Estamos a pocos días de la segunda vuelta y, nuevamente, se ha producido la típica polarización entre los medios —principalmente en redes sociales— para explicar por qué se debe o no votar por tal o cual candidato. La más repetida entre “las razones” —que más parecen excusas— es no votar por uno u otro candidato apelando al miedo antes que a las propuestas.

De hecho, la crítica ya no solo se limita a la exhibición de los pecados de los candidatos o a apelar al mandato y la opinión de los “tótems de la dignidad”, como G. Gorriti; sino que se ha llegado al extremo ridículo de colocar en la agenda de una importante cantidad de programas un supuesto “planteamiento estratégico” basado en justificar la orientación de los votos hacia aquel candidato que podría ser más fácil de vacar en los próximos años.

A todos esos “genios de la política” hay que hacerles entender que los únicos que pueden ejercer el juego político son aquellos que ya están en el Congreso por efecto de la primera vuelta. En consecuencia, cualquier juego que intente plantear un personaje en pantalla solo puede obedecer a intereses previamente acordados con ellos para garantizar su permanencia en el Poder Legislativo durante los próximos cinco años. Siguiendo esa línea de ideas, basta recordar que en ambas cámaras existen más parlamentarios de centro e izquierda que de derecha, y que el Senado es indisoluble, para entender que el juego del voto por el más “vacable” no es más que un sinsentido.

En consecuencia, cualquier orientación basada en el argumento de que existe un candidato “más peligroso” o que podrá ser “más regulado por el Congreso” no va más allá del interés de lograr que determinada propuesta sea aceptada y, así, colocar en el Estado a más amigotes que no obtuvieron curules, como funcionarios o asesores en algún ministerio.

Sabiendo que todos los políticos en campaña mienten para ganar votos; que todas las alianzas, gestos y supuestos desacuerdos con aliados incómodos no van más allá de palabras que se lleva el viento; creo que, más que separar la paja del trigo, nos queda pensar si vamos a seguir jugando el mismo juego cínico y autodestructivo propuesto desde la “izquierda moralista” de los últimos quince años. Y, en vez de dejarnos asustar con el mismo cuento de siempre, quizá valga la pena sacar al “Kuko” al frente para, de una vez, hacerlo responsable de sus actos.

Entonces, la elección de junio no se trata de votar por candidatos con antecedentes poco claros o sin mochilas aparentes, sino de evaluar si los ideales sobre los que plantean su futuro gobierno —socialismo o libre mercado— son los más idóneos para que el Perú no siga en lo mismo. De más está decir que el Perú ya se ha comido varias cucharadas de socialismo y que sus representantes no han evolucionado. Basta ver a Pedro Francke diciendo que su gestión fue “exitosa” usando comparaciones sobre bases mediocres, o recordar que “le pican los ojos y le hinca el hígado” cuando ve autos caros, para entender que su mejor cuadro no es más que un resentido sin ideas. O que, mientras la izquierda gobierna, los ministros no duran ni seis meses —salvo que sean “yuntas” del presidente, como lo fueron J. Silva (prófugo), R. Sánchez o D. Boluarte—, generando así la proliferación del caos.

Visto que el riesgo político es inevitable; que ningún político es confiable por sus palabras; y que, en realidad, ninguno debería ser temido, solo nos queda votar por quien consideremos más “saludable” en términos de ideales, siguiendo además su comportamiento histórico. De Keiko ya todo se ha dicho, y sabemos que Sánchez es tan radical como interesado, y menos leal que sincero, por lo que probablemente traicione o se deshaga de Francke y Pérez antes que de un duro escudero como Antauro; tras lo cual, lo más probable es que nuestra situación solo empeore.

Einstein decía que “si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo”. Si queremos que el Perú mejore, no podemos seguir haciendo caso a los tibios y caviares que, como Gorriti, salen cada cinco años a “instruirnos” para evitar el supuesto “mal menor”. Si los electores hacemos algo diferente de aquello que venimos haciendo durante los últimos quince años, lo peor que puede pasar es que Keiko intente seguir los mismos pasos de su padre tan rápido como Pedro Castillo y termine encerrada, con justa razón, entre cuatro paredes. Pero, al menos, dejaremos de consumir la misma receta empobrecedora de los últimos cinco años, si es que acaso no han sido más.

La Santísima Trinidad es la fuente de toda vida y la luz que ilumina todos los misterios de la fe cristiana, que no pueden ser conocidos si no son revelados por el mismo Dios (CEC 234-237). El misterio de la Santísima Trinidad nos ha sido revelado en Cristo, quien se manifestó como Hijo del Padre, uno con el Padre (Jn 10,30), y anunció el envío del Espíritu Santo. Como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica: «El envío de la persona del Espíritu Santo tras la glorificación de Jesús, revela en plenitud el misterio de la Santísima Trinidad» (CEC 244): el único Dios verdadero, el Dios Uno es, al mismo tiempo, tres personas distintas pero de la misma naturaleza o substancia. No es que la divinidad esté repartida entre las tres personas, sino que cada una de ellas es enteramente Dios. No son tres modalidades del ser divino, sino tres personas reales y un solo Dios verdadero (CEC 253-254).  

Dios Padre es amor pleno y perfecto. Podemos decir que esa es su esencia, su ser más profundo (1Jn 4,8); y como el amor es siempre expansivo, es decir que jamás se encierra en sí mismo, Dios Padre engendra, desde toda la eternidad, al Hijo y le confiere su misma naturaleza. Así lo decimos en el Credo, refiriéndonos a la segunda persona de la Trinidad: «engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre». El Hijo, entonces, también es amor pleno y perfecto y, por tanto, tampoco se encierra en sí mismo, sino que se dona, se entrega enteramente a su Padre, amándolo con todo su ser; y de esta mutua relación de amor pleno y perfecto, procede, también desde toda la eternidad, el Espíritu Santo, que es como el fruto del amor entre el Padre y el Hijo y al mismo tiempo el vínculo de ese amor y, por consiguiente, es de su misma naturaleza. Por eso en el Credo profesamos también que el Espíritu Santo «con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria». Las tres personas divinas, entonces, tienen la misma naturaleza: amor pleno y perfecto; y como el amor no divide sino que une, siendo tres personas distintas son uno, un solo Dios. 

Dios, entonces, no es soledad, no es un ser aislado sino comunión interpersonal perfecta de amor. Aun más, sólo Él es la fuente de toda comunión verdadera. Ahora bien, este único Dios, uno y trino, movido por su amor, creó al hombre, varón y mujer, para que viviéramos en comunión con Él y en comunión entre nosotros y con la entera creación. «Quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él» (1Jn 4,16); por eso, en la perícopa sobre la vid y los sarmientos que nos transmite el evangelista Juan, Jesús insiste varias veces en decir a sus discípulos «permanezcan en mi amor» y continúa diciendo «ámense los unos a los otros como yo los he amado» (Jn 15). Sólo quien permanece en el amor de Dios puede amar a los demás y sólo quien ama a los demás tiene vida eterna; en cambio, «el que no ama permanece en la muerte» (1Jn 3,14). Dios es la fuente de la comunión y la fuente de la vida. Permaneciendo unidos a Él, como los sarmientos a la vid, comenzamos a experimentar, ya en este mundo, la vida eterna.     

Vivimos mirando todo y entendiendo casi nada. Basta caminar unas cuadras, subir a una combi o abrir el celular para sentirlo: noticias, peleas políticas, escándalos, opiniones, tragedias, memes y discursos pasan frente a nuestros ojos a una velocidad absurda. Todo parece importante. Pero casi nada realmente permanece. confundimos ver con comprender.

Porque ver puede hacerlo cualquiera. Hasta el cansancio ve. Hasta la indiferencia ve. Mirar, en cambio, exige detenerse aunque sea unos segundos. Requiere atención, disposición y cierta humildad para aceptar que no entendemos todo de inmediato. Y observar de verdad implica todavía algo más difícil: dejar que aquello que vemos nos afecte humanamente.

El problema actual no es solamente el exceso de información, sino la ilusión de que información significa comprensión. Creemos que porque vimos una noticia ya entendimos un país; que porque escuchamos un discurso ya conocemos completamente a una persona; que porque observamos una escena ya tenemos derecho a juzgar toda una historia. Pero observar no consiste en acumular imágenes como si el cerebro fuera un archivo digital. Observar implica relacionar, interpretar y reconocer que la realidad casi nunca es tan simple como quisiéramos.

Además, nadie mira desde cero. Miramos con heridas, afectos, prejuicios, miedos y experiencias acumuladas a lo largo de la vida. Después de ciertas pérdidas el mundo cambia de color. Incluso la alegría modifica nuestra manera de percibir las cosas. Por eso dos personas pueden observar exactamente lo mismo y salir con conclusiones completamente distintas.

John Berger decía algo sencillo y profundo: nunca miramos solamente las cosas; miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos. Y probablemente allí está una de las claves para entender por qué interpretamos tan mal a los demás. Lo que vemos no depende únicamente de la realidad exterior, sino también de la historia silenciosa que cargamos por dentro.

El ser humano desarrolló una enorme sensibilidad hacia las miradas, los gestos y los silencios. Aquello que antes ayudaba a detectar amenazas y sobrevivir, hoy muchas veces se activa en oficinas tensas, reuniones familiares incómodas o redes sociales donde abundan las indirectas, la agresividad disfrazada de opinión y la necesidad desesperada de aprobación.

Y entonces terminamos recordando selectivamente. Eliminamos detalles incómodos, exageramos otros y construimos versiones parciales tanto de nosotros mismos como de los demás. El conflicto empieza cuando esa mirada incompleta se convierte en juicio automático. Allí dejamos de observar personas y comenzamos a mirar etiquetas.

Y eso ocurre todos los días. Muchas veces se mira al pobre como sospechoso, al provinciano como inferior, al académico como arrogante, al artista como inútil y al político como corrupto incluso antes de escuchar una sola palabra. Las etiquetas llegan primero; la comprensión casi siempre llega tarde, cuando llega.

Cuando una persona se acerca a sus emociones o prejuicios, pierde perspectiva. Pasa en política, en el amor y también en la vida cotidiana. El fanático no observa: idolatra. El odiador tampoco observa: caricaturiza. Ambos terminan deformando la realidad porque solo logran ver aquello que confirma sus propias certezas.

Tal vez por eso el verdadero problema contemporáneo no sea la falta de información, sino la incapacidad de detenernos a mirar con más profundidad, paciencia y respeto. Porque ver es automático. Pero comprender exige tiempo, atención y algo que parece escasear cada vez más en medio de tanto ruido: humanidad.

Consolidar la búsqueda de personas desaparecidas es un reto mayúsculo para el Estado. La Ley N.° 30470 exige brindar respuestas sinceras. Sin embargo, esto requiere un cambio epistemológico: la búsqueda no es solo recuperar restos, sino también articular una política pública que responda al sufrimiento prolongado por la incertidumbre.

El histórico enfoque de recuperación material es insuficiente ante la violencia que destruyó cuerpos, causando una “segunda desaparición”. Miles de familias sufren la pérdida ambigua, como la ha calificado la experta Pauline Boss: la imposibilidad de confirmar la muerte. Así, la participación familiar trasciende lo ético; es la fuente esencial de inteligibilidad técnica. Sin restos físicos, las memorias, relatos y rutas de desplazamiento se convierten en archivos territoriales y formas plausibles de verdad humanitaria.

Tradicionalmente, la gestión por procesos del Estado mide la eficacia según el expediente, generando una rigidez administrativa a menudo confundida con falta de empatía o discriminación institucional. Para un enfoque humanitario sostenible es vital transitar hacia una gestión por resultados. El éxito de una política humanitaria no se mide por “oficios emitidos”, sino por el impacto real en la reducción de la incertidumbre familiar.

Con la Ley N.° 30470 y la Ley N.° 28592, la participación es un derecho que no puede sustituir la responsabilidad técnica, financiera y operativa indelegable del Estado. Pretender que el Estado actúe como mero financista contraviene el principio de no revictimización al trasladar a los familiares una carga operativa indebida. La experticia estatal radica en su deber de oficio: traducir el conocimiento empírico familiar en herramientas de trazabilidad, interoperabilidad forense y reconstrucción histórica, garantizando así el ejercicio del derecho de los ciudadanos a la verdad.

La legitimidad exige que las familias no sean meras observadoras. Sin embargo, asumir que incluirlas se centra en ceder espacios de decisión para validar el enfoque humanitario es un error procedimental. Ellas deben ser actores centrales en la coproducción de memoria y verdad, reconstruyendo, mediante la gestión pública moderna, la confianza entre Estado y población.

La dignidad póstuma no depende solo de recuperar un cuerpo, ni el enfoque humanitario de la sensibilidad del funcionario de turno. Se requiere una arquitectura institucional sólida. Ser humanitario es diseñar un Estado capaz de garantizar el derecho a la verdad para aliviar el dolor de la ambigüedad, brindando respuestas que restituyan la dignidad de quienes llevan años esperando.

El máximo órgano electoral proclamó los resultados de la elección de Presidente y Vicepresidentes de la República, con Resolución N° 1136-2026-JNE (El Peruano: 18/05/26), consigna las cantidades de sufragios válidos, en blanco, nulos, perdidos y ausentes, como las cifras de votos obtenidos por cada organización política participante de las Elecciones Generales del 12 de abril.

El Padrón Electoral, aprobado con Resolución N° 0744-2025-JNE, estableció el número de electores hábiles en 27 325 432; fueron a emitir su voto 20 167 745 ciudadanos, no votaron 7 157 687 peruanos; estos votos ausentes, son dos veces más la votación de Fuerza Popular y más de tres veces de la obtenida por Juntos por el Perú, siendo una y media veces más que la votación conjunta de los dos partidos políticos que pasaron a la segunda vuelta electoral.

El hecho evidente de, poco más de la cuarta parte del electorado no haya ejercido su derecho de elegir, debe investigarse: será abstencionismo expreso (decido no ir a votar), o por costo – beneficio, no voto (es más barato pagar la multa que gastar en pasajes para viajar hasta el lugar de votación), o por dificultades atribuibles a la ONPE cientos de electores se desanimaron de hacerlo. Es tarea del JNE, Universidades y organizaciones políticas investigar. y proponer alternativas, a fin, disminuya ostensiblemente, el “voto ausente”. ¿Podría ser implementando el voto electrónico?

De la lectura atenta de la Resolución N° 1136-2026-JNE, nos permite hablar del voto perdido (no se traduce en la elección de un partido político o candidato), se ha dado en los votantes de 29 agrupaciones partidarias que no pasaron la valla electoral; sumados son 3 766 933. Si se hubieran unido, habrían ganado la primera vuelta electoral, superado a Keiko Fujimori y a Roberto Sánchez. Deberían hacer un último esfuerzo y unirse en una nueva organización partidaria de centro democrático, y servir de contrapeso a los extremos de derecha e izquierda totalitarias; lamentablemente, sus dirigentes se creen mesías, este defecto dificulta puedan juntarse.

El 11.7% (2 372 895) votaron en blanco, más que Juntos por el Perú; y, el 5.2% (1 056 811) son votos nulos; ambos (blancos y nulos) por separado, pasaron la valla electoral (5%); sumado da 3 429 706 mucho más de la obtenida por la ganadora de la primera vuelta electoral; estos votos, también debe estudiarse, por cuanto, puede significar no estar de acuerdo con ninguna propuesta electoral; pero, a las finales, terminan favoreciendo a algunos partidos políticos, ayudándolos a pasar la valla electoral, y más a los ocupantes de los dos primeros lugares, a tener más parlamentarios de lo que les corresponde por la votación captada; consecuencia contraria al propósito de no querer favorecer a nadie.

Juntando los votos ausentes, perdidos, blancos y nulos, son 14 354 326 (no se van a sentir representados por los gobernantes electos), son más de la mitad del número de electores hábiles, superando a los 12 971 106 votos útiles pertenecientes a los siete partidos políticos que pasaron la valla electoral y consiguieron representación en el Parlamento Bicameral: Fuerza Popular; Juntos por el Perú; Renovación Popular; Buen Gobierno; Obras; País para todos; y Ahora Nación.

¿Qué hacer para que más de la mitad de peruanos se sientan representados por los poderes del Estado de elección popular? No sólo se debe hablar de votos blancos y nulos, también hacer mención del voto ausente y voto perdido. Asimismo, diseñar planes propiciadores de mayor y activa participación ciudadana para el fortalecimiento de la democracia cualitativa efectiva.

Una tarde, en un café, encontré a unos turistas en la mesa de al lado. De pronto, estábamos conversando y, entre varias cosas, me decían que les gustaba mucho Arequipa. Y yo, muy orgullosa, asentía con una sonrisa, como mostrando que comprendía perfectamente el porqué. Sin embargo, después de mostrarme algunas fotos y de mencionar la comida y el sillar, uno de ellos, con un poquito de sarcasmo, me preguntó por qué a Arequipa se la conocía como la Ciudad Blanca. Antes de que yo pudiera empezar a explicarle, continuó y me dijo que comprendía que le sigan llamando así, pero solo por tradición, y agregó «porque a Arequipa ya no le queda mucho de ciudad blanca».

El turista se refería al esmog que emiten muchos vehículos que transitan por la ciudad. Y no podía sino darle la razón. Recorren las mismas calles, una y otra vez, llenando paredes, aire y pulmones de monóxido de carbono. Es un problema que Arequipa tiene desde hace muchos años, pero pareciera que ahora el problema es de todos excepto de los dueños de esos vehículos, es decir, antes contaminaban, pero ahora contaminan con confianza; tienen la certeza de que nadie, nadie en absoluto, va a hacer absolutamente nada.

Me pregunto cómo pasan la revisión técnica. Ni idea. Esa es como una de las preguntas que los filósofos discuten sin encontrar respuesta. Es como preguntar dónde termina el universo o qué hay dentro de un agujero negro. Es lo mismo. ¿Cómo estos vehículos pasan la revisión técnica? La humanidad aún no lo sabe.

Pero, claro, por el lado de los dueños de esos cochecitos contaminadores —que se me ocurre que ya son atractivos turísticos para los turistas europeos—, si nadie les dice nada, no va a ser la conciencia ciudadana (que no tienen) la que les llame la atención. Entonces, tenemos que ver qué encontramos por el otro lado: ¿por qué ningún alcalde hace nada al respecto? Esa suena también a pregunta sin respuesta, como la del universo o la de los agujeros negros.

En mi programa de radio, le conté al público acerca del comentario tan cierto y tan triste que me hizo ese turista: que a Arequipa ya no le queda mucho de ciudad blanca. Cuando salí de la cabina, buscando algo que necesitaba, llegué a unas galerías; allí encontré rápidamente lo que iba a comprar y, mientras pagaba y recibía el vuelto, el señor que me atendió y yo empezamos a conversar y, aunque ya no se me viene a la mente el tema que nos ocupaba, recuerdo que llegamos al esmog que ha invadido la ciudad. Y lo que el señor me dijo parecía dar respuesta al problema de la contaminación y otros más: «Los alcaldes no tienen sentido común y eso es precisamente lo que hace falta». Su observación me pareció muy acertada. No se necesita mucho para saber que el esmog es extremadamente dañino, es solo sentido común.

Ahora mismo, mucho no se puede hacer. Pero en muy pocos meses, tendremos que elegir al próximo alcalde de Arequipa, una tarea bastante compleja. Ya sabemos que las palabras bonitas, las promesas encantadoras y la foto mirando al cielo no significan nada en absoluto, porque todas se las lleva el viento. Entonces, busquemos el sentido común, alguno de los candidatos debe tener, aunque sea un trocito pequeñito; con eso ya estaríamos avanzando bastante. De todas maneras, solo por si acaso, en las elecciones para alcalde, llevemos nuestro propio lapicero pasado por ruda, por si acaso nada más.   

 Lo más infame de la política es la mentira. Prometer lo imposible es burlarse de la esperanza de los más desdichados. Construir un relato divisionista que ahonde las desigualdades sociales es un libreto gastado; lo usaron Castro, Chávez, Morales y Maduro, y el resultado fue catastrófico. Ahora, Juntos por el Perú pretende un maquillaje a destiempo: ocultar a su principal vocero y candidato a ministro del Interior, Antauro Humala, condenado por el asesinato de policías, o recular en su reiterado propósito de saquear el BCR, es puro oportunismo. Qué patético resultó escuchar al balbuceante Pedro Francke defender un plan de gobierno que ni siquiera había leído. Luis Carranza lo sepultó.

Para Juntos por el Perú, los terroristas son luchadores sociales y Julio Velarde es el protector de los poderosos, mientras las reservas serían un botín a repartir. Maestros en filología y eufemismos, pretenden ocultar lo innegable. Es el Movadef el que está en segunda vuelta y aspira a llegar al poder. Ante esta circunstancia, me pregunto si los votos prestados que recibió Nieto Montesinos lo hacen creer que tienen valor propio, que son endosables. ¿A ese nivel llega su vanidad y soberbia? ¿Acaso el riesgo de que Sendero tome el poder no obliga a dejar la neutralidad en defensa de la patria? Los que creemos en la libertad no podemos escondernos en la neutralidad; no se está escogiendo entre opciones democráticas que permitan el cálculo político.

¿Vamos a seguir culpando al fujimorismo, ignorando a Toledo, Humala o Castillo como responsables del deterioro institucional y económico? Desconocer la data es la base del socialismo; la izquierda teme encararla porque sería desarmarse ante la realidad. Los testimonios de los cubanos sin agua ni electricidad, rebuscando en los basureros un mendrugo para paliar el hambre; la diáspora venezolana; o una Bolivia empobrecida, ¿acaso no son el espejo en el que debemos mirarnos para evitar caer en la trampa del cuentista? Basta de no reconocer responsabilidades y de echarles la culpa a los poderosos o a las élites limeñas. La cifra de los recursos administrados por Arequipa el año 2025 por canon minero asciende a S/ 1 285 millones; en Moquegua, a S/ 1 025 millones; y en Cusco, a S/ 535 millones por minería, más S/ 1 748 millones por el canon gasífero.

Entonces, ¿quiénes son los responsables del correcto uso de estos ingentes recursos y de su despilfarro? ¿Keiko Fujimori?

La corrupción sería imposible si no existiera impunidad. En las universidades, si un alumno desaprueba por tercera vez una materia, se cancela su matrícula y es expulsado. Si a un fiscal le corrigen una veintena de veces su acusación, como le sucedió a José Domingo Pérez, no le pasa nada, aunque felizmente desaprobar su examen para ser juez sí impidió su nombramiento. Este sujeto encarna lo peor del funcionario público: díscolo, figurete, histriónico y completamente ideologizado. Encarceló en tres oportunidades a la principal figura política del momento, finalmente declarada inocente. Pero ¿quién le devuelve a Keiko y a sus hijas los casi 500 días de una carcelería injusta? ¿Cómo reparar la persecución política a la que fue sometido Alan García, quien prefirió la muerte antes que el escarnio público? Este sujeto debería pasar en prisión los mismos días en que encarceló a una inocente. Me hace recordar al inspector Javert, el célebre perseguidor de Jean Valjean en Los Miserables, o a Gérard de Villefort en su enfermizo acoso al El Conde de Montecristo.

En una reciente entrevista en el programa “Ahora y en la Hora”, conducido por Christian Hudtwalcker, el candidato a la vicepresidencia por Fuerza Popular, Miguel Ángel Torres, explicó el contexto que derivó en el autogolpe de Estado de Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022. En ella detalló cómo se fueron acumulando diversos hechos que obligaban al presidente a responder ante el Congreso. Tal vez el detonante fue la declaración del exasesor del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marrufo, quien reveló las coimas que Sada Goray habría hecho llegar al presidente Castillo. A ello se suman los hallazgos periodísticos vinculados a la casa de Sarratea, los nombramientos indebidos y la corrupción campante en todas las esferas del gobierno.

José Domingo Pérez aprovecha esta entrevista como argumento para su próximo relato y anuncia la formalización de una denuncia penal sobre una supuesta confabulación contra el expresidente Castillo, por “iniciar el proceso de vacancia declarando a Pedro Castillo con incapacidad moral”. Argumenta que estos hechos públicos y notorios constituyen un delito que Micky Torres habría confesado ante los medios de comunicación. “A confesión de parte, relevo de prueba”, concluye. En serio, este sujeto defiende la inmoralidad, el totalitarismo y la corrupción de Castillo, y considera que todas sus tropelías son confabulaciones ajenas y no delitos execrables. Ante personajes que pretenden hacerse del poder, ¿podemos mantener la neutralidad? La tibieza es guarida de cobardes. Es hora de fijar posiciones firmes y contundentes ante las circunstancias que vivimos; el centro no vale.

La informalidad laboral continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo en el Perú, afectando directamente el acceso de miles de trabajadores a derechos fundamentales como la seguridad social, beneficios laborales, protección frente a accidentes de trabajo y acceso a un sistema pensionario. Frente a esta problemática, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) viene fortaleciendo mecanismos preventivos y tecnológicos orientados a promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral y fomentar una cultura de formalización laboral.

En ese contexto, la SUNAFIL ha reforzado la difusión del aplicativo “Verifica tu Chamba”, una herramienta digital gratuita que permite a los trabajadores verificar si se encuentran registrados en la planilla electrónica de sus empleadores. Además, el sistema genera alertas preventivas dirigidas a las empresas ante posibles incumplimientos, promoviendo así la regularización voluntaria de los trabajadores.

La importancia de esta herramienta radica en que el registro en planilla constituye una obligación legal del empleador desde el inicio efectivo de la prestación de servicios, independientemente de la modalidad contractual utilizada. Dicho registro garantiza el acceso del trabajador a derechos fundamentales como EsSalud, gratificaciones, CTS, vacaciones, sistema pensionario y protección frente a accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.

Asimismo, la formalización laboral no solo beneficia a los trabajadores, sino también a las empresas, especialmente a las micro y pequeñas empresas (MYPE), ya que les permite acceder a mayores oportunidades de crecimiento, financiamiento, contratación con el Estado y fortalecimiento empresarial, promoviendo relaciones laborales más transparentes y sostenibles.

El funcionamiento del aplicativo es sencillo y accesible. El trabajador únicamente debe ingresar su documento de identidad, correo electrónico, número de celular, RUC de la empresa y fecha de inicio de labores. Posteriormente, el sistema verifica si existe registro en la planilla electrónica. En caso de detectarse una presunta omisión, se genera una alerta preventiva a la empresa correspondiente, manteniéndose en absoluta confidencialidad la identidad del trabajador.

Es importante precisar que dichas alertas no constituyen sanciones, sino mecanismos preventivos y orientadores que buscan promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones laborales antes del inicio de actuaciones inspectivas. Este enfoque responde al modelo de fiscalización preventiva impulsado por la SUNAFIL, orientado no solo a sancionar incumplimientos, sino también a fortalecer la cultura de cumplimiento de la normativa laboral.

Los resultados obtenidos evidencian el impacto positivo de esta herramienta digital. Desde su implementación, “Verifica tu Chamba” ha registrado más de 2 millones 395 mil consultas realizadas por trabajadores a nivel nacional y ha contribuido a que más de 837 mil trabajadores sean incorporados posteriormente a la planilla electrónica de sus empleadores.

De igual manera, la SUNAFIL viene desarrollando importantes acciones preventivas y de fiscalización en materia de formalización laboral. Entre enero de 2024 y mayo de 2026 se realizaron más de 8 300 acciones preventivas, beneficiando a miles de trabajadores y empleadores a nivel nacional. Asimismo, durante dicho periodo se cerraron más de 31 mil órdenes de inspección vinculadas al registro en planilla y se emitieron miles de actas de infracción y resoluciones de multa por incumplimientos detectados.

Cabe recordar que la omisión del registro de trabajadores en planilla electrónica constituye una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, conforme al Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, pudiendo imponerse multas que superan los 280 mil soles en el caso de empresas no MYPE.

Finalmente, herramientas como “Verifica tu Chamba” reflejan la importancia de incorporar la innovación tecnológica en la gestión pública y en los mecanismos de prevención laboral, acercando los servicios del Estado a la ciudadanía y fortaleciendo la protección de los derechos de los trabajadores en el país.

Además del impacto preventivo del aplicativo, los resultados evidencian su contribución directa a la formalización laboral en el país. Como consecuencia de las consultas realizadas mediante “Verifica tu Chamba”, más de 837 mil trabajadores fueron incorporados posteriormente a la planilla electrónica de sus empleadores, lo que demuestra la efectividad de esta herramienta digital implementada por la SUNAFIL para promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones sociolaborales.

No obstante, resulta importante recordar que el registro de los trabajadores en la planilla electrónica constituye una obligación legal del empleador desde el inicio de la prestación efectiva de servicios. Su incumplimiento configura una infracción muy grave en materia de relaciones laborales, conforme a lo establecido en el Reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo, generándose la infracción por cada trabajador que no haya sido debidamente registrado.

En ese sentido, la normativa vigente establece sanciones económicas que varían según la gravedad de la infracción, el tamaño de la empresa y el número de trabajadores afectados. En el caso de empresas no comprendidas dentro del régimen MYPE, las multas por infracciones muy graves pueden superar los S/ 280 000.00. Asimismo, las micro y pequeñas empresas también pueden ser sancionadas, aunque cuentan con un régimen especial de multas reducido acorde a su dimensión empresarial.

De manera referencial, las multas por incumplimientos laborales vinculados al registro en planilla pueden oscilar desde S/ 247.50 para microempresas hasta S/ 288 915.00 para empresas no MYPE, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso y del número de trabajadores afectados.

En consecuencia, herramientas digitales como “Verifica tu Chamba” no solo fortalecen la transparencia en las relaciones laborales, sino que también constituyen mecanismos preventivos que permiten a los empleadores regularizar oportunamente sus obligaciones laborales, evitando futuras contingencias administrativas y económicas derivadas de actuaciones inspectivas y procedimientos sancionadores.

A poco más de dos meses de que un nuevo gobierno asuma el poder, el Perú llega a esta segunda vuelta electoral con una economía que aún muestra señales positivas, pero con un debate de fondo que merece plantearse de la manera más directa posible. No estamos ante la posibilidad de un cambio trivial del régimen económico ni se proponen matices de gestión pública. Lo que está en juego es la dirección misma de la conducción económica que ha definido al país en las últimas tres décadas.

El punto de partida tiene luces y sombras. El precio del cobre se mantiene sobre USD 4 la libra, la inversión privada muestra dinamismo (creció 13% el primer trimestre del año), el empleo formal se expande y la inflación convergerá al rango meta del BCRP, una vez superado el hipo transitorio por shocks de oferta. Por otro lado, el déficit fiscal estructural (el que no se maquilla por factores cíclicos ni por precios elevados del cobre) ronda el 3,5% del PBI, los pasivos contingentes equivalen al 9% del PBI, Petroperú sigue exigiendo salvatajes y la minería ilegal mueve hoy USD 15 000 millones, siete veces más que hace un lustro. A esto se suma un Congreso saliente que, con populismo legislativo, ha añadido un piso de gasto de 1,5% del PBI hacia 2027 solo con leyes ya aprobadas.

Aquí conviene señalar que ambas candidaturas presentan rasgos populistas. Ninguna está libre de la crítica de prometer más de lo que las cuentas públicas toleran y de lo que la capacidad de gestión permite. Las dos tienen corresponsabilidad en el perjuicio causado por el saliente Congreso. Esto quedó claro tras el debate de los equipos técnicos del último domingo. Sin embargo, la diferencia de fondo radica en si queremos darle continuidad al modelo económico o introducir cambios radicales en él. Es evidente que requeriremos un Estado en los tres niveles de gobierno que funcione y cumpla su papel en una economía social de mercado. El problema es que esto no se logra tirando por la borda el conjunto de reglas institucionales que ha generado riqueza y reducido la pobreza en los últimos 20 años.

Dicho lo anterior, los candados institucionales funcionan y contribuyen a contener las medidas disruptivas. La recién estrenada bicameralidad exige mayorías reforzadas para tratamientos tributarios especiales y leyes orgánicas; la autonomía del Banco Central de Reserva y el Tribunal Constitucional siguen siendo contrapesos reales; y la probable composición del Senado limitaría iniciativas como un llamado a una asamblea constituyente. Pero ningún candado es completo. El Ejecutivo retiene un margen de maniobra muy amplio que no pasa por el Congreso: nombramientos en Sunat, Indecopi, Sunafil, EsSalud y altos mandos militares y policiales; priorización del gasto público; fijación del salario mínimo; barreras paraarancelarias; manejo de la conflictividad social y de los programas sociales. Esa discrecionalidad puede deteriorar el clima de inversión sin necesidad de una sola ley aprobada.

Por todo eso, los escenarios económicos que enfrenta el país son radicalmente distintos según quién gane la presidencia. Arequipa, donde la cadena minera y agroexportadora sostiene buena parte del PBI regional, tiene mucho en juego. La diferencia entre un Perú que crecería en torno al 4,5% y uno que podría dejar de crecer no es una abstracción macroeconómica: es empleo formal, canon minero, presupuesto regional y oportunidades para la siguiente generación. Hacer una evaluación rigurosa de lo que implica esta segunda vuelta para el bienestar económico futuro del Perú es, hoy, una responsabilidad ciudadana ineludible.

En el diseño de cualquier Constitución no solo existe un debate técnico y previsible, sino también un pacto fundacional que revela la madurez de la sociedad, tras asumirlo y testimoniar en un documento. El tipo de acuerdo determinará si una Constitución será, o no, un pilar histórico duradero o temporal y contraproducente. Las constituciones no forman parte de las propuestas de campañas presidenciales, tampoco una promesa de refundación republicana, sino un marco jurídico y político indispensable para una comunidad que desea vivir en libertad y bajo un Estado de Derecho.   

Las constituciones más emblemáticas se fundaron sobre un acuerdo político-jurídico basado en el reconocimiento a la vida, libertad, igualdad y propiedad a través de garantizar la desconcentración del poder. Bajo esta afirmación, sus principios y las reglas son el abono para realizar la justicia contra cualquier acto arbitrario. Sin embargo, existen otras constituciones que responden a un acuerdo procedimental que permiten una transición político-democrática; es decir, el retorno a las elecciones libres, alternancia en el poder y un catálogo básico de libertades a respetar.

Luego de sobrevivir a la grave crisis de 2019, la Constitución chilena de 1980 y sus dos fallidos procesos constituyentes revelaron la resiliencia de un documento consolidado como el pilar de centro político y equidistante de extremismos ideológicos de izquierda y derecha. Como otro ejemplo en la región, la Constitución peruana de 1993 posee su propia paradoja. Un texto sobreviviente a su origen y con mayor desarrollo jurisprudencial, comparado con sus predecesoras. Una experiencia inédita en la historia republicana, cuando la estabilidad jurídica yace en la resistencia de sus precedentes jurisprudenciales.

Un rasgo contemporáneo de las constituciones codificadas es su marcada tendencia hacia el reglamentismo. La necesidad del constituyente de introducir instituciones y reglas de ajena naturaleza constitucional que bien podrían formar parte de una ley ordinaria o reglamento. ¿Por qué ocurre esto? La razón parte de lo mismo, una relación inversamente proporcional entre la seguridad jurídica de un país y la parquedad de un texto constitucional fruto de un acuerdo fundamental. El   reglamentismo surge de comunidades atrapadas en continuas transiciones de ensayo-error o con crisis de seguridad jurídica.

Las comunidades políticas con un marcado déficit de seguridad jurídica desconfían de sus instituciones y promueven textos con cientos de artículos, intentando amarrar cada detalle por temor a la arbitrariedad de futuros gobiernos electos. En cambio, las comunidades con altos estándares de seguridad jurídica se permiten redactar constituciones sobrias y parcas con lo necesario para operar. Saben que no necesitan ser documentos omnicomprensivos porque confían en que la jurisprudencia, y el paso del tiempo, se encargará de enriquecer y adaptar el texto a las nuevas realidades.

En conclusión, el valor de las constituciones reposa en su capacidad para reflejar la madurez de la comunidad política donde rigen. Por eso, la Constitución no es un punto de llegada, sino un organismo vivo que se escribe todos los días con las sentencias de sus jueces y la voluntad de sus ciudadanos para cumplir y legar a sus sucesores.