A raíz de la apreciación del sol o depreciación del dólar, como se quiera ver, han surgido múltiples y diversos comentarios de todo tipo, desde los supuestamente más técnicos hasta los más simples, pues como en el país cualquiera, sea un ciudadano de a pie o una empresa u organismo, puede realizar operaciones de compra y venta en diversas escalas, desde cantidades muy pequeñas hasta montos altos, a través de entidades financieras e incluso en la vía pública con los llamados “cambistas”, todos creen conocer las razones por las cuales sube o baja la divisa, todos opinan a favor o en contra, todos son expertos en política cambiaria.

Empero, el tema es mucho más complejo, al punto que es uno de los aspectos más complicados de la política económica, más concretamente de la política cambiaria, que tiene según su evolución diversos impactos positivos y negativos en la economía, relacionados tanto a factores de carácter nacional como internacional. Una explicación detallada puede encontrarse en mi libro “Agenda Económica para el Cambio, crecer con menos pobreza e inequidad” (2008).

Empecemos aclarando conceptos, dado que existe mucha confusión. Lo primero que hay que precisar es que la variable relevante en política económica en general y cambiaria en particular es el tipo de cambio real (TCR) y no el nominal (TCN) que es al que todos se refieren cuando hablan del tema. El TCN se define como las unidades de la moneda doméstica, en nuestro caso el sol (S/), que se requiere por unidad de la divisa externa, en este caso el dólar ($). El TCR es la relación entre el TCN (numerador) y un índice de precios de bienes y servicios no transables (denominador), tales como pueden ser la mano de obra, salud, educación, la energía y el transporte, entre otros, llamados así porque no pueden ser transportados o exportados a otros países por su naturaleza física o por los altos costos de transacción involucrados.

La complejidad del tema no se limita a lo señalado, pues además hay que distinguir entre TCR de corto y de largo plazo. El primero determinado en gran medida por la política fiscal y monetaria, cuán expansiva o contractiva son; mientras el segundo, que es el más relevante, depende en lo sustantivo de tres factores: el flujo de capitales, la apertura de la economía (aranceles) y los términos de intercambio (precios de las exportaciones en relación a los de las importaciones). 

Dicho esto, y sin desconocer la relevancia de la inflación y, por tanto, el efecto del tipo de cambio sobre el precio de los bienes importados, es de suma trascendencia tener presente que uno de los objetivos centrales de nuestra política económica es elevar la competitividad de la producción nacional, tanto en el mercado interno como en el internacional, por lo que corresponde propender a subir o al menos mantener estable el TCR, para lo cual debemos precisar cómo actuar tanto sobre el numerador (el TNC) como el denominador (el índice de precios aludido).

Respecto del numerador, sabemos que el precio del $ responde al libre juego de la oferta y la demanda; baja si la primera es mayor que la segunda y sube si se produce lo contrario. En el caso peruano la oferta está compuesta en lo fundamental por los dólares provenientes de las exportaciones (que están batiendo récord) y de la inversión extranjera directa, más las remesas de los peruanos residentes en el exterior, a los que se suman los dólares especulativos, los llamados “golondrinos”, atraídos por la rentabilidad que ofrece nuestra economía en determinados mercados y, por cierto, los que provienen de las diversas actividades ilegales, que se han incrementado de manera significativa, me refiero en particular a la minería ilegal y el narcotráfico, que inyectan montos absurdamente altos de dólares a la economía nacional. 

Por su parte la demanda en gran medida responde a las divisas que se requiere para importar todo tipo de bienes, tanto los referidos a los de consumo como los de insumos, bienes intermedios y de capital asociados a la actividad productiva e inversiones, que han caído de manera importante. A ello se suma las divisas necesarias para atender los pagos por concepto de la deuda pública y privada, las remesas para residentes en el exterior, como los estudiantes, y las que requieren los que viajan por diversos motivos.

Actualmente en el país la oferta excede por mucho a la demanda y se produce por tanto una caída en el valor del dólar, una depreciación, lo que determina que baje el numerador del TCR, es decir el TCN. Esta situación lleva varios meses en evolución y explica la tendencia al alza, la apreciación del sol, a niveles de hace por lo menos cinco años atrás. Contribuye además la compleja coyuntura política y económica interna y la posición a nivel internacional de USA, que debilita su moneda. Por otro lado, se registran alzas, aunque menores, en el precio de algunos bienes y servicios no transables, lo que determina una subida del índice de precios correspondiente, es decir, del denominador del TCR. En consecuencia la combinación de la bajada del numerador y la subida del denominador del TCR determinan su caída, restando competitividad tanto a las exportaciones como a la producción para el mercado interno.

Frente a este escenario y de considerar que puede continuar, al margen de la situación política nacional, corresponde examinar qué acciones tomar para al menos contener o, mejor aún, revertir la caída del TCR, dado que es una de las variables económicas más importantes para fomentar las exportaciones, tanto para ampliar la cartera de las mismas como para incrementar su producción. El Perú debe propender en el mediano-largo plazo a un TCR más alto. En ese contexto corresponde analizar qué medidas realizar para atenuar la caída del TCN (numerador) y cuáles para reducir los costos reales de la actividad productiva nacional (denominador). 

Estamos aproximadamente a dieciocho meses para conocer al nuevo Ejecutivo y Legislativo que tomarán las riendas del país. Y en ese contexto se torna fundamental conocer el programa de gobierno y, en especial el programa económico, de aquellos que buscarán participar en las elecciones generales y acceder como nuevas autoridades. Esto es particularmente relevante cuando acabamos de culminar una década, la del 2014-2024, que he calificado como “década perdida”, pues sólo se alcanzó una tasa promedio anual de crecimiento económico de alrededor del 2.5% y un crecimiento potencial en el entorno del 3%, totalmente insuficientes para enfrentar y resolver los agudos problemas del país, tales como la informalidad, la pobreza e inequidad.

Esto se torna crítico e inaceptable cuando bien se pudo mantener el ritmo que se registró en la primera década de este siglo, con una tasa de crecimiento promedio anual y una potencial en el entorno ambas del 6%, que permitió como todos conocemos reducir de manera sustancial la pobreza; aunque no tanto la informalidad e inequidad, por las razones que hemos explicado en múltiples oportunidades y que más adelante precisaremos.

En ese contexto consideramos esencial poner a consideración, a través de este portal, lo central de un programa económico no sólo para el quinquenio 2026-2031, sino para que tenga vigencia permanente, como política de estado, que garantice alcanzar los objetivos supremos que se buscan, como crecer con reducciones marcadas de los tres problemas antes señalados y lograr un mejor y mayor bienestar para toda la población. Este programa, que llamaremos “programa económico para el bienestar”, busca consolidar el aplicado al inicio de los años noventa y enmarcarse como corresponde en lo establecido en la Constitución de 1993, es decir, coherente con el sistema político y económico que señala la Carta Magna, que son la democracia y la economía social de mercado, respectivamente. 

Para simplificar y resumir su presentación en este artículo, adelantamos que el objetivo central del mismo es buscar el aumento permanente de la productividad, más específicamente el de la productividad total de factores (PTF), definida como la contribución que hacen a la producción todos los elementos que intervienen directa e indirectamente en el proceso; en términos más empresariales, es lograr la reducción de los costos reales. Ello es así por cuanto, como afirman famosos economistas a nivel mundial y lo confirma la historia económica, se puede señalar que en el mediano-largo plazo probablemente nada es más relevante para el bienestar económico de los países como la tasa de crecimiento de la PTF, dado que hace viable crecer a tasa alta de manera sostenida.

Para tener éxito en este propósito se necesita actuar simultáneamente sobre cuatro elementos vitales, todos necesarios y, en conjunto pero no individualmente, suficientes: las instituciones, los fundamentos macroeconómicos, las reformas estructurales y la inversión. De realizarlo como corresponde, asegurará alcanzar más temprano que tarde crecimiento potencial y real a tasa elevada de manera sostenida, concretamente en el caso del Perú entre 6-7% promedio anual, pero logrando reducir progresivamente la informalidad, la pobreza y la inequidad; en este último caso tanto la inequidad en la distribución de los ingresos como, la más importante, en la distribución de oportunidades. 

En las circunstancias actuales del país toma particular relevancia el elemento concerniente a las instituciones; es decir, aquel que comprende las leyes no escritas que regulan la convivencia de las personas y organismos que integran una sociedad regida por el sistema democrático y la economía social de mercado. Más específicamente, estamos hablando en lo sustantivo del imperio de la ley o el estado de derecho, la estabilidad jurídica, los derechos de propiedad y de autor, la libertad de los agentes económicos de actuar e interactuar en el marco de las normas jurídicas y éticas, así como de la universalidad, transparencia y oportunidad de la información. El desconocimiento o inaplicación de ellas por parte de las personas y, peor aún, de los organismos encargados de cumplirlas y hacerlas cumplir, complica y pone en riesgo el sistema político y económico antes mencionados y genera por tanto incertidumbre, inseguridad y desconfianza en los distintos agentes económicos nacionales e internacionales.

Es lamentable conocer cómo las instituciones son violentadas de diversas maneras sin sanción o corrección alguna. Basta mencionar algunas como el desconocimiento unilateral de los contratos, la toma de carreteras con perjuicio directo a personas y empresas, el atentado contra la propiedad pública y privada, a lo que se suma con tendencia a seguir creciendo actividades tan nocivas como la minería ilegal, el narcotráfico, la tala indiscriminada de árboles, la trata de mujeres y niños, el contrabando y el sicariato, la extorsión y la delincuencia en general. 

Es indispensable revertir esta situación que debilita y pone en riesgo la democracia y la economía social de mercado. Para ello se requieren poderes del estado, concretamente el ejecutivo, legislativo y judicial, que cabalmente cumplan con convicción y decisión lo que manda la Constitución y las leyes, para ello las personas que lo integran fueron elegidas y nombradas, es su obligación hacerlo. Empero, al margen de ello se torna imperativo una reforma integral del estado, tanto del ejecutivo en sus tres niveles –nacional, regional y local- el poder judicial incluyendo la fiscalía, como el propio legislativo.

Decía el politólogo norteamericano Francis Fukuyama, que es bueno que el Perú aspire ser un país del primer mundo, pero que nunca lo será con un estado del tercer mundo. En artículos anteriores hemos descrito con cierto detalle cómo debe ser esta reforma, en particular la del poder ejecutivo, la cual es impostergable; el problema es quién o quiénes hacen las reformas, por ejemplo, de la fiscalía. ¿Quién le pone el cascabel al gato?

El segundo elemento, el de los fundamentos macroeconómicos, se refiere esencialmente al diseño y manejo de la política monetaria, cambiaria, fiscal y tributaria, las dos primeras a cargo del Banco Central de Reserva (BCR) y las dos últimas por cuenta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en lo posible bien sintonizadas y coordinadas. En la medida que el BCR mantenga su autonomía y un alto nivel profesional podrá ubicar y mantener la inflación dentro del rango meta, con lo que estará asegurada la estabilidad macro por esta vía; empero, en paralelo es necesaria una política tributaria y un agente recaudador (Sunat) que aseguren una eficiente y eficaz recaudación, para allegar los recursos indispensables para el correspondiente gasto fiscal, y que esto último se concrete con déficit marginal o, mejor aún, superávit, y bajo endeudamiento.

Actualmente, al margen del ajuste que es necesario en el MEF como parte de la reforma del ejecutivo, es indispensable reorientar la política fiscal y realizar una reforma integral de la política tributaria, incluyendo ajustes sustantivos en el ente recaudador, para asegurar el respeto a los fundamentos macroeconómicos y garantizar completamente la estabilidad de la economía, condición necesaria mas no suficiente para permitir alcanzar tasa alta y sostenida de crecimiento.

El tercer aspecto clave para incrementar la PTF son las reformas estructurales, algunas de las cuales ya fueron mencionadas, como la reforma del estado, la tributaria y la fiscal. A ellas deberán sumarse tres más que son esenciales, empezando por aquella orientada al capital humano como son la pertinente a la salud y la educación, para ponerlas en la frontera del arte y con carácter universal, es decir que todos puedan acceder a ellas, con lo que en particular además se está propendiendo a la equidad en la distribución de oportunidades, ofreciendo a cada persona un nivel mínimo adecuado de salud y educación, con base en el cual aspirar alcanzar objetivos personales.

También es indispensable la reforma laboral, reconociendo que tenemos una de las políticas laborales más inflexibles, rígida y desfasada de lo que requiere el mercado y el avance tecnológico, lo que perjudica a los propios trabajadores pues tenemos una muy alta informalidad laboral, que determina no sólo bajos ingresos si no ausencia de beneficios sociales. 

Adicionalmente a las reformas nombradas podemos señalar las políticas sectoriales, que deben buscar solucionar problemas específicos de las correspondientes actividades productivas que les impide crecer adecuadamente y a ritmo importante. No se trata de favorecer determinadas actividades vía política económica discrecional, distorsionando las señales del mercado, a través por ejemplo de subsidios, exoneraciones tributarias o tratamientos preferenciales, calificándolas para tal efecto como “estratégicas o de alto potencial”, nada más inapropiado para la asignación eficiente de los recursos. Lo que se busca es ir al encuentro de aspectos vitales para su desarrollo, como es la disponibilidad de agua para el agro, poner en valor los monumentos y ruinas para potenciar el turismo o una política específica para preservar y potenciar los bosques como sustento de la producción y exportación de madera y muebles.

No sobra decir que si bien estas políticas sectoriales son en algunos casos necesarias, lo más relevante para todas las actividades productivas es llevar adelante los cuatro elementos que conforman este programa económico para el bienestar. Es en este contexto que podrá concretarse la cartera de proyectos de inversión que se tiene en diversos sectores como el minero, agrario, industrial, entre otros. 

Precisamente vinculado a esto último está el cuarto elemento necesario para elevar de manera permanente la PTF, como es la inversión, en particular la referente no sólo a infraestructura física expresada en carreteras, hidroeléctricas, puertos y aeropuertos, entre otras, sino asimismo a la infraestructura digital para no quedarnos rezagados ante el vertiginoso avance de la tecnología. La concreción de las inversiones en las distintas actividades productivas, en cualquier lugar del país, es en muchos casos imposible o difícil de lograr ante la ausencia o inadecuada existencia de infraestructura. Por cierto es muy relevante tener presente que para materializar las inversiones es de suma importancia contar con un ambiente de negocios favorable, Proinversión, donde cobra especial valor el tema de las instituciones, sin lo cual se torna muy cuesta arriba ser una locación atractiva para la inversión nacional y extranjera. 

Si coincidimos en que estos cuatro elementos, brevemente explicados, son fundamentales para retomar un crecimiento a tasa alta y sostenida, con reducción progresiva de la informalidad, pobreza e inequidad, lo que queda como tarea es desarrollar en detalle cada elemento, que en conjunto se convierte en un programa de gobierno. Esto o algo similar es lo que debemos exigir a cualquier grupo político que aspira tomar las riendas del país; que tenga el equipo de profesionales que pueda realizarlo y, eventualmente, si son gobierno, ejecutarlo. La situación del país es difícil y compleja, no está para improvisaciones ni aventuras de iluminados sin equipo ni programa alguno. Estemos atentos.

En diversos artículos publicados en este portal y en entrevistas realizadas con su director señalamos que este año se concretaría en materia económica una nueva década perdida (2014-2023). Afirmamos que desde el 2014 el crecimiento potencial y el ritmo de crecimiento había descendido de manera significativa al entorno de 2.5 y 1.5%, respectivamente, con permanente tendencia a la baja que se agudizó con los gobiernos de los últimos siete años, periodo en que tuvimos seis presidentes, casi uno por año. Entonces, sorprenderse porque este año el PIB será negativo, que estamos inmersos en una recesión, es desconocer lo que sin lugar a dudas venía con mayor o menor intensidad. 

La afectación permanente a las instituciones, como el imperio de la ley, la estabilidad jurídica, el respeto a la propiedad privada y la libertad de actuar e interactuar de los agentes económicos, a la par con el incremento de la inseguridad y la corrupción, sin duda terminaría por generar alta desconfianza e incertidumbre. En ese contexto, la inversión privada nacional y extranjera progresivamente se retrae e incluso decrece, como sucede actualmente, ello a la par con la caída de la productividad que compromete el mediano-largo plazo. Es decir, los cimientos y los motores del crecimiento económico fueron permanentemente violentados, lo que inexorablemente afecta negativamente la tasa y el potencial de crecimiento de la economía.

¿Es este un fenómeno reciente? La respuesta es no. Hace más de 10 años que el manejo de la política macro y microeconómica no es la adecuada, como impresionante el exceso regulador, de control y de trabas y barreras burocráticas del sector público en sus tres niveles –nacional, regional y municipal- e ineficiente e ineficaz la gestión pública de inversiones. A ello se suman las negativas expresiones y acciones al más alto nivel de las autoridades de los gobiernos de turno respecto a la inversión privada, como la referente al proyecto Conga, Las Bambas y Tía María, o aceptar la violencia contra operaciones mineras y petroleras, o la toma de carreteras afectando sobremanera la actividad productiva en general. Es, sin decirlo, promover el desgobierno, la incertidumbre, la desconfianza e inestabilidad. 

Este contexto o escenario, lamentablemente, es caldo de cultivo para que nuevamente fluyan las críticas al sistema económico de economía social de mercado iniciado en los noventa, así como oportuno para las políticas cortoplacistas, parroquiales, discrecionales, populistas y mercantilistas, como la solución a las dificultades y única forma de evitar, según ellos, la quiebra y desaparición de muchas empresas y por ende de más desempleo y pobreza. Surgen propuestas precisando qué sectores corresponde impulsar, con ingeniosos pero engañosos argumentos, como el proyecto de nueva ley de industrias presentado recientemente en el Congreso, todas ellas plagadas de subsidios, exoneraciones de impuestos, protección a la producción nacional, fórmulas de financiamiento y créditos especiales con aval del Ejecutivo, entre otras muchas propias de los años 60, de la época cepalina, y de los setenta y ochenta donde se privilegiaba la presencia y acción asfixiante del sector público. Nada más lejos de lo que corresponde hacer y que, de implementarse, sin duda terminarán llevando al país a la situación que vivimos hace poco más de 30 años y de la cual con alto costo social se logró salir. 

Por cierto, tampoco se saldrá de esta situación con base en las medidas anunciadas por el Gobierno a través del premier y el ministro de economía. No es poniéndole a las personas de menores recursos más plata en los bolsillos vía subsidios, ni de intentar impulsar medianamente la inversión pública, que aun si fuese eficaz, lo cual dudamos, que se logrará revertir la crisis que se enfrenta. El problema es más agudo y requiere un enfoque y acción integral, que involucra al Ejecutivo y Legislativo, que permita retomar de manera sostenida la dinámica de crecimiento de la década del 2000. 

En concreto se trata de consolidar lo iniciado en los noventa, para lo cual es imperativo desmontar en unos casos y ajustar o modificar en otros lo realizado los últimos trece años, a la par con impulsar las reformas de segunda generación. Los agentes económicos no requieren que les digan dónde, cuándo y cómo invertir, ellos mejor que nadie saben hacerlo, tampoco incentivos especiales para que lo que no es viable pase artificialmente a serlo. Lo que demandan es el imperio de la ley, reglas del juego claras con estabilidad jurídica, que la Constitución se mantenga y se respete, que se eliminen las múltiples restricciones, regulaciones y barreras que les impide actuar e interactuar. Por cierto esto conlleva reducir la inseguridad y la corrupción, elementos altamente negativos que distorsionan y encarecen la actividad productiva.

Pero, además de lo señalado, es urgente no seguir postergando las reformas estructurales pendientes, indispensables para optimizar las inversiones e incrementar la productividad. La participación del Ejecutivo y el Congreso es vital en este aspecto. Concretamente corresponde realizar la reforma laboral y de pensiones, tributaria, de salud y educación, innovación, ciencia y tecnología, por mencionar las más relevantes. Estas reformas tienen efecto horizontal sobre todos los sectores económicos y benefician a todos los agentes económicos por igual. Es este escenario el que se requiere, parejo para todos, pues en este contexto saldrá efectivamente adelante aquel que logre ser realmente más competitivo. 

Conocer que esta es la ruta y que hay convicción de las autoridades de llevarlo adelante es lo que quiebra la desconfianza e incertidumbre y, como tal, abre el panorama para retomar proyectos detenidos o en cartera en múltiples sectores, como infraestructura, agroindustria, manufactura, servicios, entre otros. Es dar paso nuevamente a que la inversión privada crezca de manera dinámica y asegurar un aumento permanente de la productividad, a la par con generar empleo productivo, reducir la informalidad y la pobreza e incrementar la equidad en la distribución de oportunidades, con lo que se garantiza más y mejor bienestar para todos.