REFLEXIONES

Una mañana cualquiera, muy temprano. L. debe comenzar su rutina para partir a la escuelita. Asearse, vestirse, desayunar. Tareas cotidianas y sencillas para los adultos, pero que, en el caso de una infante, demandan acompañamiento y ayuda. No siempre es fácil. No siempre hay sonrisas. De vez en cuando aparecen las rabietas, los ¡No quiero! rotundos cuando se le recuerda que debe apurarse para no llegar tarde. Llantos, caos, tensión, discusiones entre adultos. Luego el consuelo, recuperar la calma, partir y llegar al nido lista para comenzar una nueva jornada de juegos, aventuras y aprendizajes.

Los pequeños momentos son todo. Sorprenderme cuando usa una palabra nueva que no sé en dónde la aprendió; responder a sus preguntas inocentes, pero no menos importantes; tomar pequeñas siestas con ella sintiendo la cadencia de su respiración; ver juntos sus caricaturas favoritas; leerle o inventar cuentos; enseñarle juegos que yo practicaba cuando era niño; escuchar su voz y su risa. Son instantes sencillos que, sin proponérselo, terminan ocupando un lugar permanente en la memoria.

Pero no todo es felicidad. La paternidad tiene un lado difícil y complejo del que no suele hablarse demasiado. La tensión, el cansancio casi orgánico que generan las responsabilidades, los desafíos económicos, las diferencias de opinión entre los padres, las discusiones y, lamentablemente, en algunos casos, las separaciones. Son realidades que forman parte de la experiencia de muchas familias y que ponen a prueba la capacidad de cuidar, acompañar y seguir adelante.

Sin embargo, sea el escenario un jardín lleno de flores o una pesadilla, estar presentes de forma saludable es probablemente lo mejor que podemos hacer para impulsar y fortalecer el desarrollo de nuestros hijos. Como me decía un amigo, los niños puede que no recuerden una mañana específica, pero sí conservan la certeza de quién estuvo allí cuando lo necesitaron. La verdadera huella de un padre y de una madre se construye en cientos de momentos ordinarios que, en conjunto, terminan conformando el registro y la historia de una infancia.

El corazón y la mente de un niño reciben y atesoran mucho más de lo que solemos imaginar. Las palabras, los gestos, las ausencias y las presencias van dejando huellas que terminan formando parte de la persona que llegará a ser.

Quizá esa sea una de las mayores enseñanzas de la paternidad: comprender que la vida no está hecha únicamente de grandes acontecimientos, sino también de instantes aparentemente insignificantes que, con el paso de los años, terminan revelándose como los más valiosos. A menudo dedicamos demasiado tiempo a perseguir metas futuras y muy poco a reconocer la importancia de aquello que sucede frente a nosotros, en la intimidad de la vida cotidiana.

Estoy seguro de que, en el instante postrero de mi vida, mi mente no evocará reuniones, preocupaciones ni logros materiales. Me gusta pensar que me traerá como última imagen aquellos momentos sencillos junto a L., jugando y riendo en el parque a la vuelta de su casa. Y si así fuera, sabré que lo verdaderamente importante estuvo allí desde el principio.

En cada proceso electoral, la fiscalización sobre quienes aspiran a cargos públicos se intensifica. Es natural -y necesario- que la ciudadanía evalúe la trayectoria, las capacidades y la idoneidad de los candidatos. La política democrática no puede renunciar a ese estándar sin debilitarse. Sin embargo, no todo escrutinio es equivalente, ni todos los criterios de evaluación se aplican con la misma neutralidad.

En el actual escenario electoral, han reaparecido cuestionamientos dirigidos a candidaturas que, en apariencia, giran en torno a la falta de credenciales académicas o experiencia técnica. A primera vista, se trataría de una discusión legítima. No obstante, una mirada más detenida permite advertir un patrón menos evidente, pero profundamente arraigado en la sociedad peruana. 

El problema no radica en evaluar la preparación de quienes buscan gobernar, sino en la selectividad de ese juicio. En contextos marcados por profundas desigualdades estructurales, la noción de meritocracia puede convertirse -sin declararlo abiertamente- en un mecanismo de exclusión. No porque el mérito carezca de valor, sino porque su medición no es uniforme. Se vuelve más exigente, más severa y, en ocasiones, más implacable cuando recae sobre determinados perfiles, mientras que en otros casos esas mismas exigencias se relativizan o desaparecen. 

Así, factores como el origen social, la procedencia geográfica, el color de piel o, incluso, el modo de hablar se entrelazan con los cuestionamientos supuestamente formales, configurando un filtro invisible que busca condicionar la percepción pública. No se trata de un racismo explícito, sino de uno más sutil, que opera a través de códigos socialmente aceptados y que encuentra en el lenguaje de la idoneidad un vehículo eficaz para manifestarse. 

Este fenómeno no es nuevo. La elección de 2021 evidenció con claridad la persistencia de una fractura social que atraviesa al país y que se activa con particular intensidad en momentos de competencia política. Lo que hoy se observa muestra la continuidad de un reflejo colectivo no resuelto.

 Conviene, por ello, introducir una distinción necesaria. No todo cuestionamiento es racista, pero tampoco todo cuestionamiento es neutral. Cuando los criterios de evaluación coinciden de manera sistemática con marcadores sociales específicos, la discusión deja de ser exclusivamente técnica y se inscribe en un terreno más complejo, donde operan prejuicios históricos y una discriminación que rara vez se reconocen como tales. 

Una democracia saludable no solo debe garantizar la participación de diversas voces, sino también asegurar que estas sean evaluadas bajo parámetros consistentes. De lo contrario, el sistema de representación corre el riesgo de empobrecerse, no por falta de opciones, sino por los sesgos con los que se las juzga. 

El desafío, entonces, no es renunciar a la exigencia de idoneidad, sino someterla a un ejercicio de coherencia. Solo así será posible construir un espacio en el que la evaluación política no esté condicionada por prejuicios, sino orientada por criterios equitativos.

A medida que el Perú se encamina hacia un nuevo proceso de elecciones generales, el panorama que empieza a dibujarse resulta, cuando menos, inquietante. Basta con revisar entrevistas, debates preliminares o presentaciones públicas de algunos aspirantes a cargos de representación para advertir un problema de fondo: un preocupante desconocimiento de las funciones básicas del Estado y, en particular, del rol que corresponde al Legislativo.

El caso de varios candidatos al Congreso es ilustrativo. No son pocos los que formulan propuestas que poco o nada tienen que ver con la labor de un legislador. Prometen construir hospitales, ejecutar obras de infraestructura, crear programas sociales o intervenir directamente en la gestión administrativa del Ejecutivo. Se trata, en rigor, de funciones ajenas al Parlamento. La tarea del congresista –legislar, fiscalizar, representar– parece diluirse en un discurso improvisado que confunde deliberadamente los poderes del Estado o, peor aún, revela una ignorancia genuina sobre ellos.

Este fenómeno no es anecdótico ni atribuible únicamente a la inexperiencia individual. Es, más bien, el síntoma visible de un problema estructural: el colapso del sistema de partidos políticos y su profunda debilidad institucional. Los partidos han dejado de cumplir su función esencial de formación, selección y promoción de cuadros. En lugar de ser espacios de debate programático y construcción de liderazgos, se han convertido –en muchos casos– en simples plataformas electorales de corto plazo, sin identidad ideológica ni exigencias mínimas de idoneidad.

El resultado es previsible. Listas parlamentarias integradas por candidatos sin preparación, sin comprensión del cargo al que aspiran y sin una visión clara del país. No se trata de exigir tecnocracia pura ni de negar el valor de la representación social diversa, sino de reconocer que la democracia representativa requiere, al menos, un piso básico de competencia y conocimiento institucional.

El problema no termina en la campaña. Si esta es la calidad del debate previo, cabe preguntarse qué tipo de deliberación legislativa tendremos a partir del 2026. Un Congreso compuesto mayoritariamente por representantes que desconocen sus atribuciones difícilmente podrá ejercer un control efectivo del poder, producir leyes de calidad o contribuir a la estabilidad democrática.

Abordar este tema no es un ejercicio de pesimismo, sino de responsabilidad cívica. La degradación de la representación política no ocurre de la noche a la mañana; es el resultado de años de abandono institucional y de una tolerancia peligrosa frente a la improvisación. Nombrar el problema, describirlo con claridad y discutirlo abiertamente es el primer paso para revertirlo. El tiempo electoral ya está en marcha, y el silencio, en este caso, también es una forma de complicidad.

El Perú ha demostrado, una y otra vez, que puede crecer, pero no que puede desarrollarse. La diferencia entre ambas palabras –a menudo tratadas como sinónimos– se explica en un concepto fundamental: la institucionalidad. Sin ella, cualquier ciclo económico favorable se diluye; cualquier oportunidad histórica se desperdicia; cualquier promesa de futuro se desvanece. Por desgracia, eso es exactamente lo que ha ocurrido en distintos momentos de nuestra historia.

El país ha tenido momentos inmejorables para dar el salto hacia el desarrollo. El primero fue la bonanza del guano en el siglo XIX, una riqueza que hubiera permitido construir infraestructura, consolidar un Estado moderno y sentar las bases de un proyecto nacional. Sin instituciones que ordenaran y protegieran ese proceso, la bonanza se convirtió en despilfarro, corrupción, conflicto y fragilidad. Más de un siglo y medio después, ocurrió lo mismo con el superciclo de los metales: crecimos, sí; redujimos pobreza, también; pero no construimos institucionalidad. La pandemia se cebó con nosotros porque ese crecimiento no se tradujo en detalles esenciales como camas hospitalarias y oxígeno. El país volvió a desperdiciar una oportunidad tal vez irrepetible.

Las causas son claras. La clase política peruana, profundamente cortoplacista, ha demostrado una incapacidad alarmante para pensar en el país como proyecto colectivo. Desde el Congreso hasta diversas élites políticas y económicas, muchos han visto las instituciones no como bienes públicos, sino como instrumentos para neutralizar al adversario o para ampliar cuotas de poder. El resultado está a la vista.

El Ministerio Público, institución clave para el Estado de derecho, ha sido sometido a presiones, disputas internas y celebraciones facciosas que debilitan su legitimidad. El Congreso ha modificado más del 57% de la Constitución con criterios que, lejos de fortalecer el equilibrio democrático, han concentrado poder en algunos sectores y han debilitado la capacidad del Estado para actuar con eficiencia. A ello se suma el reparto político de cargos en organismos esenciales cuyo funcionamiento debería ser estrictamente técnico y meritocrático y la derrota de reformas claves, como la de la educación universitaria. Las consecuencias de estas prácticas son evidentes: tribunales, organismos reguladores y entidades autónomas operan con menos capacidad, menos independencia y menos credibilidad.

Tenemos otro síntoma grave: la erosión de la Presidencia de la República, debilitada por el uso discrecional de la vacancia y por dinámicas que han producido siete presidentes en los últimos 9 años. Ninguna economía puede proyectarse hacia el futuro si su centro de gravedad institucional es tan inestable.

Todo esto revela una premisa fundamental: mientras las élites no internalicen que la institucionalidad es un bien público necesario, el Perú no saldrá del estancamiento. No se trata de ideología ni de simpatías políticas, no se trata de derechas o izquierdas, ni de comunistas o “caviares”. Se trata de entender que el desarrollo solo es posible cuando las reglas son estables, las instituciones son respetadas y la política renuncia a la tentación de manipularlas para beneficio inmediato.

El Perú ya pagó muy caro su falta de institucionalidad. La pregunta crucial es si aprenderemos la lección antes de que una nueva oportunidad –cuando llegue– vuelva a escaparse entre nuestras manos.

Cada campaña electoral en el Perú repite el mismo libreto: candidatos que ofrecen bonos, prometen atraer inversiones y aseguran que el crecimiento económico llegará “si recuperamos la confianza”. Son mensajes que buscan tranquilizar, pero que evitan el debate de fondo: la verdadera causa del estancamiento peruano es institucional, no económica. Esta realidad, evidente desde hace años, adquiere mayor relevancia cuando se lee a autores como Daron Acemoglu y James Robinson, quienes en Por qué fracasan los países sostienen que las naciones no retroceden por falta de recursos, por su geografía o su cultura, sino por la debilidad de sus instituciones.

En el Perú, este debate sigue ocurriendo de manera periférica, cuando debería ocupar el centro de la discusión pública y, sobre todo, de las campañas electorales. Hoy, quienes compiten por gobernar el país prefieren hablar de inversión –un tema necesario, sin duda–, pero evitan discutir cómo reformar un Estado que no ejecuta, un Congreso que legisla sin visión y un sistema de partidos que no existe más allá del período electoral. Es evidente que la ausencia de esta discusión no es casual porque hablar de instituciones implica hablar de límites al poder, de transparencia, de meritocracia y de reglas claras que no siempre benefician a ciertos grupos de poder.

Continuar apelando únicamente a la inversión privada para crecer ya no es del todo suficiente. Ninguna economía avanza sostenidamente si sus reglas políticas son inestables, si la justicia es impredecible o si sus instituciones son funcionales a intereses particulares. Acemoglu y Robinson lo explican claramente: las instituciones políticas inclusivas generan incentivos para innovar, producir y competir; las instituciones extractivas, en cambio, bloquean el progreso y consolidan desigualdades. El Perú vive atrapado precisamente en ese segundo modelo, donde la debilidad institucional erosiona cualquier avance económico.

Si queremos un país capaz de romper su ciclo de avances y retrocesos, debemos exigir que la campaña se enfoque en reformas que toquen el corazón del problema: fortalecer partidos políticos, garantizar justicia autónoma y eficaz, recuperar la meritocracia en el Estado y ajustar las reglas electorales para promover responsabilidad y gobernabilidad. Nada de esto es sencillo, pero es indispensable. El Perú no puede seguir posponiendo el debate sobre su salud institucional mientras espera que la economía, por sí sola, haga el trabajo que la política no quiere hacer.

La solución a este estancamiento es política por sobre todo. Como sociedad, debemos asumir que el desarrollo no se sostiene sobre discursos, sino sobre instituciones capaces de proteger derechos, promover inversiones y generar confianza a largo plazo. Si dejamos que la campaña pase otra vez sin abordar este tema, estaremos eligiendo no un gobierno, sino la continuidad de nuestros mismos frenos estructurales.

En las últimas décadas, América Latina ha sido escenario de intensos debates sobre la necesidad de modernizar sus sistemas tributarios para lograr mayor equidad, sostenibilidad fiscal y crecimiento con justicia social. Sin embargo, a pesar de la claridad sobre los beneficios de una mayor progresividad fiscal, los intentos de reforma tributaria en varios países han enfrentado barreras políticas profundas que han llevado a su fracaso.

Un caso reciente que ilustra esta tendencia es el de Colombia, donde una propuesta de reforma impulsada por el presidente Gustavo Petro –orientada a aumentar la recaudación mediante una mayor tributación a los sectores con mayor capacidad de pago– fue rechazada en el Congreso antes de recibir un tratamiento legislativo más amplio. La iniciativa no logró consolidar una mayoría política que la respaldara.

Este patrón no es ajeno a otros países de la región. Gobiernos que han planteado reformas con el objetivo de reducir la desigualdad y financiar políticas sociales han chocado con congresos opositores, intereses económicos bien articulados y narrativas que asocian la tributación más alta con menor inversión privada o incertidumbre económica. En Chile, la reforma propuesta en el 2023 también fue archivada, pese a buscar recursos para educación, salud y pensiones. El común denominador es la dificultad de articular una mayoría política sustentada en consensos amplios.

El Perú también ha enfrentado dificultades en este terreno. Durante el gobierno de Pedro Castillo se propuso una reforma tributaria que no logró cristalizarse plenamente, aun con delegación de facultades legislativas, en una ley consensuada, en parte por la confrontación política entre el Ejecutivo y el Congreso, y por la falta de diálogo extendido con actores sociales y económicos. Este antecedente evidencia que no basta con la intención, es indispensable una arquitectura política que permita acuerdos sostenibles.

La importancia de avanzar hacia sistemas tributarios más progresivos radica en que la región, históricamente, ha dependido en gran medida de impuestos indirectos al consumo, que impactan con mayor fuerza en los ingresos de hogares de menores recursos, y ha recaudado menos que los promedios de países desarrollados. Esta estructura tributaria limitada restringe las capacidades de los Estados para financiar bienes públicos, reducir brechas de desigualdad y responder a crisis de manera eficaz.

Para que una reforma tributaria tenga éxito se requieren, al menos, cuatro elementos: un diseño técnico sólido que combine progresividad, claridad normativa y estabilidad macroeconómica; un pacto político amplio que trascienda mayorías circunstanciales; mecanismos de transparencia que vinculen claramente los ingresos adicionales con mejoras en servicios públicos; y una narrativa pública que explique con claridad los beneficios para la mayoría de la población.

Sin estos elementos, las reformas tributarias seguirán siendo objetos de confrontación y resistencia, más que herramientas para fortalecer la justicia fiscal y la cohesión social.

En el Perú persiste un reto político evidente: el debate fiscal suele quedar relegado frente a agendas centradas en disputas coyunturales o intereses particulares dentro del Congreso. Mientras tanto, siguen pendientes discusiones de fondo sobre cómo financiar el desarrollo y garantizar igualdad de oportunidades. La campaña electoral que se avecina constituye una oportunidad inmejorable para colocar este tema en el centro del diálogo nacional: ¿cómo construimos un sistema tributario que beneficie a la mayoría y no solo a quienes tienen mayor capacidad de influencia? Quienes aspiran a gobernar deben presentar propuestas sólidas y transparentes para que el país avance con responsabilidad y justicia.

La vacancia presidencial por permanente incapacidad moral, prevista en el artículo 113 de la Constitución, constituye uno de los mecanismos más controvertidos del constitucionalismo peruano. Si bien está presente en nuestras Cartas desde el siglo XIX como una cláusula extrema destinada a remover del cargo a un presidente que incurriera en conductas incompatibles con la función pública, su uso político recurrente en los últimos años ha generado un impacto severo sobre la estabilidad institucional y la gobernabilidad democrática.

El núcleo del problema reside en la indeterminación del concepto ‘incapacidad moral permanente’, categoría que carece de delimitación jurídica y cuyos alcances no han sido precisados ni por la jurisprudencia constitucional ni por el desarrollo que ampare una aplicación coherente. A diferencia de la incapacidad física, verificable mediante parámetros médicos objetivos, la incapacidad moral remite a una valoración abierta, susceptible de interpretación política y sujeta, lamentablemente, a la correlación coyuntural de mayorías parlamentarias. Esta ambigüedad ha transformado la vacancia, en la práctica, en una herramienta discrecional y no en un mecanismo de control constitucional.

Como advierte Abraham García Chávarri, el empleo de la vacancia por permanente incapacidad moral atenta directamente contra el sistema presidencial peruano, el cual está concebido con un plazo fijo de duración de cinco años. La ausencia de criterios normativos y estándares probatorios posibilita que un régimen presidencialista devenga en un semiparlamentarismo fáctico sin garantías procedimentales ni contrapesos efectivos. La práctica reciente confirma este diagnóstico: salvo casos puntuales, entre ellos el de Alberto Fujimori, la vacancia ha sido invocada recurrentemente como instrumento de confrontación política, más que como mecanismo excepcional frente a hechos de extrema gravedad institucional.

“La formulación de la ‘permanente incapacidad moral’ como causal autónoma de vacancia presidencial es, en su configuración actual, específica del caso peruano, aunque otros países de la región contemplan causales de remoción de contenido valorativo (mal desempeño, falta de probidad, violación grave de la Constitución) dentro de procedimientos de juicio político con tipificación más precisa y garantías procedimentales”.

La experiencia peruana demuestra las consecuencias institucionales de esta deficiencia estructural: en menos de cinco años, sucesivos intentos y procesos de vacancia han generado inestabilidad crónica, rotación acelerada de gabinetes, bloqueo legislativo, paralización de políticas públicas y erosión de la confianza ciudadana. Ningún gobierno puede implementar reformas de largo plazo bajo la amenaza constante de una remoción abrupta apoyada en criterios políticos antes que jurídicos. El riesgo reputacional también se refleja en la incertidumbre económica, el incremento del riesgo-país y la caída de inversiones en sectores estratégicos.

En consecuencia, el debate impostergable no es la eliminación del mecanismo, sino su reforma constitucional urgente, mediante delimitación conceptual de la causal, incorporación de estándares probatorios, establecimiento de garantías procesales y acotamiento de su utilización. Una vacancia regulada protege a la República; una vacancia indeterminada la expone al caos.

Con miras al ciclo electoral del 2026, resulta imprescindible que los partidos políticos incluyan esta reforma en sus agendas programáticas. La estabilidad institucional no es negociable: constituye la condición mínima para la gobernabilidad democrática, la credibilidad internacional y el desarrollo sostenible.

La reforma de la incapacidad moral permanente es, en términos técnicos y democráticos, una obligación de Estado.

Nadie pidió nacer. Llegamos al mundo como quien despierta en medio de un viaje que ya empezó sin nosotros. Todo nos ha sido dado: un nombre, una historia, un idioma, una herida que no elegimos. Heidegger lo llamó “estar arrojados al mundo”: ese instante en que comprendemos que la vida no nos consultó, que solo nos dejó la tarea de habitarla. Somos, desde el principio, huéspedes de una realidad que nos precede y nos desborda.

Pero en esa aparente falta de elección se esconde el secreto más profundo de la libertad. Sartre lo comprendió: “El hombre es lo que hace con lo que hicieron de él”. No elegimos la piedra que encontramos en el camino, pero sí la forma en que la sorteamos. Somos acción sobre la herida, respuesta al destino, construcción sobre ruinas. Cada gesto, cada palabra, cada renuncia o perdón es una manera de decir: “esto soy yo, no lo que me hicieron”.

El odio, en cambio, es la trampa del alma herida. Nace como un fuego que promete justicia, pero solo deja ceniza. Se presenta como una defensa, pero termina siendo una prisión. Odiar es permanecer en el territorio del otro, vivir en función de la herida. No odiar, en cambio, es una conquista lenta y silenciosa: la afirmación de que el dolor no será quien dicte nuestras formas. Es mirarse al espejo y decidir que el daño no tendrá la última palabra.

No odiar no significa olvidar. Significa recordar sin envenenarse. Regresar al pasado sin que duela. Significa aceptar que hubo un agravio, pero negarse a replicarlo. Es un acto de inteligencia moral, pero también de ternura hacia uno mismo: no merecemos cargar con la sombra de quienes nos dañaron. Allí, justo en esa elección, la libertad sartreana se vuelve humana, casi sagrada: transformamos lo que nos hicieron en algo que ya no hiere, sino que enseña.

Estamos arrojados al mundo, sí, pero también podemos rehacerlo. Y esa reconstrucción empieza dentro de nosotros, cuando decidimos no repetir el ciclo del resentimiento. En medio del ruido, el hombre libre es el que elige su tono interior. El que aprende que perdonar no siempre es absolver: a veces es simplemente soltar el peso y seguir caminando más liviano. O, en última instancia, el que decide autoprotegerse y no exponerse más para no odiar.

Tal vez la mayor dignidad de la existencia consista en eso: hacer de la herida una forma de belleza, y del dolor, una forma de comprensión. El arte está lleno de ejemplos de esta transformación. Porque quien elige no odiar no renuncia a la memoria, sino al veneno. Y en esa decisión –tan pequeña, pero infinita– el ser humano deja de ser lo que le hicieron y comienza, por fin, a ser lo que decide ser.

En tiempos de polarización política y elecciones, la función de los medios de comunicación, y en particular de los estatales y públicos, adquiere una relevancia insoslayable. En diversas ocasiones, la prensa cumple formalmente con la pluralidad: difunden declaraciones de los principales actores políticos, ofrecen espacios de exposición y abren micrófonos a voces diversas. Sin embargo, esta pluralidad no siempre garantiza equidad, es decir, un trato proporcional y equilibrado que evite favoritismos implícitos y contribuya a un debate democrático.

La pluralidad puede entenderse como la presencia de múltiples perspectivas en la esfera mediática. Un noticiero puede mostrar en una misma semana declaraciones de varios candidatos, de autoridades y de especialistas, con lo que formalmente se cumple este principio. Pero la equidad implica algo más complejo: que esas voces no solo estén presentes, sino que también reciban un espacio balanceado, una cobertura similar en visibilidad y un tratamiento informativo sin sesgos. Es justo aquí donde se evidencian las tensiones. 

En la práctica, ciertos actores políticos suelen gozar de mayor cobertura debido a su peso mediático, su capacidad de generar noticias o su posición en las encuestas. Este fenómeno, común en muchas democracias, termina creando un desbalance: algunos candidatos aparecen sobrerrepresentados mientras que otros, pese a contar con propuestas relevantes, permanecen en los márgenes de la agenda pública. Así, el medio puede cumplir con la pluralidad formal, pero no necesariamente con la equidad sustantiva. 

Un aspecto adicional que influye en la percepción ciudadana son los encuadres (frames) que utilizan los medios. No es lo mismo cubrir una propuesta en clave propositiva que hacerlo desde un enfoque meramente declarativo o episódico. Los enmarcamientos definen si la ciudadanía recibe un panorama enriquecido, con elementos comparativos y contextuales, o si se limita a una repetición de frases y posturas. Por ello, además de garantizar pluralidad de voces, la prensa debe reflexionar sobre qué tipos de encuadres predominan y cómo estos contribuyen –o no– a una equidad informativa real. Un encuadre que favorezca la sustancia, la comparación de propuestas y el análisis crítico es indispensable para fortalecer la deliberación. 

El desafío para los medios estatales y públicos es grande. Por un lado, están llamados a reflejar la diversidad política y social; por otro, deben resistir la tentación de convertirse en altavoces de los más visibles o de quienes concentran mayor poder coyuntural. La misión de servicio público exige garantizar un campo informativo nivelado, donde cada actor político pueda ser evaluado por la ciudadanía en igualdad de condiciones.

Lograr esta equidad requiere criterios claros de noticiabilidad, transparencia en la asignación de coberturas y mecanismos de autorregulación que fortalezcan la confianza pública. Implica, además, entender que la calidad democrática no se mide solo por cuántas voces se escuchan, sino también por cuán justo es el espacio y qué encuadres se eligen para presentar esas voces. 

En un contexto en el que la ciudadanía demanda información confiable para tomar decisiones, los medios públicos tienen la oportunidad de convertirse en verdaderos garantes de un debate plural y equilibrado. No basta con abrir el micrófono a todos: es necesario que cada voz tenga el mismo valor en la conversación colectiva y que los encuadres promuevan la equidad sustantiva. Solo así la pluralidad dejará de ser un formalismo y se convertirá en un instrumento real de democracia.

Han transcurrido 77 años desde el estreno de Ladrones de bicicletas (1948), la influyente película de Vittorio De Sica que narra los desesperados esfuerzos de un obrero junto a su pequeño hijo por recuperar una bicicleta que le ha sido robada, y de la cual depende su empleo y, con ello, la posibilidad de sostener a su familia en un contexto de crisis económica y agobio social propio de la Europa de la posguerra.

La película no ha envejecido. Por el contrario, mantiene plena vigencia. Una historia sencilla como la del robo de una bicicleta, sin giros espectaculares ni artificios efectistas, adquiere una dimensión existencial al abordar temas sustanciales de la condición humana: la pobreza, el desempleo, la fragilidad de la dignidad, y la soledad de los individuos frente a un sistema que no concede segundas oportunidades.

Cambiando escenarios y protagonistas, muchas historias similares ocurren hoy. La Italia de la posguerra podría ser ahora cualquier país de América Latina, donde la pobreza, las desigualdades y la violencia estructural configuran el paisaje cotidiano de millones de personas que luchan por abrirse camino.

No hemos salido recientemente de una guerra mundial, como la Italia de la película, pero vastos sectores de la población enfrentan enormes dificultades para acceder a un empleo formal. El discurso triunfalista que ensalza el crecimiento macroeconómico es interpelado cuando se le confronta con la persistencia de la informalidad, el subempleo y la exclusión. Las cifras pueden mejorar, pero las condiciones reales de vida de millones continúan siendo precarias.

La indiferencia de la policía que Antonio Ricci enfrenta al denunciar el robo de su bicicleta es la misma que hoy corroe el vínculo entre ciudadanía y autoridades. La percepción de que la justicia no está hecha para todos –y mucho menos para los más pobres– es una herida abierta en nuestras sociedades. Basta pensar en las dificultades que atraviesa un miembro de una comunidad indígena quechuahablante o un migrante informal al momento de reclamar derechos ante el sistema jurídico.

El final de la película, conmovedor y amargo, muestra cómo el ser humano, llevado al límite por la desesperación, puede cruzar los linderos del error y del delito. No hay juicio, solo una advertencia silenciosa: cuando el sistema falla de forma tan radical, la degradación individual puede convertirse en una crisis moral colectiva.

Ladrones de bicicletas no solo es una joya del neorrealismo italiano y de la cinematografía mundial, es también un documento universal sobre la fragilidad humana y una advertencia que aún nos interpela. Porque, en esencia, seguimos siendo esa sociedad donde perder una bicicleta puede significar perderlo todo.

Hace apenas unas semanas falleció en Roma Enzo Staiola, el inolvidable niño Bruno que acompañó a su padre en esa búsqueda desesperada. Tenía 85 años. Su rostro nos recuerda que esa historia, tan lejana en el tiempo, sigue ocurriendo hoy.