de golpe, sino paulatinamente, es que con el correr de los años pudimos apreciar que los buenos gestos políticos se convirtieron en historia, que se estudian, se aplauden,  pero no necesariamente se replican.

Como ejemplo de lo dicho, recuerdo dos hechos que se convirtieron en emblemáticos.  El primero cuando en una ceremonia oficial, en tiempos que Juan Velasco Alvarado –ilegítimamente por cierto– ostentaba la Presidencia de la República, el entonces alcalde de Lima, defensor permanente de la democracia, le prendió el cigarrillo, gesto de buenas formas que fuese criticado injustamente en ese entonces, pero que demostraba siendo adversarios políticos, ello no debía ahuyentar las buenas formas de la cortesía.

Años después, en la Asamblea Constituyente que aprobó la Constitución de 1979, en que participaban Víctor Raúl Haya de La Torre y Luis Bedoya Reyes, el primero social demócrata y el segundo social cristiano, de partidos diferentes, al último de los nombrados se le ofreció presidir la Asamblea Constituyente, ofrecimiento que en número de votos de suyo lo convertía a Bedoya en el presidente de la Asamblea. Bedoya se negó aduciendo que la Asamblea debería ser presididas por Víctor Raúl Haya de La Torre por sus credenciales democráticas, larga vida de luchador social y permanente soldado de la paz en la búsqueda de un Perú mejor. Le hicieron caso y don Víctor Raúl presidió la Asamblea hasta su deceso.

Una pena, pero actitudes como las señaladas se fueron perdiendo e ingresaron al campo político el insulto, el denuesto, la falsa acusación, el vilipendio y podríamos incluso agregar el léxico grosero de algunos entrevistadores en medios de prensa y en comentaristas de nuestra realidad.

Felizmente en los últimos días hemos sido testigos de dos actos que nos devuelven la fe en las buenas formas que deben existir en la política, en que los actores no tienen que comportarse como enemigos sino solamente como adversarios. Nos estamos refiriendo a la actitud de Fernando Cillóniz, que cuestionado por ser director independiente de una empresa o más empresas contratantes con el Estado y vinculadas a Odebrecht, renunció a su partido, el PPC, del que era precandidato presidencial, así como también a sus aspiraciones políticas. Dio el adiós sin esperar que se lo soliciten, sin siquiera pestañear, en términos de un gran Señor que lejos de “tirar los trastos por la ventana”, se refirió a su hoy expartido en términos que nos dan la esperanza de que las buenas formas regresen a la tan alicaída acción política. 

El autor de esta nota ni acepta como tampoco rechaza las motivaciones del ingeniero Cillóniz respecto a la necesidad de ejecutar sin más demoras, las obras de irrigación en el norte del país, confiadas a la tan cuestionada empresa brasilera, porque son razones técnicas que no está en capacidad de evaluar, pero sí resaltar su decisión de dejar la casas que lo cobijó, para no generarle daño.  Esto último es lo que no tiene parangón y debe reconocérsele.

También hay que aplaudir la actitud de quien fuese su contendor en lo que serán las elecciones primarias del PPC, esto es Javier González-Olaechea quien, entrevistado en medios sobre la situación de su contrincante, se negó rotundamente a echar más leña al fuego y no quiso tampoco denostar a quien fue su adversario.  Respetos guardan respetos, ojalá lo entiendan quienes incursionan en la política sin guardar las formas.

PUNTO DE VISTA

Debido a las deficientes medidas de seguridad e incremento de la delincuencia, en muchos domicilios, tiendas, oficinas, instalaciones industriales y muchas otras, se colocan equipos de videovigilancia, con los que se puede registrar las imágenes de quienes cruzan los límites de sus propiedades, sean autorizados o no y, en estos últimos casos, obviamente para perpetrar algún delito.

Estamos viendo cómo muchos municipios se suman a la cruzada de protección e instalan los equipos de videovigilancia, pero además cuentan con edificaciones fijas o no, desde donde se monitorean las grabaciones de las imágenes, todo lo cual es absolutamente conveniente, y hasta podríamos decir, indispensable.

Adicionalmente, hay personas que cuando son testigos de asaltos, actos de vandalismo, saqueos, disturbios, destrozos a propiedad pública o privada, robos, violaciones domiciliarias y también violación de propiedad ajena, filman tales hechos con sus teléfonos móviles, también llamados celulares, los que pueden entregar a la Policía para sus indagaciones e investigaciones, así como para identificar a los perpetradores de delito.

Los delincuentes tratan de anular los efectos que pudieren tener las grabaciones, usando capuchas, lentes obscuros, así como también los cascos de protección que corrientemente utilizan ciclistas o motociclistas, con lo cual entorpecen las investigaciones para identificar a los delincuentes.

Ante la situación expuesta, nos preguntamos si es que no sería conveniente que se considere como agravante y con pena mayor, a quienes cometan delitos como los antes señalados, tratando de esconder su identidad con las capuchas, gorros, cascos o similares.

No tengo la calificación de penalista, aunque sí soy observador de lo que acontece, por lo cual me atrevo a recomendar a los expertos en la materia y a los próximos parlamentarios, que estudien el tema sugerido y propicien las modificaciones que requeriría para ello nuestro Código Penal.

Observemos un poco los recientes sucesos de Chile y Colombia, para no tener que fijarnos en otros países lejanos del orbe, donde se ha podido ver que la destrucción de estaciones de transporte, vehículos, propiedad pública y privada y también saqueos, en que gran parte de los antisociales que delinquían, actuaban escondiendo sus rostros para no ser identificados.

Acciones tan sincronizadas como las realizadas en terceros países, a los que nos hemos referido anteriormente, demuestran que sus servicios de inteligencia predictiva fallaron. Esto nos debe servir de acicate para hacer una revisión exhaustiva de nuestros servicios de inteligencia y de los mecanismos de intercambio de información entre ellos. Necesitamos buena inteligencia para evitar situaciones de fuerza, inconvenientes e innecesarias, antes que estar espiando a actores políticos que por lo general tienen el mismo interés del gobierno de encontrar la paz social, evitar y sancionar, de ser el caso, a la delincuencia y garantizándonos nuestra seguridad, tanto en lo personal como en la de nuestros bienes y los del Estado.

No esperemos para escarmentar, hacerlo en cabeza propia. Estamos a tiempo y advertidos.

La falta de credibilidad del Congreso es un peligro para nuestro sistema democrático.

En el Congreso de la República, lamentablemente hay que decirlo, salvo honrosas excepciones no la ven, no se dan cuenta de que al seguir cayendo en el descrédito ante la ciudadanía poco bien le hacen a nuestro sistema democrático. Hasta lo ponen en grave peligro, pues los antisociales se prenden de ello para denostar del Parlamento y de su utilidad, con lo cual dan más y más caldo de cultivo a quienes quieren tomar el poder para deshacer el sistema, usándolo en las próximas elecciones para llegar a él por la vía legal y después hacerlo añicos.

Tenemos por un lado la tolerancia y benevolencia ante los llamados “mochasueldos”, que quitan parte de las remuneraciones de sus colaboradores en beneficio propio. Por otro lado, y pese a no tener los parlamentarios iniciativa de gasto por mandato constitucional, se dan maña en las sesiones de la Comisión de Presupuesto para incluir sus pretensiones para sus pueblos, ante la debilidad de los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, que son incapaces de hacer respetar la Constitución. Y como consecuencia de ello, tenemos el Presupuesto General de la República desequilibrado, pues si bien en el papel se hace coincidir el total de ingresos con los egresos, ello no es real, es pura ficción.

Las normas populistas abundan, como son las de creación de universidades por doquier, la mayoría innecesarias, sin poblaciones con alumnos superiores suficientes y, sin posibilidad siquiera de conseguir profesores universitarios que den talla y ostenten los requisitos debidos. A ello se suma la falta de entereza del Poder Ejecutivo, que es incapaz de observar dichas normas populistas para no incordiarse con un Congreso donde carecen de bancada, por lo menos oficial.

Asuntos importantes son postergados y nadie sabe por cuánto tiempo, durmiendo en los anaqueles del Palacio Legislativo. Como ejemplo tenemos la ley para fiscalizar debidamente a las Organizaciones No Gubernamentales, muchas de ellas que nos meten “gato por liebre”, pero sigue estancada pendiente de una segunda votación.

Otro ejemplo, ya de escándalo, es la creación de una Comisión para que estudie el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que integran la Comisión y Corte del mismo nombre, haga su diagnóstico y propuestas de cambio a fin de llevarlas a la OEA para su discusión y aprobación. El Ejecutivo observó la norma; sin embargo, luego del dictamen de insistencia, sigue entre los pendientes, en que solo Dios sabe si lo pondrán a debate y votación o, en caso de hacerlo, cuándo ello sucederá.

Como si lo expuesto no fuese suficiente para llamar la atención, se quieren hacer edificaciones en un terreno nada menos que en el balneario y distrito de Santa María, a 56 kilómetros de la sede congresal. Para cualquier mortal con dos dedos de frente, el tema lleva a considerar que se trata más de una sede de playa que de otra cosa, pero cuando ya se hizo el tema viral en redes, se expresa que son para los archivos del parlamento, cuando bien la documentación podría ser digitalizada, algo que tiene costos modestos. La verdad que lo que deberían hacer ahorita es devolver el predio a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN).

Entiéndanlo de una vez por todas, la falta de credibilidad del Congreso y el irrespeto al mismo, es gravísimo para nuestro sistema democrático. Y como cereza en torta, un medio de comunicación dio cuenta que en solo un año la Fiscalía de la Nación denunció a 36 congresistas, o sea casi el treinta por ciento de sus miembros. ¡De espanto!

Para terminar, me pasaron una frase de Cantinflas, no sé si del propio Mario Moreno o de quien le preparaba los diálogos de sus películas. La frase dice: “Cinco años estudiando leyes para ver políticos sin estudios haciendo leyes”. Por lo menos asesórense bien.

El Congreso de la República acaba de conmemorar el vigésimo aniversario de los luctuosos sucesos ocurridos el primero de enero del año 2005 en Andahuaylas, en que fallecieron miembros de la Policía Nacional del Perú y algunos quedaron lesionados.

En efecto, a las cuatro y media de la mañana del mencionado día, una centena de integrantes del autodenominado Movimiento Etnocacerista Peruano, bajo la conducción del mayor (r) Antauro Humala Tasso, capturaron el local de la División Policial de Andahuaylas, tomaron doce rehenes apoderándose de más de setenta fusiles, varios lanzagranadas, cincuenta mil cartuchos y granadas de mano, sembrando el pánico en la mencionada ciudad, además como se ha dicho, de terminar con la vida de valientes miembros de nuestra institución policial.

Recordemos que Antauro Humala es quien prometió tiempo después, fusilar a su hermano de padre y madre Ollanta Humala Tasso, quien años después fue presidente de la República, cargo que también pretende el primero de los nombrados, pero el partido político que lleva como siglas su nombre de pila, su inscripción como organización política fue cuestionada, lo que ha sido confirmado por el Poder Judicial.

Ha hecho muy bien el Congreso de la República en rendir homenaje a quienes, siendo miembros de las fuerzas del orden, fueron abatidos por los insurgentes al mando de Antauro Humala, que sufrió condena privativa de libertad por dichos lamentables hechos de sangre.

Debemos destacar la iniciativa del parlamentario Fernando Rospigliosi y del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, en rendir homenaje a los héroes policiales caídos en el Andahuaylazo, que cuando sucedieron los hechos el ministro de Defensa era el hoy congresista general Roberto Chiabra León, habiendo sido parte del planeamiento de recuperación de Andahuaylas el hoy también congresista general José Williams Zapata y, presidente del Consejo de Ministros el expresidente del Congreso Carlos Ferrero Costa.

Debemos recordar que el Congreso de la República, durante los deplorables hechos narrados, no estuvo ausente y que pese a que se trataba de un día no laborable, como es el primer día del año, también conocido como “Año Nuevo”, contó con la presencia de muchos congresistas e incluso el presidente del Congreso de aquel entonces, que es quien escribe esta nota, desde tempranas horas regresó a la ciudad de Lima para cooperar en todo lo que fuese necesario, como lo reconoció el premier Carlos Ferrero en su presentación al Congreso el 10 de enero del 2005 en que según el “Diario de Debates” expresó: “… quiero recordar al Pleno que apenas fuimos avisados como gobierno de estos hechos, a las dos horas, es decir a las diez de la mañana, ya estábamos reunidos.

A la una de la tarde recibimos al presidente del Congreso, lo cual no fue informado por los medios, dicho sea de paso el Congreso fue la primera institución del país que de manera casi unánime, con la ausencia de un solo partido político, declaró su profundo rechazo a este movimiento, el mismo día que realizaron los episodios. Eso habla muy bien del Congreso, de su perspicacia para darse cuenta de la grave naturaleza de los hechos y para salir al frente y transmitir a la ciudadanía el método y la conducción que debía seguirse…”.

Cosa poco conocida es que el general (r) Luis Arias Graziani, cooperó con la presidencia del Congreso, en el asesoramiento en temática de la defensa del orden, lo que también es bueno destacar, como asimismo la renuncia al cargo de Ministro del Interior que hiciese Javier Reátegui el mismo día en que también se presentó al Congreso, épocas en que todavía existía honor y responsabilidad política, así como rubor en la cara. Es bueno que se recuerde. Contrastó ese primero de enero, la demora de quien ejercía la Presidencia de la República, de regresar a Lima desde Punta Sal. 

En el Congreso de la República se aprobó una ley por la que se restituye a plenitud la detención preliminar judicial regulada en el artículo 261 del Código Procesal Penal. La presidenta de la República, el 13 de enero, observó lo aprobado por el Parlamento, por lo que el Congreso tiene que pronunciarse, aceptando la observación del Ejecutivo o insistiendo en su contenido, previo dictamen de la comisión congresal informante.

Pues bien, se armó la batahola. Unos acusan al Ejecutivo de haberse demorado en la observación, pese a que lo hizo dentro del plazo, así fuese el último día. Otros exigen al Congreso que se resuelva el tema de una vez, aunque se encuentra en receso, lo que no impide que se convoque a legislatura extraordinaria. En adición, el ciudadano común y corriente no entiende el desaguisado.

Para aclarar el tema es bueno recordar lo que dice la Constitución. Y ella señala (artículo 2 inciso 24) que toda persona tiene derecho a su libertad. Agregando que “no se permite forma alguna de restricción de libertad personal, salvo en los casos previstos por la ley”. También determina que “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades judiciales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente dentro del plazo máximo de 48 horas…” Los plazos aludidos “no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales”, casos en que la Policía puede detener preventivamente a los implicados por no más de 15 días.

La ley cuestionada es sobre la “detención preliminar”, pero también existe la “detención preventiva”, la primera normada en el artículo 261 del Código Procesal Penal y la segunda en el artículo 268 del mismo, motivo por lo cual es conveniente dar algunos conceptos generales sobre ellas para que se entiendan las diferencias.

La detención preliminar la dicta el juez de investigación preparatoria en caso que el sorprendido en flagrante delito evita su detención y cuando el detenido se fuga de un centro de detención preliminar. Había también diversidad de otros casos, pero fueron derogados por la Ley 32181. El plazo de tal detención es de 72 horas, pero puede ampliarse a 7 días y en delitos perpetrados por organizaciones criminales o sumamente graves se puede ampliar a 10 o a 15 días respectivamente.

Respecto a la detención preparatoria, la dicta el juez a solicitud del Ministerio Público cuando existan elementos de convicción para vincular al imputado con el delito y, la sanción pudiera ser superior a cinco años de pena privativa de libertad o cuando se considere que el imputado trate de eludir la acción de la justicia o su obstaculización, siendo su plazo de 9, 18 o 36 meses, esto es hasta tres años.

La ley que aprobó el Congreso y que el Poder Ejecutivo observó, era para restituir los casos de la detención preliminar que habían sido excluidos de ella por la Ley 32181.

La lógica y la buena práctica parlamentaria aconsejan que la observación del Gobierno Central se vea prolijamente, solicitándose la opinión de versados juristas en Derecho Penal, así como de abogados penalistas en ejercicio, así como también escuchándose al Ministerio Público y al Poder Judicial. Es un tema sumamente grave para verlo con apresuramiento.

Lo que también debería ver el Congreso en su momento es todo lo relacionado con los plazos de la detención preparatoria, pues ellos son muy extensos y dan la impresión de sanción anticipada y si el imputado resulta inocente, no hay forma de reparar los meses o años que estuvo indebidamente privado de la libertad, que si bien la libertad no es derecho absoluto, constituye uno de los más importantes derechos humanos reconocido por nuestra Constitución y los tratados sobre la materia de los que el Perú es signatario. Pero también se colisiona con la “presunción de inocencia”, lo contrario a culpabilidad.

Además, las investigaciones de la Fiscalía no deberían durar años y años, como tampoco los procesamientos ante el Poder Judicial. Los justiciables, sus abogados y la ciudadanía en general, tiene la sensación que nuestra justicia está de cabeza.

El Congreso de la República eligió en el mes de julio pasado a su actual Mesa Directiva, la que está presidida por el congresista Eduardo Salhuana Cavides, y tiene a la congresista Patricia Juárez como primera vicepresidenta, al congresista Waldemar Cerrón como segundo vicepresidente y al congresista Alejandro Cavero como tercer vicepresidente. La votación con la que fue elegida fue de 95 votos, siendo 130 los congresistas, habiendo superado ampliamente el mínimo requerido para tales cargos.

El actual presidente del Congreso es uno de los pocos congresistas que ya fue parlamentario con anterioridad, teniendo vasta experiencia no solamente en el Poder Legislativo, sino también en el Poder Ejecutivo, puesto que años atrás fue ministro de Estado nada menos que en la cartera de Justicia.

Bueno pues, (aunque deberíamos decir “malo”), hay congresistas que quieren que el Parlamento censure a su presidente Eduardo Salhuana, con la finalidad de que se vea obligado a dejar la Presidencia del Congreso de la República.

¿Cuáles son las motivaciones para la censura? (Aunque deberíamos decir, en lugar de motivaciones, los “pretextos”). Ellos son que existiendo una grave acusación de que en el Congreso hay una red de prostitución, el presidente del Legislativo no ha hecho nada para enfrentar el problema, así como que en esta situación ha ido de viaje a la República Popular China, invitado por sus autoridades.

Consideramos que las supuestas motivaciones no tienen asidero alguno, por muchas razones. La primera porque en el Congreso, a falta de uno hay tres vicepresidentes que, en caso de impedimento del titular –como enfermedad, viajes o cualquier otra situación de envergadura–, lo reemplazarán por su orden (artículo 32 del Reglamento), máxime que los tres son parlamentarios de fuste que están actuando con corrección y eficiencia. Podemos discrepar con cualquiera de ellos, evidentemente que sí, pero los tres tienen capacidad para ejercer temporalmente la Presidencia del Parlamento.

La segunda razón, porque el presidente Salhuana antes de partir de viaje hizo lo debido, como es nombrar una Comisión que investigue la grave imputación a que antes nos referimos, pese a que ello es de obligación del Ministerio Público como de la Contraloría General de la República, que metieron diente en el asunto. Y esperamos que sus indagaciones no demoren,  pues acusaciones como las que se han hecho por su generalización y falta de identificación, ponen en duda la honorabilidad de muchísimas damas de conducta irreprochable que actúan en el Parlamento, ya sea como congresistas, asesoras o personal administrativo..

La tercera razón es porque una invitación de visita oficial a otro país se hace con debida anticipación, de ser el caso se acepta con celeridad y se determina la agenda de la visita. Tratándose del presidente del Congreso y de China, es relevante la visita, pues tiene suma importancia lo que se ha denominado “diplomacia parlamentaria” y China se ha convertido en uno de los más importantes países inversores en el nuestro, como es el caso del Puerto de Chancay.

Una visita de Estado, pues se trata del presidente del Poder Legislativo, no es poca cosa y no se puede dejar de lado sino por causas muy importantes, como puede ser enfermedad del visitante, disturbios sociales, guerra interna o externa, catástrofes naturales y causas similares. Nada de ello sucedió como para que el presidente Salhuana dejase plantado a sus anfitriones. Más aún, en lo que se pudo, Salhuana redujo los días de su estadía en China y regresó rápidamente.  

Insistimos, no hay causa para una censura. Y por otro lado todas las bancadas deberían hacer su mea culpa, pues se han dividido la administración del Congreso como si fueren diversos feudos, en que han ido reemplazando al personal estable por nuevos funcionarios, y lo penoso que no siempre tienen las calificaciones deseadas, habiéndose hecho seda y pabilo de la meritocracia y reglas de la empleocracia pública.

Si el Parlamento quiere recuperar algo del respeto de la ciudadanía, no lo va a lograr censurando al presidente Salhuana, sino cambiando de actitud, dejando de lado proyectos legislativos populistas, siendo ponderados en el gasto y comportándose adecuadamente, cual lo dispone su Reglamento que tiene fuerza de ley.

El Fondo Editorial del Congreso, que en la práctica cubre las falencias del Ministerio de Cultura en su tarea de difusor de la cultura, ha promovido y editado una obra colectiva en celebración de los 30 años de la Constitución de 1993, la cual contiene ensayos de varios de los constituyentes de aquella época y también de algunos versados constitucionalistas.

Como podemos observar, se difunde el contenido de dicha Ley de Leyes y se la llena de elogios. Un poco más y se le echa incienso y mirra, además de calificársele como obra fujimorista. Cierto es que es una buena Constitución, con virtudes y defectos como toda obra humana, pero es pertinente la oportunidad para hacer algunas precisiones respecto a sus orígenes como también a su proyección al futuro.

Tras el famoso golpe de Estado de Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992, los diputados y senadores que nos encontrábamos en la reunión de la Unión Interparlamentaria (también llamada usualmente el Parlamento Mundial) en Camerún, logramos la aprobación de una Declaración de dicha Entidad, condenando el golpe de Estado, pese a la oposición de la delegación del Japón.  Huelga cualquier explicación.

De Camerún, algunos ya exparlamentarios peruanos pasamos a París para gestionar apoyo de su Asamblea Nacional. En el aeropuerto nos recibió el embajador Hugo Palma al igual que en nuestro paso para Yaundé, sin hacer diferencias sobre si seguíamos siendo congresistas o no, actitud que siempre recordaré como modelo de comportamiento diplomático.

De Francia pasamos a Miami a fin de encontrarnos con Máximo San Román, quien había estado en isla caribeña en la Asamblea del BID. La idea era ir con él a Washington para gestionar el apoyo de la OEA ante el golpe de Estado. Fuimos a la OEA en una visita infructuosa en aquel momento, aunque encontramos a diversos embajadores peruanos acreditados en Estados Unidos, Canadá, ONU, OEA y algunos otros que teniendo rango de embajador eran cónsules generales del Perú en algunas importantes ciudades de esos países.

A diferencia de Hugo Palma, uno de aquellos embajadores pidió comprensión pues su labor era “profesional”. Mi respuesta fue: “No te preocupes fulanito, las meretrices también lo son”, aunque con término más duro.

El oficialismo de aquel entonces trató de justificar el golpe de Estado, acusando al Parlamento cesado de ser corrupto, cuando el único dinero que manejaba era el presupuesto del Congreso. También se le acusó de haber sido poco colaborador con el Poder Ejecutivo, pese a que se eligió para el primer año de función parlamentaria a dos congresistas de la bancada oficial, esto es Máximo San Román como presidente del Senado y a Víctor Paredes Guerra como presidente de la Cámara de Diputados. Además, se le otorgó al Ejecutivo facultades delegadas para muchísimos objetivos, incluso para emitir disposiciones legales para luchar contra el terrorismo y sancionar infinidad de códigos, solo faltando en plan de broma “el código de barras”. También se aprobó el presupuesto presentado por el Gobierno Central y se dieron las autorizaciones de viaje tramitadas por el presidente Fujimori.

La oposición de aquella época quedó huérfana de simpatía popular que vivaba a Fujimori, por lo que su tarea fue insistir en buscar apoyo externo para encontrar salida razonable a la crisis.  Para ver el caso peruano se convocó a la Asamblea de la OEA en Nassau, la que tuvo lugar el 18 de mayo de 1992 a la que concurrió el propio Fujimori con algunos de sus ministros y por la oposición, quien escribe estas notas acompañado de Pedro Cateriano Bellido, también desaforado del Parlamento.  Ambos tuvimos que hacer esfuerzo tras esfuerzo para presentarnos en la Asamblea y, dada la generosidad del diputado chileno Carlos Dupre, logramos ingresar con sus credenciales.

En los entretelones de dicha Asamblea de la OEA tuvieron destacada actuación en búsqueda de alguna salida conveniente para todos, el  entonces Secretario General de la Organización, embajador Joao Baena Soares, así como quien fuera canciller uruguayo Héctor Gross Spiel, al igual que los ministros peruanos Carlos Boloña y Alberto Varillas. 

En contraste con las buenas actitudes para lograr consensos fue la actuación del canciller peruano Augusto Blacker Miller quien, sin tener los más elementales conocimientos diplomáticos, mal aconsejó a Fujimori, pues sin entender que los cancilleres de los otros países eran políticos y no diplomáticos denostó contra los políticos en general y, peor aún, su intervención en la Asamblea fue anterior a la de la oposición peruana que le replicó con hechos y consideraciones sustanciales.

La exposición de la oposición peruana, solo fue transmitida por Denis Vargas Marín de una radio nacional, lo que decía mucho de su calidad periodística en contraste con los demás medios, quienes acompañaron a Alberto Fujimori en el avión presidencial en su viaje a Nassau.

En Nassau se convino en que se convoque a una Asamblea Constituyente que apruebe una nueva Constitución para el Perú, ello por cierto innecesario, pero se trataba de una transacción política atendiendo a la adversa aceptación de la oposición política nacional.

Convocada que fue la Asamblea Constituyente con el nombre de Congreso Constituyente Democrático (CCD), Parlamento de ochenta miembros con el encargo de dictar una nueva Constitución, pese a que la de 1979 fue muy respetable, así como aprobar la legislación regular.

Algunas agrupaciones políticas aceptaron la convocatoria al CCD y participaron en las elecciones, mientras otros grupos políticos se abstuvieron de participar.  Quienes participaron querían recobrar presencia política, lo que era válido y racional, pero además evitar que la nueva carta fundamental tuviese normas inconvenientes.

En el debate de lo que es la Constitución de 1993, tuvieron destacadísima actitud el presidente de la Comisión Principal, esto es Carlos Torres y Torres Lara, así como el presidente del CCD Jaime Yoshiyama, quienes en todo momento buscaron consensos mediante diálogo y debates alturados.  La mayoría del articulado constitucional recibió voto favorable de gran parte de las bancadas representadas en el CCD, además de aportes sustantivos de todas ellas, por lo que es erróneo calificar a la Constitución de 1993 como Constitución fujimorista, los opositores a Fujimori no estábamos pintados en la pared. La actitud de la bancada fujimorista en los debates de la legislación regular, lamentablemente contrastó de la óptima alcanzada en el debate constitucional.

La Constitución de 1993, pese a la infinidad de enmiendas que ha tenido en el correr de algo más de tres décadas, sigue siendo una excelente Constitución y no hay motivo alguno para sustituirla por otra, siendo claro que solo puede ser modificada total o parcialmente con el procedimiento que señala el artículo 206 de ella, esto es votación calificada en dos legislaturas ordinarias sucesivas o votación mayoritaria en una sola legislatura ordinaria seguida de referéndum confirmatorio.

Debemos reconocer que, gracias al capítulo económico de la actual Constitución, el Perú creció en desarrollo e inversiones generadoras de puestos de trabajo, insistiendo en que tal capítulo debe mantenerse inexorablemente sin variaciones.  Si ha dado resultado, evidentemente no hay motivo para variarlo.

Por último, es destacable la actitud del actual Congreso, que pese a todos sus defectos ha logrado regresar a la bicameralidad, lo que se hará efectivo en el próximo proceso electoral del 2026. Entre la rapidez del trámite legislativo en el unicameralismo, frente a la seguridad jurídica del bicameralismo, optar por esto último es más que satisfactorio. Bien por ello.

Sabemos que como en todo grupo social, tratándose de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pues hay buenas, regulares y malas. Tales organizaciones se constituyen en el Perú bajo la modalidad de asociaciones sin fines de lucro y, por lo tanto, no están afectos al Impuesto a la Renta. También hay sucursales en el Perú de oenegés constituidas en el exterior, con el mismo efecto tributario antes mencionado.

Con la finalidad de supervisar y fiscalizar las operaciones de las Organizaciones No Gubernamentales que operan en el Perú, utilizando fondos de la cooperación internacional, en nuestro país se dictaron diversas disposiciones legales como, por ejemplo, el Decreto Legislativo N° 719 que aprobó la Ley de Cooperación Técnica Internacional, la Ley N° 27692 que es la Ley de creación de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), la Ley N° 28875 que es la Ley que crea el Sistema Nacional Descentralizado de Cooperación Internacional No Reembolsable y, la Ley N° 28925 que hace modificaciones a la Ley N° 27692.

Con las modificaciones introducidas por la Ley N° 28925 a la Ley de creación de la APCI N° 27692, se le otorga a APCI los “dientes” que le faltaban para que cumpliese con el objetivo de registrar las entidades de cooperación internacional que ayudaban en el país, a la vez que fiscalizar la procedencia de sus recursos. Como la Ley N° 27692 no contenía la facultad para APCI de fiscalizar si los recursos que venían del exterior eran realmente utilizados para los fines declarados oficialmente, se dictó la Ley N° 28925 que corregía deficiencias de la primera de las nombradas. Con esa Ley, APCI podría fiscalizar la procedencia de los recursos de la cooperación internacional, el objeto oficial para la utilización de esos recursos y por último si realmente se empleaban con arreglo a lo programado.

Complementar la tarea de APCI era absolutamente necesario puesto que de nada serviría conocer la procedencia de los recursos externos que utilizaban las oenegés afincadas en el Perú, como tampoco el objetivo teórico para el empleo de los recursos, si es que no se fiscalizaba si esto último realmente sucedía.

El conocimiento del empleo de los recursos de la cooperación internacional es absolutamente pertinente, pues si los recursos externos se emplean en financiar actividades ilegales, facilitación de actividades reñidas con las metas que tiene el Perú, o también para desestabilizarnos, ello tiene que ser fiscalizado pues de lo contrario hacemos penosamente el papel de tontos.

Pese a la claridad de lo señalado en el párrafo anterior, por sentencia del Tribunal Constitucional del 29 de agosto de 2007, en acción de inconstitucionalidad (expedientes acumulados 0009-2007-PI/TC y 0010-2007-PI/TC) se declararon inconstitucionales algunas de las disposiciones contenidas en la Ley N° 28925, quedando APCI “renga”, con menos facultades y sin poder fiscalizar el real empleo de los fondos de la cooperación internacional. Evidentemente no concordamos con la decisión del Tribunal Constitucional.

En el Congreso de la República se han presentado iniciativas legislativas para hacer modificaciones a las normas antes aludidas, con el objetivo de que APCI pueda hacer su tarea completa, como es registrar los recursos provenientes del exterior de la cooperación internacional, el empleo para el que provienen los recursos y lo sustantivo, si los recursos se emplean real y efectivamente para el destino previsto.

Si se hacen las modificaciones legislativas a las que nos hemos referido, APCI recuperará los “dientes” que le quitó el Tribunal Constitucional y, así podrá evitarse que los recursos del exterior originados en la cooperación internacional se destinen a finalidades diferentes de las declaradas que incluso pueden ser negativas para nuestra patria.

Más aún, en lugar de protestar las embajadas de los Estados Unidos y del Canadá por la proposición legislativa que está en debate, la deberían apoyar pues con la fiscalización integral de APCI, podrán saber si es que algunas oenegés originarias en esos países, no han sido engañadas por quienes reciben en el Perú las donaciones, dándoles un destino diferente del que anunciaron en los países de procedencia.

Señala antiguo dicho que “quien no la debe no la teme”, con lo cual, si hay tanta oposición a tales cambios legislativos por algunas oenegés, ello seguramente es porque los temen y si los temen es porque la “deben”, o sea que ya sabemos porque intentan huir de la fiscalización. Hay “gato encerrado”.

A veces pienso que somos un país de opereta, en el que las cosas adjetivas tienen más importancia que las sustantivas. Y en el que las malas noticias cubren todos los noticieros radiales y televisivos y consumen el mayor número de páginas en los medios escritos.

Pero no solo ello, los temas baladí parecería que fuesen más significativos que el aumento del crimen organizado, la necesidad de mayor presencia policial, o lo que debe hacerse para tratar de cubrir el presupuesto público del 2025, con esfuerzos para una mayor recaudación. O la necesidad de que el novísimo puerto de Chancay tenga mejores accesos carreteros.

Pues no, señor, es más importante la ñata presidencial; o sea, la nariz de la señora presidenta de la República. Unos y otros, tanto fuera como dentro del Parlamento, al igual que en las cabinas de transmisión de radios y televisoras, hablan, critican y se pelean por la controversial y ya famosa ñata a nivel mundial.

Le achacan a la señora presidenta que le hicieron una operación quirúrgica en su presidencial nariz a finales de junio del 2023. Unos insistiendo en que fue una operación necesaria para facilitar la respiración, aunque otros dispuestos a jurar por los Santos Evangelios que la cirugía fue plástica, pues la primerísima dama quería verse mejor, a lo que evidentemente tiene todo el derecho.

Más allá del chisme, algunos ociosos y ociosas que parecerían no tener otras cosas que hacer, vienen acusando a la señora presidenta, de haber abandonado las funciones y obligaciones de su altísimo cargo el día de la operación quirúrgica y los días posteriores de rehabilitación y convalecencia. Le achacan también no haber pedido permiso al Congreso y que ello es una falta gravísima. En el Congreso reúnen firmas para presentar una moción de vacancia presidencial y en el Ministerio Público, la Fiscal de la Nación ordena investigar dicha gravísima situación, como si es que no hubiera realmente casos importantes que merezcan su atención.

Si solo hubiesen revisado la gaceta de normas legales del diario oficial El Peruano, hubieran advertido que la señora presidenta estuvo activa el 29 de junio del 2023, tanto es así que promulgó y publicó las leyes números 31808, 31809 y 31810. El 30 de junio fue el D.S. 144-2023-EF. El 05 de julio las leyes 31814 y 31815 más dos decretos supremos y 10 resoluciones supremas. El 06 de julio la ley 31816 y tres decretos supremos. El 07 de julio las leyes 31818, 31819, 31820 y 32821 más un decreto supremo. El 08 de julio dos decretos supremos y tres resoluciones supremas y, otra más de estas últimas el 09 de julio del mismo año.

Con el criterio de los denunciantes, bien podrían también denunciar que la señora presidenta duerme todas las noches, pues hay más horas de sueño de las que pudo estar anestesiada por su operación.

Olvidan también los denunciantes que quienes ejercen la presidencia de la República y sus ministros, en la práctica no tienen ni domingos ni feriados para disfrutar y, que eso de las 48 horas semanales como máximo de labores, es para los demás pues ellos por lo general laboran muchísimo más que tal límite legal. El mes de vacaciones anuales tampoco existe para la presidenta y sus ministros, pese a que los derechos laborales son irrenunciables.

En síntesis, mucho ruido y pocas nueces, pero mucho ánimo de complicar las cosas y crear una tempestad en un vaso de agua. Como corolario si podríamos decir que, a las famosas narices Hedy Lamarr, Claudia Schiffer, la princesa Kate Middleton y de algunos reconocidos boxeadores y automovilistas, hoy tenemos a una peruana en el grupo, como es Dina Boluarte, que tuvo todo el derecho de haberse hecho una rinoplastia, sea por necesidad de salud, sea por simple deseo de verse mejor.