Martín Vizcarra, fundó el partido Perú Primero, se hizo nominar candidato a la Presidencia de la República, se movilizó por todo el país haciendo campaña electoral, aparecía en las encuestas. Este proyecto político se cayó cuando el Poder Judicial, lo condenó a quince años de cárcel (por delitos de corrupción de funcionarios públicos, cuando fue presidente, ahora gobernador regional de Moquegua), está recluido en el centro penal especial de Fundo Barbadillo, donde estuvo Alberto Fujimori, continúan Ollanta Humala, Alejandro Toledo y Pedro Castillo. Cabe recordar, Vizcarra, postuló al Congreso de la República (2021-2026), obtuvo la más alta votación. No pudo asumir su curul congresal por estar inhabilitado por el Congreso de la República.

Antauro Humala, editó periódicos, primero Ollanta, luego, Antauro, los vendía en todo el país los reservistas del Ejército Peruano, seguidores de sus ideas políticas, divulgando mensajes políticos del etnocacerismo. Escribió libros: “Etnonacionalismo, Izquierda y Globalidad (visión etnocacerista)”, “De la Guerra etnosanta a la iglesia tawantinsuyana”, “Conversaciones con Antauro”. Al salir en libertad al cumplir la pena de cárcel por el delito de Homicidio Calificado, se dedicó a recorrer el país, organizó mítines políticos, brindó conferencias de prensa. Finalmente, fundó el partido político ANTAURO (Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros), obtuvo su reconocimiento por el JNE, se aprestaba participar en las Elecciones Generales de 2026.La organización política A.N.T.A.U.R.O., fue cancelada, del ROP del JNE, a solicitud de la Fiscalía de la Nación y con sentencias de primera y segunda instancias de la Corte Suprema de Justicia de la República, por hacer propuestas evidentemente antidemocráticas en transgresión de la Constitución Política del Perú.

Guillermo Bermejo, siendo congresista de la República, dio vida al partido político Voces del Pueblo, anunció su candidatura a la Jefatura de Estado, consiguió la inscripción de la organización en el ROP del JNE. Su candidatura presidencial se frustró por la condena de quince años de cárcel por el delito Contra la Tranquilidad Pública en la modalidad de Afiliación a organización terrorista.

El especial caso de Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia eludiendo la prisión preventiva dictada en su contra por el Poder Judicial, aunque su abogado, dice está “a buen recaudo” (significa: algo o alguien está bien custodiado, protegido, seguro y fuera de peligro), llamando la atención no haya sido ubicado menos capturado por la Policía Nacional del Perú en más de dos años; fue candidato presidencial, no participó en los debates presidenciales, tampoco recorrió el país, haciendo campaña por redes sociales. Interpuso Hábeas Corpus, cuyo expediente ya está en el Tribunal Constitucional, con evidente preferencia programaron audiencia, al cual asistió su defensa técnica, surgió la posibilidad de dictarse sentencia antes de la fecha de las Elecciones Generales, incluso se auguraba un resultado favorable, pasó el 12 de abril, sin la emisión de la resolución esperada.

Se ha tenido a ciudadanos presos como candidatos: en 2006 a Antauro Humala, al Congreso por Avanza País; Gregorio Santos en 2016 a la Presidencia por Democracia Directa. No fueron elegidos. Debe evaluarse jurídicamente, si se debe aceptar la inscripción de candidatos con prisión preventiva; considero debe ser impedimento para postular, al igual que los condenados en primera instancia.

La democracia peruana sí sabe protegerse.

La Ley N° 30998, Ley por la que se modifica la Ley 28094, Ley de Organizaciones Políticas, para promover la participación política y la democracia en las organizaciones políticas (publicado en el Diario Oficial El Peruano el 27 de agosto de 2019); trajo verdaderas elecciones primarias, para elegir candidatos a los cargos: a) Presidente de la República; b) Representantes al Congreso de la República (senadores y diputados); c) Gobernadores Regionales; d) Alcaldes provinciales y distritales, con el siguiente precepto:

“Artículo 24.- Modalidad de las elecciones primarias Las elecciones primarias se realizan de manera simultánea mediante voto universal, libre, obligatorio, igual, directo y secreto de todos los ciudadanos, estén o no afiliados a una organización política. Para continuar con su participación en el proceso electoral, el partido político debe obtener al menos el 1,5% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias. Para el caso del movimiento regional, debe obtener al menos el 4% de los votos válidamente emitidos en las elecciones primarias de su circunscripción.De existir alianza electoral, los porcentajes referidos se incrementan en 0,5% por cada organización política adicional”.

Las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), nunca se aplicó, porque la Ley N° 31028, la inaplicó para las Elecciones Generales de 2021; la Ley N° 31357, la inaplicó para las Elecciones Regionales y Municipales de 2022; y la Ley N° 31981, la eliminó, reemplazándola por falsas elecciones primarias: no son abiertas, tampoco obligatorias, sólo son simultáneas.

A la luz de los resultados electorales del día domingo 12 de abril de 2026, hay veinte y tres (23) partidos políticos, que han obtenido menos del 1,5% de votos; estas organizaciones, no hubieran podido participar en los referidos comicios, de haberse mantenido vigente y aplicado la Ley N° 30998 en las Elecciones Primarias realizadas el 30 de noviembre y 07 de diciembre de 2025; de conformidad con el artículo 24. En otras palabras, en las Elecciones Primarias conforme a la Ley N° 30998; los 23 partidos políticos, al no superar el 1,5 de votos, no hubieran podido participar en las elecciones del 12 de abril, en consecuencia, habrían participado 10 agrupaciones y no 36.

Debe retomarse dicha Ley para: fortalecer la democracia; elevar la calidad de las candidaturas con participación de ciudadanos afiliados y no afiliados, sin el requisito de inscripción de estos últimos; prevenir la fragmentación electoral; y, servir de filtro a fin evitar la proliferación de candidatos y candidatas.

En la actualidad el número de electores según Resolución N° 0744-2025-JNE son 27 325 432; de los cuales menos del 10% están en los padrones de los partidos políticos inscritos en el ROP del JNE; es decir, en las mal llamadas Elecciones Primarias de las organizaciones políticas del 2025, más del 90% de ciudadanos no participaron en dichas Elecciones Primarias para designar a los postulantes a la Presidencia de la República, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, por no estar afiliados a ningún grupo partidario, en otras palabras, no fueron considerados. Para luego, tener que votar por algunos de tales candidaturas, de cuyo origen estuvieron excluidos antidemocráticamente.

Con retomar las verdaderas Elecciones PASO, se le otorga responsabilidad a toda la ciudadanía en el origen de las candidaturas de los partidos políticos, elevando la calidad de las mismas, primer requisito para garantizar mejores gestiones públicas en los tres niveles de gobierno: nacional, regional y local.

En el Partido Aprista Peruano, desde el año 2022 empezaron a vocear al Ing. Roque Benavides, acababa de ser elegido Decano del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros de Perú, como posible candidato presidencial; lo cual fue alimentado por varios hechos destacables: se inscribió en el padrón de afiliados, en momentos difíciles para la colectividad política de los compañeros; publicó, en conjunto con Lucio “mochero” Vásquez, el libro “Docencia y Decencia”, sobre la obra de pedagogía política de Víctor Raúl Haya de la Torre; generó expectativas en las bases partidarias, sin embargo, no se produjo su inscripción en las Elecciones Primarias de 2025 para las Elecciones Generales de 2026.

El próspero y emergente empresario provinciano, Carlos Añaños, manifestó sus aspiraciones en los comicios presidenciales de 2026, inició propiciando encuentros de líderes de varias organizaciones, con el propósito de construir una plural fórmula presidencial, que no se dio; a continuación se afilió al partido político Avanza país, no hubo buen ambiente, renunciando; posteriormente, e inscribiéndose en la agrupación Perú Moderno, de donde, en tiempo récord dimitió, quedándose sin organización y sin candidatura.

Hernando de Soto, reconocido economista teórico de la informalidad del país, de dimensión internacional, fue invitado como figura presidencial por el partido Progresemos, afiliándose, para cumplir con los requisitos de ley, a fin, pueda encabezar la plancha presidencial; surgieron “inconciliables” discrepancias con el fundador Paul Jaimes, viéndose obligado a retirarse definitivamente de la organización, quedando fuera de toda posibilidad de postular.

Vicente Alanoca, antropólogo, egresado y catedrático de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, intelectual indigenista; fue propuesto por Verónica Mendoza, candidato presidencial por Nuevo Perú, Buen Vivir y Voces del Pueblo. En las elecciones primarias de la alianza, sorprendentemente, lo hicieron a un lado, hubo presencia innegable de racismo en esta izquierda extrema.

El polémico Phillip Butters de PBO Radio anunció su candidatura presidencial, lo fue de Avanza País, empezó hacer campaña, visitó Puno, en una emisora de Juliaca (08/10/25), fue duramente cuestionado por hombres de prensa, decenas de ciudadanos se aglomeraron, lo abuchearon, teniendo que ser protegido con buen número de policías, viéndose obligado a salir de la región del Altiplano; días después, renunció a su postulación, incluso, a la militancia de la organización que lo acogió.

Roque Benavides, Carlos Añaños, Hernando de Soto y Vicente Alanoca, sin duda alguna, son personalidades con prestigio, ciudadanos referentes, peruanos exitosos ejemplos para los jóvenes profesionales y empresarios; con talla presidencial, aunque sin trayectoria política, sin afiliación partidaria, a excepción del primero de los nombrados. Habrían sido respetables candidatos, enriquecido el debate político, curiosamente, fueron desembarcados y reemplazados, por personas con mucho menos currículum vitae. Cómo explicar no hayan sido considerados como candidatos a la Presidencia de la República ¿pusieron condiciones inaceptables? o ¿les limitaron su accionar e injerencia en la confección de listas de candidatos a las cámaras?

Este desembarco, significa haber poca capacidad en la edificación de consenso; ausencia de paciencia para superar, mediante el diálogo, las discrepancias: nula vocación de tratar las coincidencias sobre las diferencias; falta de tino para distinguir las discrepancias de forma de las de fondo, a fin de trabajarlas, por separado, remontando las de forma, para fortalecer el entendimiento, así coadyuvar a resolver satisfactoriamente, las de fondo. Aquí radica el serio problema de la política y democracia peruanas, la inexistencia de posibilidades de consenso constructivo; excepcionalmente, se dan coyunturales pactos, pero, para complacer intereses de camarillas. Una vez más decimos, con convicción “la democracia es diálogo, confrontación y consenso”.

Inicialmente 41 partidos políticos estaban aptos para las Elecciones Generales del 12 de abril; al formarse tres alianzas electorales: Unidad Nacional, conformada por: Partido Popular Cristiano, y partido Unidad y Paz; Fuerza y Libertad, integrada por: Fuerza Moderna, Batalla Perú y Peruanos Unidos Somos Libres; Venceremos, constituida por: Nuevo Perú, Por el Buen Vivir y Popular y Voces del Pueblo; se redujo a 37 el número de listas de postulantes, con la salida de Acción Popular, ante serios problemas internos, sus Elecciones Primarias fueron declaradas nulas; disminuyendo a 36 los competidores a la Presidencia de la República; con el deceso, en accidente de tránsito en plena campaña electoral, de Napoleón Becerra del Partido de Trabajadores y Emprendedores, decreció a 35 los postulantes, pueden continuar los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia de la República, no es lo mismo; por último, con un candidato ausente, por estar en condición de “prófugo” de la justicia o “a buen recaudo”, Vladimir Cerrón del Partido Perú Libre, hace, en la práctica, hay 34 candidatos presidenciales activos.

Lo más intrigante, es el casi nulo activismo ciudadano en los espacios de participación, llámese Juntas Vecinales Comunales, a cargo de los Gobiernos Locales, no existen fuera de Lima; no confundir con la Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, fomentado por la Policía Nacional del Perú; por otro lado, no funcionan los Consejos de Coordinación Local provinciales y distritales; los procesos de Presupuesto Participativo, mayormente, concurren los allegados de los alcaldes, encima, una mínima parte de organizaciones de la sociedad civil; no se promueven las audiencias ciudadanas, los cabildos abiertos; los vecinos no asisten a las sesiones de concejo municipal (son públicas), muchas municipalidades no las transmiten, en tiempo real por las redes sociales, es decir, no se ve intervención vecinal efectiva ni transparencia institucional real.

Sin embargo, ha habido un derrame de partidos políticos y una plaga de candidatos. ¿Cómo explicar la apatía política de la ciudadanía, con el excesivo número de fórmulas presidenciales y listas parlamentarias? Ello denota inquietante fragmentación política, genera pandemónium electoral, propicia dispersión del voto, obstaculiza edificar necesarios consensos, dándose una inexplicable paradoja “a más desafección política, más apetito por el poder político”.

Se augura, por lo menos veinte partidos políticos, no van a pasar la valla electoral, es decir, se van a extinguir, terminarán de desaparecer los partidos tradicionales, le seguirán los partidos regionales, correrán la misma suerte los partidos “inexistentes”, de ahí lo de “12 de abril hecatombe política”; también entrarán en cuestión las encuestas difundidas hasta el día permitido por la ley, cuyos porcentajes asignados a los candidatos y listas, no coincidirán con los resultados de los comicios. ¿Por qué?

Al iniciar el año 2023 el período de las actuales gestiones ediles, que culminan este año 2026, dentro del primer trimestre, fijaron, con Acuerdo de Concejo, el monto de las dietas de regidores, hasta el 30% del ingreso mensual del alcalde. Muchos concejos municipales lo fijaron en función de la remuneración del alcalde del año 2019 en atención al D.S. 430-2019-EF, el mismo, estableció el nuevo ingreso mensual de los alcaldes a partir del año 2020 y prohibió el reajuste de dietas de regidores. Por error, prolongaron sus efectos al período actual. Algunos gobiernos locales, muy pocos, fijaron las dietas al 30% del actual ingreso mensual del alcalde, siendo esto lo correcto.

La Ley N° 32269, Ley que modifica la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, para establecer precisiones sobre la dieta de los regidores (El Peruano: 22/03/25), en loable afán de justicia permite, a los regidores, corregir el error, y tener el monto de dietas en función del ingreso mensual del alcalde tenido a enero de 2023, lo cual es razonable, justo y absolutamente, legal, autorizando, por esta y única vez, un plazo de noventa (90) días (23 de marzo al 22 de junio de 2025), para establecer, con acuerdo de concejo, el monto de dietas, en base al ingreso mensual de los alcaldes de enero de 2023.

Los concejos municipales, aplicaron la Ley 32269. Frente a lo cual, se le antepone el Oficio Circular N° 0074-2025-EF/50.07, de fecha 09 de mayo de 2025; indicando, en otras palabras, es inaplicable la referida ley por no haber dispuesto la exoneración de la prohibición de reajuste de dietas del artículo 6 de la Ley de Presupuesto de 2025; en consecuencia, los regidores tienen que devolver parte de las dietas cuyos montos se aprobaron al amparo de la norma citada.

Discrepamos del Oficio Circular del MEF, con convicción, señalamos la Ley N° 32269 no contraviene ninguna norma general ni especial, además, no es el artículo 12 de la Ley 27972, modificado por la Ley 32269, la base legal de la precisión del monto de las dietas de regidores, sino, la primera disposición complementaria final. El oficio circular se circunscribe a una interpretación literal del artículo 12 de la Ley N° 27972, modificado por la Ley N° 32269; dicho documento, no hace ninguna interpretación de la primera disposición complementaria final de la ley modificatoria.

Contextualizando la Ley 32269, se dio dentro de los hechos: 1. A fines del año 2019, el Gobierno Nacional expidió el D.S. N° 413-2019-PCM, establece la compensación económica para los alcaldes, a percibirse a partir del año 2020. 2. Significó un nuevo monto de ingreso mensual distinto y superior a lo percibido, por los alcaldes el año 2019, año de inicio de gestión de los gobiernos locales período 2019-2022. 3. El mencionado decreto supremo, prohibió el incremento o reajuste de dietas, en aplicación del primer párrafo del artículo 12 de la Ley N° 27972 limita en el tiempo, al primer trimestre (enero, febrero y marzo) del primer año de gestión, para fijar por acuerdo de concejo el monto de las dietas. 4. El artículo 12 de la Ley N° 27972, desde antes de la modificación de la Ley N° 32269, establece el régimen de dietas; nunca dispuso la exoneración del artículo de prohibición de incremento o reajuste de remuneraciones, dietas y similares, de las leyes anuales de Presupuesto del Sector Público. 5. No obstante, la no disposición de exoneración, cada cuatro años, se fijan las dietas de los regidores con acuerdo de concejo y obligatoriamente publicados conforme a ley.

La primera disposición, autoriza, por esta y única vez, un plazo de noventa (90) días para establecer, con acuerdo de concejo, el monto de dietas, en función de la realidad a enero del año 2023 del ingreso mensual de los alcaldes, pues, es insostenible que los regidores siguieran con dietas en función del ingreso mensual de los alcaldes del año 2019.

Si el D.S. 413-2019-PCM, prohibió el reajuste de dietas, es porque, el monto de las dietas, se fijan al primer trimestre del primer año de gestión edil, pasado este plazo, no se puede adoptar ningún acuerdo sobre dietas. Al disponer la primera disposición de la Ley 32269, el plazo de 90 días, para precisar las dietas de regidores, ello es absolutamente legal, por lo tanto, no corresponde devolver nada a los regidores respecto a sus dietas.

Los días 16 y siguientes de febrero de 2026, los vecinos de la Asociación Vivienda Taller Villa El Pescador – Matarani, empezaron a sentir olores molestos, provenientes del depósito y almacén de minerales del Terminar Internacional del Sur (Tisur), ocasionando la protesta de los afectados, quienes formularon denuncias, por ante la Comisaría PNP de Matarani, Municipalidad Distrital de Islay, OEFA  y Fiscalía Ambiental de Arequipa; en contra de la concesionaria del Puerto de Matarani.

Funcionarios de la empresa cuestionada, invitaron a la directiva de Villa El Pescador, a reunión de información en sus instalaciones; los dirigentes vecinales aceptaron participar, pero, en el local social de El Pescador con la finalidad de que asistan los habitantes del área y población contaminados, darle transparencia y evitar comentarios de “arreglos bajo la mesa”. La empresa no aceptó, otorgando la oportunidad de que 30 a 40 ciudadanos asistan a la reunión en las instalaciones portuarias.

Al final, la reunión se realizó en oficinas de Tisur, el día martes 24 de febrero de 2026, asistieron una veintena de vecinos, las regidoras Jery Paola Canelo Pacheco y Carmen Ángela Sucasaca Huamán. Los representantes del grupo Romero, empezaron mostrando una grabación en donde una dama sugería a personas víctimas de los olores molestos, a ir al Centro de Salud, por los gases contaminantes, y exagerar sus males para ser atendidos y que haya evidencias del daño a la salud de la población por la contaminación.

La grabación expuesta, denota torpeza y evidencia labores de espionaje con afán de intimidación a los ciudadanos que, lo único que quieren es respeto al derecho a la vida y a su libre desarrollo y bienestar; a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida; a la protección de su salud, la del medio familiar y la de la comunidad; consagrados en la Constitución Política del Perú, artículos 2 numerales 1 y 22; y 7.

El funcionario, de la empresa privada, aferrado a la grabación, comentó: ustedes exageran en sus denuncias, pretendiendo ilusamente, minimizar los malos olores que él no los inhala por no residir en Villa El Pescador, luego, pidió no hacer política con el tema, refiriéndose a los justos reclamos vecinales; lo que en el fondo está pidiendo a los vecinos, es que no reclamen, lo cual es irracional.

Según, Juan Carlos Díaz, presidente de Villa El Pescador, en la reunión, se comprometió a: 1. En adelante, la empresa TISUR suspenderá temporalmente las operaciones que originen la emisión de gases que provoquen malestares físicos en los pobladores. 2. La empresa se compromete a realizar las acciones necesarias para evitar que sus vehículos y/o los de sus clientes incumplan con la normativa vial y medioambiental durante el uso de las vías que comparten con la asociación. 3. La empresa minera usuaria del puerto y generadora de los malos olores, en fecha próxima dará explicaciones de lo acontecido.

Tisur, debe “abstenerse de perjudicar las propiedades contiguas o vecinas, la seguridad, el sosiego y la salud de sus habitantes. Están prohibidos los humos, los hollines, emanaciones, ruidos, trepidaciones y molestias análogas (malos olores) que excedan de la tolerancia que mutuamente se deben los vecinos en atención a las circunstancias” (art. 961 Código Civil). A la Municipalidad Distrital de Islay, le corresponde “Fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente”; es obligación de la Municipalidad Provincial de Islay “Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y ambiente” (art. 80 LOM). El lema de los vecinos es “inversión privada sin contaminación”.

La historia política de nuestro país, está compuesta de gestiones fracasadas, golpes de Estado prometedores y elecciones de esperanza. ¿Como así? Cuando gobernaban los militaristas (militares en actividad metidos en política) y fracasaban, convocaban elecciones para dejarle la “papa caliente” a los ciudadanos civiles elegidos; si estos gobernaban mal, volvían los militaristas, mediante asaltos al poder político; así se estuvo hasta la década de los 70.

Retornó la democracia en la década del 80, con nueva Constitución Política del Estado de 1979, elaborada y aprobada por los últimos buenos políticos que tuvimos, tanto de la derecha, el APRA y de los partidos políticos de tendencias marxistas. Fue elegido el Arq. Fernando Belaúnde (1980 – 1985), promulgó la Constitución de 1979; devolvió los diarios expropiados a sus antiguos dueños; se comportó un caballero demócrata, pero, no colmó las expectativas populares; en los siguientes comicios, eligieron a Alan García (1985 – 1990), en los primeros años elevó el PBI considerablemente, ejecutó importantes obras (Tren Eléctrico, INEN, IPEN, inició los viajes de investigación a la Estación Machu Picchu en la Antártida, y otros), en los últimos años, tuvo una muy discutible administración; por lo que el pueblo ungió presidente de la República al Ing. Alberto Fujimori (1990 – 2000), el primer outsider; afrontó la recesión económica; el terrorismo de Sendero Luminoso y MRTA; superó el aislamiento financiero; aplicó el fuerte ajuste fiscal (antes denominado paquetazo); privatizó las empresas públicas por deficientes; desreguló la normatividad laboral, a fin, promover el empleo; restituyó al país a los organismos multilaterales; cabe reconocer lo siguiente, el autogolpe del 05 de abril de 1992 (repudiable por interrumpirse la democracia), fue aplaudido por el pueblo mayoritariamente; en 1995, lo reeligieron en primera vuelta, al remontar la mitad más uno de los votos válidos.

El error político de pretender la re reelección, el agotamiento del fujimorismo, los excesos criminales del grupo Colina y los famosos vladivideos; dio lugar, a la elección de Alejandro Toledo (2001 – 2006), de regular gestión, incorporó, a la actividad política y pública, a respetables profesionales como Luis Solari, David Waisman y otros; cayó en serios cuestionamientos de desaprobación; a ello se agregó la generosidad ciudadana, dieron una segunda oportunidad a Alan García (2006 – 2011), hizo un buen gobierno: redujo la pobreza 20 puntos; disminuyó la desnutrición crónica infantil; promovió más de dos millones de puestos de trabajo; la economía creció promedio 7.5%; siendo eclipsado por el escándalo de los petroaudios y el faenón, trayéndole un alto costo político; propiciando la elección de Ollanta Humala, calificado de “antisistema”, el último jefe de Estado en permanecer los cinco años del período presidencial; fue una gestión mediocre, a partir de ahí se nota un deterioro gubernamental.

En el primero lustro 2016 – 2021, se ha tenido cinco presidentes: Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Mercedes Araoz, Manuel Merino y Francisco Sagasti; en lo que va del segundo lustro 2021 – 2026, ya van cuatro jefes de Estado: Pedro Castillo, Dina Boluarte, José Jerí y José María Balcázar.

Asistiremos a las Elecciones Generales del 12 de abril, participan 36 candidatos presidenciales, igual número de listas al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino, son las elecciones de la más procaz fragmentación, hasta el momento no hay liderazgos fuertes, las simpatías son mínimas, ningún postulante es garantía de estabilidad política ni de buena gestión, por eso, decimos, las elecciones ya no son esperanza, son incertidumbre.

En este artículo no se va a cuestionar los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tampoco los laudos arbitrales del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones), pero sí vamos a llamar la atención de los ingentes recursos a gastar por el Estado peruano (con dinero del pueblo) para indemnizar a víctimas de violación de derechos humanos, como a contratistas por presuntos incumplimientos de contratos con empresas privadas por parte del Estado.

Los casos de violación de DDHH, se originaron en el gobierno de Alberto Fujimori, quien el 05 de abril de 1992, perpetró un autogolpe de Estado, cerrando inconstitucionalmente el Parlamento Nacional, reemplazando el régimen político de democracia por el de autocracia, con el pretexto de reconstruir el país agobiado por la crisis económica de los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García, y terrorismo del Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru – MRTA.

En el segundo gobierno, Alan García, hizo público su disconformidad con la decisión de la CIDH, de haber condenado a Perú y dispuesto el pago de indemnización de 20 millones de dólares a favor de familiares de 41 integrantes de Sendero Luminoso, fallecidos en la cárcel en medio de un motín; luego, informó haber 1208 casos por los cuales el Perú podría ser condenado; culpó al gobierno de Alejandro Toledo, por el gravísimo error de acatar las sentencias de la CIDH en todos los procesos vinculados con el terrorismo.

En la actualidad, nuestro país, corre el riesgo de asumir pagos de varios miles de millones de dólares, esta vez, a favor de empresas privadas mayormente extranjeras, por posibles incumplimientos de contratos de obras y otros, incurrido por los gobiernos del 2011 a la fecha. De ello nos advierte Alfredo Palacios Dongo, quien escribió: “Las demandas por arbitrajes internacionales nos siguen pasando enorme factura”, dice:

“Durante 2024 se presentaron cuatro demandas ante el CIADI: Gas Natural de Lima y Callao (US$ 200 millones), Gasoducto Sur Peruano (US$ 194 millones), Concesionaria Angostura Siguas (US$ 1 400 millones) y Cervecería Backus S/ 1 600 millones)”.

Continúa, “Durante 2025, en marzo, la empresa Brookfield demandó una restitución de US$ 2 700 millones por Rutas de Lima y, en noviembre, la empresa colombiana Promigas inició otra demanda por controversias tarifarias con Osinergmin, que podría afectar la concesión norte que beneficia a 1,2 millones de personas y 100 industrias en Áncash, La libertad, Lambayeque, Cajamarca y Piura”. Prosigue. Palacios, “Lo más grave es que, durante este año 2026, no ha pasado ni mes y medio y ya tenemos más problemas de arbitrajes que nos siguen pasando enorme factura: el 19 de enero, la minera canadiense Lupaka Gold Corp ha amenazado con embargar activos del Estado, incluidos futuros pagos de deuda, barcos y bienes inmuebles, por haber ganado en el CIADI un laudo contra el Perú por US$ 67 millones; pero el Gobierno no ha pagado”; agrega, “El 20 de enero, la compañía Unna Energía, subsidiaria del grupo Aenza, presentó una solicitud de arbitraje internacional ante la Cámara de Comercio Internacional (ICC) contra Perúpetro, por controversias en los lotes III y IV”; finalmente, señala, “somos el tercer país más demandado en la historia del CIADI”.

No solo es el costo del pago de estos elevados montos, de perder los arbitrajes, también se debe considerar el costo de los estudios jurídicos internacionales contratados para la defensa jurídica del Estado peruano en los entes arbitrales mundiales; además, de implicar paralización de obras, disminución de la inversión privada, afectación al presupuesto nacional como el desprestigio a la imagen del país. Una vez más el Congreso de la República no ejerce su función de fiscalización a cabalidad.

En el sur de nuestra Patria, se han ejecutado importantes obras: la carretera binacional (nos conecta con Bolivia y Argentina), la vía interoceánica (nos conecta con Brasil), la costanera de Camaná – Matarani e Ilo hasta Tacna (nos conecta con Chile); las centrales termoeléctricas de Mollendo e Ilo. Preguntamos ¿tales obras han impulsado el desarrollo del sur del país? ¿Qué han hecho los gobiernos regionales del sur en torno a dichas obras?

Obras proyectadas, pero, obstaculizadas en su ejecución por conflictos interregionales: Proyecto Especial Majes-Siguas de Arequipa, se opone el Cusco; represa de compensación de Arequipa (Valle de Tambo), se opone Moquegua; represa de Paltuture de Moquegua, se opone Puno, por controversias limítrofes.

El centro y norte han superado enfrentamientos, arribando a importantes consensos, posibilitando la ejecución de obras en torno a recursos hídricos para uso humano, doméstico, agropecuario e industrial, caso de Ica con Huancavelica, se pusieron de acuerdo para compartir las aguas de las cuencas de los ríos San Juan, Pisco, Ica y Grande; en cuanto a Lambayeque y Piura, hicieron lo mismo, para aprovechar, ambos, las aguas del río Huancabamba.

El Gasoducto Sur Andino, ahora denominada Gasoducto Sur Peruano, es la mega obra iniciada en el gobierno de Alan García (2006-2011) e interrumpida en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2020), hasta hoy. La interrupción se debió a problemas de corrupción en la modificación del contrato, practicado en el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016), con la empresa brasilera Odebrecht; en la actualidad, el caso está en arbitraje a dirimirse en el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones), adscrita al Banco Mundial, su sede es Washington.

Por los cuestionamientos y el arbitraje, el gasoducto sigue paralizado, pero a lo largo del trazo de los ductos, están las tuberías, las mismas vienen siendo cuidadas por el Estado peruano, costándole la suma de US$ 46 millones al año, ya se han gastado US$ 400 millones.

La no ejecución del gasoducto, está impidiendo la masificación del gas natural en el sur del país; diariamente, se extrae 1398 millones de pies cúbicos (MMPCD), se exportan 600 MMPCD, pero, 300 MMPCD se reinyectan a los pozos del yacimiento gasífero (porque no hay consumidores), el resto va al consumo nacional, estos tres últimos datos, nos lo proporcionó el ingeniero químico Jesús Antonio Gamero Márquez, especialista en petroquímica y gas natural, en conferencia virtual, brindada el día martes 10 de febrero de 2026.

El especialista dio a conocer, lo siguiente: la obra está ejecutada en un 31% con una inversión de US$ 2000 millones; es de más de mil km de longitud, cruza territorios de selva, sierra hasta llegar a la costa sur del país; el costo de construcción es de US$ 4300 millones, y el costo de operación durante 33 años asciende a US$ 3028 millones; con énfasis, indica, se tiene los materiales necesarios para retomar su inmediata ejecución.

Denunció la irrupción de intereses de ya no ejecutar el gasoducto, a cambio, instalar un ducto al Cusco, y el gasoducto costero de Pampa Melchorita hasta Mollendo e Ilo; con el riesgo de quedar excluido de gas natural la región de Puno, una injusticia sin duda alguna; mientras están construyendo plantas virtuales en Cusco y Puno, a donde trasladar el gas en líquido en camiones, que en las plantas las convertirían el gas; el problema es: con las plantas no se masifica el gas, es limitado para atender a solo mil viviendas.

Los beneficios del gas natural son enormes, es menos contaminante, su costo es menor para las familias e industria, otorga seguridad energética, posibilita la instalación de centros de producción con valor agregado en la macro sur del Perú. Las regiones del sur deben gestionar conjuntamente, por el reinicio y culminación del Gasoducto Sur Peruano.

Estando en la ciudad de Lima, en reunión amical, una mamá feliz relata, haber sido, su hijo Nico de catorce (14) años de edad del tercer año de secundaria, seleccionado a formar parte del equipo de ocho (8) adolescentes, para viajar a EEUU, durante quince días, a visitar la NASA, donde expondrán sus trabajos de investigación y estudios sobre el “cambio climático”.

Obviamente, me interesó la buena noticia, empecé a indagar, de qué colegio era ¿estatal o privado? Era colegio privado; la visita a EEUU ¿es programa del MINEDU o del colegio privado? Es programa del colegio privado; las exposiciones son ¿en idioma español o inglés) es en idioma inglés; en cuanto al tema ¿cuál es el criterio de haber escogido el tema? Ha sido el criterio de problemas globales.

Liz Quispe Santos, becaria de la Embajada de EEUU, ha creado el Programa Huarmis Space, consiste en llevar a niños y niñas del país a la NASA, con el apoyo de la superpotencia, para ello convocan a estudiantes de 11 a 16 años de edad, interesados genuinamente, en temas espaciales; recorren los ambientes del centro espacial, dialogan con los astronautas y los llevan a Disneylandia.

Huarmis es una iniciativa de solidaridad de un equipo de profesionales para encender la chispa del cambio transformador y comprometido con el fortalecimiento de competencias STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemática), su misión, empoderar a niños, niñas, adolescentes y mujeres de comunidades vulnerables del Perú, para mediante la educación, mejorarles sus vidas.

En ambos casos, no se ve la presencia del Estado en general ni del Ministerio de Educación (MINEDU), en especial; son iniciativas absolutamente particulares, la primera de uno de los renombrados colegios privados de la capital de la República; la segunda, de una evidente sensibilidad social de una compatriota, quien ha logrado alianzas con la Cámara Peruana de Inteligencia Artificial y otros.

Observamos lo siguiente, lo realizado por la institución educativa privada y la fundación altruista, de llevar niños y niñas a entidades de desarrollo y navegación espacial, no es política pública, son iniciativas particulares, llevadas a cabo sin el Estado, por lo tanto, el alcance es mínimo, circunscrito a la voluntad de las iniciativas.

En nuestro país, tenemos la Agencia Espacial Perú de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial (CONIDA), tiene el Centro Nacional de Operaciones de Imágenes Satelitales (CENOIS), ubicado en Pucusana, monitorean el satélite PerúSat-1, el cual provee de imágenes ópticas de alta resolución, las mismas son estudiadas coadyuvando al desarrollo y defensa del Perú.

En una conversación semanal, la distinguida Dama Benefactora de Pucusana María Adele Benavides, narró de su visita al CENOIS, a invitación de sus funcionarios, les sugirió programen visitas de alumnos para motivarlos a conocer las enormes ventajas del satélite en la toma de decisiones en los tres niveles de gobierno, y estudiar profesiones vinculadas a las ciencias e ingenierías.

Necesitamos un Estado que eduque efectiva e integralmente, en alianza con el sector privado, en beneficio de la sociedad civil, a nuestros niños y jóvenes, el principal capital humano, quienes deben ser llevados planificadamente a conocer el país, luego, hacerlos parte de programas de visitas a pueblos de América Latina y, finalmente, a conocer centros importantes del mundo.