Actualmente existe una realidad cotidiana: el miedo. Miedo a salir de casa, a responder una llamada desconocida, a abrir un negocio o a esperar a un hijo que tarda en regresar. Frente a esa angustia legítima, la política ofrece respuestas inmediatas: más cárceles, más policías, más militares y penas más duras. Sin embargo, conviene recordar una verdad incómoda: las cárceles pueden encerrar personas, pero no encarcelan la desigualdad, la corrupción ni el fracaso histórico del Estado.

En las últimas semanas, Keiko Fujimori ha propuesto «recuperar el orden» mediante la construcción de una megacárcel inspirada en el modelo salvadoreño, el apoyo de las Fuerzas Armadas en el control penitenciario y operaciones conjuntas para combatir la inseguridad. No se trata de una idea aislada. En América Latina, el endurecimiento de las políticas de seguridad se ha convertido en una respuesta recurrente frente al avance del crimen organizado y la desesperación ciudadana.

Nadie puede negar la gravedad de la delincuencia ni el sufrimiento de miles de familias. Los comerciantes pagan cupos, los transportistas trabajan bajo amenaza y los barrios han aprendido a convivir con la incertidumbre. El ciudadano exige protección y el Estado tiene la obligación de garantizarla. Pero el problema aparece cuando el debate termina reducido a una pregunta demasiado simple: cuántas cárceles construir y cuántos soldados desplegar.

Las cárceles son necesarias; toda sociedad debe sancionar a quienes transgreden la ley. Lo que resulta discutible es creer que ellas, por sí solas, resolverán un problema que comenzó mucho antes de que aparecieran las bandas criminales. Porque las cárceles pueden encerrar delincuentes, pero no encarcelan la precariedad educativa, la informalidad económica ni la corrupción enquistada en las instituciones públicas.

José Carlos Mariátegui escribió que los grandes problemas del Perú no podían resolverse copiando fórmulas extranjeras ni aplicando remedios superficiales. Cien años después, su advertencia conserva una vigencia sorprendente. El crimen no surge en el vacío. Crece allí donde el Estado ha sido incapaz de ofrecer educación de calidad, empleo digno, servicios básicos y una justicia eficiente. Crece donde la corrupción ha erosionado la confianza ciudadana y donde demasiadas personas sienten que el futuro les ha sido negado.

Por supuesto, reconocer estas causas no significa justificar el delito. La pobreza no convierte automáticamente a nadie en criminal, ni toda desigualdad conduce a la violencia. La responsabilidad individual existe y debe ser asumida. Pero tampoco podemos ignorar que las decisiones personales se toman dentro de condiciones sociales concretas.

Michel Foucault observó que las sociedades modernas han perfeccionado los mecanismos de vigilancia y castigo, mientras las estructuras que producen exclusión permanecen casi intactas. Construimos más penales, endurecemos las leyes y reforzamos la seguridad, pero seguimos postergando las reformas profundas. Inaugurar una cárcel produce más titulares que mejorar una escuela; desplegar soldados genera más impacto que fortalecer la administración pública.

El Perú necesita policías honestos, jueces independientes y sanciones firmes. Pero necesita, sobre todo, recuperar aquello que durante décadas ha descuidado: la educación, las oportunidades y la confianza en sus instituciones. De lo contrario, corremos el riesgo de administrar indefinidamente las consecuencias mientras las causas continúan creciendo.

Porque, al final, las cárceles pueden encerrar personas, pero no encarcelan la desigualdad, la corrupción ni el fracaso histórico del Estado. Y mientras no entendamos que ese es el verdadero centro del problema, seguiremos levantando muros alrededor de heridas que nunca terminamos de curar.

La llegada de Keiko Fujimori a la Presidencia inaugura una etapa que inevitablemente será observada con una mezcla de expectativa, cautela y memoria. Ningún otro liderazgo político en el Perú carga con un pasado tan presente en el debate nacional. Precisamente por ello, su mayor desafío no será únicamente gobernar, sino demostrar que el futuro puede construirse sin repetir los errores que marcaron capítulos complejos de nuestra historia.

La victoria electoral le otorga legitimidad democrática para conducir el país, pero no elimina el deber permanente de rendir cuentas. En una democracia sólida, el respaldo obtenido en las urnas constituye el punto de partida, nunca el punto de llegada. Cada decisión, cada nombramiento y cada reforma deberán ser evaluados por sus resultados y por el respeto irrestricto al Estado de derecho.

Es justo reconocer que Keiko Fujimori posee una preparación académica importante y una larga trayectoria en la política nacional. Sin embargo, el Perú atraviesa una realidad mucho más compleja que la de hace tres décadas. Hoy los ciudadanos esperan soluciones concretas frente a la inseguridad, la informalidad laboral, el deterioro de los servicios públicos, la crisis educativa y las enormes desigualdades que aún separan a las regiones del país. El crecimiento económico seguirá siendo indispensable, pero ya no será suficiente si no se traduce en mejores oportunidades para millones de peruanos.

Gobernar también exigirá fortalecer la institucionalidad. Después de años de confrontación política e inestabilidad presidencial, el país necesita recuperar la confianza en sus instituciones. Ello implica respetar la independencia de los poderes del Estado, garantizar la libertad de prensa, combatir la corrupción sin excepciones y construir un servicio público basado en la meritocracia. La estabilidad política no puede descansar únicamente sobre una mayoría parlamentaria, sino sobre instituciones que funcionen con autonomía y credibilidad.

Sin embargo, el mayor reto será de naturaleza política e incluso simbólica. Durante toda su carrera, Keiko Fujimori ha convivido con las comparaciones respecto al gobierno de su padre. Para algunos, aquel periodo representó la recuperación económica y la derrota del terrorismo; para otros, significó graves vulneraciones a los derechos humanos, corrupción y debilitamiento institucional. Ambas visiones forman parte de la memoria colectiva del país y difícilmente desaparecerán.

Por esa razón, la verdadera oportunidad histórica de Keiko Fujimori consiste en construir un liderazgo propio. No necesita gobernar mirando permanentemente al pasado, sino demostrar que es capaz de ofrecer una gestión moderna, transparente y comprometida con los valores democráticos. La historia no exige desconocer los aciertos del pasado ni ignorar sus errores; exige aprender de ambos para no repetir aquello que dividió a los peruanos.

Los próximos años pondrán a prueba no solo la capacidad de un gobierno para impulsar la economía, sino también su voluntad para reducir las brechas sociales y fortalecer la democracia. La ciudadanía espera un Estado más eficiente, pero también más cercano, más transparente y más justo.

Al final, la historia no juzgará a Keiko Fujimori únicamente por el apellido que lleva, sino por las decisiones que adopte como presidenta. Será su gestión, y no su herencia política, la que determinará si logró abrir un nuevo capítulo para el Perú o si permitió que las sombras del pasado condicionarán nuevamente el futuro del país.

Mariano Ignacio Prado, fue presidente de: 1865-1868 y 1876-1879; el 18 de diciembre de 1879, en plena Guerra del Pacífico y tras una serie de derrotas militares, viajó a Europa a gestionar personalmente la compra de armamento; la población lo consideró una fuga. No pudo regresar al país porque Nicolás de Piérola hizo golpe de Estado en diciembre de 1879, se proclamó dictador, prohibió la entrada de Prado con la acusación de deserción y traición; recién pudo regresar en 1887, en el gobierno de Andrés Avelino Cáceres, a limpiar su honor. Su hijo Manuel Prado Ugarteche, resultó elegido presidente, en elecciones amañadas, gobernando de 1939-1945; volvió a ser jefe de Estado, con apoyo electoral del Partido Aprista Peruano, para el período 1956-1962, fue el gobierno de la convivencia política.

Manuel Pardo y Lavalle, economista y político, ocupó la alcaldía de Lima de 1869-1870, y la presidencia del país de 1872-1876, siendo el primer presidente civil, después de 51 años de Independencia; luego, fue senador; el 16 de noviembre de 1878, murió asesinado por el sargento Melchor Montoya, cuando ingresaba al Congreso de la República; el móvil del magnicidio, un complot en venganza por un proyecto de ley, al parecer lo promovía, impedía el ascenso a los clases o rangos menores del ejército (cabos y sargentos). Su hijo José Pardo y Barreda, gobernó dos períodos: 1904-1908 y 1915-1919; en este segundo mandato, emitió el decreto disponiendo la jornada de trabajo de ocho horas, atendiendo el pedido y huelga de los trabajadores del año 1919, fue el primer derecho laboral conquistado por el proletariado nacional.

Alberto Fujimori, fue Jefe de Estado en tres períodos, dos completos y el último duró menos de un año: 1990-1995; 1995-2000; y 2000; el 05 de abril de 1992, perpetró un autogolpe de Estado, reemplazó la Constitución de 1979 por la Constitución de 1993, en la cual impuso la reelección inmediata, rompió la tradición política de no reelección inmediata, sino, pasado un período; reelección suprimida vía modificación constitucional al retornar la democracia, frenó la hiperinflación, reinsertó al país en la comunidad financiera mundial, privatizó las empresas públicas, suprimió subsidios e impuso la economía de mercado. En noviembre de 2000 fugó del país, saliendo en misión oficial a un evento de la APEC, refugiándose en Japón, envió su renuncia por fax, no fue aceptada, en su lugar el Parlamento lo vacó por permanente incapacidad moral. Su hija Keiko Fujimori, acaba de ser proclamada, por el JNE, presidenta del Perú para el período 2026-2031. Keiko Fujimori ¿Gobernará dos veces como Manuel Prado y José Pardo?

En Sudamérica, familiares ejercieron la presidencia: Bolivia, Jaime Paz (1989-1993), su hijo Rodrigo Paz (2025-2030); Colombia, Misael Pastrana (1970-1974), su hijo Andrés Pastrana (1998-2002); Chile, Eduardo Frei (1964-1970), su hijo Eduardo Frei (1994-2000); Uruguay, Luis Batlle (1947-1951), su hijo Jorge Batlle (2000-2005); y Luis Alberto Lacalle (1990-1995) y su hijo Luis Lacalle (2020-2025).

Hace algunos años, entrevistaron a Keiko Fujimori, le preguntaron ¿si no era una dinastía Fujimori el que ella postule a la Presidencia, cargo que ocupó su padre Alberto Fujimori? Respondió, haciendo mención a Chile donde gobernó Eduardo Frei Montalva, años después, lo hizo su hijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y nadie habló de la dinastía Frei.

En nuestro país, Rafael Belaúnde Aubry y Juan Velasco Gonzales Posada, hijos de los presidentes Fernando Belaúnde Terry (1963-1968 y 1980-1985) y Juan Velasco Alvarado (1968-1975), respectivamente, postularon a la Presidencia de la República, sin éxito. Un posible próximo candidato presidencial, podría ser Federico Danton García, hijo de Alan García (1985-1990 y 2006-2011), más aún, cuando ha tenido gestos políticos, de niño vivió en Palacio de Gobierno; estuvo en ceremonias oficiales; se le vio en el estrado oficial del Desfile por Fiestas Patrias; se inscribió en el Partido Aprista, firmando la cédula de inscripción sobre el féretro del extinto jefe de Estado; y, apoyó, en Elecciones Primarias del APRA (2025), con un mensaje, difundido en redes sociales,  a favor de su hermana Carla García, integraba una fórmula presidencial.

A cierta edad es natural que los jóvenes sueñen con transformar la realidad. La juventud suele estar acompañada de una profunda capacidad para entusiasmarse con las grandes ideas y de una sincera voluntad de aportar al país. En política ocurre exactamente lo mismo. Son muchos los que descubren interés por los asuntos públicos, leen, debaten, participan en actividades o siguen con atención el acontecer nacional. Ese entusiasmo es valioso y necesario. Sin él sería imposible renovar una sociedad.

Sin embargo, con el paso del tiempo aparece una diferencia que pocas veces se menciona. Hay quienes sienten interés por la política y quienes descubren que la política constituye su verdadera vocación. No es una diferencia de inteligencia, de talento, de patriotismo ni de origen social. Es una diferencia que termina manifestándose en la forma en que cada persona ordena su existencia y enfrenta el sacrificio que exige servir al país.

El interés permite participar cuando las circunstancias lo hacen posible. La vocación, en cambio, reorganiza las circunstancias. Quien la experimenta deja de considerar la política como una actividad adicional y comienza a entenderla como el eje desde el cual organiza su tiempo, sus prioridades y sus decisiones. La reflexión sobre la economía, la seguridad, la educación, la institucionalidad o el destino del país deja de ser una inquietud ocasional para convertirse en una preocupación cotidiana. Poco a poco, el proyecto político deja de ocupar un espacio dentro de la vida y pasa a orientar la vida misma.

Por eso la política auténtica exige mucho más que leer libros, publicar opiniones o participar ocasionalmente en redes sociales. Exige estudio permanente, capacidad organizativa, contacto con la realidad, disposición para escuchar, formar equipos y asumir responsabilidades. Exige también fortaleza para soportar la presión, la incertidumbre y el desgaste cotidiano. Los discursos pueden despertar entusiasmo; sin embargo, son los años de trabajo silencioso, cuando las responsabilidades aumentan y las dificultades se acumulan, los que terminan construyendo liderazgo. Así, la política deja de medirse por las palabras y empieza a medirse por la constancia.

Esa diferencia suele hacerse evidente cuando aparecen las primeras renuncias. La vida ofrece múltiples caminos igualmente legítimos: el desarrollo profesional, la familia, las amistades o los proyectos personales. Muchos descubren que desean contribuir al país sin convertir la política en el centro de su existencia, y esa decisión merece respeto. Toda sociedad necesita ciudadanos comprometidos desde distintos espacios.

Pero también existen personas para quienes esa elección nunca llega a plantearse realmente. Hay una convicción tan profunda que les impide permanecer indiferentes frente a los problemas nacionales. Incluso en medio del cansancio, las dificultades económicas, las frustraciones personales o las incertidumbres propias de la juventud, continúan avanzando porque sienten que existe una responsabilidad superior que da sentido a cada esfuerzo. No hacerlo produce incluso la sensación de haber abandonado una parte esencial de sí mismos. No actúan impulsados por el reconocimiento inmediato ni por la expectativa de una recompensa, sino por una vocación que termina convirtiéndose en parte de su identidad.

Quizá esa sea una de las mayores dificultades de hacer política siendo joven. Mientras la mayoría atraviesa una etapa de exploración personal, quien asume esta vocación comprende que muchas decisiones deberán subordinarse a un propósito más grande. Habrá puertas cerradas, momentos de soledad, fracasos, críticas y sacrificios que pocas veces serán visibles para los demás. Es precisamente en ese proceso donde una vocación termina demostrando la profundidad de sus convicciones.

La vocación política también revela otra diferencia que pocas veces se advierte. Toda causa necesita personas dispuestas a colaborar y fortalecer un proyecto común. Sin embargo, conducir una organización, asumir las decisiones difíciles y sostener el rumbo cuando la presión aumenta exige una disposición distinta. El liderazgo se obtiene por el trabajo sostenido cuando el entusiasmo inicial desaparece y la responsabilidad recae sobre muy pocos.

Quienes han recorrido ese camino saben que la legitimidad tampoco aparece de manera espontánea. Debe conquistarse lentamente. Hay que formar equipos, organizar actividades, construir instituciones, convencer a las personas, abrirse paso incluso cuando las oportunidades parecen inexistentes y demostrar coherencia durante años. En muchas ocasiones habrá que comenzar desde cero, sin estructuras previas que faciliten el recorrido. La política tampoco puede reducirse a la mera crítica. Exige caminar, escuchar, servir y construir comunidad. Quien solo aparece en los momentos de mayor visibilidad difícilmente comprenderá la dimensión real del servicio público.

La reflexión más importante es que la política auténtica no admite atajos: tiene que asumirse como una vocación de servicio que obliga a sacrificar comodidades, tiempo y proyectos personales en función de un horizonte colectivo. Ese sacrificio nace de una convicción interior que difícilmente puede explicarse a quien nunca la ha experimentado. La historia demuestra que las grandes transformaciones nunca fueron impulsadas por personas que reservaron para el bien común únicamente el tiempo que les sobraba. Siempre existieron hombres y mujeres cuya causa terminó ocupando el centro de sus vidas.

Por eso, todo joven que aspire a dedicar su vida a la política debería antes de preguntarse hasta dónde quiere llegar, debería preguntarse cuánto está dispuesto a entregar. Porque la política deja de ser una afición cuando comienza a moldear el carácter, exigir renuncias y orientar cada prioridad hacia un propósito superior. Servir a la patria significa asumir una responsabilidad que trasciende la propia generación: honrar el legado recibido, responder ante quienes comparten el presente y trabajar pensando en quienes vendrán después. Sólo entonces puede hablarse de una verdadera vocación política: aquella que encuentra en el servicio al país una responsabilidad capaz de orientar una vida entera.

Vi en la calle un niño pequeñito que iba de la mano de su mamá. El niño tenía puesta una casaca bastante curiosa: era verde claro y en las mangas y la capucha tenía unos triangulitos de un verde oscuro que simulaban las placas infaltables que le colocan a todo lo que sea dinosaurio para niños. De pequeña, me hubiera encantado tener una casaca igual (y quizá ahora también).

El niño y su casaca me hicieron recordar el famoso microcuento «El dinosaurio», de Augusto Monterroso:

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.

Esas siete palabras son todo el microcuento. Siete palabras que nos dejan pensando. Y, precisamente, mientras seguía caminando por las calles de la ciudad, me preguntaba si yo podría escribir un microcuento y, mirando el entorno, no fue difícil. Se me ocurrió este:

Hago lo que me da la gana. ¿Por qué? Porque aquí nadie hace nada.  

Son pocas palabras, con principio y fin, así que sí, podría ser un microcuento. Aunque más que microcuento me parecía una afirmación nada difícil de sustentar. Diría que no se necesitan estudios ni análisis ni encuestas, bastan unas cuantas vueltas por estas calles y ese microcuento queda como reflejo de una buena parte de la realidad en Arequipa: autos estacionados en zonas rígidas y sin importar que la calle sea angosta, de todas maneras se pueden subir a la vereda que para eso «también» está; vehículos de transporte público que tienen un micrófono y un parlante para anunciar las paradas que hacen en su recorrido y, si se juntan con otro que esté haciendo un anuncio similar, no se entenderá nada ni de uno ni de otro, pero no importa, tenemos que soportar tal estridencia; conductores que esquivan a los peatones que ya están en el crucero peatonal, porque los peatones tienen la preferencia, pero yo paso rapidito, mira, mira, ¿ves?; bolsas de basura y más bolsas de basura apoyadas en cualquier poste y, claro, basura en las calles —nunca falta una servilleta sucia, un vasito de queso helado y palitos de anticuchos—. Eso es lo que rápidamente viene a mi mente ahora, pero se podría hacer una enumeración bastante extensa de mucho por resolver, y cada día podríamos agregar un par de líneas más porque esto parece empeorar rápidamente.

Lo que se está perdiendo es la responsabilidad ciudadana. Ciudadanos irresponsables siempre habrá, pero pareciera que ahora esa irresponsabilidad resulta fácil y, por eso, crece y abunda. En la ciudad en la que nadie hace nada, absolutamente nada, la gente hace lo que le da la gana, por supuesto, ¿por qué no?

El microcuento del dinosaurio es, claro, un cuento; tengo la certeza de que el autor nunca vio un dinosaurio real. Por otro lado, el mío tiene algo de cuento, sí, pero muy poco, es más la descripción del día a día en esta ciudad. O, en todo caso, podría decir que el cuento que yo escribí lo podría escribir cualquier otro ciudadano que transita por las calles de Arequipa y que encontraría no dinosaurios, sino más bien la evidencia de que todos hacen lo que les da la gana y nadie hace nada por esta ciudad.

El sociólogo Nicolás Lynch, exministro de Educación y exembajador político del Perú en Argentina durante las administraciones de los expresidentes Alejandro Toledo y Ollanta Humala (ambos en prisión por actos de corrupción), tuvo que abandonar la sede diplomática tras recibir a grupos terroristas que protagonizaron cruentas acciones de violencia durante las dos últimas décadas del siglo pasado.

La ideología de los grupos alzados en armas es la exclusión de todos aquellos que no comparten su pensamiento. En el lenguaje subversivo, la exclusión la resumen en la frase “patria o muerte”. Es decir, su cúpula debe subsistir para hacerse de la patria y a los demás les espera el hambre, la miseria o la paz de los cementerios, como lo demuestran Cuba y Venezuela con el castrismo y el socialismo del siglo XXI, respectivamente.

Quienes enarbolan ese pensamiento siguen propugnando la violencia, por lo que es una obligación moral evidenciarlo. Lynch, en su última entrega para el portal dirigido por el exprimer ministro del gobierno de Humala (Salomón Lerner Ghitis), hace una analogía del keikismo con la fábula de la rana y el escorpión de Esopo, atribuyéndole un supuesto autoritarismo que impediría terminar con la polarización existente.

Lo primero que habría que preguntarse es si la intención de Lynch es formular un llamado a las huestes antikeikistas para iniciar acciones de violencia y mantener la polarización in extremis. ¿O es un llamado a la reflexión a quienes participaron del proceso eleccionario y perdieron en las ánforas por la voluntad ciudadana?

El partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, ha ganado las elecciones y merece el respeto de toda la ciudadanía. La raigambre antidemocrática proviene de quienes siguen enarbolando la polarización en lugar de tender puentes de diálogo y encuentro para sacar al Perú de la situación en que se encuentra.

Cuando Lynch señala “la exclusión y la desigualdad ancestrales y al saqueo persistente de nuestros recursos que han agravado los casi cuarenta años de neoliberalismo político y económico que ha traído el fujimorismo”, olvida que él fue parte de dos gobiernos que se impusieron en las urnas al fujimorismo, que alcanzaron mayorías parlamentarias gracias a las coaliciones de izquierda que establecieron, que se mantuvieron en el poder aprovechando la generosidad del segundo mandato de Alan García y que desde el 2000 hasta el presente han seguido gobernando.

La estrategia de Lynch es reforzar el posicionamiento de la narrativa de que el fujimorismo es el responsable de las ineficiencias y corrupción de 21 años de gobiernos de izquierda.  También opinará que la protesta es un derecho que permite agredir y faltar el respeto a las fuerzas del orden, que un grupo numéricamente muy superior de manifestantes puede emplear armas hechizas en contra de efectivos policiales en número significativamente menor. No se puede pretender que las fuerzas del orden reciban desarmados el ataque de una turba. Las armas que emplean los “manifestantes de la polarización” tienen un alto grado de letalidad; tengamos presente que el 2 de abril del 2000 un adolescente de 16 años falleció tras recibir el impacto directo de una bombarda lanzada desde la tribuna opuesta a su ubicación en el estadio nacional.

Según los “polarizantes” ¿un gobierno debe obligar a las fuerzas del orden presenciar impávidos como un grupo radicalizado destruye la propiedad pública y privada? ¿Qué diferencia a estas acciones de las subversivas de Sendero Luminoso y del MRTA?

El amnésico Lynch no se ha percatado de que el PBI de Perú pasó de US$ 58 500 millones a US$ 340 000 millones, en tanto que la población lo hizo de 22 millones a 34 millones entre los años 1990 y 2025. La economía creció gracias a las políticas de promoción de la inversión y a la integración comercial que dieron como resultado la mayor caída de la pobreza en la historia nacional. Que el presupuesto del Estado pasó de US$ 9 800 millones en 2000 a US$ 67 000 millones en 2025. ¿Y a qué se dedicaron los “polarizantes”? A esquilmar el Estado, corroyéndolo desde sus cimientos. Así no se hace patria.

En este contexto, la ergonomía constituye una disciplina fundamental dentro de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), pues tiene como finalidad adaptar las condiciones de trabajo a las capacidades físicas y psicológicas de las personas, reduciendo la fatiga, el estrés físico y la probabilidad de accidentes y enfermedades ocupacionales. De acuerdo con la Resolución Ministerial N.° 375-2008-TR, la ergonomía busca optimizar la interacción entre el trabajador, las herramientas, la maquinaria y el ambiente laboral, adecuando los puestos de trabajo a las características del trabajador y no a la inversa.

La aplicación de criterios ergonómicos no solo constituye una buena práctica empresarial, sino una obligación derivada de la Ley N.° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuyo objetivo principal es garantizar ambientes laborales seguros y saludables.

La manipulación manual de cargas: uno de los riesgos más frecuentes en el trabajo

Una de las actividades con mayor incidencia de lesiones ocupacionales es la manipulación manual de cargas.

La normativa define esta actividad como cualquier operación de levantamiento, descenso, empuje, tracción, transporte o sujeción de una carga realizada por uno o varios trabajadores que, debido a sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas, pueda generar riesgos, especialmente lesiones dorso-lumbares.

Aunque suele asociarse a labores operativas, este riesgo también se presenta en actividades administrativas cuando se movilizan archivos, equipos informáticos, mobiliario o materiales de oficina sin emplear técnicas adecuadas.

En el caso de los gobiernos locales, los obreros municipales se encuentran expuestos diariamente a estas actividades durante la recolección de residuos sólidos, mantenimiento de parques y jardines, limpieza pública, obras de infraestructura, transporte de herramientas y diversas labores operativas, razón por la cual requieren una gestión preventiva permanente.

¿Qué son los riesgos disergonómicos?

Los riesgos disergonómicos son aquellos factores presentes en el puesto de trabajo que incrementan la probabilidad de que un trabajador desarrolle lesiones musculoesqueléticas o enfermedades ocupacionales.

Entre los principales factores de riesgo identificados por la Resolución Ministerial N.° 375-2008-TR se encuentran:

Manipulación manual de cargas.

• Sobreesfuerzos físicos.
• Posturas forzadas o incómodas.
• Movimientos repetitivos.
• Flexiones y torsiones del tronco.
• Vibraciones.
• Permanencia prolongada de pie o sentado.
• Uso excesivo de fuerza en manos y muñecas.

La exposición continua a estos factores puede provocar lumbalgias, hernias discales, tendinitis, síndrome del túnel carpiano, bursitis, epicondilitis, lesiones cervicales y otras enfermedades musculoesqueléticas que afectan significativamente la calidad de vida del trabajador.

La prevención empieza con la identificación de los riesgos

La gestión preventiva exige que el empleador identifique previamente las tareas que pueden generar riesgos ergonómicos.

Para ello debe evaluar aspectos como:

• Peso de las cargas.
• Frecuencia de manipulación.
• Distancia de transporte.
• Posturas adoptadas.
• Condiciones del ambiente.
• Organización del trabajo.
• Características físicas del trabajador.

Cuando estas actividades superan los parámetros establecidos por la normativa, deben incorporarse dentro de la Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Controles (IPERC) y ser objeto de una evaluación ergonómica específica utilizando metodologías reconocidas como RULA, REBA, OWAS, OCRA, Ergo IBV, entre otras.

La identificación temprana permite implementar controles antes de que aparezcan lesiones o enfermedades ocupacionales.

La obligación del empleador de proteger la salud de sus trabajadores

La Ley N.° 29783 establece que el empleador tiene el deber de garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables, adoptando todas las medidas necesarias para prevenir daños a la integridad física y mental de los trabajadores.

Ello implica:

• Evaluar los riesgos ergonómicos.
• Implementar controles.
• Capacitar al personal.
• Proporcionar herramientas adecuadas.
• Organizar correctamente el trabajo.
• Supervisar el cumplimiento de las medidas preventivas.
• Registrar los monitoreos ergonómicos conforme a la Resolución Ministerial N.° 050-2013-TR.

Asimismo, tratándose de obreros municipales, estas obligaciones se complementan con lo dispuesto en el Decreto Supremo N.° 017-2017-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de los Obreros Municipales del Perú.

¿Cuánto peso puede manipular un trabajador?

La normativa peruana establece límites máximos para la manipulación manual de cargas.

Como regla general:

• Hombres: 25 kg.
• Mujeres: 15 kg.
• Adolescentes: 15 kg.

Para trabajadores debidamente entrenados y en situaciones aisladas, el límite puede llegar hasta 40 kg, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la normativa. Asimismo, cuando se trate de mujeres gestantes, no debe permitirse la manipulación manual de cargas, correspondiendo su reubicación temporal en otro puesto de trabajo.

Estos límites buscan prevenir lesiones lumbares y otros trastornos musculoesqueléticos asociados al sobreesfuerzo físico.

Las medidas preventivas reducen significativamente los accidentes y enfermedades

La prevención de los riesgos ergonómicos requiere la implementación de controles tanto técnicos como organizacionales.

Entre las principales medidas destacan:

• Utilizar ayudas mecánicas para transportar cargas pesadas.
• Levantar las cargas flexionando las rodillas y manteniendo la espalda recta.
• Reducir el tamaño de las cargas cuando sea posible.
• Evitar transportar cargas por escaleras o pendientes.
• Rotar tareas para disminuir la repetitividad.
• Programar pausas activas y ejercicios de estiramiento.
• Diseñar adecuadamente los puestos de trabajo.
• Capacitar permanentemente a los trabajadores sobre técnicas seguras de manipulación manual de cargas.

Estas acciones disminuyen considerablemente la probabilidad de lesiones y favorecen un ambiente laboral más seguro.

El rol preventivo de la SUNAFIL en la gestión de los riesgos ergonómicos

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) desarrolla permanentemente acciones orientadas a fortalecer la cultura de prevención de riesgos laborales en el país.

A través de asistencias técnicas, capacitaciones, campañas de orientación y actuaciones inspectivas, la institución promueve que los empleadores implementen Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo eficaces, capaces de identificar oportunamente los riesgos disergonómicos y adoptar medidas preventivas antes de que ocurran accidentes o enfermedades ocupacionales.

Durante las actuaciones inspectivas, la SUNAFIL verifica, entre otros aspectos, la existencia de evaluaciones ergonómicas, la implementación de controles, la capacitación de los trabajadores, el registro de monitoreos y el cumplimiento de la normativa vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. El incumplimiento de estas obligaciones puede constituir una infracción grave cuando genere un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores.

La prevención es una inversión, no un costo

La ergonomía demuestra que la seguridad y salud en el trabajo no deben entenderse únicamente como una obligación legal, sino como una inversión estratégica para las organizaciones.

Implementar medidas ergonómicas reduce accidentes, enfermedades ocupacionales, ausentismo y costos derivados de incapacidades, al tiempo que mejora la productividad, el compromiso de los trabajadores y el clima laboral.

Desde esa perspectiva, la SUNAFIL reafirma su compromiso de seguir promoviendo una cultura preventiva que permita a empleadores y trabajadores desarrollar sus actividades en condiciones seguras, saludables y acordes con los principios del trabajo decente, recordando que adaptar el trabajo a las personas constituye uno de los pilares fundamentales de la prevención de riesgos laborales.

Keiko Fujimori ganó la segunda vuelta de la elección presidencial de Perú con 50,13% de los votos. Su competidor, Roberto Sánchez, tuvo 49,87%. Una diferencia de 49 000 votos de un total de 18 millones. Antes de terminar el conteo, empezaron a circular dos diagnósticos que políticos y comentaristas repiten ahora como verdades incuestionables: “El Perú está partido por la mitad”. Y “Keiko ganó con votos prestados, por eso debe formar un gobierno de ancha base”.

Un país está partido por la mitad cuando muchos de sus ciudadanos tienen objetivos sobre los que creen que nunca podrán ponerse de acuerdo ni avanzar y, por eso, ya no se reconocen como parte de un mismo proyecto de nación. Suele ser lo previo a una guerra civil. En Perú no hay eso. 

En Perú hubo una elección de segunda vuelta que obliga a elegir solo entre dos candidatos. Que el resultado fuera ajustado no es raro ni muestra ninguna desunión. Solo es una consecuencia matemática de votar entre dos opciones. Pasó antes en otros países y por menos votos, y nadie serio sugirió que estuvieran partidos por la mitad. El resultado ajustado les permitió a varios medios de prensa y políticos presentar artificialmente una división del país que realmente no existe así entre los peruanos. Quienes leen esa división como una verdad sociológica confunden el instrumento con la realidad que mide. Una elección ajustada no implica un país dividido.

Perú tiene hace años un atraso grande y falta de servicios públicos básicos que deben recibir los ciudadanos; y es más grave en lugares lejos de las ciudades. Esos servicios son tarea del Estado y en muchos casos, solo de los alcaldes y jefes de región. Pero eso no implica que sea un “país partido por la mitad” o que haya “desigualdad estructural”. Implica que hay malos servicios públicos, que principalmente las regiones y municipalidades deberían asegurar. Agua, energía, colegios, caminos, hospitales, seguridad, etc. Los peruanos estamos todos de acuerdo en que es urgente trabajar fuerte en ellos. Y estamos de acuerdo en muchas cosas más. 

El segundo diagnóstico es más ingenioso porque viene disfrazado de generosidad. “Keiko no ganó con sus votos. Ganó con votos prestados de otros candidatos”, dicen. “Por lo tanto, está obligada a formar un gabinete y gobierno de ancha base que incluya a más fuerzas políticas”. Es el mismo argumento que muchos le habrían dado a Sánchez si él hubiera ganado, con igual solemnidad, pedido de “apertura democrática” y respeto al “mandato plural” de las urnas. Entonces no es un principio, sino una táctica que los partidos políticos usan cuando no ganan las elecciones. En toda segunda vuelta el ganador recibe los votos que en primera vuelta recibió otro candidato. Así funciona. Y el voto pertenece a quien vota, no a algún partido o candidato. 

Lo que piden es participar del poder que no ganaron. Es una negociación legítima y normal en política. Lo que no es leal con el público es presentar esa negociación como una obligación moral de la presidenta electa, como si un resultado estrecho le hubiera reducido la autoridad que le otorga la Constitución. No le redujo nada. Ganó. Por poco, sí. Pero en elecciones ganar por poco cuenta igual que ganar por mucho.

La elección mostró que Perú tiene un electorado fragmentado en ideas, disgustado con la política y dispuesto a votar estratégicamente antes que por alguna convicción. Pero un electorado fragmentado no muestra un “país partido” sino uno que toma decisiones difíciles en un sistema imperfecto, y que esta vez –por algo menos de 50 000 votos– eligió a Keiko Fujimori. Los que perdieron tienen todo el derecho de hacer oposición, y la obligación democrática de hacerla. Pero la oposición empieza por reconocer que se perdió, no por inventar una deuda que el ganador nunca contrajo. La ganadora tiene un deber con todo el país, y más con los peruanos que todavía no tienen buenos servicios públicos. Es la falta de esos servicios la que le ha permitido a los políticos radicales decir que nuestro país está partido por la mitad, cuando realmente nunca lo ha estado.

 Con el mes de julio, como cada año, llegan en buena hora las reflexiones patrióticas que publican los diarios y colman la programación de los medios de comunicación peruanos. En ese contexto, amable lector, se escriben estas líneas con tinta rojiblanca.

Coincidirá conmigo que la guerra del Pacífico, o guerra con Chile (1879-1883), no solo fue un capítulo sangriento para las páginas de nuestra historia, sino además el escenario en que muchas almas se elevaron a la gloria en defensa de la patria. Sobre la patria vamos a meditar enseguida.

En 1884, un año después del fin de esa guerra, se imprime la “Oración fúnebre predicada por el presbítero doctor D. Manuel Tovar (1898-1907), en los oficios solemnes celebrados en el templo de Nuestra Señora de la Merced, el 15 de enero de 1884 en sufragio de los que murieron en las batallas de San Juan y Miraflores”.

Manuel Tovar, sacerdote peruano, diputado, ministro y miembro de la Real Academia Española, se preguntó, así: “¿Qué es la patria, señores? Es un nombre augusto y una cosa sagrada. Es el pedazo de tierra en que se meció nuestra cuna y en que yacen nuestros padres; es el hogar querido en que se deslizaron, tranquilos y felices, los días de nuestra infancia; es el aire que respiramos y la luz que nos alumbra; es el árbol que nos da sombra y la flor que nos embriaga: es aquel conjunto de la naturaleza en que se desarrolla nuestra vida, y que miramos siempre como un paraíso de delicias”.

Rezan estas líneas adicionales: “Amamos a la patria, señores, no porque es rica ni porque es hermosa, sino porque es madre: nos formó en su seno, nos nutrió con su doctrina y vivimos en la atmósfera de sus tradiciones y de sus glorias”.

Como le advertí, querido lector, aquí le entrego este breve artículo que se suma a la lista de otros con profundo espíritu nacional, pero que bien valen la pena escribir para reflexionar juntos, como peruanos, acerca nuestra patria.

Estando ad portas de un nuevo aniversario de la proclamación de la Independencia del Perú, conviene recordar algunos hechos que van dando sentido a la concatenación de sucesos que concurren, casi necesariamente, al acto mismo que tuvo lugar el 28 de julio de 1821.

Como es sabido, el 8 de setiembre de 1820 arribó a la bahía de Paracas la Escuadra Libertadora, al mando de don José de San Martín, teniendo como objetivo lograr que el Perú proclamara su independencia respecto a España y, garantizar así, de alguna manera, la libertad que se había declarado en el Río de la Plata y en la Capitanía General de Chile. Desde Pisco, San Martín decretó “… en todos los puntos que ocupe el ejército libertador del Perú, o estén bajo su inmediata protección, han fenecido, de hecho, las autoridades puestas por el gobierno español”. Ya para ese momento, el ambiente proclive a la ruptura con España iba ganando adeptos por lo que es de suponer que el virrey don José de la Pezuela tuvo noticias de ese arribo y de las acciones que se iba tomando para preparar el terreno a favor de la causa independentista.

Fue en esas circunstancias que el virrey promovió una reunión que quiso tener un talante conciliador, por lo que se llevó a cabo un encuentro entre representantes del virrey y de San Martín. El hecho tuvo lugar en un rancho de Miraflores, que por entonces era un lugar alejado del centro de la ciudad. Allí se reunieron los realistas el conde de Villar de la Fuente, Dionisio Capaz e Hipólito Unanue, que actuó como secretario del evento. Los patriotas estuvieron representados por Tomás Guido y Juan García del Río.

Las posturas irreconciliables, extremas y distantes no hubieran sido un detonante inmediato si es que no hubiera habido un hecho poco conocido, como fue el que Capaz decidió alterar el documento que se había suscrito, falsificando las firmas de Villar de la Fuente y de Unanue, difundiendo un documento que tergiversaba los acuerdos tomados. Ante ello, el propio Unanue emitió un desmentido que fue publicado el 8 de octubre en la Gaceta de Gobierno.

Este hecho, que pudiera entenderse como algo menor, implicó, entre otras cosas, que el propio Hipólito Unanue, reflexionando sobre lo que se había conversado y la imposibilidad de conciliar posturas, así como la realidad misma que vivía el Perú, optara luego por unirse a la causa de la independencia, ya que los delegados de San Martín exigían la libertad absoluta del Perú y todo el continente. Mientras que por parte del virrey solo se pudo obtener el ofrecimiento de otorgar ciertas libertades y promover lo que se había aprobado en la Constitución Liberal de Cádiz de 1812, lo que no podía haberse cumplido pues el virrey carecía de autoridad para modificar las normas del fortalecido absolutismo que España venía imponiendo.

Podríamos decir que, con este cierre de las conversaciones, las relaciones habían quedado rotas y la voluntad del ejército libertador de luchar por la independencia quedó claramente precisada. 

Las conversaciones de Miraflores no solo significaron un punto de quiebre y de no retorno, sino que de alguna manera mostraron el último aliento del poder del virrey de la Pezuela a quien se tildó de carente de energía para defender el poder español en el Perú, que era el virreinato más rico, extenso e importante de la corona española. Por todo ello, el 29 de enero de 1821 se vivió un levantamiento militar en las huestes españolas que estaban acantonadas en Aznapuquio, en el valle del Chillón, a escasos kilómetros de Lima. 

Un segundo momento de interés se refiere a las consecuencias de un documento conocido como “la intimación de Aznapuquio”, mediante el cual se le hizo conocer al virrey el descontento de los más altos mandos militares que, habiéndose sublevado en su contra, habían amenazado con tomar las armas en contra de De la Pezuela. Este hecho y la presencia de San Martín en el norte de Lima llevaron al virrey a aceptar la realidad y nombrar a José de la Serna quien le instó a firmar un documento, a manera de capitulación de su poder, acto que dio fin a su gobierno en el Perú y se le concedió los documentos para que partiera rumbo a España; su familia viajó en abril y él haría lo propio un tiempo después.

Es interesante recordar los nombres de los militares sublevados porque ellos aparecerán en las batallas finales que tuvieron lugar en Junín y Ayacucho: José de la Serna, José de Canterac (quien suscribió la Capitulación de Ayacucho el 9 de diciembre de 1824), Jerónimo Valdés y José Ramón Rodil (quien resistió defendiendo el Real Felipe hasta el 23 de enero de 1826) entre otros.

Un tercer acontecimiento por demás significativo fue el encuentro que sostuvieron don José de San Martín con el nuevo virrey del Perú, don José de la Serna. Este hecho tuvo lugar entre el 4 de mayo y el 2 de junio de 1821 en la casa hacienda Punchauca en un lugar que ahora es parte de Carabayllo. Por parte de los patriotas participaron Tomás Guido, Juan García del Río, José Ignacio de la Rosa y Fernando López Aldana quien fungió de secretario. En el grupo realista estuvieron Manuel de Llano y Noguera, José María Galdeano y el entonces comisionado Abreu.

Las posiciones eran igualmente opuestas pues lo mínimo que aceptaría San Martín era, además del reconocimiento de la libertad del Perú, el que se designara a un príncipe, no español, para que gobierne estos territorios de acuerdo a la ley peruana. Solo se logró la firma de un armisticio y, como consecuencia, La Serna tuvo que salir de Lima pues la situación de bloqueo era insostenible y el ingreso de San Martín, un hecho inevitable.

A veces pareciera que la Independencia del Perú fue un hecho aislado, el acontecimiento de un día y, sin embargo, los acontecimientos se fueron concatenando de manera segura y constante hacia la proclamación formal que tuvo lugar el domingo 28 de julio de 1821.