Existe algo profundamente conmovedor en recibir como sucesor de Pedro a quien durante años celebró misa, formó sacerdotes y acompañó familias entre nosotros. La llegada de León XIV reúne la solemnidad de una visita pontificia y la emoción del regreso. Nuestro Perú ocupa un lugar en su biografía; ahora corresponde preguntarnos qué lugar concederemos a sus enseñanzas cuando las multitudes se dispersen y recuperemos nuestras rutinas.

La memoria de las últimas generaciones católicas conserva las visitas de Juan Pablo II en 1985 y 1988, durante años atravesados por el cruento terrorismo y la incertidumbre económica. Francisco I llegó en 2018 y acercó su ministerio a las comunidades amazónicas y al norte golpeado por las inundaciones. Aquellos encuentros dieron expresión a una esperanza compartida. León XIV añade una cercanía singular y particular: conoce la distancia entre las ceremonias oficiales y la vida parroquial, donde la fe acompaña necesidades que suelen quedar fuera de los discursos públicos.

Su relación con el país comenzó en Chulucanas en 1985 y continuó desde 1988 en Trujillo. Allí enseñó teología moral, derecho canónico y patrística, mientras asumía responsabilidades parroquiales. En 2014 llegó a Chiclayo como administrador apostólico; el 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana. Esos años permiten comprender su fortísimo arraigo al Perú. Este se forjó en el ejercicio de un ministerio que lo acercó a la intimidad de nuestras comunidades, allí donde las dificultades familiares y la precariedad material ponen a prueba la esperanza de cualquiera. Esa convivencia prolongada le permitió comprender el país desde la confianza de quienes encontraron en él a su pastor.

Su experiencia pastoral da particular énfasis a la defensa de la vida que ha sostenido durante su pontificado. En enero de 2026, ante el cuerpo diplomático, vinculó su rechazo al aborto con la necesidad de acompañar a las madres y defendió los cuidados paliativos ante el avance de la eutanasia. En esa posición reconocemos una convicción arraigada en la tradición cristiana y afín al pensamiento conservador: la dignidad de una persona permanece intacta cuando pierde autonomía, depende de otros o carece de voz para defenderse. De esa convicción se desprende el deber del poder político de proteger la vida desde la concepción hasta su término natural, aun cuando esa responsabilidad lo enfrente a los consensos de la época.

La fidelidad a esta enseñanza se juega en la disposición a asumir las cargas que supone cuidar de otros. Quien defiende la maternidad adquiere una responsabilidad hacia la mujer que afronta un embarazo en soledad o bajo la presión de la pobreza, del mismo modo que el respeto por la vejez compromete a las familias y a las autoridades con el cuidado de quienes atraviesan la enfermedad y la dependencia. La identidad católica exige esa coherencia entre la convicción proclamada y el sacrificio que estamos dispuestos a aceptar para sostenerla. Resulta difícil persuadir sobre el valor inviolable de la vida mientras se deja a quienes más necesitan protección a merced de sus propias circunstancias.

Esa misma comprensión de la dignidad humana atraviesa su pensamiento económico. Al elegir el nombre de León XIV, Prevost se vinculó con el legado de León XIII, cuya encíclica *Rerum novarum*, publicada en 1891, abordó las tensiones sociales de la industrialización y la vulnerabilidad del trabajador. Recuperar esa tradición ante la transformación tecnológica de nuestro tiempo exige preguntarse cómo los beneficios del progreso alcanzan a quienes contribuyen a producirlos. El trabajo permite sostener un hogar, cultivar capacidades y proyectar una vida con cierta seguridad; su precarización compromete también la estabilidad de las familias. De ahí que la responsabilidad empresarial incluya atender las consecuencias humanas de las decisiones con las que se busca prosperidad.

En el Perú, esta visión adquiere una urgencia dolorosa cuando el esfuerzo de levantar un negocio expone a una familia a la extorsión y al miedo. Celebrar el emprendimiento compromete a las autoridades con la protección de quienes arriesgan su patrimonio para salir adelante y dar trabajo a otros. También obliga a examinar cómo se ejerce la actividad empresarial, pues la búsqueda legítima de rentabilidad lleva consigo responsabilidades hacia quienes contribuyen a generarla. La doctrina social católica permite comprender esa relación entre prosperidad y deber moral, tan necesaria en un país donde demasiadas familias ven frustradas sus aspiraciones por la violencia, el abuso o la indiferencia de quienes deberían responder por ellas.

La visita de León XIV puede ayudarnos a recuperar la hondura de una tradición católica que merece ser conocida y asumida con plena conciencia. Recibir a quien compartió durante años la vida de nuestras comunidades debería movernos a preguntarnos cuánto de esa fe heredada orienta todavía nuestra manera de vivir. Su transmisión depende de la credibilidad de quienes la profesamos, de nuestra disposición a cuidar al prójimo y de la integridad con que cumplimos nuestras responsabilidades. Cuando el Papa se marche, comenzará la tarea más exigente de esta bienvenida, la de dar continuidad en nuestra propia vida a las convicciones que habremos celebrado junto a él.

Paola Atanacio dedicó diez años de su vida a construir su negocio y generar empleo; ahora ha decidido abandonar el Perú después de denunciar siete ataques contra su almacén en Barrios Altos, amenazas y exigencias extorsivas. La injusticia resulta insoportable y evidente: una ciudadana que quiso prosperar en su propia tierra termina haciendo maletas mientras sus agresores conservan su capacidad para perseguirla. ¿Qué promesa de desarrollo puede ofrecer un país donde el esfuerzo empresarial acaba convertido en motivo para temer por la propia vida?

Según su testimonio, entregó S/ 15 000 para detener las amenazas; después llegaron nuevas exigencias por S/ 12 000 y más atentados. También denunció ataques con granadas y amenazas contra su madre y sus trabajadores. Detrás de estas cifras hay una familia sometida a una incertidumbre brutal y una rutina de terror: abrir el negocio, contestar el teléfono o regresar a casa se convierten en decisiones atravesadas por el miedo y la ansiedad.

La Policía capturó a dos presuntos implicados, pero los ataques continuaron, según relató la empresaria. Este dato obliga a examinar la eficacia de toda la intervención estatal. Una captura representa un avance; su valor protector depende de que permita neutralizar la amenaza. Cuando la víctima sigue expuesta, corresponde investigar qué eslabones del crimen permanecen activos, quién financia los atentados y cómo impedir las represalias.

Desde la filosofía política podemos ofrecer un criterio básico para examinar este rotundo fracaso. Thomas Hobbes, gran intelectual inglés del siglo XVII, relacionó la obediencia a la autoridad con la protección que ésta debería de proporcionar. En nuestro orden constitucional, además, el artículo 44 establece expresamente el deber estatal de proteger a la población frente a las amenazas contra su seguridad. La seguridad constituye una obligación exigible, anterior a cualquier celebración gubernamental sobre emprendimiento o inversión.

Max Weber, uno de los padres de la sociología, además, situó en el centro del Estado moderno la pretensión de monopolizar legítimamente la fuerza dentro de un territorio. La persistencia del delito, por sí sola, tampoco demuestra la desaparición de ese monopolio, claro está. Sin embargo, cuando una organización delictiva logra imponer pagos y condicionar la permanencia de un comerciante, exhibe una capacidad de coerción que la autoridad debe desarticular. Cada exigencia extorsiva intenta someter la actividad económica a una autorización criminal.

El daño alcanza también a quienes son simples espectadores. Una persona amenazada puede concluir que denunciar aumenta su exposición; otra puede postergar una inversión o reducir su negocio. Así se deterioran los incentivos para producir y colaborar con la justicia. El mensaje de toda esta espiral de violencia resulta perverso: cumplir las reglas exige sacrificios, mientras que quebrantarlas permite obtener ganancias. Someterse ante este equilibrio del mal equivale a abandonar a los ciudadanos más perseverantes y ejemplares. Se concreta e institucionaliza así una inversión moral y de principios en la sociedad.

El Gobierno debe asumir responsabilidades políticas por la protección efectiva de las víctimas, con una conducción que articule a la Policía Nacional del Perú y los servicios pertinentes, respetando la autonomía fiscal y judicial. Urgen evaluaciones inmediatas de riesgo, responsables identificables para cada caso grave y seguimiento después de las capturas. Una denuncia acompañada de atentados reiterados exige una respuesta sostenida hasta reducir la amenaza.

También corresponde exigir investigaciones financieras, trazabilidad de comunicaciones conforme a ley, control penitenciario y persecución de quienes ordenan y financian los ataques. Durante los próximos noventa días, el Ejecutivo debería publicar resultados verificables sobre víctimas protegidas, reincidencia de atentados y redes desarticuladas, preservando información sensible. Las autoridades necesitan responder por aquello que efectivamente cambia en la vida del ciudadano.

Paola, así como cualquier ciudadano de a pie y emprendedor, merecen recuperar la posibilidad de trabajar sin que ello implique arriesgar a su familia o abandonar su patria. El Gobierno tiene que impedir que esta salida forzada, en el caso de Paola, se vuelva la norma durante los próximos meses y años. Un país que permite al crimen expulsar a sus ciudadanos trabajadores compromete su futuro en todo sentido y se pone a disposición de los malos elementos que imponen sus intereses y objetivos. Recuperar nuestro Perú para los buenos peruanos es lo que necesitamos hacer desde ya.

El asesinato de Susy Aponte Polo, la “China Polo”, no admite simplificaciones oportunistas. La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash fue atacada a balazos en un mercado de Caraz mientras realizaba actividades proselitistas; el atentado también dejó cinco heridos, entre ellos tres menores de edad. La Fiscalía, que inicialmente abrió diligencias por feminicidio, recalificó el caso como presunto sicariato y busca identificar tanto a los ejecutores como a quienes financiaron y ordenaron el crimen.

Aponte había convertido su exposición pública en una plataforma de denuncia contra la delincuencia y los presuntos vínculos entre autoridades y organizaciones criminales. Nueve días antes de morir afirmó haber recibido llamadas desde tres establecimientos penitenciarios advirtiéndole sobre un atentado y señaló directamente a un alto mando policial; esa acusación, sin embargo, no prueba responsabilidad alguna y deberá ser esclarecida con evidencia, no con especulaciones incendiarias.

También es cierto que su trayectoria estuvo rodeada de disputas políticas, investigaciones judiciales y enfrentamientos públicos. Por ello, la Policía ha considerado tres líneas generales: un asesinato encargado por el crimen organizado, una represalia relacionada con antiguas rencillas y un móvil político. Ninguna puede convertirse todavía en sentencia. Hacer de Aponte una heroína inmaculada sería tan irresponsable como utilizar sus controversias para disminuir la gravedad de su asesinato. Los antecedentes de una víctima pueden ser relevantes para reconstruir un móvil; jamás para normalizar que la maten en plena calle.

Existen avances que deben reconocerse. Hay dos investigados bajo detención preliminar por presunto sicariato, uno señalado como posible autor material; además, el comandante general de la Policía se trasladó a Caraz para dirigir las pesquisas. Pero la rápida captura de sospechosos no responde la pregunta decisiva: ¿quién dio la orden? Tampoco explica cómo el arma incautada —una pistola Glock— había sido denunciada como robada a un policía desde 2023.

Y aquí aparece el silencio más estruendoso. Mientras el país contempla el asesinato público de una periodista y candidata que había pedido protección, no se ha identificado una declaración directa de la presidenta Keiko Fujimori sobre el caso. No basta con dejar que el Ministerio del Interior administre comunicados. Una presidenta también gobierna mediante su presencia, su voz y las prioridades morales que establece. Cuando el sicariato irrumpe en una campaña electoral, guardar silencio no transmite prudencia: transmite ausencia. Y frente al crimen organizado, una jefa de Estado ausente termina proyectando exactamente aquello que los criminales necesitan: un poder político distante, dubitativo y sin voz.

“No podemos dar resultados en 15 días, por favor. Les pido paciencia”. Esta fue la frase que nos dejó nuestra actual presidente el pasado 11 de agosto ante la crisis que atraviesa nuestro país, sobre todo en materia de seguridad. Dicho esto, la verdad es que es comprensible en su literalidad: es muy difícil o casi imposible que exista algún gobierno que resuelva problemas de larga data y de gran envergadura solo en dos semanas. Pero es peligrosa en su efecto también, ya que muchos no queremos que esta actitud sea la que guíe las acciones y la eficiencia de la actual gestión, y que siempre haya un excusa para no actuar con firmeza y velocidad.

Y es que la realidad no espera y los problemas se han hecho patentes tras una luna de miel muy accidentada. Mientras la mandataria solicitaba paciencia, apenas unos días después se registraron múltiples ataques extorsivos con transportistas en Lima: un conductor herido de bala, un autobús baleado con amenaza de muerte de por medio (con código colombiano), y el asesinato de un mototaxista de 24 años. Solo en el año 2025 un total de 239 transportistas fueron asesinados en nuestro país. Si lo analizamos por rango de tiempo, entre agosto de 2024 y mayo del 2026 podemos contabilizar 283 víctimas y más de 150 fallecidos por negarse a caer al infierno de pagar cupos por trabajar. Estas desgracias no solo se ven mediante las cifras, existen materiales audiovisuales en redes sociales que confirman la data: choferes ejecutados a sangre fría frente a sus pasajeros, familias obligadas a normalizar la posibilidad de que su ser querido no llegue con vida al hogar. Esta penosa realidad, en cualquier país serio sería motivo suficiente para declararlo en emergencia nacional.

Además, a esto podemos sumar la respuesta de Fujimori ante las recientes lluvias que colapsaron el sur de Lima: cerca de 300 afectados, más de 60 viviendas y centros educativos con serio daños en los distritos de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, Chorrillos y San Juan de Miraflores, todo esto a consecuencia de la acumulación de apenas algunos milímetros de precipitaciones. Estas cifras en cualquier otra ciudad con infraestructura mínima no sería ni noticia. Además, la Contraloría General de la República detectó que cerca de 320 municipios ejecutaron menos del 40% del presupuesto que tenían previsto para enfrentar el Fenómeno de El Niño. Esto no responde a una coincidencia por los malos tiempos del clima, no, esta lamentable situación se explica por la lentitud y la tranquilidad con la que este gobierno viene abordando algunas problemáticas; no todas, pero sí algunas básicas como esta.

Las comparaciones son molestas y amargas, pero es importante señalarlas, sobre todo si se tiene la intención de hacer una crítica constructiva que busca que la situación del país mejore. Abelardo de la Espriella, actual presidente de Colombia, asumió apenas hace poco más de 10 días el gobierno del país cafetero y en sus primeras 24 horas ordenó el traslado de 117 reclusos de alto calibre vinculados a estructuras criminales, desarticulando así centros de mando penitenciario. En este mismo periodo de tiempo, sus tropas dieron de baja a Hernando Forero Mosquera, alias “Alemán”, líder cabecilla de las disidencias de las FARC, se capturó a integrantes del Clan del Golfo y de los Comandos de Frontera, y se destruyeron más de dos decenas de artefactos explosivos el ELN. Todo esto sin traer a colación el catastrófico terremoto de 7.4 grados de magnitud que golpeó la zona del Chocó y demás áreas aledañas en ese mismo lapso.

De la Espriella no pidió paciencia: se trasladó a las zonas afectadas, instaló un Puesto de Mando Unificado y ofreció reportes cada dos horas por medio de medios oficiales y medios alternativos (redes sociales). No se pretende ser irracional, nadie exige lo imposible en poco tiempo, pero la diferencia es clara y no estaría nada mal que nuestro gobierno tome la actitud y estrategias del gobierno de nuestro vecino país del norte

Es totalmente cierto y hay que ser justos: Keiko recién inicia, nadie puede discutir eso, y desmontar en dos semanas una crisis criminal (no solo urbana, ojo) que lleva años de existencia y con miles de víctimas alrededor resulta fantasioso y, en parte, irresponsable. No obstante, un inicio reciente no puede ser sinónimo de inacción y parálisis, y menos ante ciertos problemas que pueden solucionarse sin la necesidad de reformas profundas, solo con una sencilla capacidad de reacción y coordinación logística, como es lo sucedido frente al inicio de periodos de lluvia.

El invocado cronómetro de 1826 días de Keiko sigue en marcha. Y con él también corre la paciencia de un país que sigue sufriendo ominosas tragedias diarias que podemos combatir con buena gestión estratégica y tomando ejemplos de nuestros vecinos y aliados. Es ese el estándar de exigencia que este gobierno debe de asumir.

El lunes último, en horas de la mañana, un sismo de 7.4 grados en la escala de Richter dio un golpe de fuerza devastador en la zona occidental de nuestra vecina Colombia. Las últimas noticias recaban las penosas cifras de más de 200 fallecidos, de casi 1 000 heridos y de miles de desaparecidos aún sin confirmar, con Pereira, Cali, Quibdó y Manizales muy gravemente dañadas.

La respuesta del recientemente asumido presidente Abelardo de la Espriella, con solo unos días en el cargo, ha sido rápida y decidida. Ha suspendido toda su agenda, se ha trasladado en forma directa a las zonas afectadas y, por intermedio de su equipo, ha instalado un Puesto de Mando Unificado. Asimismo, ha estado entregando informes cada dos horas, poniendo énfasis en rescatar a las personas atrapadas y en un relato humanista para atender a todos, independientemente de su tendencia política. Todo ello, en coherencia con el anuncio de ser el presidente de todos los colombianos, prometido y repetido en el discurso de toma de posesión.

Por supuesto, este cuadro no habría sido posible con el Petrismo en el poder. De la Espriella, además, activó de inmediato la cooperación internacional. La Unión Europea desplegó el sistema Copernicus y Alemania, entre otras naciones, han expresado su apoyo formal en menos de 24 horas, sumándose a todas las gestiones de “El Tigre”. Esto sin mencionar el apoyo anunciado por la gestión Trump de 15.5 millones de dólares. Todo esto, sin experiencia previa en gestión pública, pero sí en el sector privado. De la Espriella, con esta experiencia, parece haber entendido lo más esencial: los tiempos de crisis exigen presencia, información verídica, voz de mando y acciones claras, más que retóricas y justificaciones.

El contraste que podemos hacer con Venezuela, por ejemplo, es hercúleo, y no solo en materia de resultados, sino por patrones de conducta. Tras el terrible doblete sísmico del pasado 24 de junio en La Guaira —dos movimientos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter, con solo 39 segundos de diferencia—, las cuentas oficiales más recientes nos arrojan cifras escalofriantes. Se habla de más de 6 000 personas fallecidas, casi un millar de edificaciones afectadas y cientos colapsados.

A diferencia de Colombia, donde las diferentes ayudas nacionales, internacionales y de la misma población se activaron en horas, el decadente régimen de la heredera del Chavismo, Delcy Rodríguez, tardó días en ponerse en marcha. Prácticamente, la ayuda primigenia se realizó casi netamente por la población civil, que removió escombros con las manos, sin equipos ni maquinaria especializada. También hubo apoyo de ONG y, sí, luego también de la comunidad internacional.

Estas demoras explican, sobremanera, por qué las cifras venezolanas fueron desde un inicio bastante pronunciadas respecto a las colombianas, a pesar de que ambos desastres son medianamente similares. Claro que aún no podemos evaluar al 100 % la tragedia de Colombia por lo reciente de los hechos. No obstante, lo que sí podemos asegurar es que claramente hay diferentes enfoques y maneras de actuar frente a tragedias similares.

Algo que sí vale la pena recordar es que buena parte de los edificios que colapsaron en la zona de La Guaira pertenecían a la Gran Misión Venezuela, un programa propiciado por el exautócrata Hugo Chávez en el año 2011 y continuado por Nicolás Maduro. Todas estas, claro está, terminaron reducidas a escombros. Estas estratagemas, que buscaban sumar adeptos, terminaron siendo una sentencia de muerte de mediano plazo para muchos de ellos. Múltiples denuncias de corrupción, materiales de ínfima calidad y cero controles técnicos durante años trajeron consecuencias irreversibles. El régimen ha intentado desligarse, pero todos sabemos que son responsables y este caso es una muestra más de que el socialismo, muchas veces, termina creando infiernos terrenales.

Sudamérica es considerada una de las áreas sísmicas más activas que encontramos en el planeta, por las placas que convergen en condiciones muy específicas. En consecuencia, nos referimos a la placa del Caribe, la placa de Nazca y la placa Sudamericana, mientras que, en relación con nuestro país, tenemos las dos últimas debajo de su territorio.

El 18 de julio, Huancayo y Chupaca sufrieron un movimiento sísmico de magnitud 5.5 en la escala de Richter, que produjo una serie de incidencias trágicas, tales como siete muertos y cientos de damnificados. Un probable aviso, con ciertos caracteres, que nos podría anticipar una amenaza mucho más grave. En la región Piura se dio un movimiento sísmico a finales del mes anterior, cuya magnitud fue de 6.1. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró desde las primeras horas del día de ayer hasta cuatro movimientos en Sechura, de magnitudes que oscilan entre los 4.0 y 4.9 grados, en un espacio de horas.

Como queda claro, ninguna zona de nuestro país está libre de los sismos. Y, claro, el elefante blanco de la habitación es ese silencio sísmico de más de 50 años que caracteriza nuestra capital y zonas de la costa central, exceptuando la región Ica. Esto representa una energía acumulada que, según señalan expertos en la materia, más temprano que tarde se liberará por medio de un megasismo de aproximadamente 8.8 grados en la escala de Richter o incluso mayor.

Si esta catástrofe de proporciones bíblicas se materializa, el escenario oficial de INDECI calcula más de 110 000 fallecidos y 350 000 viviendas hechas añicos si este terrible evento sucediera el día de hoy. Entonces, viendo todo este escenario, debemos rescatar una doble lección: la eficiencia y eficacia frente a un desastre dependen de decisiones concretas y rápidas, con información clara, y no de meros discursos improvisados a destiempo que solo buscan encubrir la mediocridad de un pésimo líder.

Nuestra actual presidenta tiene una responsabilidad importantísima e histórica en esta dimensión. No solo estamos expuestos y vulnerables ante la posibilidad de padecer un sismo mortífero; tenemos el fenómeno El Niño y sus consecuencias a la vuelta de la esquina. Debe trabajarse arduamente: mejoras en fiscalización en materia de construcción, reforzamiento sísmico de hospitales y escuelas, protocolos de cooperación internacional, entre otras aristas que permitan que nuestro Estado esté preparado ante cualquier desgracia y que no nos agarren “con los pantalones abajo”.