A raíz de las lluvias torrenciales, desbordes y huaicos registrados en las últimas semanas, 152 locales educativos arequipeños se encuentran inhabilitados para la enseñanza escolar, según el reciente reporte de la Gerencia Regional de Educación. Techos con filtraciones, aulas anegadas, muros con humedad y ambientes que requieren limpieza y desinfección forman parte del diagnóstico preliminar, lo que ha obligado a posponer el inicio del año escolar mientras se evalúan las condiciones mínimas de seguridad para el retorno presencial.

Sin embargo, las deficiencias en la infraestructura educativa no son un problema únicamente coyuntural. Incluso sin emergencia de por medio, los locales educativos de gestión estatal en Arequipa ya presentaban debilidades estructurales. A cierre de 2025, de los 1 441 colegios públicos existentes en la región, cerca del 77% (1 110) requerían algún tipo de intervención para brindar un servicio adecuado. Más grave aún: uno de cada cuatro locales educativos necesitaba demolición o sustitución total debido a su infraestructura inadecuada.

La problemática responde principalmente a las deficiencias en la gestión de la inversión pública. En 2025, Arequipa contó con un presupuesto superior a S/ 398 millones destinado a mejorar la infraestructura educativa. No obstante, 83 de un total de 403 proyectos registraron ejecución cero pese a contar con presupuesto asignado, lo que equivale al 20% del total. Es decir, uno de cada cinco proyectos no ejecutó un solo sol. Uno de estos proyectos fue el mejoramiento del local educativo de la I.E. Hipólito Sánchez Trujillo en el distrito de Cabanaconde en Caylloma.

La falta de continuidad presupuestal agrava el escenario. A enero de este año se identificaron 25 proyectos educativos no culminados que no cuentan con presupuesto para 2026, los cuales representan una inversión conjunta de S/ 214 millones. Entre ellos figura el mejoramiento del servicio educativo de la I.E. 40392 José A. Encinas Franco, en Imata, con una inversión de S/ 9 millones y un avance de 82% desde su inicio en 2017, pero sin asignación presupuestal para este año. Casos como este evidencian deficiencias en la priorización y en la planificación multianual de inversiones.

Los retrasos en la entrega de los mismos también son significativos: 82 de los 347 proyectos educativos activos con presupuesto modificado (PIM) —equivalentes al 24%— presentan atrasos en su culminación, con un retraso promedio de 540 días. El Gobierno Regional de Arequipa muestra los mayores niveles de demora: el 9% de sus proyectos activos acumula, en promedio, 1 512 días de atraso. Estas cifras reflejan una combinación de debilidades técnicas, problemas de supervisión y escasa capacidad de ejecución.

Las deficiencias en la infraestructura educativa y en la gestión de los proyectos cobran especial relevancia en un contexto en el que Arequipa aún no recupera los niveles de aprendizaje perdidos durante la pandemia. En 2024, solo el 43% de estudiantes de cuarto grado de primaria alcanzó resultados satisfactorios en la prueba nacional de lectura, cifra inferior al 46% registrado en 2019. Es decir, el desempeño se mantiene por debajo de los niveles prepandemia. Cuando las obras se retrasan o no se ejecutan, no solo se posterga infraestructura: se debilitan las condiciones básicas para el aprendizaje. La evidencia muestra que entornos escolares seguros y funcionales favorecen la motivación, facilitan la labor docente y contribuyen a reducir la deserción escolar.

En ese sentido, recuperar los niveles educativos no exige necesariamente más recursos, sino una mejor gestión de los existentes. Fortalecer la formulación y priorización de proyectos, mejorar la capacidad técnica de las entidades ejecutoras y asegurar continuidad presupuestal son condiciones indispensables para que la inversión pública cumpla su propósito. Solo así los recursos asignados podrán traducirse en colegios seguros, obras culminadas y mejores oportunidades educativas para los estudiantes arequipeños.

En los últimos cinco años, la planilla pública nacional ha aumentado en más de S/ 34 mil millones, pasando de S/ 52 mil millones en 2021 a más de S/ 86 mil millones en 2025. Este crecimiento del gasto en 66% responde principalmente a un alza sostenida en las remuneraciones del sector público, que hoy superan en alrededor de 30% a las del sector privado, donde el sueldo de un trabajador está alineado a resultados concretos. Y lejos de moderarse, la tendencia continúa: la Ley 32513, que aprueba el presupuesto público para 2026, contempla, en solo un año, un aumento del 12% en personal y obligaciones sociales, equivalente a más de S/ 10.300 millones.

Es cierto que ofrecer salarios competitivos atrae y puede retener talento en el Estado, pero estos incrementos solo se convierten en inversión en bienestar si vienen acompañados en mejoras en la eficiencia y en la calidad de los servicios públicos. En el Perú, esto no ocurre; los incrementos del gasto en planillas crecen sin resultados visibles. El caso más ilustrativo es el Congreso de la República. Entre 2021 y 2025, su presupuesto para personal se duplicó, pasando de S/ 649 millones a S/ 1.413 millones. Y para 2026, se aprobó un aumento adicional de S/ 339 millones respecto al presupuesto institucional de apertura del 2025. Todo ello, pese a que no se observan mejoras en la calidad regulatoria de su producción legislativa.

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) analizó 48 proyectos de ley con dictamen aprobatorio de las comisiones de Economía y Defensa del Consumidor del periodo legislativo 2024-2025, y reveló que ninguno cumplió con estándares mínimos de calidad regulatoria. Se identificaron proyectos que no definían con claridad el problema público, no precisaban a la población afectada ni contaban con un análisis costo-beneficio adecuado. La revisión del periodo legislativo 2021-2022 —el primer año de funciones del actual Congreso— mostró resultados igual de deficientes.

Los aumentos del gasto en planillas se han dado en todas regiones, sin distinción del nivel de gobierno. En Arequipa, a noviembre de 2025, el gasto en personal público creció 66% respecto a noviembre de 2021, equivalente a más de S/ 1.087 millones adicionales. En los gobiernos locales, la planilla se duplicó —pasando de S/ 173 millones a S/ 384 millones—, y en el Gobierno Regional creció 65% —pasando de S/ 923 millones a S/ 1.524 millones—. Sin embargo, la capacidad de los gobiernos locales y del gobierno regional para ejecutar proyectos de inversión sigue siendo deficiente: a menos de un mes de cerrar el presente año, un tercio de los proyectos con presupuesto a su cargo registran ejecución cero, es decir, no se han ejecutado ni un solo sol.

Más preocupante aún, en funciones clave para el desarrollo regional también se evidencia esta desconexión entre gasto y desempeño. Entre noviembre de 2021 y noviembre de 2025, crecieron las planillas en Orden Público (+13%, S/ 25 millones), en Transporte (+253%, S/ 17 millones) y en Educación (+54%, S/ 389 millones). No obstante, en ese mismo periodo, los indicadores de gestión regional se deterioraron. En el último informe de resultados del Índice Regional de Gestión Pública, Arequipa registro un deterioro en su puntaje, debido a un aumento de homicidios (+52%), la reducción de la infraestructura vial afirmada departamental y vecinal (-17%) y la caída en la proporción de locales escolares públicos con todas sus aulas en buen estado (-2,6%).

Si queremos un Perú que avance, necesitamos una política salarial pública alineada a resultados y beneficios tangibles para la población. No se trata de oponerse a que las planillas crezcan, sino de exigir que ese mayor gasto se traduzca en mejores servicios públicos. Solo así el recurso destinado al pago de personal podrá justificarse como una inversión en bienestar y no como un costo creciente que, en la práctica, beneficia a pocos. De continuar con incrementos en las planillas del sector público sin mejoras en la gestión, solo se seguirá rigidizando el presupuesto, limitando el espacio fiscal para la inversión y reduciendo la capacidad del Estado para responder ante emergencias. Y eso ni el país ni Arequipa pueden permitirse.